El conflicto afecta a empleados activos y 200 jubilados del Ministerio de la Producción. La medida impacta sobre el Fondo Estímulo Productivo y ya fue judicializada. Consejos profesionales advierten sobre el riesgo de debilitar el control ambiental y gestión técnica de cambio de uso de suelo en la provincia. Piden la revertir la medida al gobernador de Chaco, Leandro Zdero, y al ministro de Producción y el Desarrollo Económico Sostenible, Oscar Dudik.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
CHACO (26/2/2026).– Trabajadores de planta del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible del Chaco se movilizaron este jueves en la capital provincial para rechazar una reducción salarial vigente desde enero que, según denunciaron, oscila entre el 60% y el 80% y alcanza a cerca de 600 empleados activos y 200 jubilados del organismo.
La medida —que comenzó a aplicarse con los haberes de enero de 2026— responde, según explicaron fuentes técnicas del Ministerio, a un recálculo del Fondo Estímulo Productivo (FEP), creado por ley provincial hace una década.
“Han hecho una quita de entre el 60% y el 80% de los salarios a partir de enero, producto de un recálculo del FEP. La afectación alcanza a unos 600 trabajadores activos y 200 jubilados”, señalaron profesionales del organismo en contacto con ArgentinaForestal.com
De acuerdo con los trabajadores, el recorte impacta de manera directa en las economías familiares. Hasta diciembre, los ingresos promedio —incluido el FEP— oscilaban entre 1,5 y 2 millones de pesos mensuales. Tras la modificación, los salarios se ubican entre 200.000 y 600.000 pesos, según la categoría y situación contractual.
El FEP se calcula, según la normativa vigente, sobre el 80% de los recursos que recauda el Ministerio, y su distribución —igualitaria para profesionales, administrativos, choferes y otros agentes— está contemplada en el Presupuesto Anual, con asignación de partidas a través de Rentas Generales.
En el organismo se desempeñan ingenieros forestales, ingenieros agrónomos, médicos veterinarios y otros profesionales que cumplen funciones técnicas vinculadas a planes de ganadería, agricultura, apicultura, industria y bosques, además de la aplicación de leyes ambientales.
Apoyos institucionales y judicialización
Directores del Ministerio, entidades vinculadas al sector y los tres consejos profesionales de la provincia —Agrónomos, Ingeniería Forestal y Veterinarios— presentaron notas de apoyo a los trabajadores y solicitaron al Gobierno provincial que revierta la medida. También acompañaron las movilizaciones en Resistencia realizadas este jueves en la sede del organismo.
El conflicto ya fue judicializado y escaló al plano político, con presentaciones en la Cámara de Diputados del Chaco que incluyen pedidos de informes e iniciativas de interpelación al actual ministro del área.
Advertencia por el impacto en la política forestal
El Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco elevó una nota formal al gobernador Leandro Zdero expresando su preocupación por las consecuencias de la Resolución N.º64/2026 del Ministerio de la Producción.
Según la entidad, la medida afectaría de manera directa a profesionales matriculados que cumplen funciones técnicas esenciales dentro del Ministerio, organismo que actúa como Autoridad Local de Aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
Estos equipos técnicos realizan tareas de control, fiscalización, evaluación de planes, asistencia técnica y acompañamiento a pequeños productores y comunidades rurales. Para el Consejo, el debilitamiento de estos recursos humanos “implica una merma sustancial en las funciones de control y asistencia técnica”, afectando la capacidad operativa del Estado provincial.
“La reducción o desincentivo del capital técnico-profesional atenta contra los objetivos de sostenibilidad, el manejo responsable y el cumplimiento efectivo de la Ley 26.331 y de la normativa forestal provincial”, advirtieron las autoridades del Consejo, Miryam Flores, Juan José Skoko y Sebastián Kees, presidente del consejo.
La entidad profesional consideró que cualquier medida que impacte sobre el recurso humano especializado debe evaluarse de manera integral, no solo por su efecto fiscal inmediato sino también por sus consecuencias institucionales, ambientales y sociales a mediano y largo plazo.
En ese sentido, solicitaron revisar el alcance de la Resolución 64/2026 y abrir instancias de diálogo que permitan analizar alternativas al Fondo Estímulo Productivo, garantizando previsibilidad salarial y el fortalecimiento técnico de la administración pública.
