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Tras la decisión de construir dos nuevas plantas de celulosa en la Región del Biobío, más una tercera ya en operaciones en Valdivia, las inversiones del sector forestal en ésta área van por otra vía, aunque algunos sugieren que ahora es el Estado el que debe asumir el rol de inversionista.
Fuente: Diario El Sur
CHILE(13/7/2004).- El presidente de Expocorma y ex presidente regional de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), Jorge Serón Ferré, dijo que el futuro de las inversiones del sector, en términos de plantas de celulosa dependen principalmente del patrimonio forestal que tenga el país, capaz de soportar esas nuevas inversiones. Estas plantas se construyen por cada 150 mil hectáreas de plantaciones, y eso es lo que las respalda. »Si uno analiza el actual patrimonio forestal y el número de plantas de celulosa vigentes, más las declaradas, estaríamos en los equilibrios, por lo que el futuro vendría por el lado de los incrementos de la tasas de forestación del país». Después de una drástica caída en las tasas de forestación, entre los años 1998 y 2002, hay una mejora favorecida por la aplicación del nuevo decreto ley 701. Hoy la estimación es que el país tiene un ritmo de 50 a 60 mil hectáreas anuales de forestación, pero la cifra aún está lejos de las 100 mil hectáreas que se plantaron en los mejores años. «Creemos que hay potencial para recuperar esos niveles en la Séptima, el norte de la Octava, más la Novena Región en general, donde existen unos 4 millones de hectáreas disponibles de terrenos aptos para ser forestados», señaló. Incorporar esas hectáreas al patrimonio forestal y generar más riqueza para el país es, a juicio del ejecutivo, una tarea que debería emprender el Estado. El sector forestal, precisó, ha sido capaz de agregarle valor a la actividad agrícola en general, lo que ha significado un aumento en el valor de la tierra. Hectáreas que hace 20 años costaban en términos relativos, unos 100 a 200 dólares, hoy cuestan 1.000 a 2.000 dólares lo que hace que la rentabilidad del negocio forestal, para iniciar nuevos negocios o que existan empresas dispuestas a invertir comprando tierras para comenzar proyectos como los que se iniciaron hace 20 años atrás, sea prácticamente nula. Por ello, plantea que la alternativa del Estado es cómo generar instrumentos para que los actuales propietarios de esas tierras puedan ingresar al negocio forestal, en un escenario de 15 a 25 años.
