En la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3), celebrada del 9 al 13 de junio en Niza, Francia, se expuso con crudeza cómo las emisiones de gases de efecto invernadero están afectando al océano a un ritmo sin precedentes. Desde el calentamiento marino récord hasta el blanqueamiento masivo de corales, el encuentro marca un punto de inflexión en la urgencia de actuar. Organizaciones latinoamericanas reclamaron medidas concretas que integren justicia ambiental y transición energética.
Fuente: ONU, UNOC3, Periodistas por el Planeta
FRANCIA y AMÉRICA LATINA (10/6/2025).- La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos, realizada en Niza, Francia, del 9 al 13 de junio, reaviva el debate global sobre el impacto de las emisiones que han sumado al océano una energía equivalente a 1.700 millones de bombas atómicas.
¿La consecuencia de ello? Se están produciendo drásticos cambios bajo la superficie: temperaturas marinas récord, disminución del hielo marino y un blanqueamiento masivo de corales.
Los impactos climáticos en los océanos desde 2015 incluyen:
- El hielo marino mundial alcanzó este año su mínimo histórico.
- Las temperaturas de la superficie del mar en 2024 superaron todos los récords anteriores.
- El 84% de los arrecifes de coral han sufrido blanqueamiento en el evento más grande de la historia.
La cumbre se realiza en un momento crítico: una década después del Acuerdo de París y a mitad de camino de la Década de los Océanos de las Naciones Unidas. La acción por los océanos nunca ha sido tan urgente, mientras el mundo enfrenta los crecientes efectos del cambio climático, tensiones comerciales y una inestabilidad geopolítica creciente.
El año 2024 marcó récords históricos de calor, tanto en tierra como en los océanos, resaltando aún más su vulnerabilidad.
La capacidad del océano como sumidero de carbono está siendo gravemente debilitada por la contaminación, la sobrepesca y el cambio climático. No obstante, los intentos por integrar las preocupaciones oceánicas en los marcos globales de acción climática han enfrentado obstáculos significativos.
En 2024, un fallo histórico del Tribunal Internacional del Derecho del Mar (ITLOS) estableció que los gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático, deben ser considerados como contaminación.
Esto implica que todos los países que han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR) están obligados a hacer todo lo posible para detener, reducir y controlar este tipo de contaminación, con el fin de proteger los océanos. Sin embargo, de manera paradójica, ese mismo año se registró un auge en el desarrollo de infraestructuras de combustibles fósiles en el mar, lo que agrava aún más los riesgos para los ecosistemas marinos.
Con la atención ya puesta en la próxima COP30, los diplomáticos oceánicos reunidos en Niza enfrentan una presión creciente para alinear sus agendas con los compromisos asumidos en el marco de las Naciones Unidas.
Entre los objetivos más urgentes figuran: eliminar progresivamente los combustibles fósiles, duplicar la eficiencia energética y triplicar la capacidad de energías renovables para 2030. Incorporar estos objetivos —junto con soluciones basadas en los océanos— en las estrategias nacionales de clima representa un desafío crucial para preservar la salud de los ecosistemas marinos.
Si bien las medidas centradas en los océanos —como la conservación y restauración marina— pueden ayudar a reducir emisiones y aumentar la resiliencia, los expertos advierten que confiar excesivamente en el océano como sumidero de carbono es peligroso.
Sin una reducción rápida y coordinada de las emisiones globales, ni siquiera los esfuerzos de conservación más ambiciosos podrán detener la pérdida de biodiversidad ni afrontar la emergencia climática en su conjunto.
El Grupo de Alto Nivel sobre los Océanos concluyó que la aplicación plena de soluciones climáticas basadas en los océanos —desde la conservación marina hasta tecnologías limpias en alta mar y transporte marítimo sostenible— podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero entre 1 y 4 gigatoneladas de CO₂ equivalente por año para 2030, y entre 4 y 14 gigatoneladas para 2050.
Para dimensionarlo: 1 gigatonelada de CO₂ equivale aproximadamente a las emisiones anuales de Japón, mientras que 14 gigatoneladas se asemejan a las emisiones combinadas de China y Estados Unidos, los dos mayores emisores del planeta.
No obstante, la financiación destinada a la salud y resiliencia de los océanos sigue siendo fragmentada y difícil de rastrear. La financiación climática a menudo ignora los océanos por completo, lo que deja un vacío importante en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con la protección y restauración de los ecosistemas marinos.
Desde América Latina, organizaciones de la sociedad civil remarcan que no puede existir una verdadera gobernanza de los océanos si se ignoran los derechos humanos. La explotación de petróleo y gas, junto a la contaminación y el cambio climático, no solo dañan los ecosistemas marinos, sino que también vulneran los derechos de las comunidades costeras.
Por eso, instan a los gobiernos a actuar en defensa del derecho —reconocido por las Naciones Unidas— a un medio ambiente sano y sostenible. UNOC representa una oportunidad clave para transformar la ambición en acción.
Voces latinoamericanas en defensa del océano
Suely Araújo, coordinadora de Políticas Públicas de Observatório do Clima, Brasil: “La crisis climática está calentando y elevando el nivel de nuestros mares, blanqueando los corales y amenazando la vida marina. La explotación de petróleo en el mar agrava sustantivamente estos daños, y la contaminación ocurre incluso cuando no debemos lamentar accidentes”.
Por eso, sostiene que zonas ambientalmente sensibles como la desembocadura del Río Amazonas deben quedar excluidas de la explotación petrolera: “Los países de la ONU que se reúnen para discutir sobre los océanos deben enfrentar con urgencia la necesidad de una transición por fuera de los combustibles fósiles y hacia las energías limpias”.
Julián Medina Salgado, pescador artesanal del Golfo de Morrosquillo, presidente de la Red Nacional de Pesca en Colombia y miembro de la ULAPA, advirtió:“La expansión de la extracción de petróleo y gas en el mar amenaza la biodiversidad marina que nos sostiene, pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria y vulnera nuestros derechos fundamentales al trabajo, a la salud y a un ambiente sano. Instamos a nuestros gobiernos a proteger los océanos de estas industrias destructivas”.
María José González-Bernat, co-directora del programa de Ecosistemas de AIDA, sostuvo:“La conservación y el uso sostenible del océano deben incorporar una perspectiva de derechos humanos, considerando el impacto que los daños ambientales a los ecosistemas marinos costeros tienen sobre las comunidades, sus culturas y economías locales. Uno de los daños más significativos proviene de los derrames de petróleo, que ponen en riesgo la salud del ambiente y de las personas, en contextos de fragilidad institucional y regulatoria”.
Carolina Sánchez Naranjo, integrante de la Red Gran Caribe Libre de Fósiles, advirtió:“El mar Caribe no puede convertirse en la próxima fuente mundial de petróleo y gas. Mientras países como Colombia, Venezuela y Trinidad y Tobago llevan décadas impactando nuestro mar, el caso de Guyana está generando nuevos intereses en países como Suriname, Honduras, Costa Rica, República Dominicana y Panamá”.
Agregó que la expansión del mercado del GNL en Estados Unidos alimenta propuestas de exploración en las Bahamas:“Nuestra región caribeña depende de los ecosistemas marinos y costeros para el empleo, la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. La industria de los combustibles fósiles pone todo esto en peligro, especialmente cuando se desarrolla sin información ni participación pública. La sociedad civil exige acción global real para proteger los océanos”.
