El Parlamento Europeo comunicó oficialmente que dispuso que el nuevo reglamento EUDR, que afecta a las exportaciones forestales a ese destino, se aplicará a partir del 30 de diciembre de 2026 para las grandes empresas y del 30 de junio de 2027 para las pequeñas.
Fuente: Ambito
BUENOS AIRES (27/11/2025).- El Parlamento Europeo confirmó este miércoles que se aplicará una nueva prórroga en la aplicación de la ley contra la deforestación en algunos productos importados por la Unión Europea (UE); además, será modificada en algunos cargos administrativos, a favor de las pequeñas empresas.
Alrededor del mundo la aplicación de esta nueva ley genera preocupación, especialmente a empresas y productores que deberán adaptarse a reglamentaciones más severas. El sector forestal argentino tendrá más tiempo para prepararse ante este nuevo requerimiento.
Sin embargo, en el caso de Uruguay genera una ventaja ya que desde 2024 el país cuenta con la certificación libre de deforestación correspondiente a los productos que exporta al bloque europeo como la carne vacuna, la madera y la celulosa.
De esta manera, este miércoles el Parlamento Europeo aprobó la segunda prórroga en el año a la reglamentación, buscando formas más simplificadas para las empresas pequeñas y con el objetivo de aplicar cambios en el peso administrativo que conlleva su cumplimiento.
“Los nuevos plazos tratan de garantizar una adaptación fluida y el refuerzo del sistema informático que los operadores, comerciantes y sus representantes utilizan para realizar declaraciones de diligencia debida electrónicas”, asegura el comunicado publicado por el Parlamento Europeo.
La nueva disposición del Parlamento establece que la aplicación de la ley será a partir del 30 de diciembre de 2026 para grandes operadores y comerciantes, mientras que las empresas pequeñas – aquellas con menos de cincuenta empleados y una facturación anual que no supere los diez millones de euros – deberán aplicar los cambios a partir del 30 de junio de 2027.
En ese sentido, el comunicado del Parlamento establece que a partir del 30 de abril del año que viene se comenzará a evaluar el impacto de la ley y la carga administrativa que tendrá sobre las empresas.
“Los eurodiputados consideran que la obligación de presentar una declaración de diligencia debida debe recaer sobre las empresas que introducen por primera vez un producto en el mercado de la UE, y no sobre los operadores y comerciantes que posteriormente lo comercializan; los cambios en el reglamento también reducirán las obligaciones para las compañías más pequeñas, que solo tendrán que presentar una única declaración simplificada”, explica el texto.