Mientras continúan las movilizaciones y avanza la vía judicial, el conflicto abre un debate más amplio sobre el financiamiento de los organismos técnicos y el sostenimiento de las políticas productivas y ambientales en la provincia.
Directores del Ministerio de Producción del Chaco rechazan la medida y refutan argumentos del Gobierno
Autoridades técnicas del organismo provincial aseguraron que el Fondo Estímulo Productivo es parte del salario por ley y advirtieron que la reducción aplicada vulnera derechos adquiridos. Exigen que se restituya el pago y analizan acciones legales.
Directores del organismo difundieron un pronunciamiento público en el que fijan posición frente a recientes declaraciones de funcionarios del Ejecutivo provincial.
En el documento, los firmantes —autoridades técnicas y de gestión del Ministerio— cuestionan afirmaciones realizadas en medios de comunicación que, según sostienen, “contienen datos falsos o inexactos” y buscan “instalar confusión y estigmatización” sobre más de 600 trabajadores.
“El pronunciamiento no es partidario. Somos empleados públicos con responsabilidad de conducción y gestión técnica. Sostenemos nuestro trabajo con independencia de los gobiernos de turno, que son circunstanciales y temporales”, señalaron.
El eje central del comunicado es la defensa del Fondo Estímulo Productivo (FEP), creado por la Ley 2398-I y vigente desde 2015.
Según explicaron, la norma fue aprobada por unanimidad legislativa y establece que el Fondo tiene carácter mensual, remunerativo y no bonificable, y que debe liquidarse junto con los haberes, con los descuentos legales correspondientes.
“Desde su implementación se liquidó como parte integral del salario, siendo base de cálculo para aportes jubilatorios y obra social. No es un premio discrecional ni un privilegio: es salario”, afirmaron.
Los directores remarcaron que, al igual que en otras áreas del Poder Ejecutivo, la remuneración del personal se compone de un salario básico más adicionales o incentivos creados por distintas normas. En ese esquema, el FEP integra el ingreso mensual de manera igualitaria para todo el escalafón.
Advirtieron que cualquier reducción abrupta de ese componente impacta de forma directa en el sustento de cientos de hogares y calificaron la decisión como “lesiva” de derechos laborales.
Respuesta a las declaraciones oficiales
El comunicado también refuta expresiones públicas que habrían relativizado la naturaleza salarial del Fondo. “Si es remunerativo y se paga mensualmente, impacta en el salario real. No se puede relativizar su naturaleza con una frase mediática”, sostuvieron.
Además, rechazaron versiones que sugerían que “todo lo recaudado iba al bolsillo” de los empleados. Según explicaron, la ley define al Fondo como “reflejo” del 80% de los recursos que recauda el Ministerio por cualquier concepto, con una metodología específica de cálculo y distribución.
Precisaron que el pago se ejecuta con partidas de Rentas Generales —como ocurre con todas las erogaciones en personal— y que la afectación específica de ciertos fondos no implica que se estén utilizando recursos “intangibles” para salarios.
En ese sentido, remarcaron que durante más de una década el régimen fue controlado sin objeciones por los organismos competentes, entre ellos el Tribunal de Cuentas provincial.
En el tramo final del documento, los directores exigen el cumplimiento de la ley y la restitución del Fondo conforme al régimen vigente. “Ninguna resolución puede derogar de hecho una ley ni suprimir por vía administrativa un derecho salarial reconocido por norma superior”, afirmaron.
Asimismo, reclamaron la apertura inmediata de un canal formal de diálogo institucional, con información técnica y jurídica completa, y dejaron expresa reserva de acciones legales ante lo que consideran una “vulneración escandalosa” de derechos.
El pronunciamiento fue suscripto por más de veinte directores y responsables de áreas técnicas del Ministerio, quienes señalaron que la aclaración pública busca “desmentir afirmaciones falsas y proteger la tarea” del organismo.
Mientras el conflicto continúa escalando en el plano político y judicial, la disputa por el Fondo Estímulo Productivo se consolida como uno de los principales focos de tensión entre el Ejecutivo provincial y el cuerpo técnico del Ministerio de Producción
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