| Conflicto ambiental por inversiones de celulosas |
No descartan nuevas acciones legales si la fábrica de Botnia en Fray Bentos empieza a operar con aguas del río binacional. «Nosotros hemos hecho reserva de presentar nuevas acciones de amparo si hubiera cambios en la situación. Pero debemos ser muy cautos y tener muy bien documentado el caso antes de recurrir al tribunal otra vez», indicó la jefa de la misión de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti.
Fuente: La Nación
HOLANDA (16/1/2007).- La pila de argumentos que la Argentina tiene para demandar a Uruguay por la instalación de las papeleras mide medio metro de alto, entre denuncias de cinco violaciones del tratado binacional, varios estudios de contaminación ambiental, croquis, mapas y resúmenes históricos. Todo ese material -que conforma la «memoria» de la posición argentina- circula desde ayer entre los jueces de la Corte Internacional de La Haya, tras el paso por el tribunal de los agentes designados por la Cancillería para el juicio. Ahora, el camino hacia una sentencia sobre el fondo de la cuestión requiere primero seis meses de paciencia, hasta que Uruguay presente su respuesta el 20 de julio. Y antes de finales de año se espera la convocatoria a las dos partes para las audiencias orales. Mientras las negociaciones políticas sigan estancadas, las autoridades argentinas concentrarán su atención en los movimientos al otro lado del río. Si Botnia empieza con las anunciadas pruebas previas a la fase de producción, la Cancillería recopilará información para eventuales recursos de amparo ante el tribunal internacional. «Nosotros hemos hecho reserva de presentar nuevas acciones de amparo si hubiera cambios en la situación. Pero debemos ser muy cautos y tener muy bien documentado el caso antes de recurrir al tribunal otra vez», indicó a LA NACION desde Holanda la jefa de la misión de la Cancillería, Susana Ruiz Cerutti. El juicio por las papeleras empezó en mayo pasado, cuando la Argentina presentó su demanda contra el gobierno de Tabaré Vázquez, por considerar que había violado el Tratado del Río Uruguay al autorizar «de manera inconsulta» la instalación de dos fábricas de celulosa en la zona de frontera. En aquella oportunidad, se había requerido del tribunal una medida cautelar que suspendiera la construcción de las plantas. El 13 de julio los jueces rechazaron casi por unanimidad el pedido: consideraron que no había pruebas sobre el «riesgo inminente de contaminación», pero advirtieron a Uruguay que si en la cuestión de fondo se diera la razón a la Argentina, podría llegar a decidir incluso el desmantelamiento de las fábricas. Hace dos meses, también el gobierno de Vázquez presentó un recurso de amparo, cuando pidió que se ordenara el levantamiento de los cortes de rutas en los pueblos entrerrianos de frontera. Se espera un fallo sobre ese punto en las próximas semanas. En su presentación de ayer -380 páginas de argumentos jurídicos y más de 3000 de anexos-, la Argentina detalló cinco violaciones del tratado binacional. Además, incluyó un estudio ecológico crítico de las papeleras elaborado por la Universidad de La Sapienza (Roma), a pedido del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Las cinco transgresiones que denuncia la Argentina son: la aprobación para que se instalara en Fray Bentos la española ENCE, la resolución que autorizó la construcción de la planta de la finlandesa Botnia, sendas habilitaciones posteriores para que las empresas abrieran puertos y el permiso para extraer volúmenes de agua del río superiores a los permitidos. Ruiz Cerutti llegó ayer al Palacio de la Paz, acompañada por el director del Instituto de Servicio Exterior Argentino, Horacio Basabe, y el embajador en los Países Bajos, Santos Goñi. Les tocó un trámite breve: Philippe Couvreur, secretario del tribunal, los saludó en uno de los salones principales del edificio y se quedó con la enorme masa de papel que deberá repartir entre los 15 jueces de la Corte. «Caso sólido» Tras cumplir la formalidad de la presentación y antes de tomar el vuelo a Buenos Aires, la funcionaria de la Cancillería dijo a LA NACION que la Argentina «tiene un caso sólido» y que el equipo de agentes designados por el Gobierno «trabajará intensamente» para vigilar que no existan nuevas medidas en Uruguay que modifiquen la situación actual. En los últimos días, había cobrado fuerza la versión de que Botnia empezaría en forma inminente con las pruebas de agua en el río Uruguay, paso previo al inicio de la producción. «Que yo sepa, eso no ha ocurrido. Pero estaremos atentos para documentar cualquier decisión que agrave el conflicto», dijo Ruiz Cerutti. Ese comentario final no fue casual: ante el temor a nuevos fallos adversos, el gobierno de Néstor Kirchner resolvió no recurrir al tribunal con pedidos de acciones de amparo salvo que consiga pruebas voluminosas e irrefutables. Y mientras el trámite en La Haya avanza al ritmo parsimonioso de la justicia internacional, Kirchner y Vázquez volverán a verse las caras este viernes, en la Cumbre del Mercosur que se desarrollará en Río de Janeiro. La semana siguiente regresará al Río de la Plata Juan Antonio Yáñez, el enviado del rey de España para reconstruir el diálogo bilateral. Sólo un acuerdo político pondría fin a toda la maraña legal cuya marcha ratificó la Argentina con su presentación de ayer. Por Martín Rodríguez Yebra De la Redacción de LA NACION
