| Conflicto ambiental por inversiones de Botnia y Ence avanza en la Corte Internacional |
Son las fechas de las audiencias en las que se tratará el pedido de frenar las obras. La cancillería argentina hará pesar el planteo de la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Banco Mundial, de realizar estudios suplementarios de impacto ambiental antes de aprobar nuevos créditos para las compañías involucradas.
Fuente: Diario La Nación
BUENOS AIRES (12/5/2006).- En dos rondas, los gobiernos de Néstor Kirchner y de Tabaré Vázquez expondrán por separado sus argumentos ante la Corte Internacional de La Haya, el 8 y el 9 de junio, en virtud de la denuncia de la Argentina contra Uruguay por la virtual violación del Estatuto del Río Uruguay ante la posibilidad de que las plantas de celulosa (materia prima del papel) cuya instalación autorizó en Fray Bentos sean contaminantes. En ambas audiencias, convocadas ayer por el tribunal a raíz de la petición argentina de que tome una medida precautoria, o cautelar, que detenga la construcción de ambas plantas hasta que se compruebe si dañarán el medio ambiente, la cancillería argentina hará pesar el planteo de la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Banco Mundial, de realizar estudios suplementarios de impacto ambiental antes de aprobar nuevos créditos para las compañías involucradas, ENCE y Botnia. Desde hoy, según confió a LA NACION una fuente diplomática entendida en el diferendo, el equipo a cargo de la asesora legal de la Cancillería, Susana Ruiz Cerrutti, preparará la defensa del escrito en el cual pidió a la Corte que adoptara la medida precautoria. Se trata del «incidente», explicó, no del fondo de la cuestión, más allá de que en las últimas horas ambas compañías se hayan mostrado dispuestas a realizar estudios suplementarios sobre los eventuales impactos en el aire, el agua y los suelos una vez que las plantas comiencen a operar. Señal de ello recibió recientemente Vázquez en Washington durante la reunión que mantuvo con el presidente del Banco Mundial, Paul Wolfovitz: fue advertido en ella de que los créditos solicitados por las compañías para continuar con las obras, del orden de los 400 millones de dólares, dependían del cumplimiento de la política de salvaguardia que dicta el organismo. En el primer día de las audiencias, que se realizarán en el Salón de Justicia del Palacio de la Paz de La Haya, cada país tendrá tres horas para exponer su posición sobre el conflicto: la Argentina, entre las 10 y las 13, y Uruguay, entre las 15 y las 18. En el segundo día, dedicado a las réplicas, cada uno de ellos tendrá dos horas: la Argentina, entre las 10 y las 12 y Uruguay, entre las 16.30 y las 18.30. Después, dijo la fuente diplomática, la Corte «se tomará su tiempo para resolver», lo cual, estimó, «podría llevar dos o tres meses». Estrategia a tres bandas En el diferendo con Uruguay, la Argentina se mueve sobre tres vías: la jurídica (emprendida desde el jueves 4 de este mes con la presentación del caso en La Haya), la financiera (abocada a actuar como obstáculo de virtuales pedidos de las compañías en organismos de crédito) y la política (centrada en los contactos entre Kirchner y Tabaré). La fuente de la Cancillería adujo que «Uruguay violó el Estatuto desde el momento en que el informe de la CFI significa que permitió que avanzaran los proyectos con información incompleta». A sus ojos, Kirchner «no se mostró agresivo en el acto que protagonizó en Gualeguaychú, sino conciliador». Agregó que «son los mismos uruguayos los que le piden a Tabaré Vázquez que baje los decibeles del conflicto, de modo de encontrar una salida». Antes de partir hacia Viena, en donde coincide con Kirchner, Tabaré quiso dejar en claro que iba a defender la posición uruguaya sobre el diferendo. Cual réplica del acto de Kirchner en Gualeguaychú, la reunión del consejo de ministros que organizó para el 25 del actual en Fray Bentos lejos estuvo de lograr consenso. El Partido Colorado, al menos, no cree «conveniente» que se realice. Dentro de su gobierno también sonaron voces en contra de esa reunión, interpretada por algunos como una escalada más en el conflicto o una forma de «ver quién grita más alto, si él o Kirchner». La idea del gobierno de Tabaré consiste en llevar la cuestión al Mercosur, de modo de hacer un contrapeso con el perjuicio para su economía que significaron los cortes de ruta de Gualeguaychú y Colón. La idea del gobierno de Kirchner consiste en insistir en que se trata de un conflicto bilateral en el cual la otra parte «violó» el Estatuto del Río Uruguay. El diferendo a tres bandas depende ahora de los dos rounds de comienzos de junio en La Haya, preliminares, en realidad, de la pelea de fondo, aquella que definirán Kirchner y Tabaré. Por Jorge Elías De la Redacción de LA NACION
