Luego de que, en una disputa de tierras, dos vecinos amenazaran e incendiaran la vivienda del mburuvicha de la Comunidad Tataendy y su familia, y posteriormente a este hecho fueran hostigados por agentes de policía de la Comisaría de Colonia Mado, en Eldorado, decidieron junto con la Comunidad Ychyry y su apoderada legal solicitar la intervención del ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, y presentaron un pedido de audiencia.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
Fuente: EMIPA
MISIONES (12/4/2024).- Las comunidades Mbya Guaraní denuncian violencia institucional en Colonia Mado, en Eldorado, tras las amenazas y hostigamiento que enfrentan las familias Mbya Guaraní de la Comunidad Tataendy desde enero por un conflicto de titularidad de las tierras donde habitan. “Los policías de Mado vinculados con los hechos de violencia incurrieron en omisión de deberes de funcionarios públicos, actos y conductas discriminatorias que comprometen la responsabilidad de funcionarios policiales de la Comisaría de Puerto Mado”, explica en una nota la apoderada legal de Tataendy e Ychyry, Roxana Rivas, que está dirigida al ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez.
La abogada, en la misiva ratificó que el territorio en disputa con supuestas personas que se adjudican ser dueñas de la propiedad, están escrituradas algunos lotes y el territorio fue relevado por Ley 26.160, lo que constituye Propiedad Comunitaria Indígena y, por tanto, las cuatro comunidades que residen en el lote tienen derecho sobre el mismo.
Dalmacio Ramos, mburuvicha de Ychyry, lamentó la injusticia que vive la Comunidad Tataendy, que se encuentra dentro del mismo territorio, ya que además de las viviendas, quemaron también los documentos de identidad de la familia del cacique.
En ese sentido reflexionó: “Siempre estuvimos en este territorio y siempre fuimos amenazados por los blancos, sufrimos ataques y discriminación. Siempre quisieron adueñarse de nuestros territorios. En la Comisaría, cuando vamos a hacer denuncias, invariablemente nos atienden con demora, nos dicen que están ocupados, la policía todas las veces salió a favor de los atacantes… y a nosotros nos tratan como invasores y delincuentes”.
Además, recordó sus derechos constitucionales, leyes y convenios internacionales que los amparan. “El Estado tiene que garantizar nuestros derechos y territorios. También está la Ley 26.160 que dice que no nos pueden desalojar, pero a eso no lo respetan los blancos ni las autoridades”, cerró.
Discriminación y hostigamiento
Desde enero la Comunidad Tataendy enfrenta situaciones de violencia y permanente hostigamiento de personas que se adjudican ser propietarias de las tierras que viven las familias indígenas, y aun no hay intervención de organismos del Estado para mediar en el conflicto.
“Este jueves comenzaron a machetear el monte al lado de la casa quemada y tras un llamado de EMiPA la Comisaría de Mado, acudieron efectivos al lugar, quienes lejos de intentar mediar, continuaron tomando partido, diciéndoles que debían dejar que esas personas siguieran haciendo su trabajo (macheteando). Hoy comenzaron a tirar herbicidas, muy cerca de la vertiente de agua de donde la comunidad se abastece. En tanto, aseguraron que pronto irían los Bomberos a hacer las pericias para constatar el daño”, relataron desde el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen en un reporte de prensa.
Piden la intervención de Derechos Humanos
Por otra parte, el Premio Nobel de la Paz y presidente de la Fundación Servicio Paz y Justicia, Adolfo Pérez Esquivel, elevó un pedido de intervención del Ministerio de Derechos Humanos, a cargo de Karina Aguirre, frente a la preocupación por la situación que atraviesan distintas comunidades Mbyá guaraní de la provincia, y especialmente en este caso la Comunidad Tataendy.
“Esta comunidad se encuentra dentro del territorio de la Comunidad Yychyry, ya relevado en el marco de la Ley 26160 de emergencia territorial indígena, la cual, entre otras cosas, prohíbe desalojos. Como usted habrá tomado conocimiento, se produjo un gravísimo hecho de violencia contra la familia del mburuvicha de la comunidad, Néstor Fabián Benítez. Quien además de soportar presiones y amenazas de una mujer de nombre Graciela Martínez, que se dice dueña, posteriormente al incendio de su casa, a la noche, el muruvicha debió soportar también los malos tratos de la policía que acompañaban a esta mujer. Como dijimos al principio, se han registrado varias situaciones de amenazas y violencia contra las comunidades Mbyá, y sentimos que existe no sólo discriminación contra las mismas, sino también amenazas y abuso de poder por parte de agentes de la policía de la provincia, lo que constituye violencia institucional y que se traduce en tratos crueles, los que están prohibidos por la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que forman parte de la Constitución Nacional (art. 75 inc. 22) y de criollos que se arrogan la propiedad del territorio de dichas comunidades, lo que pudiera llegar a constituir un delito”, expresó en la carta Perez Esquivel.
Finalmente, solicitó que en el organismo de Derechos Humanos se promueva un trabajo de información, concientización y respeto por parte de la policía provincial hacia estas comunidades que viven en forma pacífica y cuyos territorios, la mayoría, cuentan con el relevamiento jurídico catastral de acuerdo a la Ley 26.160, que se encuentra en vigencia.
“Los derechos indígenas, son también derechos humanos y deben ser respetados garantizados, debido al reconocimiento constitucional y convencional que tienen (art. 75 inc. 17 y 22), y también a través del reciente reconocimiento de la Ley 4000 por parte de la Provincia de Misiones”, concluyó el Nobel de la Paz.
