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Organizaciones rechazan la retirada de Argentina de las negociaciones climáticas de la COP29:“Instamos a mantener los compromisos internacionales de Cambio Climático”

Más de 70 organizaciones ambientales y de la sociedad civil condenaron la decisión del gobierno argentino de abandonar la COP29 en Azerbaiyán, señalando su impacto negativo en la política ambiental y climática del país, además de posibles repercusiones económicas. «La decisión adoptada constituye una clara violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al de Cambio Climático (Ley 27.520/19) votada hace muy pocos años por unanimidad por el Congreso de la Nación y fundamentalmente a los postulados de protección ambiental dispuestos por el Art. 41 de la Constitución Nacional», indicaron.

 

Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina 

 

Buenos Aires, 19 de noviembre de 2024 – Fundación Vida Silvestre y más de 70 organizaciones ambientales y de la sociedad civil emitieron un comunicado conjunto en el que califican como un grave retroceso la decisión del gobierno argentino de retirar a la delegación nacional de la 29ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29), que se celebra en Bakú, Azerbaiyán, del 11 al 22 de noviembre.

En el documento, las organizaciones advierten que la ausencia de Argentina en estas negociaciones afectará su imagen internacional y, potencialmente, su actividad productiva y exportadora: «Esto adquiere especial relevancia en un contexto global donde los estándares son cada vez más estrictos, frecuentemente vinculados a metas climáticas o a garantías de productos de un origen libre de deforestación.»

La decisión adoptada por el gobierno constituye un retroceso histórico en materia de política ambiental y climática para nuestro país. La Argentina ha participado de manera activa en las negociaciones climáticas desde la adopción de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en 1992 y ha generado enormes contribuciones en la materia.

La ausencia de esta instancia de negociación y participación en estos espacios multilaterales, además de romper con una larga tradición internacional, nos margina y aleja de las posiciones que sostienen las democracias más desarrolladas en la materia. Además, nos priva de participar en la toma de decisión sobre un tema fundamental para el país: el financiamiento necesario para abordar la crisis climática y ecológica.

De la misma forma instamos a cumplir de manera plena con los compromisos asumidos tanto a nivel nacional como internacional con el Acuerdo de París, el cual ha sido ratificado mediante la ley Nº 27.270 y rechazamos cualquier intento o iniciativa que implique el apartamiento del mismo.

Argentina es un país que sufre de manera directa las consecuencias que produce el cambio climático con eventos cada vez más severos y frecuentes como las sequias, los incendios, inundaciones y la destrucción de bosques y de biodiversidad, que han generado pérdidas de vidas humanas y daños de todo tipo, principalmente en la población más vulnerable.

Un paso atrás en la política ambiental

Desde 1992, Argentina ha sido parte activa en las negociaciones climáticas internacionales, desempeñando un rol clave en la construcción de consensos globales. Por ello, el retiro de la COP29 es interpretado como una violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático (Ley 27.520/19) y a los principios ambientales del Artículo 41 de la Constitución Nacional.

Las organizaciones firmantes enfatizan que esta decisión debilita el compromiso del país con la acción climática, particularmente en un momento en el que los desafíos del cambio climático demandan respuestas coordinadas a nivel global.

Además de los cuestionamientos legales y éticos, las organizaciones señalaron las posibles repercusiones económicas del retiro, dado que las exportaciones argentinas podrían enfrentar mayores barreras en mercados internacionales que exigen estándares vinculados a la sostenibilidad.

La decisión genera preocupación no solo en el ámbito ambiental, sino también entre actores del sector productivo que ven en las políticas climáticas una oportunidad para posicionar a Argentina como líder en sostenibilidad.

Un llamado a la acción

“Necesitamos contar cada vez con más y mejor financiamiento que nos permite hacer frente a estas graves consecuencias y adaptarnos a los cambios que están ocurriendo más allá de cualquier creencia sobre su origen. Es participando en las negociaciones globales climáticas donde podremos incidir para logar conseguir las herramientas que nos permitan hacer frente a esta realidad. Más aun cuando se espera que la COP29 defina una nueva meta cuantificada de financiamiento climático que los países del Norte Global deben proveer a los países del Sur Global para poder abordar los daños y prevenir futuros perjuicios causados por el cambio climático”, indican en el documento.

Este es un espacio en el que todos los Estados Partes deben ser escuchados, poniendo sobre la mesa sus necesidades y circunstancias, y donde existen oportunidades significativas para construir y avanzar con agendas más ambiciosas que fomenten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, siempre sobre la base del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.

Retirarse de las negociaciones climáticas impactará negativamente en la imagen internacional de nuestro país, lo que a su vez podría repercutir en la actividad productora y las exportaciones. Esto adquiere especial relevancia en un contexto global donde los estándares son cada vez más estrictos, frecuentemente vinculados a metas climáticas o a garantías de productos de un origen libre de deforestación.}

La decisión adoptada, además de no haber sido explicada constituye una clara violación a la Ley de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al de Cambio Climático (Ley 27.520/19) votada hace muy pocos años por unanimidad por el Congreso de la Nación y fundamentalmente a los postulados de protección ambiental dispuestos por el Art. 41 de la Constitución Nacional.

Fundación Vida Silvestre y el resto de las organizaciones instan al gobierno a reconsiderar su decisión y retomar su compromiso con la acción climática global, destacando que el cambio climático afecta a todos los sectores de la sociedad y requiere un enfoque colectivo y continuo.

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