Las organizaciones instan a las delegaciones de América Latina y el Caribe y de todo el mundo a rechazar el último borrador propuesto. El compromiso de triplicar la financiación para la adaptación llegó al último día previsto de la COP31 reducido a una simple mención y un recordatorio, sin cifras ni un plan de acción definido. Las necesidades de adaptación de los países en desarrollo ascienden a unos 305.000 millones de dólares al año, frente al mínimo solicitado en la COP, que es de 120.000 millones de dólares. Las organizaciones coincidieron en que el obstáculo no es la disponibilidad de recursos, sino la voluntad política.

Antalya, Turquía (20 de noviembre de 2026).- Organizaciones de la sociedad civil pidieron hoy a las delegaciones de América Latina y el Caribe y del mundo rechazar cualquier paquete de resultados de la COP31 que no entregue avances concretos en adaptación, transición justa y financiamiento climático, y la Red de Acción Climática de América Latina, CANLA, envió una carta a las delegaciones con ese llamado.
Hicieron un llamamiento hoy a las delegaciones de América Latina y el Caribe y de todo el mundo para que rechacen cualquier paquete de medidas de la COP31 que no logre avances concretos en materia de adaptación, transición justa y financiación climática, y la Red Latinoamericana de Acción Climática (CANLA) envió una carta a las delegaciones con ese llamamiento.
El compromiso de triplicar la financiación para la adaptación, acordado en Belém, se redujo en el texto que llegó al último día previsto de la COP31 a una simple revocación de la decisión anterior y a una mención sin cifras ni vías de implementación.
La conferencia de prensa “Balance de la COP31 desde América Latina y el Caribe” se celebró el viernes 20 de noviembre de 2026 en la sede de la COP31 en Antalya, Turquía, convocada por REDFIS, CANLA, Argentina 1.5, GFLAC y GI-ESCR.
La propuesta habría alcanzado los 120.000 millones de dólares anuales para 2035, lo que ni siquiera representa la mitad de los 300.000 millones de dólares comprometidos en el marco del nuevo objetivo colectivo cuantificado, mientras que las necesidades de los países en desarrollo ascienden a unos 305.000 millones de dólares anuales, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la principal autoridad ambiental del mundo.
El mundo tiene el dinero, y avanzar hacia un Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre Cooperación Tributaria Internacional como vía para movilizar recursos permitiría recuperar alrededor de 500.000 millones de dólares anuales que actualmente se pierden por evasión y elusión fiscal, señalan las organizaciones.
Laura Restrepo, de CANLA, Red Latinoamericana de Acción Climática, dijo: «La decisión de portada publicada ayer sirvió como distracción para la sociedad civil, las delegaciones y los medios de comunicación, y evidencia una estrategia de la presidencia para impulsar un documento general débil en lugar de concentrar los esfuerzos en las salas de negociación. En CANLA enviamos una carta a nuestras delegaciones solicitando que abandonemos esta cumbre rechazando cualquier texto o paquete de resultados que no garantice una verdadera justicia climática».
Pilar Bueno, de Argentina 1.5, dijo: “La visión política de la presidencia australiana respecto a la agenda de adaptación era lograr resultados mínimos. Hoy solo tenemos la revocación de la decisión anterior de Belém y una promesa vacía, la promesa de que en algún momento sucederá algo, no sabemos qué, y eso es completamente inaceptable. Los países del Sur Global demostraron máxima flexibilidad y siguen presionando para fijar una cifra de al menos 120 mil millones de dólares anuales para 2035.”
Sandra Guzmán, directora Ejecutiva de GFLAC, sostuvo por su parte que «llevo 18 años en este proceso y jamás había visto una COP con tan poca voluntad por ambas partes. Estados Unidos invirtió 48.000 millones de dólares en guerra solo este año, y aquí la respuesta es que no hay suficientes recursos. No se trata de una falta de dinero, sino de una falta de voluntad política. Estamos en medio de un Super El Niño con enormes costos económicos y sociales, y un plan para triplicar la financiación para la adaptación, hasta alcanzar los 120.000 millones de dólares, es lo mínimo que esta COP puede ofrecer. Esa es la mayor contradicción a la que nos enfrentamos hoy en el aparato político.”
Ezequiel Steuermann, de GI-ESCR, Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, agregó que «el discurso de la austeridad se ha impuesto como una verdad evidente disfrazada de sentido común, pero es una excusa falsa, porque en dos semanas habrá una negociación en Nairobi sobre el Convenio Tributario de las Naciones Unidas, donde los mismos Estados que hoy nos dicen que no hay dinero estarán debatiendo un nuevo instrumento jurídico para recaudarlo. La eliminación de la Hoja de Ruta Bakú-Belém es una oportunidad perdida, pero no altera las obligaciones de los Estados en virtud del derecho internacional.”
Las organizaciones advirtieron que el mayor riesgo reside en abandonar Antalya únicamente con decisiones de procedimiento y llevar el contenido a la COP32 en Addis Abeba sin garantía de progreso, aunque señalaron que mientras no se publiquen los textos finales, todavía hay margen para ejercer presión.
En la COP30 de Belém se acordó el compromiso de triplicar la financiación para la adaptación. Si bien un borrador de la COP31 proponía fijarla en no menos de 120.000 millones de dólares anuales para 2035, las organizaciones y los participantes señalaron en la recta final de la cumbre que la cuestión seguía sin resolverse y que encontraba una fuerte resistencia en las negociaciones.
Según el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2026 del PNUMA, las necesidades de adaptación de los países en desarrollo se estiman en 305.000 millones de dólares anuales para 2035, frente a una financiación pública internacional que se situó entre 28.200 y 31.700 millones de dólares en 2024.
La cifra de 48.300 millones de dólares corresponde al coste de la guerra de Estados Unidos contra Irán al 13 de noviembre de 2026, según declaró Arthur Miller, funcionario de presupuesto del Pentágono, ante el Comité de Servicios Armados del Senado el 19 de noviembre de 2026. Esta cifra corresponde a los costes directos de dicho conflicto.
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