| Conflicto por la supuesta venta de tierras de los intrusos |
El Instituto Correntino del Agua y del Ambiente negó haber adjudicado tierras fiscales de la Colonia El Ciervo en San Miguel, a una empresa proveniente de Buenos Aires que se dedica a la forestación. Aseguran que fueron algunos pobladores los promotores de la venta de los lotes y «los mismos deberán ser reintegrados al Estado».
Fuente: Momarandum
CORRIENTES (30/5/2006).- El organismo desalentó así críticas al organismo y explicó que fueron algunos pobladores los promotores de la venta de los lotes que deberán ser reintegrados al Estado. Según indica la entidad estatal, las ventas habrían sido efectuadas por los mismos pobladores de la zona que no tenían más derechos sobre dichas tierras, al estar caducados los mismos, por incumplimiento de las obligaciones establecidas por ley de colonización, y en otros casos, fueron intrusos lo que habrían vendido -de manera ilegal- su posesión a dicha empresa. Tampoco la empresa ha iniciado los trámites en el ICAA para compra de terrenos. En el lugar, el ICAA realizó oportunamente una inspección de rutina, detectando que adjudicatarios -cuyos derechos han caducado por falta de pago y otras irregularidades-, y ocupantes ilegales realizaron la venta ilegal a una empresa forestadora de catorce lotes fiscales, que totalizan 432 hectáreas. El proceso se inició al visualizarse lotes con candados en portones de acceso, y las tierras se encontraban aradas con fines forestales, ante lo cual el titular de la Gerencia de Tierras Fiscales del ICAA, Juan Carlos Agnello, realizó la exposiciones policiales en la comisaría de San Miguel en diciembre de 2005 y en abril de este año, continuándose con las acciones legales pertinentes para su recupero. El ICAA está preparando la documentación correspondiente para realizar las denuncias ante la justicia por usurpación y/o juicio de reivindicación, por cuanto no puede adjudicar lotes y/o solares en dicha Colonia ni en cualquier Colonia Oficial de la provincia, con ocupantes ilegales y/o intrusos, ya que adjudicados con éstas irregularidades, el Instituto no sólo estaría incumpliendo con la ley, sino que corre el riesgo de que se inicien acciones judiciales contra el Estado, por parte de los “adjudicatarios” que no acceder a dichos terrenos. OBLIGACIONES DE LA ADJUDICACION El boleto de compra-venta de tierras fiscales en colonias oficiales expresa que el tenedor del terreno tiene -entre sus obligaciones- el domiciliarse en forma permanente en el predio adjudicado y explotarlo personal y familiarmente, alambrar el predio adecuadamente, construir en el mismo una casa habitación con capacidad para la familia del adjudicatario, amortizar en el término fijado el precio estipulado y sus intereses. El organismo fracciona el pago anual que estipula la ley en doce cuotas mensuales. No obstante ello, cada caso particular es considerado, según indicaron desde el organismo, en aquel adjudicatario que realmente vive en el terreno. Las exigencias para los compradores indican también la obligatoriedad de solicitar autorización al ICAA para “toda enajenación, subdivisión, arrendamiento o cualquier forma de cesión del interés del lote o solar”, esto es importante resaltar, por cuanto la normativa expresa que será considerada nula de pleno derecho, dando lugar a la rescisión del contrato de adjudicación, sino se cumple con lo antes mencionado. Asimismo se indica que la transferencia de dominio no podrá operarse con anterioridad a los seis años contados desde la fecha de extensión del título de propiedad que se le otorga y la violación de esta obligación implica la retrocesión del dominio a favor del ICAA. En el contrato de compra venta que firman los adjudicatarios provisorios se indica además, que el incumplimiento por parte del comprador de las obligaciones previstas, es motivo de “caducidad declarándose rescindido el contrato”. Este contrato rescindido habría utilizado la mayoría de los “vendedores” de las tierras a la empresa foránea
