El conflicto, según relataron a ArgentinaForestal.com, llevaba varios meses de tensión, pero estalló el pasado 1° de julio cuando, durante la construcción de un alambrado perimetral en la chacra de Javier Strieder, propietario legal del lote, cuando los trabajadores contratados fueron expulsados por miembros de la comunidad en un episodio intimidante y violento.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (17/7/2025).- El productor ganadero y yerbatero Javier Strieder, junto a sus tres hijos, atraviesan momentos de impotencia y angustia tras el violento momento vivido en su chacra semanas atrás. Miembros de la comunidad Mbya El Pocito asentados en tierras lindantes a su chacra, con ”garrotes en mano”, impidieron que los operarios terminen de instalar un alambrado donde el ganado tiene que alimentarse en invierno, y tumbaron todo el trabajo realizado, generando tensión y pérdidas económicas.
El conflicto, según relataron a ArgentinaForestal.com, llevaba varios meses de tensión, pero estalló el pasado 1° de julio cuando, durante la construcción de un alambrado perimetral, los trabajadores contratados fueron expulsados por miembros de la comunidad en un episodio intimidante y violento.
“Pasaron el limite, no respetaron los acuerdos de convivencia, ellos invadieron nuestra propiedad. Nosotros tenemos todo legal, el titulo de las tierras, la mensura, todo en Catastro. Sin embargo, tuvimos que llamar a la policía, y nos fuimos nostros quienes nos tuvimos que retirar del lugar para evitar una tragedia”, explicó Strieder.
El productor de 55 años, nacido y criado en Capiovi, encontró en la ganadería una de las actividades que más disfruta hacer desde hace varios años. En enero falleció su esposa y compañera de vida, y seguir trabajando lo ayuda a salir adelante de ese duro golpe familiar.
Pero ahora, se encuentra triste y apesadumbrado. “No puedo explicar lo que siento, toda la familia está muy triste porque es injusto, no podemos comprender que seamos nosotros los que tenemos que dar explicaciones sobre una tierra que es nuestra. Tenemos que estar todos los días alerta porque no sabemos qué puede pasar, qué otro daño pueden hacer a la chacra. Tengo mis animales que controlar, alimentar, ver por ellos. Hay una vaca lastimada que cayó al arroyo, tengo que sacarla de allí, seguramente sacrificarla. Los animales están perdiendo peso y quedando muy débiles ya que no pueden acceder al sector de reserva de pasto que hay en el parquizado. No sé cómo explicar, pero es muy triste todo”, dijo en la entrevista.
Sin embargo, desde la Comunidad Mbya Guaraní difundieron a través de EMIPA un comunicado de prensa expresando que la instalación del alambrado ganadero estaría en tierras relevadas por la Ley 26.160 de Emergencia Territorial, normativa que fue derogada por el actual gobierno nacional. Pero denuncian que hubo falta de consulta previa de las autoridades competentes y permanecen en vigilia mientras esperan una respuesta oficial.
“Eso es mentira. Totalmente falso”, respondió Strieder. «Tengo los papeles en regla, ellos están asentados del otro lado del arroyo, pero constantemente entraban a mi chacra. Ahora necesito ese sector de reserva de pasto y parquizado -que fue clausurado- para trasladar a mis animales. El alambrado marca el límite de mi propiedad”, explica Javier.
La propiedad en cuestión se encuentra en una zona rural de Capioví, en un terreno lindero al arroyo Capioví y al arroyo San Alberto, límite natural con el territorio asentado por la comunidad indígena El Pocito.
Enfrentamiento y violencia indígena
La convivencia en la chacra de la familia Strieder era de respeto mutuo, pero la situación vivida el 1 de julio agravó la relación tras los momentos de violencia vividas y generadas por integrantes de la comunidad El Pocito, cuya autoridad es Sergia Benitez.
“Ellos aparecieron con garrotes para amenazar en pleno trabajo de instalación del alambrado. Me avisan los trabajadores lo que estaba sucediendo en la chacra, y recurrimos a la Policía, a quienes agradecemos porque evitaron que la situación termine en una tragedia. Había un clima de violencia, a la que no estamos acostumbrados, somos una familia pacifica, de trabajo, y es muy triste que pase esto en Capioví”, sostuvo Javier en la entrevista.
En defensa de su propiedad y en reclamo a la garantías por el respeto a la propiedad privada, organizan para el 23 de julio una manifestación pacífica frente a la Municipalidad de Capioví , previo a la segunda reunión que mantendrán acompañados de sus abogados con las autoridades provinciales, municipales y referentes de la comunidad El Pocito.
Atropello a la propiedad privada
Su hijo Martín, también denunció públicamente la invasión de los indígenas sobre su chacra y relató la impotencia que vive frente a la tristeza de su padre al tener que lidiar en forma cotidiana con los daños y enfrentamientos con miembros de la comunidad indígena, lo que califica como un “atropello a la propiedad privada”.
