EMiPA dio a conocer que Tekoa Takuapi Mirĩ –ubicada en Colonia Mado- había sufrido el desmonte de gran parte de su territorio, relevado en el marco de la Ley 26.160. “Si bien la denuncia se realizó el 26 de agosto ante las autoridades competentes, las intervenciones no pararon y finalmente se constató que la empresa Macovalle, del Grupo Petrovalle, era responsable de tales actos destructivos”.
Fuente: EMIPA
MISIONES (12/9/2023).- El Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables resolvió suspender el plan de manejo que le había otorgado a la empresa Macovalle, del Grupo Petrovalle, ya que se comprobó que el apeo que se estaba realizando era ilegal en territorio indígena, habitado por más de 100 familias junto a la Comunidad Ysyry.
“No tenían permiso para hacerlo”, denunciaron desde el EMIPA (Equipo Misionero de Pastorial Aborigen. Esta situación motivó la solicitud de un informe, que fue realizado por Héctor Keller, Ingeniero Forestal y experto en Etnobiología Guaraní, en el que da cuenta de los innumerables daños causados no solo a la cultura y forma de vida de las familias Mbya, sino a la biodiversidad en general.
En este sentido, el especialista detalló que de 125 hectáreas de selva, hubo “un total de 103 fueron devastadas, de las cuales 43 fueron convertidas a suelo desnudo por tala rasa, incluyendo diseño y quema de escolleras”, y “83 hectáreas han sido objeto de una violenta extracción de árboles nativos mediante uso de maquinaria pesada”.
Asimismo, detalló que un total de 15 especies nativas fueron taladas, entre ellas aju’y, Nectandra angustifolia (Lauraceae); aju’y jo’a, Nectandra lanceolata (Lauraceae), apyteryvi, Cordia trichotoma (Boraginaceae). “Todas las especies apeadas constituyen recursos medicinales para la farmacopea guaraní y algunos de ellos, como el aju’y y el y’ary, revisten un invaluable valor simbólico”.
Por otro lado, consta en el informe que “las operaciones fueron efectuadas mediante maquinaria pesada, motoarrastradoras forestales que han causado cuantiosos daños colaterales”, como también “han alterado cursos hídricos que constituyen fuentes eventuales de agua potable”, advirtieron a las autoridades.
Con el apeo realizado, trasgredieron leyes ambientales y reglamentaciones sobre derechos indígenas establecidos en el Convenio 169 de la OIT, empezando por su aprobación mediante la Ley 24.071, la 26.160 de Emergencia Territorial, además de la 26.331 de Bosques Nativos, entre otras.
Por otra parte, no se habrían respetado fajas perimetrales de lotes ni fajas protectoras de cursos de agua, bañados y vertientes, ni la prohibición de quemar residuos en áreas de rozado de bosques nativos.
“Estas operaciones forestales dañaron profundamente la selva guaraní y sus recursos, a los que sus habitantes accedían mediante una delicada red de delgados senderos sinuosos y apenas perceptibles en la espesura”, según consta en el informe del ingeniero Keller.
La gravedad del daño a lo largo de esas 125 has se observa de norte a sur a lo largo del sendero principal.
Ecología suspendió el Plan de Uso de Suelo que le había otorgado a la empresa en una superficie de 90 hectáreas, y ordenó ante la denuncia por el desmonte, que detengan toda actividad en territorio indígena.
Luego de que el mburuvicha de la Comunidad se presentara personalmente en el Ministerio, junto con Facundo Galeano, asesor legal de EMiPA, y entregara una copia del informe técnico realizado por el Ingeniero Forestal, Héctor Keller.
“Me dijeron que no hicieron la consulta, que tenían permiso en otro lado, no en esa parte del monte donde sacaron. Violaron la ley y no respetaron el límite territorial”, comentó el mburuvicha, Francisco Silva, sobre la conversación con funcionarios del Ministerio de Ecología.
