En medio del debate por la reforma laboral en Argentina y una profunda crisis de mercado del sector de la Madera y Mueble, el secretario general del SOIME y referente de USIMRA en Misiones, Domingo Paiva, cuestionó con dureza a la cámara empresaria del Alto Paraná por su planteo ante FAIMA. Defendió el sistema paritario vigente, rechazó la regionalización de salarios y advirtió sobre intentos de recortar derechos históricos de los trabajadores de la madera.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (21/12/2025).- La discusión salarial en la industria de la madera volvió a encenderse en los medios locales de Misiones esta semana y expuso un conflicto de fondo entre empresarios y representantes sindicales de los trabajadores, atravesados por la crisis económica, la caída del consumo y el debate nacional por una nueva reforma laboral al cierre del año.
En ese contexto, el secretario general del Sindicato de Obreros de la Industria de la Madera de Montecarlo, Eldorado y San Pedro (SOIME) y representante de la Unión de Sindicatos de la Industria Maderera de la República Argentina (USIMRA), Domingo Paiva, respondió con dureza al planteo impulsado por la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP).
“La Reforma Laboral no es modernización, y empresarios de la AMAYADAP lo que quieren es la precarización laboral al cuestionar la profesionalización de sus propios representantes paritarios de FAIMA que llevan décadas en el ejercicio de la negociación y el diálogo para ajustar salarios acordes a la realidad”, sostuvo Paiva, al rechazar la iniciativa empresaria de avanzar en una discusión por provincias y ramas de actividad —aserraderos, carpinterías, muebles, terciados y tableros fenólicos, entre otras— dentro de las paritarias nacionales.
Según explicó el dirigente sindical, el planteo formalizado por AMAYADAP ante la Federación Argentina de la Industria de la Madera (FAIMA) busca, en los hechos, “estirar los tiempos y los montos de los ajustes salariales”, en un escenario marcado por la discusión de la reforma laboral en el Congreso Nacional y por la crisis que atravesó durante todo 2025 la industria de la madera y el mueble, especialmente por el impacto con la paralización de la construcción.
A ese planteo se sumaron declaraciones recientes del presidente de AMAYADAP, Enrique Bongers, que cuestionó la “falta de profesionalización” de sus propios paritarios en FAIMA, al considerar que se aprueban aumentos salariales “que no corresponden” a la realidad del mercado local, con las particularidades que tiene la industria en Misiones, principalmente en impuestos y logística.
Para Paiva, en su argumento el empresario desconoce tanto el funcionamiento del sistema paritario como la situación real de los trabajadores. “Parece que algunos empresarios madereros misioneros han retrocedido décadas. Desconocen los derechos laborales y el poder adquisitivo de sus trabajadores, que hoy no cubren la canasta básica, y como funciona la paritaria donde FAIMA tiene profesionales”, afirmó.
El sindicalista denunció además prácticas extendidas en el sector: “El salario ahora parece depender de las ventas y no de la tarea realizada, aunque el operario haya trabajado todas las horas correspondientes, incluso muchas veces más de las que declara el empleador para no pagar lo que establece la legislación vigente”.
Desde el sector empresario, Bongers planteó públicamente que no es comparable una pequeña carpintería o mueblería con cinco o diez empleados con un aserradero de 70 o 200 trabajadores, por el impacto que tienen los aumentos salariales en estructuras de mayor tamaño y con menor valor agregado.
Sin embargo, Paiva replicó que ese razonamiento omite aspectos centrales. “Si un empresario decidió asumir el riesgo de tener un aserradero, eso no puede trasladarse al salario del trabajador. El operario tiene mayores riesgos laborales y el mismo costo de vida que un carpintero o mueblero. El salario debe ajustarse según el Convenio Colectivo de Trabajo vigente para la rama Aserrado. No hay que nivelar para abajo, sino pensar entre todos cómo salir adelante desarrollando la actividad”, remarcó.
Paiva también cuestionó la contradicción que, a su entender, atraviesa el discurso empresario. “Presentan documentos al Estado nacional y provincial para pedir medidas de apoyo y ‘sostener la fuente laboral’, pero la pregunta es a qué costo del trabajador”, señaló.
