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Misiones | Denuncian a segundo cacique de El Pocito por ataque con machete y amenazas a un trabajador rural en propiedad privada

Este viernes, en la chacra de Javier Strieder se vivieron momentos de violencia. Un hombre de 63 años que realizaba trabajos de agricultura denunció que miembros de la comunidad indígena vecina al predio ingresaron a la propiedad, lo amenazaron y agredieron con un machete en medio de una disputa de tierras, causándole un corte en su mano derecha. El caso expone la compleja tensión entre el derecho a la propiedad privada y los reclamos territoriales de la comunidad Mbya.

 

Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

 

MISIONES (27/9/2025).- El productor Javier Strieder, de la localidad de Capiovi, tiene una propiedad vecina a la comunidad indígena El Pocito. Este fin de semana denunció un nuevo episodio de violencia que reaviva el conflicto territorial que desde hace meses enfrenta a ambas partes.

Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría de Capioví (UR IV Puerto Rico), un trabajador de 63 años que realizaba tareas en la chacra de Strieder fue atacado con un machete y amenazado de muerte por un grupo de entre 15 y 20 personas, integrantes de la comunidad mbya El Pocito.

El hecho ocurrió el viernes y quedó caratulado como “lesiones con arma blanca y amenazas” y tendrá intervención del Juzgado de Instrucción N° 2.

“Esto cruzó todos los límites. Fueron a matar. Este hombre se salvó porque se cubrió la cabeza con la mano”, relató Martín Strieder en diálogo con ArgentinaForestal.com.

El agresor, según consta en el parte policial, habría sido Crispín Benítez, segundo cacique de El Pocito.

El ataque dejó como saldo un hombre herido con cortes en el dedo anular de la mano derecha y golpes en el rostro y el cuello. Ante la gravedad del hecho, la Justicia dispuso la prohibición de contacto y acercamiento de Benítez hacia la familia Strieder y la propiedad en disputa.

Una mesa de diálogo que se rompió

El conflicto se desarrolla en torno al Lote 50 A, donde Strieder sostiene derechos de propiedad respaldados por títulos, mientras que la comunidad El Pocito se ampara en el relevamiento territorial realizado bajo la Ley Nacional 26.160, que reconoce la ocupación tradicional de pueblos indígenas.

Pese a la intervención de la Dirección de Asuntos Guaraníes y la Municipalidad de Capioví, la instancia de negociación se estancó.

Según Strieder, la última reunión en agosto terminó sin acuerdo y desde entonces aumentaron los episodios de violencia y daños en la chacra: “Han destruido alambrados, yerbales y trabajos realizados con mucho esfuerzo. Pero lo del sábado fue atentar directamente contra la vida”.

La comunidad reclama territorialidad

Desde El Pocito expresan su rechazo a los alambrados, portones y la introducción de ganado ya que «afectan» sus cultivos y áreas de monte esenciales para su vida cultural y alimentaria.

“Nosotros tenemos carpeta técnica del territorio relevado. Ocupamos ese espacio ancestralmente. Strieder dice tener título y cree que puede hacer lo que quiera”, expresó oportunamente el segundo cacique Crispín Benítez, quien también habría denunciado por “hostigamiento e intimidaciones” del vecino contra la comunidad.

Respecto a la cosecha de yerba mate, Benítez cuestionó que se talaron plantas de mandarina cultivadas por sus abuelos. “Eso demuestra que estamos acá desde hace tiempo, mucho antes que él”, defiende el indígena, en un comunicado que se difundió a través de EMIPA (Equipo Misionero Pastoral Aborigen) en agosto.

Desde la comunidad se pidió que «el Estado provincial retome las negociaciones y asuma responsabilidad para frenar la escalada de violencia».

El caso refleja con crudeza la tensión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho de los pueblos indígenas a la territorialidad y la posesión de la tierra, consagrados por la Constitución Nacional y la Ley 26.160.

Cada día sin una resolución institucional aumenta el riesgo de que el conflicto derive en episodios más graves. Mientras el productor reclama garantías sobre la propiedad, para producir y proteger su inversión, la comunidad mbya en forma violenta exige recuperar su territorio.

 

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