Según el informe 2025 del Grantham Research Institute, los litigios climáticos no solo se intensifican en volumen, sino que también avanzan hacia los tribunales más altos del mundo. El 2024 cerró con 226 nuevas demandas, en un escenario donde los gobiernos del Sur Global cobran protagonismo y se esperan decisiones clave de la justicia internacional.
ESTADOS UNIDOS Y AMERICA LATINA (1/7/2025).- El cambio climático no solo se combate en las calles o en las cumbres diplomáticas, también se libra una creciente batalla en los tribunales. Así lo revela el nuevo informe Tendencias mundiales en litigios climáticos: 2025 Snapshot, publicado por el Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment de la London School of Economics and Political Science, que documenta un total acumulado de 2.967 casos presentados desde 1986, con 226 demandas iniciadas solamente en 2024.
Estas acciones judiciales, que ya alcanzan casi 60 países, se presentan con una frecuencia cada vez mayor ante cortes supremas y tribunales constitucionales.
Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Brasil y Alemania lideran el volumen de litigios, aunque el Sur Global —que incluye a África, América Latina y el Caribe, Asia y el Pacífico— muestra un crecimiento notable: más de 260 casos acumulados hasta finales de 2024, de los cuales casi el 60% se iniciaron en los últimos cinco años.
En este contexto, gobiernos, fiscalías y organismos reguladores del Sur Global han asumido un rol protagónico: el 56% de los casos en 2024 fueron impulsados por entidades estatales, lo que marca un cambio hacia litigios coercitivos y de reclamo por daños climáticos específicos.
En América Latina, los países con casos registrados son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú.
América Latina en el centro del escenario
Brasil se destaca por los recientes fallos judiciales que reconocen la responsabilidad por daños derivados del cambio climático, incluyendo órdenes de indemnización y restauración ambiental.
Colombia, por su parte, ha sido pionera en litigios por “falta de adaptación”, donde la Corte Suprema evalúa la respuesta gubernamental ante riesgos climáticos previsibles, sentando precedentes sobre la obligación de proteger a las comunidades vulnerables.
Un caso emblemático que culminó en 2025 fue Saúl Luciano Lliuya vs. RWE, en el que un ciudadano peruano demandó a una empresa alemana por su contribución a la crisis climática. Aunque el Tribunal Superior de Hamm desestimó el caso por falta de pruebas concretas de daño inminente, el fallo estableció un precedente al reconocer que los grandes emisores pueden ser considerados responsables en virtud del Derecho civil alemán.
Costa Rica también registró avances: en 2024 se iniciaron dos demandas, una sobre la transparencia de los compromisos climáticos del país y otra por la omisión del cambio climático en procesos de evaluación de impacto ambiental.
El informe destaca el crecimiento de los llamados casos de “quien contamina paga”, con más de 80 demandas acumuladas y 11 nuevas solo en 2024. En Estados Unidos, las leyes de “superfondo climático” están abriendo caminos legales para que comunidades afectadas demanden a empresas de combustibles fósiles.
También crecen las demandas contra empresas y sus directivos: 1 de cada 5 nuevos casos en 2024 tuvo como objetivo a corporaciones del sector energético, agrícola o financiero. Las reclamaciones basadas en derechos humanos suman 99 desde 2015; un 41% de ellas han logrado impulsar acciones climáticas.
Justicia internacional y opiniones consultivas en la mira
El informe subraya el creciente protagonismo de las cortes internacionales. En 2024, el Tribunal Internacional del Derecho del Mar emitió su primera opinión consultiva sobre cambio climático. Ahora, se esperan pronunciamientos clave en 2025 por parte de la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Esta última se pronunciará el 3 de julio sobre la emergencia climática y los derechos humanos, tras una solicitud realizada por Chile y Colombia en 2023.
Las opiniones consultivas, aunque no son vinculantes, tienen peso interpretativo y podrían aclarar obligaciones estatales sobre equidad intergeneracional y responsabilidad diferenciada, influyendo tanto en la justicia nacional como en los acuerdos políticos internacionales.
El uso del derecho como herramienta de acción climática está en expansión. A medida que se intensifica la crisis ambiental global, los litigios climáticos consolidan su lugar como mecanismo para exigir responsabilidad, impulsar políticas públicas y garantizar justicia para las comunidades más afectadas.
