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«La justicia va a tener que tomar cartas en el asunto» a raíz de las denuncias penales y civiles que presentará el gobierno contra quienes bloquean el tránsito en el puente que une la localidad argentina de Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos, dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández.
Fuente: Telam y Univision
BUENOS AIRES (10/6/2010). – El gobierno defendió el jueves su decisión de demandar ante la justicia a los ambientalistas que mantienen cortado un paso fronterizo con Uruguay, mientras los manifestantes insisten con su protesta en contra de una planta de celulosa instalada sobre un río compartido que consideran contaminante. «La justicia va a tener que tomar cartas en el asunto» a raíz de las denuncias penales y civiles que presentará el gobierno contra quienes bloquean el tránsito en el puente que une la localidad argentina de Gualeguaychú con la uruguaya de Fray Bentos, dijo el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, a Radio 10. El gobierno de Cristina Fernández decidió no enviar a la gendarmería a desalojar la ruta que conduce al puente binacional, tal como exigía el fallo de un juez, pero anunció que iniciará acciones legales para terminar con un bloqueo que se prolonga por tres años y que dañó las relaciones con Uruguay. Fernández descalificó la versión de que el gobierno dilata la resolución del conflicto con la decisión de hacer presentaciones judiciales y consideró que los manifestantes deben deponer su actitud porque un fallo internacional consideró que la planta debe seguir funcionando. «En algún momento (la justicia) los va a procesar y si insisten va ordenar detenerlos», dijo sobre los vecinos que se resisten a levantar el corte. Los manifestantes están en contra de la fábrica de celulosa instalada cerca de Fray Bentos, localidad uruguaya situada frente a Gualeguaychú, porque consideran que está contaminando el río Uruguay. Tras conocer los últimos anuncios del gobierno –que siempre se ha resistido a un desalojo por la fuerza de quienes cortan el tránsito– varios manifestantes expresaron su contrariedad y convocaron a una protesta ante la municipalidad de Gualeguaychú. La Asamblea Ciudadana Ambiental reclamó que el gobierno nacional retire «las medidas anunciadas». En un petitorio entregado al alcalde, expresó «repudio y preocupación» por la decisión de las autoridades «de perseguir penal y civilmente a los vecinos de Gualeguaychú que luchan contra la instalación ilegal» de la celulosa de capitales finlandeses. «Sólo la política resolverá este difícil conflicto (…) no daremos un paso atrás en nuestra lucha», agregó, y criticó que el Gobierno nacional se erija en «defensor de inversiones extranjeras absolutamente ilegales». Fernández subrayó que el gobierno desea «cumplir con el fallo» de la Corte Internacional de Justicia de la Haya sobre el conflicto y «recuperar la relación» con Uruguay. El tribunal avaló la permanencia de la planta de celulosa por no haber hallado indicios de contaminación, pero reprendió a Uruguay por no haber avisado con antelación a Argentina de sus planes de permitir la instalación de la fábrica. En tanto, en Montevideo el gobierno del presidente uruguayo José Mujica ha guardado silencio. Pero legisladores valoraron positivamente las últimas decisiones del gobierno argentino. Ernesto Agazzi, senador del «Movimiento de Participación Popular» (MPP), dijo a la prensa que se alegra que el gobierno argentino respete el fallo de La Haya. Agazzi, cercano a Mujica, sostuvo que el gobierno argentino «se compromete en primera persona y tiene un peso muy fuerte en la decisión». En tanto Sergio Abreu, del opositor Partido Nacional, dijo que el gobierno argentino «da un paso cualitativo, aunque sea tarde». «Hay que dejarlo que ejecute y administre la sentencia judicial de la mejor manera para restablecer el estado de Derecho», opinó. El senador Ope Pasquet, del Partido Colorado, indicó que «hay un paso adelante porque el gobierno argentino está dispuesto a aplicar la ley y hacer efectivos los fallos judiciales», pero dijo que «llama la atención que recién ahora hayan resuelto actuar. negrita/»El corte dejó de ser un reclamo popular para ser un capricho»/negrita Esta mañana, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, sostuvo en declaraciones a los medios que el bloqueo del puente fronterizo «ya dejó de ser un reclamo o una lucha popular para ser un capricho», y dijo que «era vano notificar a quienes nunca van a querer notificarse». Por su parte, el intendente de la localidad entrerriana, Juan José Bahillo, abogó por «no judicializar» el conflicto y resolverlo por vía pacífica. Aníbal Fernández señaló que la relocalización de la planta «no va a suceder» porque el fallo de la Corte Internacional de La Haya «es muy contundente al respecto». Al referirse a la decisión anunciada ayer en Casa de Gobierno de querellar a los ambientalistas que corten la ruta, Fernández dijo que el Gobierno lo hizo para que «de una vez por todas demos por terminada esta situación y podamos liberar el puente». El ministro del Interior, Florencio Randazzo, consideró esta mañana que los asambleístas «deben recapacitar» porque la medida «obstruye la posibilidad de que Argentina controle la contaminación del río Uruguay». «Los asambleístas tienen que recapacitar y llevar adelante otro tipo de acciones y no ésta porque perjudica además las relaciones entre Argentina y Uruguay, perjudica a los ciudadanos, al comercio», sostuvo Randazzo en un acto por el Día de la Seguridad Vial ante los medios. El ministro explicó que el cambio de actitud del Gobierno se debe a que «la situación se ha modificado sustancialmente después del fallo del tribunal internacional de La Haya». «En estos últimos tres años los hemos acompañado de la mejor manera, siempre dijimos que no había que reprimir pero ahora hay que respetar el fallo internacional», remarcó. Por su parte, en diálogo con Télam, el intendente de Gualeguaychú aseguró que se compromete «a seguir insistiendo y trabajando activamente, redoblando esfuerzos, para que las soluciones a este diferendo se resuelva en el ámbito de la política». En un acto frente a la municipalidad local, Bahillo pidió «no judicializar» la protesta que asambleístas de esa ciudad llevan adelante desde 2006, tras recibir de parte de ellos una proclama en la que manifestaron «la lucha pacífica por el medio ambiente ante un emprendimiento ilegal como Botnia, definido de esa manera por la Corte de justicia». En el escrito, señalaron «no criminalizar la protesta, porque se trata de una protesta social por nuestros derechos», y coincidieron en que «sólo la política resolverá este conflicto». Y aclararon que «no daremos un paso atrás en nuestra lucha» y piden «el retiro de las medidas adoptadas por la Jefatura de Gabinete». En tanto, la asambleísta Susana Padín indicó que «la Cámara de Diputados provincial emitió una adhesión a los asambleístas y solicitó a la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay) el monitoreo e inspección de Botnia desde su interior y al inicio de su actividad de producción, con presentación pública de informes cuatrimestrales, con acceso irrestricto por parte del público a los informes y conclusiones del monitoreo».
