El subsecretario de Planificación y Política Ambiental de la Nación advirtió que para evitar que colapse el sistema público, ya que ni la Nación ni las provincias tienen las herramientas apropiadas para la aplicación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para Protección Ambiental de los Bosques Nativos. Lograr el real cumplimiento de la norma, para La Rocca “requiere un fortalecimiento institucional sustancial, desde lo técnico, lo económico, lo cultural, y va a necesitar de un periodo de tiempo”.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
BUENOS AIRES (Junio 2010).- El subsecretario de Planificación y Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación (SAyDS), Sergio La Rocca, admitió que el principal problema es que la propia Nación y las provincias “no tienen herramientas de gestión apropiadas para la aplicación de la Ley 26.331”. En ese sentido enfatizó que “esta es una realidad absoluta, y estamos trabajando en el fortalecimiento institucional, pero todo será progresivo. Las direcciones de Bosques deben recibir capacitación, para tener personal calificado y medios para un control permanente, aspectos que hoy son muy débiles en función de los objetivos de la Ley”.
En cuanto al real cumplimiento de la norma señaló que “si no le aplicamos el criterio de progresividad a esta demanda que tiene la sociedad sobre la Ley, podemos colapsar con el sistema”, y remarcó que es necesario primero lograr “un fortalecimiento institucional sustancial, desde lo técnico, lo económico, lo cultural, y va a necesitar de un periodo de tiempo”.
De esta manera, expuso que hay razones administrativas y de real aplicación que muestran claramente que demandará un plazo mayor definir los criterios de compensación de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) en Argentina. “Estamos ejecutando, por medio de la Resolución 256, una primera etapa de alrededor de 70 millones de pesos -por reasignación de recursos- de planes aprobados correspondientes a 2009, con los 113 proyectos pilotos aprobados en todas las provincias”, indicó.
“Para 2010 fueron autorizados 300 millones de pesos en el Presupuesto Nacional, que para bosques nativos (BN) es un mar de dinero, pero el problema no es el recurso económico o financiamiento, pasa por capacidad de gestión; por eso hay que valorar el factor tiempo”, sostuvo La Rocca, y agregó que “nosotros (Nación-Provincia) tenemos la responsabilidad frente al Ministerio de Economía, y cada provincia tiene que haber designado el área local de aplicación de la Ley”.
De esta manera, para el secretario de Planificación y Política Ambiental de la Nación –que abarca área verde, bosques, suelos, biodiversidad, aéreas protegidas, y el Plan Nacional de Manejo del Fuego-, está claro que “en el corto plazo, lo que el Estado Nacional puede pagar son todas las obras que realice un propietario de bosques, ya sea en zona roja, amarilla o, incluso, en la zona verde, que permita la conservación del bosque”, como ser “capacitación del personal, construcción de casillas de guardabosques, sendero de interpretación, turismo ecológico ambiental, observatorio de fauna, etcétera”.
AF: Desde la sanción de la Ley de Bosques a la fecha, ¿cómo ve el panorama a nivel nacional?
Creo que la Ley nos ofrece una oportunidad única de acelerar el proceso de una política de protección, restauración y manejo sustentable del bosque nativo. Pero esto, siempre y cuando lo acompañemos de una aplicación progresiva, la cual nos permita tener las herramientas de gestión a nivel nacional y provincial acorde con la magnitud de la tarea a realizar.
Son 33 millones de hectáreas de BN que tiene Argentina con más del 20% de superficie de cobertura, no quiere decir que no haya más bosques naturales, pero estos 33 millones están acompañados de otras tierras forestales que hay que recuperar.
Es un tema de magnitud, la ley asigna recursos importantes, pero son escasos para todo lo que se necesita (hospitales, educación, seguridad), y tenemos que tener conciencia de esto, tener la capacidad de presentar planes serios y concretos.
Con la promulgación de Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos, nos encontramos con una demora sustancial en su reglamentación. Hay que entender que de ocho leyes de presupuestos mínimos vigentes en Argentina, esta es la segunda que se reglamenta, y se pueden bajar a tierra las aspiraciones de cumplimiento de un precepto constitucional que son los presupuestos mínimos de protección de los BN.
Es decir, la Ley nacional establece –con nivel constitucional-, que la provincia que tiene el dominio de la política de manejo forestal de los BN en su territorio, tiene que limitarse dentro de esos presupuestos mínimos.
Esto parece simple, pero después se generan situaciones muy complicadas de políticas de aplicación. Dentro de este esquema, nosotros (Nación), lo que primero hicimos fue tratar de concertar con las provincias una forma de intercambio concreto y fluido, partiendo del territorio, sobre cómo podríamos convertir estos principios establecidos en la ley, en políticas activas. De allí surgió, en el corto periodo de un mes -dado que nos reunimos el 8 de enero de 2009 y nuestra presidenta Dra. Fernández de Kirchner firmó el Decreto Reglamentario Nº 91 el 13 de febrero de ese mismo año-, bajar de estos objetivos estratégicos fijados en la ley, a un Decreto que nos permitía empezar a tratar con las provincias, y por medio de ellas con los propietarios de bosques nativos, que quedaban sometidos a los principios de la norma, a políticas activas.
