| Opinión |
Por un lado la realidad de la economía provincial a la que la actividad aporta casi el 60% de su Producto Bruto Interno, con un dinamismo creciente y un potencial de crecimiento casi sin límites. Y por otro lado, la realidad de la burocracia de un Gobierno al que no le interesa el sector y en definitiva es el que se encarga, con su inacción, de poner límites al potencial del desarrollo forestal…
Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones
MISIONES(Diciembre de 2004).- Por un lado la realidad de la Economía Provincial a la que la actividad aporta casi el 60% de su Producto Bruto Interno, con un dinamismo creciente y un potencial de crecimiento casi sin límites. Y por otro lado la realidad de la burocracia de un Gobierno al que no le interesa el sector y en definitiva es el que se encarga, con su inacción, de poner límites al potencial del desarrollo forestal. Una de las pruebas mas contundentes es el retraso en los pagos y la falta de definiciones con respecto a la operatoria de la Ley 25.080. Cuando hace unos meses atrás, cansados de que no nos escuchen los funcionarios, salimos a decirlo públicamente; nos trataron de agoreros. En conferencia de prensa convocada con toda celeridad salieron a anunciar el relanzamiento de la operatoria, el pronto pago de 9.000.000 $, y una continuidad normalizada en los pagos subsiguientes. Hoy la realidad nos demuestra que nuestros anuncios no eran agoreros, sino que se ajustaban inequívocamente a la realidad de lo que estaba sucediendo por falta de interés del gobierno hacia el desarrollo del sector forestal. Algunas pruebas: -Solamente se pagaron un poco mas de 2.000.000 $, de lo que muy poco vino a Misiones. Aun está pendiente el otro listado de pago confeccionado en marzo del 2004, y que no alcanza a 900.000 $ para Misiones. Este en principio se pagaría en pocos días mas; pero luego de eso no hay certeza de nada, ya que no existen nuevos listados de pagos confeccionados. -Los 300.000 $ que vinieron a fines de noviembre, no fue un nuevo listado de pago como lo anunciaron, sino simplemente el reenvío de dinero que por distintas razones no fue cobrado oportunamente por los titulares. -Los viveros debieron tirar varios millones de plantines, tal como se preveía. -Persisten las indefiniciones de cómo continuar la operatoria, cambiando permanentemente las reglas de juego, muchas veces en sentidos inversos. -Las reinspecciones anunciadas como que estarían terminadas para fines de octubre, se iniciaron y luego de algunos días de trabajos de campo, se suspendieron -Se agudizaron las internas en los gobiernos, por las cuales muchos funcionarios están mas preocupados por permanecer en sus puestos que en dar soluciones al sector forestal. Ante la impotencia de la inacción o de los anuncios y medidas equivocadas, a algún funcionario no se le ocurrió mejor idea que salir a culpar a los Profesionales por la paralización de la operatoria. A muchos nos pareció importante que si había Profesionales que falsearon información debían sancionarse, y lo mismo debería ocurrir con los funcionarios que estuvieran implicados. Pero que debían mencionarse con nombre y apellido. Hasta hoy seguimos esperando que ello ocurra; pero por lo que nos acaban de revelar esa fue una información falsa de funcionarios que buscando defenderse de sus propias faltas e inoperancia, salieron a “repartir culpas al voleo” para de esa forma esconder o diluir sus errores y falta de compromiso con la actividad. Si debemos reconocer que con los nuevos responsables directos de la aplicación de la ley, tanto del gobierno provincial como nacional, hoy existe un diálogo directo y franco que hasta hace muy poco no existía. Así en el caso de la Dra. Esther Malaccari, responsable de definir mecanismos para la continuidad de la operatoria, hubo numerosas reuniones con distintas organizaciones representativas del sector forestal. En una de ellas realizada el jueves 11 de noviembre en un hotel céntrico de Posadas, con los Colegios Profesionales de Misiones, la misma vertió las siguientes ideas de cómo se continuaría con la aplicación de la ley, entre las que podemos destacar las siguientes: -Para realizar los próximos pagos primero deberán terminarse las reinspecciones, sin saberse cuanto tiempo mas demandarán las mismas. -Los Pequeños Productores Agrupados no recibirán mas adelantos del 30 %, aunque en la