En forma pacífica, pero firmes, integrantes de la comunidad expresan que “pondremos nuestros cuerpos para defender nuestro territorio”. Mbokajaty 1 está ubicada en el Paraje Teyu Kuaré, en la localidad de San Ignacio al sur de la provincia. No es la primera vez que sufren la intrusión de no indígenas dentro de su territorio relevado en el marco de la Ley Nac. 26.160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas. El mburuvicha Bernardino Villalva amplió la denuncia policial en la Comisaría de San Ignacio este jueves.
Fuente: EMIPA
,MISIONES (12/5/2023).- La intrusión en San Ignacio es una problemática que crece, tanto en propiedades privadas, fiscales y también afecta a tierras de comunidades indígenas. Los Pueblos Indígenas tienen reconocimientos constitucionales, leyes nacionales vigentes y tratados internacionales sobres sus derechos ancestrales del territorio, por lo tanto, ejercen ese derecho de impedir que haya cualquier tipo de perturbación o avance sobre el mismo.
Este reconocimiento constitucional les otorga plenas facultades para defenderlos, evitar que tanto empresas como particulares tengan injerencia sobre ellos y exigir al Estado que garantice a las Comunidades Indígenas el derecho de habitarlos y ocuparlos de forma pacífica.
Desde EMIPA remarcaron en el comunicado de prensa que «el respeto a la identidad cultural del Pueblo Mbya está necesariamente ligado al cumplimiento de sus derechos territoriales, por eso el Estado provincial no puede ni debe seguir mirando hacia un costado, porque estos hechos no son aislados, sino que son transversales a toda Misiones».
“No es la primera vez que la Comunidad Mbokajaty 1 sufre la intrusión de no indígenas dentro de su territorio relevado en el marco de la Ley 26160, de emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras indígenas”, precisaron desde el EMIPA.
Indicaron que pese a que ya habían hecho una denuncia, este jueves se volvieron a encontrar con personas trabajando en el lugar, realizando tareas de limpieza para construcción.
El 27 de abril, el mburuvicha Bernardino Villalba denunció en la Comisaría de San Ignacio, que unos desconocidos para ellos, habían ingresado a su territorio y comenzado a realizar canaletas para una futura obra.
Al consultarles quiénes eran y para quién trabajaban, se negaron a identificarse.
A dos semanas de aquella invasión a su territorio, volvieron a encontrarse con la misma situación este jueves 11 de mayo. “Estas personas afirmaron que solamente se irían con la orden de un juez”.
Este conflicto llevó a que el mburuvicha Bernardino Villalva regrese a la Comisaría para ampliar la denuncia.
“Hasta el día de hoy siguen realizando movimiento de suelo, por tal motivo le exijo al juez que realice un amparo para que dejen de construir en el lugar”, manifestó y así quedó asentado el reclamo.
“Estamos en problemas, estamos juntándonos entre nosotros y con otras Comunidades para seguir evitando este avance, vamos a poner nuestros cuerpos para defender nuestro territorio, que está dentro del relevamiento de la Ley 26160”, expresó Silvio Méndez, miembro de Mbokajaty 1.
Respecto de las personas que estaban trabajando, aseguró que “ahora se fueron, pero vamos a seguir firmes en este lugar”, aseveraron.
Diálogo con miembros de la ONG Fundación Hábitad y Desarrollo
La lucha de los Mbya por sus derechos
Este es el caso de Mbokajaty 1 y 2, ubicadas en San Ignacio. La comunidad dio a conocer la situación que viven los miembros de Mbokajaty 1, con particulares que buscan apropiarse de un territorio «que no les pertenece» y avanzan en un proyecto de construcción si respetar los derechos de consentimiento previo, libre e informado que se establece para los Pueblos Indígenas.
«El apoyo mutuo entre ellos mismos y con otras Comunidades de la zona es constante y no quedan dudas de que la unión hace la fuerza. Por eso, días atrás, la Comunidad Mbokajaty 2, logró frenar una construcción que estaba prevista dentro de su espacio territorial, de la que no habían sido consultados», explicaron en un reporte de prensa desde el EMIPA.
El conflicto empezó hace unos años atrás, cuando «la gente de Santa Fe vino y sin hacer consulta previa limpiaron lo que es el territorio Mbya relevado por Ley 26.160. Como no nos consultaron, mi papá fue a donde estaban trabajando y les explicó que tenemos derechos, que somos preexistentes como dice la Constitución”, recordó Reinalda Ramos, mburuvicha segunda de la Comunidad.
Precisamente, se refiere a la Fundación Hábitat y Desarrollo, con sede en Santa Fe y Buenos Aires, y que hace un par de años atrás compró dos lotes para conservación y posterior donación al Ministerio de Ecología de Misiones, bajo el nombre de «Reserva Tenondé», en el Teyu Kuare.
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No hubo altercados y los representantes de la fundación se manejaron con respeto hacia la Comunidad, pero no se hizo la consulta previa, libre e informada, un diálogo intercultural necesario y obligatorio para el Estado cuando se realiza cualquier actividad que pueda afectar a un Pueblo Indígena.
Unos días después de ese primer encuentro, uno de los trabajadores se acercó a la Comunidad para explicarles en concreto cuáles eran sus objetivos y por qué estaban allí.
“Ellos tenían una propuesta muy agradable, de cómo cuidar el monte, pero no hicieron la consulta. Mi papá y yo les dijimos que no podíamos decidir solos porque hay otra Comunidad dentro del relevamiento, que es Mbokajaty 1. Hablamos con los otros caciques y ellos dijeron que no estaban de acuerdo con que vengan a vivir”, explicó Reinalda.
Es que, dentro de este plan de conservación, estaba prevista –entre otras cosas- la construcción de una vivienda para un investigador, ya que el principal interés está puesto en el tipo de pastizal que crece en la zona, de características únicas en el mundo.
Fue entonces cuando convocaron a una reunión, de la que participaron varios mburuvicha de la zona, líderes de la organización tradicional Mbya, Aty Ñeychyrõ, y miembros de EMiPA.
“Los integrantes de la fundación entendieron lo que les dijimos del relevamiento, la Ley 26160, y nos dijeron que sigamos defendiendo nuestro territorio de la gente que quiere entrar, no solamente de ellos. No aparecieron más”.
Esta experiencia de defensa territorial es una de las tantas que vienen dando en toda la provincia las diferentes Comunidades, y específicamente en San Ignacio, un lugar muy codiciado por su paisaje y ubicación, donde se ponen en venta lotes que pertenecen al Pueblo Mbya, pero los dueños del poder fingen no verlos.
Aun así, es un ejemplo de que la lucha por la defensa de lo propio es el camino, un derecho avalado constitucionalmente y justificado en la preexistencia, en un país que todavía no reconoce sus antepasados.
