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Por Patricia Escobar
BUENOS AIRES Y MISIONES (30/8/2007).- En la denuncia presentada ante la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental, sobre los controles provinciales y municipales, la representante de la Cooperativa de Trabajo Restauradora de la Selva Paranaense, Liliana Ortega, manifestó que «el cuerpo de Guarda Parques del Ministerio de Ecología de Misiones también realizó incautaciones periódicas de elementos de cazadores y han radicado denuncias reiteradamente ante la Justicia local sin obtener repuesta». Los Guarda Parques, que realizan guardia y control en la Reserva Biosfera Yabotí, entienden que “la caza y secuestro de animales es muy superior de la que se tiene registro por los operativos. Esto se debe a que la selva paranaense es muy frondosa y los lugares donde se cometen la ilícitos ambiéntales son eliminados por la misma vegetación. Se solicita se los llame como testigos”, indicaron. De esta manera, expuso que “se demuestra que el Gobierno de Misiones tiene un acabado conocimiento de los hechos y delitos enunciados precedentemente. No obstante, en ciertas áreas existe una cultura de desidia, instalada como un cáncer que esta llevando a que se desconozcan principios ambientales y se continúen produciendo daños ambientales irreparables a esta eco región. La Reserva de Yabotí es el último remanente continuo de selva paranaense. La ley General del Ambiente es muy clara en cuanto al orden de prelación de las leyes en relaciona a la conservación ambiental”, subrayó en el escrito presentado ante la justicia federal. En tal sentido, la legislación establece como primer principio el de congruencia que: la legislación provincial y municipal referida a lo ambiental deberá ser adecuada a los principios y normas fijadas en la presente ley; en caso de que así no fuere, éste prevalecerá sobre toda otra norma que se le oponga. “La Provincia no viola el principio de congruencia jurídica, la falta de congruencia se materializa por la falta de operatividad de las normas. No cuentan con recursos suficientes ni con voluntad política por parte del Estado Provincial a través de uno de sus Poderes (Judicial) en relación a preservar los recursos ambientales y al daño ambiental”, concluyeron al respecto en la denuncia.
