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Los diputados misionero recibieron informes del Tribunal de Cuentas y la Tesorería, que no hicieron más que ahondar las sospechas de irregularidades
Fuente: Misiones On Line
MISIONES (8/9/2006).- Los legisladores provinciales que integran la Comisión Especial Investigadora trabajaron, ayer sobre dos de los cuatro informes que solicitaron a la Secretaría de Estado de Hacienda, Finanzas y Obras y Servicios Públicos, Tesorería General, Tribunal de Cuentas de la provincia y a la Fiscalía de Estado, sobre la venta de Papel Misionero. En la comisión se analizó las respuestas de la Tesorería General y del Tribunal de Cuentas de la provincia sobre la operatoria de la venta de Papel Misionero. Del análisis de los informes, surgieron una serie de dudas, sobre todo, de la respuesta del Tribunal de Cuentas lo que generó una nueva serie de consultas. Están en la mira de los legisladores de la Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública, presidida por el diputado Pablo Hulet, dos dictámenes del Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas que no figuran en el informe. “Se trata del dictamen 212 y 235, ambos del año 2002, que versaban sobre el orden de prelación de las leyes. En aquel momento, el Poder Ejecutivo Provincial, avalado por Fiscalía de Estado, recurrió a una ley del año 1993 que autorizaba al PEP a desafectar fondos con destinos específicos mediante el Decreto 439/99 que no se publicó en el Boletín Oficial, desatendiendo la Ley 3387 de 1996 (Venta de Papel Misionero) que daba destinos específicos a los fondos que ingresaran de la venta», explicó el diputado Edmundo Soria Vieta -integrante de la subcomisión que investiga la privatización de Papel Misionero. En cuanto al informe de la Tesorería General, en el convenio con el Banco Macro -quien recibe y distribuye el dinero- consta que de 2.500.000 dólares, se afectaron cinco partidas por un total de alrededor de 1.262.719,74 dólares quedando un saldo de alrededor 1.237.280,26 dólares. La Comisión Investigadora pedirá ahora informes al Banco Macro a quien y el monto de los créditos otorgados; al Departamento Jurídico del Tribunal de Cuentas para que remita los dos dictámenes; al IFAI para que informe sobre el destino de los créditos otorgados y se tomaron medidas respecto a la no presentación de la rendición de cuentas. La comisión también trabaja sobre la privatización de APOS. Se analizan denuncias de ex legisladores sobre supuestas irregularidades en el proceso por más de un millón de dólares y el supuesto vaciamiento de la empresa.