Y enumeró: trabajo formal, seguridad, beneficios sociales, horas extras y obligaciones laborales ya están contempladas en el Convenio Colectivo de Trabajo. “Creo que los que están en absoluta ignorancia y falta de profesionalismo son los empresarios de AMAYADAP, porque es la única cámara misionera en FAIMA con este planteo de no respetar las normas y de pretender sacar a la rama aserrado de las paritarias”, afirmó.
El conflicto se da en un sector clave para la economía provincial. Por volumen de producción y empleo directo, la cadena foresto-industrial es la principal actividad económica de Misiones y, junto con la agricultura y el turismo, atraviesa una fuerte crisis por la baja del consumo y los altos costos internos.
En declaraciones a FM Universidad, Paiva explicó el funcionamiento del esquema paritario vigente y defendió la profesionalización de los representantes. “FAIMA tiene abogados y contadores en la mesa paritaria. Los acuerdos se aprueban en una comisión directiva integrada por 28 cámaras del país, después de días y horas de debate ajustando números finos. Decir que no hay profesionalismo es desconocer completamente cómo funciona la negociación, es faltar el respeto a sus propios colegas”, graficó.
Desde USIMRA reiteraron que no acompañarán ninguna regionalización salarial. “Tiene que haber un piso salarial igual para todos, que garantice vivir dignamente. A partir de ahí se reconocen formación, especialización y jerarquías. Pero el poder adquisitivo de los trabajadores de la madera viene por debajo de la inflación y no tienen por qué sostener con sus espaldas las pérdidas del empresario”, sostuvo Paiva en una entrevista con ArgentinaForestal.com.
El dirigente sindical también apuntó contra la postura del presidente de AMAYADAP desde su asunción. “Se niegan a reconocer ajustes salariales. Hablaron de congelar salarios y luego propusieron 14 mil pesos para noviembre y diciembre (no cubren ni dos kilos de carne). En septiembre y octubre se acordó un ajuste mínimo del 2% y del 1,6% en noviembre, unos 200 pesos más por hora, y aun así tuvimos que esperar cinco meses para que el Ministerio de Trabajo homologue el acuerdo y lo empresarios reconozcan este ajuste en el salario”, recordó.
Para Paiva, el trasfondo del debate es político y estratégico. “Está claro que el esquema es precarizar el trabajo y especular con la Reforma Laboral. El gobierno nacional pretende que el empleador negocie directamente con el empleado, cuando hay una asimetría de poder enorme. El discurso del empresario es siempre el mismo: ‘te pago tanto o cierro’. Pero nunca cierran; lo que hacen es dejar al operario indefenso frente a sus derechos”, advirtió.
En ese marco, denunció que la informalidad sigue siendo uno de los mayores problemas del sector en Misiones: horas extras no declaradas, cargas horarias reales ocultas, fraude laboral mediante cooperativas de trabajo, empleo en negro y pérdida de beneficios sociales. “Todo eso está vigente y se profundiza con la crisis”, afirmó.
“Nosotros tenemos un Convenio Colectivo de Trabajo vigente y lo vamos a seguir defendiendo en un sistema con más de 50 años. No hay mejores paritarios que en nuestra industria. A la AMAYADAP le falta profesionalización en derecho laboral y sentido común”, insistió Paiva, quien recordó que incluso durante la pandemia el sindicato acompañó medidas excepcionales para sostener la actividad cuando fue necesario.
El dirigente advirtió sobre cierres y suspensiones que se efectivizaron este año: dos empresas en Eldorado, una en Caraguatay y una en San José. Y planteó la necesidad de avanzar en un registro de empresas madereras que incumplen sistemáticamente la ley. “Hay empresarios que abren cuando hay buenas ventas y se desentienden de sus trabajadores cuando el negocio no cierra, dejando salarios adeudados, obras sociales suspendidas y personas con más de 30 años de antigüedad sin futuro”, denunció.
Adelantó que desde el SOIME solicitaron reuniones con el gobierno provincial para reforzar los controles y el cumplimiento de indemnizaciones y salarios adeudados. “Si la economía mejora y esas empresas quieren volver a operar, los antecedentes tienen que pesar. No pueden acceder a beneficios, subsidios o exenciones impositivas como si nada. Tiene que saberse quiénes no tienen responsabilidad social y operan de manera inescrupulosa”, concluyó Paiva.