Es así que nos encontramos con el decreto firmado, pero en el presupuesto 2009 no habían sido contemplados los fondos para la Ley 26.331.
Por eso surgió este otro instrumento, que es la Resolución 256/09, que tiene su fundamento en que se cumplan todos los requisitos pedidos por la ley, pero sin necesidad de cumplir con la exigencia de tener terminado el Ordenamiento Territorial de la provincia para que éstas pudieran empezar a llevar a la práctica este gran objetivo respecto a los BN.
AF: ¿Esta fue la herramienta legal que permitió que algunas provincias reciban fondos de la ley para proyectos pilotos? Esto no quedaba muy claro porque la mayoría no avanzó aún en la sanción de una ley de ordenamiento territorial…
¿Por qué se pudo hacer esto? Por la simple razón de que los fondos fueron de reasignación presupuestaria. Entonces, lo cierto es que nosotros empezamos con el criterio de la progresividad en la aplicación de la norma.
AF: ¿Hay proyectos que recibirán fondos pero para ser ejecutados en las provincias sobre áreas protegidas que ya las tenían determinadas, como el caso de Misiones?
Cuando nosotros iniciamos la concertación con las provincias, pensamos en no hacer una convocatoria tan amplia porque no sabíamos efectivamente cuántos recursos íbamos a tener, y era como una puesta en marcha del sistema.
De modo que hay que contemplar en todo esto que, el otro gran problema que tenemos, es que las provincias y la propia Nación no tienen herramientas de gestión apropiadas para la aplicación de la ley. Y esto es fundamental de explicar y de entender.
Esto es una realidad. Las direcciones de Bosques sobre capacidad de medios, personal calificado y permanente, son muy débiles en función de los objetivos de la ley.
Si nosotros no le aplicamos a esta demanda que tiene la sociedad sobre la ley, el criterio de progresividad, podemos colapsar con el sistema… Y esta es nuestra mayor preocupación. Tenemos que hacer entender esto a los funcionarios provinciales, a los nacionales, y a la gente que está consustanciada con los principios del bosque nativo, más por una cuestión del sentimiento que del conocimiento objetivo –todos queremos defender los bosques–.
En realidad, toda persona argentina urbana que alguna vez viajó y conoció esporádicamente el bosque nativo, después quiere defenderlo; y esto está muy bien que ocurra; ahora, nosotros estamos en ese objetivo, pero también nuestra obligación es explicarle muy bien a la opinión pública cuáles son los procedimientos para lograrlo: no es un hecho milagroso y automático. Esto requiere un fortalecimiento institucional sustancial, desde lo técnico, lo económico, lo cultural, y va a necesitar de un periodo de tiempo. Será progresivo el cambio.
AF: ¿Qué lectura hace del retraso de las provincias en definir su ordenamiento territorial?
Mi lectura es que las provincias están haciendo un esfuerzo muy grande, porque el ordenamiento territorial es el producto de un sistema económico, social y cultural. Nosotros no podemos cambiar el sistema, cambiando el resultado. El OT es el resultado de 200 o más años de historia, si queremos podemos hacer una fotografía y luego modificarla hacia un objetivo, pero lo que no podemos, desde el ordenamiento territorial, es cambiar todo el sistema económico, social y cultural que tiene una provincia, y si no se entiende esto, vamos hacia el fracaso. También la ley prevé que el OT sea de carácter progresivo; de esta manera, cada cinco años se pueden realizar ajustes en el mismo. Es decir que, exigirle a una provincia que haga un OT y que tenga un cumplimiento estricto del mismo, es entrar en una situación de difícil ejecución.
En cambio, si nosotros reconocemos que el ordenamiento territorial es un proceso también, que acompaña los recursos financieros que asigna la Ley de Presupuestos Mínimos, a un procedimiento de adaptación y de ejecución de políticas, se irá avanzando progresivamente.
Las políticas son fáciles de enunciar, pero después hay que llevarlas a la práctica, y allí vienen las herramientas de gestión.
Por cierto que las provincias están demoradas en la elaboración, presentación y sanción de su ley de ordenamiento territorial, pero están muy preocupadas en eso, y esto se evidenció en la última reunión que mantuvimos en el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema); ya que este año tenemos la fecha de cierre para que hagan la presentación después de entrar en el sistema de reparto de fondos, que termina a fines de junio. Es decir, que tenemos mayo y junio como plazo todavía para que las provincias terminen la presentación de su OT.
