Se estima que las necesidades de financiamiento para la adaptación en los países en desarrollo superarán los US$ 310.000 millones al año para 2035. La meta del Pacto de Glasgow por el Clima de duplicar el financiamiento público internacional para la adaptación hasta alcanzar aproximadamente US$ 40.000 millones para 2025 no se cumplirá si se mantienen las tendencias actuales. El Informe destaca avances en la planificación e implementación de medidas de adaptación, pero persisten desafíos.
Fuente: PNUMA-ONU
Nairobi (29 de octubre de 2025).– En medio del aumento de las temperaturas globales y el agravamiento de los impactos climáticos, una brecha abismal en el financiamiento para la adaptación en los países en desarrollo amenaza vidas, medios de subsistencia y economías enteras, según el Informe sobre la Brecha de Adaptación 2025: Con el tanque vacío (en inglés), del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).
Publicado para informar las negociaciones climáticas de la COP30 en Belém, Brasil, el informe concluye que, si bien la planificación e implementación de medidas de adaptación están mejorando, las necesidades de financiamiento para la adaptación en los países en desarrollo superarán los US$ 310.000 millones al año para 2035 se estima serán doce veces más que los flujos actuales de financiamiento público internacional para la adaptación.
«Los impactos climáticos se están acelerando. Sin embargo, la financiación de la adaptación no sigue ese ritmo, dejando a los más vulnerables del mundo expuestos al aumento del nivel del mar, las tormentas letales y el calor abrasador», dijo el Secretario General de la ONU, António Guterres, en su mensaje sobre el Informe.
«La adaptación no es un costo, es una cuerda de vida. Cerrar la brecha de adaptación es como protegemos vidas, aseguramos justicia climática y construimos un mundo más seguro y sostenible. No perdamos ni un momento más.”
“Cada persona en este planeta está viviendo los impactos del cambio climático: incendios forestales, olas de calor, desertificación, inundaciones, costos en aumento y más”, señaló Inger Andersen, directora ejecutiva del PNUMA. “Mientras que la acción para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero sigue siendo insuficiente, estos impactos solo empeorarán, afectando a más personas y causando daños económicos significativos.
Necesitamos un impulso global para aumentar el financiamiento para la adaptación —tanto de fuentes públicas como privadas, sin incrementar la carga de deuda de las naciones vulnerables.
Incluso en medio de presupuestos ajustados y prioridades en competencia, la realidad es sencilla: si no invertimos en adaptación ahora, enfrentaremos costos cada vez más altos año tras año”.
Una brecha preocupante
La cifra de US$ 310.000 millones al año para financiar la adaptación en los países en desarrollo para 2035 se basa en costos modelizados. Si se estiman las necesidades extrapoladas expresadas en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y en los Planes Nacionales de Adaptación, esta cifra asciende a US$ 365.000 millones. Estos valores están basados en cifras de 2023 y no han sido ajustados por inflación.
Los flujos de financiamiento público internacional para la adaptación en los países en desarrollo fueron de US$ 26.000 millones en 2023, una disminución respecto a los US$ 28.000 millones del año anterior. Esto deja una brecha de financiamiento para la adaptación de entre US$ 284.000 millones y US$ 339.000 millones al año, es decir, entre 12 y 14 veces más que los flujos actuales.
La estimación anterior del Informe sobre la Brecha de Adaptación era de entre US$ 194.000 millones y US$ 366.000 millones para el año 2030.
Si no se revierten rápidamente las tendencias actuales en el financiamiento, no se alcanzará la meta del Pacto de Glasgow por el Clima de duplicar el financiamiento público internacional para la adaptación desde los niveles de 2019 hasta aproximadamente US$ 40.000 millones para 2025.
Aumentan la planificación y la implementación
Unos 172 países cuentan con al menos una política, estrategia o plan nacional de adaptación; solo cuatro países no han comenzado a desarrollar un plan. Sin embargo, 36 de los 172 países tienen instrumentos desactualizados o que no han sido actualizados en al menos una década. Esto debe abordarse para minimizar el riesgo de una adaptación inadecuada.
En los Informes Bienales de Transparencia, presentados en el marco del Acuerdo de París para informar sobre los avances en el cumplimiento de los compromisos climáticos, los países reportaron haber implementado más de 1.600 acciones de adaptación, principalmente en biodiversidad, agricultura, agua e infraestructura.
No obstante, pocos países están informando sobre los resultados e impactos reales, lo cual es necesario para evaluar la eficacia y pertinencia de dichas acciones.
Mientras tanto, el apoyo a nuevos proyectos a través del Fondo de Adaptación, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima aumentó a casi US$ 920 millones en 2024. Esto representa un incremento del 86 % respecto al promedio móvil de cinco años de US$ 494 millones entre 2019 y 2023. Sin embargo, esto podría ser solo un repunte temporal, ya que las restricciones financieras emergentes hacen que el futuro sea incierto.
El financiamiento público y privado deben ser incrementados
El Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiamiento Climático, acordado en la COP29, establece que los países desarrollados deben proporcionar al menos US$ 300.000 millones al año para la acción climática en los países en desarrollo para 2035. Sin embargo, esta cifra es insuficiente para cerrar la brecha de financiamiento, por dos razones.
Primero, si se aplica la tasa de inflación de la última década hasta 2035, las necesidades estimadas de financiamiento para la adaptación en los países en desarrollo pasarían de entre US$ 310.000 millones y US$ 365.000 millones al año en precios de 2023 a entre US$ 440.000 millones y US$ 520.000 millones al año.
Segundo, la meta de US$ 300.000 millones es para mitigación y adaptación, lo que significa que la adaptación recibiría una proporción menor.
La Hoja de Ruta de Bakú a Belém para movilizar US$ 1,3 billones para 2035 podría marcar una gran diferencia —pero es fundamental evitar que aumenten las vulnerabilidades de los países en desarrollo.
Las subvenciones, los instrumentos concesionales y aquellos que no generan deuda son esenciales para evitar un mayor endeudamiento, lo que dificultaría aún más que los países vulnerables inviertan en adaptación.
Para que esta Hoja de Ruta funcione, la comunidad internacional debe contener la brecha de financiamiento para la adaptación mediante la mitigación y evitando la adaptación inadecuada; aumentar el financiamiento con el apoyo de nuevos proveedores e instrumentos; e involucrar a más actores financieros en la integración de la resiliencia climática en la toma de decisiones financieras.
Si bien el sector privado debe hacer mucho más, el informe estima que el potencial realista de inversión del sector privado en prioridades públicas nacionales de adaptación es de US$ 50.000 millones al año.
Esto contrasta con los flujos privados actuales, que rondan los US$ 5.000 millones al año. Alcanzar los US$ 50.000 millones requeriría medidas políticas específicas y soluciones de financiamiento mixto, en las que el financiamiento público concesional se utilice para reducir riesgos y ampliar la inversión privada.