práctica sigue vigente la reglamentación que lo establece y genera el derecho para los mismos. Existe si, la idea de establecer líneas de crédito con garantía en el cobro del subsidio, para lo cual ya habría conversaciones con algunos bancos. Esta operatoria alcanzaría a todos los productores PyMES. Nosotros dudamos que los Bancos acepten solo esa garantía, y en definitiva creemos que la mayoría de los productores no podrán acceder a los mismos. -La fecha tope para la presentación de Planes 2004 aun no está definida, y aun persisten las dos fechas distintas anunciadas por el gobierno provincial, del 15 y del 30 de diciembre. Para los Planes 2005 propone el 30 de junio, pero se le pidió que fuera como mínimo hasta el último día hábil de julio. Para el 2006 en adelante, propone que sea en una fecha a definir del año anterior, para que exista “previsibilidad” en el sistema. -A partir del 2005, las presentaciones, modificaciones e informes de avance se realizarán online. -A partir del 2004, se deberán hacer informes de avance, anteriores a la presentación del Certificado de Obra, indicando modificaciones que se vayan produciendo con respecto a cambios de especies, disminución de superficie plantada, etc., todo con puntos GPS. -La SAGPyA, reemplazará las Imágenes Landsat actualmente utilizadas por otras de origen japonés de igual resolución pero tridimensionales. Y luego por fotografías satelitales tipo Ikonos de píxeles de 1 m2, para realizar las verificaciones. En teoría si se implementaran todas estas propuestas se modernizaría la operatoria y todo debería funcionar mejor. Pero realmente teniendo en cuenta el funcionamiento del Estado tenemos serias dudas que se puedan implementar, y en el mejor de los casos, con seguridad va a llevar bastante tiempo hacerlo. Nos preguntamos hasta cuando los productores y profesionales que confiamos en el gobierno, realizamos las inversiones necesarias, tenemos todo en regla y ya fuimos inspeccionados oportunamente, deberemos seguir esperando por los pagos. Cuando proponen adelantar las presentaciones de las próximas campañas, dicen que lo hacen para que exista previsibilidad. ¿Puede haber previsibilidad si los pagos no se realizan en término? De que sirve conocer la intencionalidad de plantación si luego el productor no dispone de los fondos para realizarlas y en definitiva, como ocurre siempre, se termina plantando mucho menos y luego no se hacen los cuidados culturales necesarios para conseguir productividad y calidad. De que sirve disponer de la mejor tecnología satelital si no se realizan controles efectivos a campo y no se tiene la certeza de que dispondrán de fondos para una actualización permanente de imágenes. De que sirve lanzar una campaña de reinspección si no están los recursos necesarios, no existe suficiente movilidad disponible y hay quita de colaboración de los inspectores provinciales por falta de reconocimiento de viáticos?. Como puede haber eficiencia de parte del Estado, si la oficina encargada de decepcionar y gestionar la documentación funciona en un sótano, sin suficiente dotación de personal, sin recursos, sin movilidad, sin espacio?. La previsibilidad se logrará con continuidad en las políticas, con pagos en término, con agilidad en el otorgamiento de los beneficios fiscales, en definitiva con reglas de juego claras y controles efectivos. Solo así se logrará una regularidad e incremento paulatino de la superficie forestada cada año. Proponemos que se pague ya todo lo que fue certificado e inspeccionado oportunamente, y que luego se realicen todas las inspecciones que sean necesarias para verificar la existencia real de las plantaciones y de la realización de los trabajos silviculturales. Y si es necesario que luego recurran a la justicia para recuperar aquellos pagos que no correspondieren y se actúe penalmente contra los responsables. Que la gran mayoría de los productores y profesionales que hicieron las cosas bien no se vean afectados por algunos pocos que eventualmente hayan dado información falsa o errónea, ni por la inoperancia y desidia de los funcionarios del estado que tienen poder de decisión. De lo contrario perderemos todos, y fundamentalmente perderá el país. ¿O acaso la consigna gubernamental es dilatar para no pagar? Y no pagar, para que solo planten los que tienen posibilidad de recurrir a otras fuentes de financiamiento accesibles.
