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El delegado local de la Dirección de Bosques, German Fritz, fue denunciado ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas por la posible violación a la ley de ética pública al ordenar la reforestación en el cerro Catedral y vender plantines para él mismo con una factura propia.
Fuente: Diario El Ciudadano
RIO NEGRO (23/11/2008).- La denuncia fue firmada por la totalidad de los concejales de Bariloche, aunque impulsada por los ediles Claudio Otano (UCR) y Hugo Cejas (SUR), quienes entregaron documentación que constataría la “doble función” del funcionario dependiente del Ministerio de Producción. Según la denuncia dirigida al fiscal Pablo Berraz, los concejales piden que se investigue por la “doble función de fiscalizador del cumplimiento de las leyes vinculadas al cuidado de los bosques y a la vez, proveedor del fiscalizado de plantas para reforestación”, que en este caso se trataba de la empresa Catedral Alta Patagonia, concesionaria del cerro. La presentación se enmarca en la Ley de Etica Pública N° 3.550, que en su artículo 19 señala las “incompatibilidades” para el ejercicio de la función pública como la de ser a su vez “proveedor” del Estado, más aún existiendo una misión fiscalizadora en este caso. Fritz, quien es delegado a cargo del área de Bosques en la Zona Andina, desde hace varios años, ordenó a la empresa Catedral Alta Patagonia, el 14 de mayo de 2007, que continúe con un plan de reforestación y le sugiere las especies y en que cantidad y valor ( $ 28.082) se deben replantar. La nota lleva el número 51 del Servicio Forestal Andino, con membrete de la Secretaría de Producción y está dirigida a Juan Cruz Varela, presidente de Catedral Alta Patagonia. Luego, la documentación presentada constata que el mismo Fritz, en su carácter de “propietario del vivero Larix Forestal”, el 29 de mayo del mismo año, factura un lote de 1000 plantines a un valor de 2.700 pesos. La factura presentada tipo “C” con el número 090, tiene la inscripción “Tec. Forestal German Fritz”, con el CUIT: 20- 12786581-8 y es en carácter de propietario de un vivero cuenta con domicilio en Dina Huapi, según la documentación a la que accedió. La factura detalla que se venden a CAPSA 1.000 plantines lupinos con mano de obra para la implantación en la zona 1.200. Los concejales advierten que en el caso de constatarse la situación “configura una grave irregularidad que pone en seria duda cual es la actitud y el compromiso que debe tener cualquier funcionario público en el desempeño de sus competencias y en el real cumplimiento de las leyes sin ninguna clase de evento, que por su naturaleza, pueda poner en riego su arbitrariedad como lo es el hecho de ser proveedor directo de la misma persona, física o jurídica, que se esta fiscalizando, fiscalización que en éste caso exige la implantación de lo mismo que se le esta proveyendo”. Los ediles piden al fiscal que en caso de constatarse que se trata de la misma persona, se investigue si ésta práctica se viene desarrollando con anterioridad y si continúa aún hoy, solicitando que en caso de continuar las mismas prácticas se “tomen medidas precautorias”. (ADN)
