Marcos Pereda, vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), destacó la aplicación del Régimen de Incentivos para Grandes Industrias (RIGI) que promueve Javier Milei con la Ley de Bases, ya que beneficiaría al desarrollo de clusters forestales.
Fuente: Con información de Letra P
BUENOS AIRES (Los clusters forestales albergan diversas industrias dedicadas al procesamiento de la madera, como aserraderos, chiperas, energías renovables, plantas de celulosa e industrias de placas aglomeradas y muebles, explicó Marcos Pereda en diálogo con Letra P.
Pereda resaltó el respaldo del campo al RIGI, subrayando el apoyo de los gobernadores mesopotámicos Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). Además, señaló que la industria forestal también tiene presencia en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y, en menor medida, en Salta.
Por su parte, Daniel Maradei, del Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos, explicó que el desarrollo forestal se concentra principalmente en la Mesopotamia, donde se lleva a cabo el 80% de la actividad del sector. Destacó que la región cuenta con excedentes de madera para abastecer dos plantas de fabricación de celulosa, con una producción anual de 30 millones de metros cúbicos de madera y un consumo de 17 millones.
La instalación de plantas de celulosa genera un encadenamiento productivo hacia la industria maderera, ya que estas plantas solo utilizan troncos de hasta 16 centímetros de diámetro, dejando el resto del árbol disponible para otros fines, como la fabricación de tableros de madera, muebles o construcción de viviendas.
Maradei destacó que en el hemisferio sur, la celulosa se produce a partir de bosques implantados, principalmente de pinos y eucaliptos, con menor presencia de sauces y álamos.
Por otro lado, la inclusión del RIGI en el proyecto de ley ómnibus XS, aprobado por la Cámara de Diputados y pendiente de tratamiento en el Senado, busca atraer inversión extranjera directa para la explotación de recursos naturales.
Sin embargo, el centro de estudios Fundar ha advertido sobre las posibles contradicciones del régimen, señalando la necesidad de capturar la renta de las inversiones y proteger el medio ambiente.
A pesar de los desafíos, Argentina cuenta con ventajas comparativas en el sector forestal, como tierras más baratas y suelos fértiles que generan altas tasas de crecimiento de las plantaciones, incluso mejores que otros con desarrollo forestal fuerte como Chile y Nueva Zelanda. El sector implica el 1,3% del valor bruto de producción y genera el 3% del empleo industrial. Además tiene mercado interno y la balanza exterior deficitaria por casi u$s800 millones, por la importación de papel marrón para cajas
Sin embargo, para los inversores es un obstáculo la Ley de Tierras (26.737) que ha impedido analizar la instalación de mega plantas de celulosa en el país. Proyectos de inversión extranjera, como los de capitales chinos, japoneses y chilenos, han declinado debido a las restricciones para adquirir las hectáreas necesarias para implantar bosques y abastecer las plantas.
Maradei destacó la necesidad de reformar la legislación para permitir la adquisición de tierras por parte de los inversores extranjeros, ya que una planta de celulosa requiere entre el 50 y 70% de bosques propios para garantizar su funcionamiento sin depender de proveedores externos. «En la actualidad, la Ley de Tierras limita severamente la capacidad de compra de tierras en algunas provincias, lo que dificulta la viabilidad de estos proyectos», dijo.
“La industria celulósica no se instala porque los inversores extranjeros no pueden comprar tierras. Yo discutí con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, que sostiene que la Ley de Tierras está derogada”, dijo Maradei. Por el contrario la Cámara Federal de La Plata ratificó que el artículo 154 del DNU 70/23 es inconstitucional.
“Ningún inversor va a arriesgarse con el proyecto si no tiene la posibilidad de tener su propia tierra”, afirmó Maradei y detalló que una planta “requiere entre el 50 y 70% de bosques propios, porque no quieren depender de proveedores. Necesitan 200 mil hectáreas y la actual Ley de Tierras, en Corrientes, por ejemplo, sólo les permite comprar 10 mil hectáreas”.
Con este panorama, el debate sobre la Ley de Tierras cobra relevancia, ya que su modificación podría abrir nuevas oportunidades para la inversión y el desarrollo del sector forestal en Argentina.