La familia Strieder adquirió legalmente la chacra en 2023 que tiene una superficie de 24 hectáreas, de las cuales solo 3 hectáreas tienen monte nativo, el resto es campo ganadero.
En sus palabras, se intentó establecer una relación de convivencia y respeto con los vecinos de la comunidad, permitiéndoles acceder para recoger leña y miel, e incluso acordando el uso compartido de los cultivos. “El acuerdo nunca se cumplió”, afirma Martín. «Incluso, hace unos meses entraron a melar y provocaron un incendio», agregó.
“Mi padre decidió alambrar para cuidar el ganado y evitar más conflictos, pero cuando comenzaron los trabajos, un grupo de personas irrumpió en la propiedad, expulsó al personal, destruyó los avances de obra y obstruyó los trabajos que ya se habían pagado. Perdió todo lo invertido”, dijo.
Reiteró que los indígenas justificaron su accionar reclamando que esas tierras les pertenecen ancestralmente, sin presentar documentación que lo respalde.
El conflicto deberá ser resuelto en los fueros judiciales, y con una mesa de diálogo institucional para monitorear la situación frente a los hechos de violencia.
Desde la familia Strieder denuncian además que han sido falsamente acusados de talar monte nativo, siendo ellos mismos quienes documentaron y denunciaron las extracciones realizadas, presuntamente por la comunidad vecina.
Martín, visiblemente dolido, expuso el trasfondo emocional del conflicto: “Me duele ver a mi papá, un hombre que toda su vida trabajó honestamente, desmotivado y con la tristeza de sentir que su esfuerzo no vale nada”.
También destacó que, pese a tener todos los papeles en regla y pagar los impuestos religiosamente, no pueden acceder a su propiedad desde aquel día. “Sabemos que no toda la comunidad comparte este accionar. Algunos incluso nos pidieron disculpas por el daño causado”, agregó Martín.
En este contexto, la familia Strieder convoca a una manifestación pacífica el próximo 23 de julio a las 8:30 frente a la Municipalidad de Capioví, con el objetivo de visibilizar la situación y exigir respeto por la propiedad privada. Aclaran que no tiene fines políticos ni partidarios, sino que busca una solución justa y pacífica. “Esto que hoy nos pasa a nosotros, mañana le puede pasar a cualquiera”, advierte Martín.
Reclamos por la territorialidad indígena
La Comunidad Mbya Guaraní El Pocito denunció, por su parte, que los privados son los que avanzan sobre su territorio comunitario relevado en el marco de la Ley 26.160. Sin embargo, el Gobierno de Javier Milei puso fin a la Ley 26.160 y sus prórrogas, que establecían en favor de la posesión y la propiedad comunitaria indígena, al declarar finalizada la emergencia territorial, y todo deberá ser revisado de nuevo.
Esta medida genera un gris en el territorio y agrava aún más distintos conflictos que se desarrollan en todo el país, ya que de enfrentan dos derechos constitucionales: la propiedad privada y los derechos de Pueblos Originarios
Denuncias cruzadas sobre tala de árboles nativos, la apertura de caminos dentro del monte y, más recientemente, el conflicto por la instalación de alambrado perimetral con fines ganaderos en lote del vecino Strieder.
“Cuando nos dimos cuenta, ya estaban por la mitad. Están haciendo pozos para colocar los postes y largar vacas. Sabemos que también cría búfalos y quiere meterlos acá”, relató Crispín Benítez, mburuvicha segundo de la Comunidad.
La situación fue denunciada ante la Comisaría de Capioví (UR-IV), y la Comunidad decidió intervenir directamente: retiraron los postes, taparon los pozos abiertos y solicitaron a los trabajadores que abandonen el lugar. “El apoyo de la Comunidad fue enorme. Vinieron la mayoría de las familias: jóvenes, mujeres, mayores, niñas. Vimos una Comunidad unida, y eso nos fortalece como caciques”, expresó Benítez, destacando la organización colectiva y la defensa activa del territorio ancestral.
Actualmente, los representantes de El Pocito esperan la instancia de diálogo con autoridades provinciales y municipales. El Director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, se comprometió a convocar una nueva reunión con el propietario legal del terreno, el intendente local y miembros de la Comunidad.
Este nuevo episodio vuelve a poner en evidencia la vulneración de los derechos territoriales indígenas según el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina, que exige la realización de una consulta previa, libre e informada ante cualquier acción que afecte directamente a los pueblos indígenas. Sin embargo, esta práctica continúa siendo ignorada por las autoridades en muchos casos.
Desde El Pocito exigen una respuesta urgente por parte de los organismos estatales competentes, quieren frenar el avance de la actividad ganadera sobre el territorio y que se garantice el respeto a sus derechos históricos y culturales.
El conflicto deja entrever la complejidad del debate sobre la tenencia de tierras en Misiones, donde se cruzan derechos ancestrales, propiedad privada, identidad cultural y desarrollo económico.
Mientras tanto, la comunidad local y las autoridades deberán intervenir para evitar una escalada mayor y encontrar una salida que garantice el respeto a la ley y los derechos de todas las partes.
