Tanto los conservacionistas como desde el ámbito oficial destacan los esfuerzos para frenarla, pero señalan que resta mucho por hacer para erradicar esta actividad ilegal que perjudica los recursos naturales de Misiones.
Fuente: Diario El Territorio
POSADAS (1/2/2015).- . La caza furtiva, coinciden desde diversos sectores, es la actividad ilegal que representa una gran problemática de conservación de los recursos naturales en el Sistema de Áreas Naturales Protegidas provincial. El ingeniero forestal Manuel Jaramillo, coordinador del Programa Selva Paranaense de la Fundación Vida Silvestre Argentina, recordó que hay un total de 82 áreas protegidas de diferentes categorías y creadas para -entre otros importantes objetivos- conservar la biodiversidad misionera. De ellas, cuatro son de jurisdicción nacional, dejando un total de 78 áreas nacionales protegidas en jurisdicción provincial y municipal, siendo de ellas 67 públicas, y el resto, privadas.
“Los desafíos para su manejo efectivo son enormes, donde la caza furtiva se posiciona como uno de los problemas más importantes y urgentes”, consignó Jaramillo.
Ante este panorama, desde el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables sostienen que dedican “gran parte del esfuerzo y recursos mediante el cuerpo de guardaparques provinciales en materia de control y fiscalización, dando así cumplimiento a las normativas ambientales vigentes, a los efectos de contrarrestar este accionar”.
“En Misiones, la caza furtiva sigue siendo y lo será todavía una de las principales causas de muerte de animales silvestres y un riesgo adicional para todos los profesionales y operarios que trabajan la tierra; la principal herramienta que permitirá cambiar este rumbo será fundamentalmente la educación, mejorando y profundizando de modo objetivo los contenidos educativos en los diferentes niveles”, plantean de manera conjunta los ingenieros forestales Hernán Patzer y Hugo Reis, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (Coiform).
Estos profesionales sostienen, respecto a la autorización del uso de armas de fuego por parte de los guardaparques, que “si bien es un tema que encierra muchas aristas de opinión, la realidad es que hoy se generan situaciones de mucha complejidad y que exponen la seguridad e integridad de los guardaparques, por ejemplo cuando en su rutina de cuidado del bosque se encuentran con un cazador furtivo, que normalmente está con varias armas de fuego”. Cuestionan cómo deben enfrentarse ante esta situación. “¿Solo con palabras?», preguntan. También coinciden como tema pendiente en “una modificación de la legislación, donde precisamente situaciones que hoy son sólo infracciones deberían tener el peso de delito ambiental”.
Control y fiscalización
Desde el Ministerio de Ecología plantean que algunas de las modalidades llevadas a cabo en materia de control, fiscalización y otras acciones contribuyen a la concientización. Esto es, la realización de controles de ruta en forma conjunta con la Policía Provincial, en rutas provinciales y en zonas de influencia de las Áreas Naturales Protegidas (ANP); y realización permanente de patrullas de control y fiscalización en las Áreas Naturales Protegidas y zonas de influencia, incluida la Reserva de Biósfera Yabotí.
Detallan la capacitación al personal del cuerpo de guardaparques en navegación terrestre; en procedimientos jurídicos; fortalecimiento de la utilización de los medios de difusión masiva para dar a conocer a la sociedad los trabajos de control y fiscalización realizados por el Ministerio y la puesta en valor de la concientización del impacto negativo generado por la caza furtiva mediante eventos de educación ambiental.
Procedimientos realizados
Datos de procedimientos llevados a cabo en 2013 y 2014 por los guardaparques:
• 221 actas de infracción labradas.
• 1.840 metros de redes secuestrados.
• 101 armas de fuego incautadas.
• 8 vehículos retenidos.
• 17 motocicletas.
• 19 embarcaciones.
• 1.700 pies de madera (tablones, vigas, rollos) secuestrados.
Piden más guardaparques y una legislación más dura
Posadas . El ingeniero forestal Manuel Jaramillo recordó un caso emblemático, como lo fue la muerte de Guacurarí, el primer yaguareté monitoreado con tecnología satelital en Misiones, en el Parque Provincial Urugua-í a mano de cazadores furtivos. Rescató además la tarea de los guardaparques misioneros y el compromiso institucional del Ministerio de Ecología, pero “lamentablemente esto no es suficiente. Aproximadamente 110 guardaparques provinciales activos custodian las 78 áreas de jurisdicción provincial y municipal, y la cantidad de efectivos claramente no es suficiente”, consignó.
Asimismo, recordó las solicitudes de estos trabajadores por mejores condiciones laborales y recursos apropiados para el buen desempeño de sus funciones.
Pero también planteó que “de poco sirve el accionar en terreno para luchar contra las actividades ilegales si los posteriores procesos administrativos y judiciales no se desarrollan de manera eficiente y ágil para juzgar y, si corresponde, sancionar a los infractores o delincuentes”. Reclama bregar por la incorporación del delito penal para los temas ambientales en la implementación del nuevo Código Procesal Penal.