La ley en este sentido es muy ambiciosa, pero hay que entender que afecta a una cantidad muy importante de recursos, pero desde la Nación tenemos que ser los responsables -de acuerdo a lo que se establece en los decretos reglamentarios-, de ver cómo esos recursos llegan a estos destinos de la protección del bosque, y la compensación a los propietarios de los mismos. Nosotros entendemos que ningún Pago por Servicio Ambiental puede hacerse si no se tiene una valoración estricta y seria de ese servicio.
En estos momentos no disponemos de fórmula reconocida que diga, con seguridad y sin discusión, cuánto es el pago del servicio ambiental de un determinado bosque. Pero la ley, además, dice que tenemos que cumplir con los requisitos de la Auditoría General de la Nación (AGN), y las disposiciones legales de cómo manejar los fondos públicos que se deben auditar.
Por lo tanto, esta cuestión de decir que se pague automáticamente a una provincia una determinada cantidad de dinero para compensar es prácticamente imposible, por el momento, desde el punto de vista administrativo. Nosotros proyectamos esta situación, al principio de que los Estados provinciales tienen que ir fortaleciendo sus propias capacidades, debido a que la norma establece que, dentro de los aportes económicos no reintegrables de dinero que van para las obras privadas o predios públicos, haya un 30% para que se destine al fortalecimiento institucional en bosques nativos de las provincias.
Esto, con la Resolución 256, nos permitirá tener una mejor situación institucional para prever el llamado 2010 en curso; dado que no nos debemos olvidar de que recién estamos por pagar lo correspondiente al 2009.
AF: ¿Y de qué importes estamos hablando para esta primera etapa?
Para esta primera etapa, nos estamos refiriendo a alrededor de 70 millones de pesos de la Resolución 256 en planes aprobados de 2009. Esa cifra la vamos a tener exacta, con los 113 proyectos aprobados de todas las provincias argentinas.
AF: ¿Es decir que los proyectos pilotos fueron aprobados en todas las provincias argentinas?
Se presentaron todas las provincias, y del total de las iniciativas que acercaron, cada jurisdicción logró al menos un proyecto aprobado.
AF: Y para lo que respecta al presente año, ¿tienen determinados los fondos que se podrían liberar?
Sí, para el 2010 fueron asignados en el Presupuesto Nacional 300 millones de pesos, que en lo que hace a bosques nativos es la primera vez en la historia argentina que ocurre tan importante cifra. En esto no hay una cuestión de dinero o financiamiento, pasa también por capacidad de gestión. Por eso hay que valorar el factor tiempo. Nosotros (Nación-Provincia) tenemos la responsabilidad frente al Ministerio de Economía, y cada provincia tiene que haber designado el área local de aplicación de la ley y fortalecerla para la tarea.
AF: Se produce un vacío para los privados, que quieren que se les valore su lote para saber si puede ser destinado a enriquecimiento, conservación o servicios ambientales. ¿Cómo puede acceder a los beneficios para encontrar una rentabilidad a su propiedad conservando, dado que en la actualidad no puede reconvertir ni explotar?
Los propietarios privados van a tener la limitación cuando esté el OT aprobado en su respectiva provincia. Esta es la realidad desde el punto de vista de la ley, que tiene un carácter muy ambicioso y muy macro, pero nosotros tenemos que traducir ese espíritu de la norma a políticas activas, y de esta manera poder bajar a la realidad. Entonces, tenemos que decir que las provincias tienen que transmitirles a los propietarios de BN, que hace 200 años no tenemos una política en este sentido, y que la aplicación de la norma de presupuestos mínimos en su predio va a requerir un tiempo más. Y esto es lo que está ocurriendo.
Pero, ¿cómo llega la provincia a los propietarios de bosques nativos hoy? Si bien ahora soy funcionario nacional, antes lo fui de una provincia, entonces sé las limitaciones que se tienen en las jurisdicciones para llegar al universo de propietarios de bosques nativos, es débil el nexo que hay entre la Provincia y los propietarios.
Es muy distinto en lo que refiere a las políticas de bosques implantados, donde ya hay una práctica distinta, como lo es la prórroga de la Ley 25.080, dado que se sabe cuánto es el costo de implantación de cada especie, como de reimplante, poda, etcétera; porque ya hay una dinámica y metodologías establecidas.
Pero en lo que respecta a los bosques naturales, está todo por hacerse, y es mucho más complejo, se trata de una situación más crítica desde lo social, cultural, ambiental y económico. Entonces, el tema nos retrotrae a una situación de base sobre la cual tenemos que partir. Si nosotros queremos construir una política sobre BN, que sea de avanzada en el mundo -lo digo con toda certeza en América Latina-, y que plantea un cambio radical de la situación, entonces debemos hacerlo de manera progresiva para que no colapse, dado que no podemos cambiar la situación de los bosques nativos de manera inmediata e instantánea. Sin embargo, tampoco podemos dejar de tomar medidas todos los días para protegerlos, son dos cosas distintas.
