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El primer juez se declaró incompetente y envió el expediente al fuero federal porque en su accionar el hoy ex funcionario comprometió al Estado; pero en el nuevo juzgado desconocen el expediente
Fuente: La Nación
BUENOS AIRES (16/11/2006).- Luis D´Elía parece tener suerte con la Justicia. A la paralizada causa por la toma de la comisaría de La Boca que lo tuvo como principal protagonista se sumó también la investigación por la irrupción del piquetero, entonces funcionario nacional, en campos privados correntinos. Desde que el 10 de agosto pasado utilizó su condición de subsecretario de Tierras para el Hábitat Social para cortar los alambres de cuatro tranqueras en los campos correntinos del empresario norteamericano Douglas Tompkins y de la empresa Forestal Andina, la Justicia, a pesar de haber recibido una denuncia, tuvo avance nulo. Tras el polémico episodio, que derivó en un proyecto para expropiar las tierras en manos de extranjeros —que de todas maneras el Gobierno desactivó—, el juez a cargo de la causa se declaró incompetente y envió el expediente a la justicia federal. El magistrado Juan José Cochia Breard, a cargo del juzgado en lo Correccional número 2 de Corrientes, se apartó de la investigación por considerar que D´Elia actuó en su condición de funcionario nacional y, por lo tanto, envió el caso al juzgado federal de Corrientes, a cargo de Carlos Soto Dávila. A pesar de que un funcionario judicial indicó a LANACION.com que consta que el 7 de septiembre pasado fue recibida en el fuero federal la remisión de la causa, en el juzgado de Soto Dávila desconocían el expediente. En el medio, la causa navega sin juez y sin avance. Camiones del Ejército. Durante la instrucción preliminar se probó, no obstante, que D´Elía había llegado hasta el paraje Yahaveré, en los Esteros del Iberá, con al menos dos camiones del Ejército Nacional, otra de las causas por las cuales el magistrado se declaró incompetente, agregaron las fuentes. Por lo tanto, advirtieron: «El juez consideró que había intereses superiores, nacionales, y que correspondía que la investigación pasara al fuero federal por el compromiso del Estado en el hecho». Los pasos. A partir de ahora, el juez federal Soto Dávila deberá ponerse en conocimiento de la causa y determinar si es él quien llevará adelante la investigación. La denuncia fue radicada por la empresa Forestal Andina, vecina de los campos de Tompkins. Sus dueños habían denunciado hace un tiempo que la causa estaba paralizada: nunca los habían llamado siquiera a ratificar la denuncia. De todas maneras, con el alejamiento de D´Elía del cargo, esperan olvidar el episodio. «Nosotros dimos por terminado al asunto», dijo a LANACION.com Carlos Gazpos, abogado de la empresa. Sin embargo, reconoció que no estaba al tanto del cambio de juez e indicó que, por el momento, están en un «compás de espera». Otra de las causas que tiene a D´Elía como blanco —aunque nunca declaró ni fue procesado— es la investigación por la toma de la comisaría de La Boca en junio de 2004, expediente que después de casi dos años y medio no logra salir del estancamiento. El 20 de octubre pasado, el fiscal Luis Comparatore solicitó una serie de medidas de prueba y reiteró el pedido que ya había hecho hacía más de un año al entonces juez Jorge Urso, que fue apartado de esa causa y luego renunció, para que indagara al piquetero y al resto de los acusados. En agosto pasado el expediente recayó en el juzgado federal N° 12, a cargo de Sergio Torres y, según adelantó un funcionario que interviene en la investigación, en lo inmediato el juez no tomará ninguna decisión. Al menos cuando su vínculo era estrecho con la Casa Rosada, D´Elía parecía tener suerte con la Justicia. Fuera del Gobierno, su próxima situación judicial es una incógnita.
