La organización ambiental sostiene que elevar del 15% al 25% el umbral de pendiente para la protección de bosques nativos permitiría cambios de uso de suelo actualmente restringidos. Advierte que la iniciativa vulneraría el principio de no regresión ambiental y reclama estudios técnicos, participación ciudadana y consulta a las comunidades indígenas. El planteo suma una nueva posición al debate sobre cómo compatibilizar producción, conservación y uso del territorio en Misiones.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (3/10/2026).- El proyecto de ley de modificación del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de Misiones, que propone elevar del 15% al 25% el umbral de pendiente para determinar qué superficies quedan comprendidas dentro de la categoría de protección de bosques nativos, suma nuevos cuestionamientos desde el sector ambiental. Fue presentado el miércoles por el diputado provincial Miguel Nuñez, por iniciativa de productores y empresarios agroforestales, ganaderos y propietarios de bosques nativos.
El representante legal de la Asociación Civil Orembae, el abogado Martín Ferroni, en contacto con ArgentinaForestal.com advirtió que la iniciativa impulsada por el diputado provincial Miguel Núñez sería «inconstitucional» en sus planteos, y por otro lado, podría habilitar cambios de uso de suelo actualmente restringidos por el OTBN.
Ferroni sostuvo que, en su formulación actual, «el proyecto resulta inconstitucional y vulnera el principio de no regresión ambiental».
El pronunciamiento introduce una nueva dimensión al debate abierto en la Cámara de Representantes de Misiones: cuál debe ser el equilibrio entre la conservación del bosque nativo, el derecho de los propietarios sobre sus tierras y la necesidad de ampliar las posibilidades productivas de pequeños y medianos productores.
El proyecto del diputado Nuñez plantea modificar las leyes provinciales XVI-N° 105, de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos, y XVI-N° 53, de Bosques Protectores y Fajas Ecológicas. De aprobarse, los bosques ubicados en terrenos con pendientes de entre el 15% y el 25% dejarían de quedar automáticamente comprendidos en la Categoría II —Amarillo— y podrían pasar a la Categoría III —Verde—, donde determinadas actividades productivas pueden ser autorizadas bajo condiciones establecidas por la normativa, siempre con evaluación técnica y aprobación del Ministerio de Ecología de Misiones.
Desde el sector productivo agroforestal que impulsa la modificación se sostiene que «el actual umbral del 15% resulta restrictivo frente a la topografía misionera y deja fuera de la actividad productiva superficies que podrían ser aprovechadas de manera sostenible».
También se plantea la necesidad de revisar la situación de propietarios que mantienen bosques en sus predios sin contar, según los fundamentos del proyecto, con mecanismos de compensación adecuados.
Orembae plantea una interpretación diferente sobre las consecuencias de la reforma.
Orembae: “Lo que hoy está prohibido pasaría a estar permitido”
Desde organización ambiental sostiene que el cambio propuesto implicaría una reducción del nivel de protección actualmente vigente para una superficie que considera significativa del territorio provincial.
Según argumenta el abogado especialista en Derecho Ambiental, los bosques ubicados en laderas con pendientes de entre el 15% y el 25% pasarían de una categoría donde el desmonte está prohibido a otra en la que podría autorizarse el cambio de uso de suelo.
También advierte que, en determinadas superficies, desaparecería la prohibición de transformar el bosque para destinarlas a cultivos.
Para Orembae, el problema central no radica solamente en modificar un porcentaje de pendiente, sino en recategorizar áreas de bosque nativo sin contar previamente con estudios técnicos específicos que permitan dimensionar las consecuencias sobre los suelos, el agua y la biodiversidad.
La entidad sostiene que Misiones presenta una topografía caracterizada por lomadas y pendientes y que sus suelos rojos son susceptibles a procesos erosivos. En ese contexto, considera que cualquier modificación del régimen de protección debería estar respaldada por evidencia técnica y ambiental.
El debate jurídico: protección ambiental y cambio de uso de suelo
Uno de los principales argumentos de Orembae es que la modificación del OTBN debería realizarse respetando los procedimientos establecidos por la legislación nacional de protección de bosques nativos.
La organización sostiene que la Ley Nacional 26.331 exige que las modificaciones del ordenamiento territorial contemplen criterios técnicos y procesos participativos, y cuestiona que el proyecto establezca una recategorización general de determinadas áreas para luego disponer la actualización de la cartografía.
También plantea objeciones vinculadas con la participación ciudadana y la consulta a comunidades indígenas, y considera que la iniciativa podría entrar en tensión con las restricciones establecidas para los bosques incluidos en las categorías de mayor protección.
En ese marco, Orembae invoca el principio de no regresión ambiental, según el cual los niveles de protección alcanzados no deberían reducirse sin una justificación suficiente, y menciona como antecedentes jurisprudenciales los casos “Majul”, “Salas” y “Mamani” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
“Un Estado que retrocede en la protección de sus bosques sin estudios y sin escuchar a su pueblo deja de ser un Estado Ambiental de Derecho”, afirmó Martín Ferroni, coordinador legal de Orembae.
El abogado sostuvo además que el bosque ubicado en laderas cumple funciones vinculadas con la protección del agua y los suelos y planteó que su conservación no debería ser considerada un obstáculo al desarrollo productivo.
La compensación a los propietarios, otro eje de la discusión
El planteo de Orembae también aborda uno de los argumentos centrales de los sectores productivos: la situación de los propietarios privados que mantienen superficies de bosque nativo bajo categorías de conservación y encuentran restringido su uso productivo.
La organización reconoce que existe una problemática vinculada con los pequeños y medianos productores, pero sostiene que la respuesta no debería ser reducir la protección ambiental.
En ese sentido, señala que el Decreto 67/2011, reglamentario de la Ley XVI-N° 105, contempla mecanismos de compensación para quienes conservan bosques comprendidos en las Categorías I y II mediante planes de conservación o manejo sostenible financiados con fondos provinciales y nacionales.
“Si esa compensación no llega a los productores, la solución es hacerla funcionar y financiarla, no eliminar la protección”, plantea la entidad.
Un debate que recién comienza
Orembae solicitó a los legisladores provinciales que no avancen con el tratamiento del proyecto sin contar previamente con un estudio técnico que permita cuantificar la superficie alcanzada por la modificación y evaluar sus posibles impactos sobre suelos, agua y biodiversidad.
También pidió la convocatoria a una audiencia pública y la realización de la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas.
Finalmente, reclamó al Poder Ejecutivo provincial que haga efectiva la compensación prevista para los propietarios que conservan bosques nativos y anticipó que, si la iniciativa fuera sancionada en su forma actual, promoverá acciones judiciales.
La posición de Orembae se incorpora así a una discusión que trasciende la modificación de un umbral de pendiente. El debate plantea una cuestión de fondo para el desarrollo territorial de Misiones: cómo definir qué superficies pueden incorporarse a la producción, bajo qué criterios técnicos y ambientales, y qué mecanismos deben garantizar simultáneamente la conservación del bosque nativo y la sustentabilidad económica de los productores que mantienen esas superficies en sus propiedades.
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