AF: ¿La ley está plenamente vigente?
En la actualidad, la ley está vigente pero, debido a que la misma es compleja desde el punto de vista de su aplicación se han modificado algunos aspectos para permitir seguir trabajando en aprovechamiento forestal, en cambio los desmontes están firmemente suspendidos.
La verdad es que no hay otra posibilidad que permitir el aprovechamiento forestal, es una actividad productiva esencial y socialmente importante en Argentina.
La opinión pública no conoce la importancia real que tiene la producción de productos del BN. Para significarlo, ¿qué familia argentina no se come un asadito el fin de semana?, esto traducido al carbón consumido, más el que se exporta, significa una economía subterránea de alto valor.
Si no entendemos que esta ley es un objetivo a alcanzar -para lo cual hay muchos recursos- y establecer la progresividad para llegar al mismo, nos va a encontrar en una situación que va a reafirmar lo que queremos cambiar, que es justamente el sistema que hoy impera. Esta también es una realidad.
Los forestales argentinos, que somos un puñadito, debemos ser capaces de lograr incorporar a la reacción de la comunidad en una política realizable. ¿Cómo hacerlo? Va a surgir del diálogo entre los distintos sectores de la sociedad que están involucrados en el bosque. Pero lo que es seguro, es que tiene que ser paulatino para que sea posible, si no reafirmamos la pérdida del bosque natural.
Aún más, me animaría a decir que desde el momento que se empezó a hablar de la Ley de Bosques Nativos, la tasa de desmonte se incrementó; y eso es un ejemplo de cómo reaccionan los propietarios de BN frente a una mala interpretación de la normativa. Este efecto, psicológicamente, aún está vigente, y esto hay que revertirlo.
AF: Y el paso que se viene, después de destinar los fondos para los proyectos pilotos aprobados, ¿es cómo se implementará en la práctica? Porque la definición de los valores de los PSA aún está pendiente en el país, entonces, ¿cómo se dará ese proceso?
En este momento, lo que la Nación puede pagar son todas las obras que realice un propietario de bosques, ya sea en zona roja, amarilla o, incluso, en la zona verde, que permita la conservación del BN, como puede ser la capacitación del personal, la construcción de casillas para los guardabosques, senderos de interpretación, turismo ecológico ambiental, observatorio de fauna, etcétera. Todo lo que tienda a poner en valor los criterios ambientales. De esta manera, el hecho de que una zona no tenga el uso maderable, no significa que no posea otros valores, los propietarios hasta pueden asociarse con una universidad para determinar cuál es el valor de ese servicio ambiental.
El día que el Estado pueda reconocer un valor de PSA, ahí estaremos en condiciones de discutir con el Ministerio de Economía de la Nación. Hoy esto no es viable desde el punto de vista administrativo y tampoco auditable de un plan.
AF: En cuanto a la sanción de los delitos ambientales, caso de aquellos proyectos que se presenten para recibir los fondos pero después no se cumplan, produciendo un daño ambiental y sin lograr el objetivo, ¿con qué criterio se van a tratar, de prevención o sanción? Porque el daño ambiental es irreversible muchas veces…
Esto que pregunta tiene varios aspectos:
1) La tala excesiva, siempre que no sea tala rasa, que no genere cambio profundo en el suelo, es reversible. Si nosotros clausuramos un área de bosques naturales, se recupera. Este es un criterio técnico importante.
2) Para que no se provoque tala excesiva, o el desmonte, que es más visible, tenemos que tener elementos de control acorde con la magnitud de superficie de BN que tiene Argentina. De nada vale que digan en tal o cual corta, porque hay cientos de lugares que están cortando, y si no, queman.
Esto está pasando en el Parque Chaqueño y en Misiones, pero hay una gran hipocresía detrás de todo esto. Si no convertimos a este país con una estructura forestal real, donde el cuerpo nacional y provincial esté acorde con la magnitud de la tarea, no es aplicable.
Este es el núcleo de la cuestión, hay que trabajar mucho todos los días, y esto es lo que hacemos, y estamos dispuestos a expresarlo y hacerlo público.
Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene difusión, pero es lo máximo que podemos, no podemos engañar a la voluntad y a las expectativas de la opinión pública que espera de esto resultados inmediatos.
Quien conoce sobre los bosques nativos esto lo entiende, pero tenemos que comunicar al conjunto de la sociedad lo serio que es haber logrado la Ley 26.331, el decreto, y la resolución, y lo que tiene que venir para adelante, que será tarea de nuestra generación y de las generaciones futuras.
Publicada en la Revista ArgentinaForestal.com N°79 – Junio 2010
