El congreso aprobó el RIGI, un nuevo régimen para incentivar grandes inversiones en Argentina propuesto por el gobierno nacional en el marco de la Ley de Bases. La nueva reglamentación cuenta con 12 capítulos que crean estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años y mayor competitividad a inversiones superiores a 200 millones de dólares.
Fuente: con información IProfesional, La Nación y Perfil
BUENOS AIRES (3/5/2024).- La Cámara de Diputados de Argentina aprobó este martes 30 de abril el llamado «régimen de incentivo para grandes inversiones» (RIGI) propuesto por el Ejecutivo de Javier Milei en la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, para aumentar el ingreso de capitales al país.
Después de aprobar el contenido de la ley en general y tras más de 24 horas de debate, los diputados votan capítulo por capítulo de la conocida como Ley ómnibus.
El RIGI -aplicable por dos años, prorrogable por un año más- cuenta con doce capítulos que crean estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años y mayor competitividad a inversiones superiores a 200 millones de dólares.
Estipula beneficios en el IVA y Ganancias; exenciones en derechos de importación y exportación para proyectos cuyos montos mínimos oscilarían entre US$200 millones y US$900 millones
A su vez, hay beneficios adicionales para los proyectos que posicionen a Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales en los que no tiene participación relevante si la inversión mínima es de 1.000 millones de dólares.
¿Quiénes pueden aplicar para entrar al RIGI?
Los factores que analizaría la Autoridad de Aplicación del RIGI para autorizar el otorgamiento de beneficios a un proyecto puntual incluyen objetivos a cumplir y una serie de requisitos. Entre las metas, el proyecto de Ley Bases enumera la de “incrementar exportaciones” y “favorecer creación de empleo”.
Entre los requisitos, además del monto mínimo de inversión, establece que los titulares de los proyectos pueden ser sociedades anónimas, de responsabilidad limitada, sucursales establecidas por sociedades constituidas en el extranjero o uniones transitorias de empresas.
A su vez, excluye de la posibilidad de adherir a este régimen a quienes hayan sido condenados, con sentencia firme en segunda instancia, por cohecho, enriquecimiento ilícito o negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública; los declarados en quiebra y quienes tengan deudas firmes, exigibles e impagas de carácter fiscal, aduanero o previsional.
Entre los sectores incluidos, en su Art. 4 establece que el RIGI resultará aplicable a las Grandes Inversiones en proyectos que cumplan con los requisitos previstos en los siguientes sectores:
a. Agroindustria
b. Infraestructura
c. Forestal
d. Minería
e. Gas y Petróleo
f. Energía
g. Tecnología
El Poder Ejecutivo N
Alertas ante el nuevo régimen que «atenta» contra las PyMEs
Diputados que votaron en contra indicaron que este régimen crea las condiciones para un «nuevo patrimonialismo de amigos» y alertaron de que, al hacerse al mismo tiempo que se promueve un blanqueo de capitales (amnistía fiscal), no impide que ingresen capitales del narcotráfico y del crimen organizado al país.
El RIGI ofrece una alícuota del 25 % del impuesto a las ganancias -y 7 % a los dividendos y utilidades que se reduce a 3,5 % transcurridos siete años- y tomar en cuenta el total del llamado «impuesto al cheque», además de amortizaciones aceleradas.
Los exportadores estarán exentos de derechos de exportación después de tres años en el régimen, además de exceptuar la liquidación de las divisas en el mercado oficial de cambios en forma creciente; las importaciones de bienes de capital y partes estarán exentos de derechos y tasas, y todo en el marco de la libertad para importar y exportar bienes para el desarrollo del proyecto.
Además, prevé la aplicación de tribunales arbitrales internacionales en caso de disputas con el Estado nacional que no sean solucionadas en «forma amigable», y que los registros contables y estados financieros puedan ser preparados en dólares estadounidenses.
Para ADIMRA, la Asociación de industriales metalúrgicos de la Argentina – que nuclea a más de 20 mil empresas y pymes en todo el país, otorga empleo de manera directa a más de 300 mil argentinos y llega al millón de empleados de modo indirecto-, «los fabricantes nacionales tendrán condiciones desiguales ya que deben afrontar costos de importación considerables que generan asimetrías, de entre el 15% y el 35% del valor total de los bienes. Además, el RIGI no identifica actividades, productos o sectores con posibilidad de ser impulsados, ni tampoco prevé ningún tipo de ítem que priorice el desarrollo de proveedores locales que potencien la trama productiva local», opinó su presidente, el Ing. Elio Del Re, en una columna publicada en Perfil.
En este marco, ADIMRA envió el lunes 22 una carta al ministro de Economía, Luis Caputo y a las autoridades parlamentarias de ambas Cámaras del Congreso nacional, para advertirles sobre el impacto que tendría en el sector la aprobación del Régimen, un petitorio para que se revea el proyecto y en el que se alerta que, tal como está planteado en su última versión, se atenta directamente contra la industria nacional y las pymes, en beneficio de grandes empresas y las importaciones.
También surgieron opiniones de algunos abogados constitucionalistas, como Andrés Gil Domínguez y Diego Armesto, quienes criticaron la posible afectación que tendría sobre la autonomía de las provincias y municipios, en virtud de las modificaciones en materia impositiva y la presunta nulidad con la que dejaría a leyes preexistentes.
