El histórico fallo ordena el saneamiento ambiental del Parque Nacional Calilegua para 2030, tras una demanda de vecinos que llevó una lucha de 11 años. Silvia Graciela Saavedra, una de las impulsoras de la demanda, celebró la decisión pero advirtió sobre la «apropiación de logros» por parte de organizaciones internacionales.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
JUJUY (7/9/2025).- La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ordena el cese de la explotación petrolera en el Parque Nacional Calilegua y establece su saneamiento ambiental antes de 2030, fue celebrada como un triunfo histórico en defensa de uno de los ecosistemas más biodiversos de Argentina: las Yungas jujeñas.
El fallo, que llevó las firmas de los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz en voto conjunto, y el concurrente de Ricardo Lorenzetti, responsabilizó tanto a la Nación como a la provincia de Jujuy por incumplir sus deberes de control ambiental en un área protegida desde 1979 por el Decreto Nacional 1.733.
La resolución responde a una demanda presentada en 2014 por vecinos que denunciaron graves pasivos derivados de la explotación hidrocarburífera: pozos abandonados, derrames de hidrocarburos, contaminación de agua y suelos, y la inacción estatal frente al deterioro ambiental.
Como parte actora, el dictamen de la CSJN menciona a Silvia Graciela Saavedra y Ramón Héctor Luna, con el patrocinio letrado de la Dra. Patricia Noelia Cazón. Siendo la parte demandada el Estado Nacional – Ministerio de Economía, Secretaría de Energía, la Administración Nacional de Parques Nacionales, Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado, la Provincia de Jujuy, Fiscalía de Estado de la provincia, YPF Sociedad Anónima, Pluspetrol S.A. y la Municipalidad de Yuto.
Testimonio de Silvia Graciela Saavedra
En diálogo con el programa Cuestión Ambiental (FM 107.5 Más Radio), conducido por la periodista Laura Rocha, en la entrevista con Silvia Graciela Saavedra —una de las vecinas que impulsó el amparo— destacó la magnitud de la decisión judicial, relató el proceso y presentaciones realizadas con sus representantes legales, y cuestionó la narrativa de ciertas organizaciones, que se «apropia» de la iniciativa y el logro final judicial.
“Este fallo es histórico para nuestro Parque Nacional Calilegua, dentro de la biosfera de las Yungas. No hablamos de Vaca Muerta, hablamos de un área protegida que sufría contaminación por pozos abandonados y derrames terribles. Nos llevó 11 años de lucha, con el patrocinio de la abogada constitucionalista y ambientalista Dra. Noelia Cazón, y con la ayuda solidaria de amigos, llegar hasta aquí”, expresó Saavedra.
Tras su participación en el programa radial, la vecina cuestionó a través de sus redes socales el rol de Greenpeace, una de las organizaciones mencionadas en el proceso:“En la entrevista me sorprendió que la periodista consultara a una representante de Greenpeace sobre cómo habían ayudado a los vecinos. La verdad es que fuimos nosotros, Ramón Luna y yo, quienes presentamos la demanda y sostuvimos el proceso durante más de una década. Que ahora circulen mensajes buscando apoyo económico adjudicándose el trabajo es, a mi entender, malicioso y de una gran bajeza”.
Para Saavedra, el fallo no solo refleja un avance jurídico sino también un mensaje espiritual: “La Pachamama habló a través de los jueces de la Corte, pero también observa y siente la energía de cada uno de sus hijos. Este triunfo es de la comunidad y de quienes nunca bajamos los brazos”.
«Greenpeace inició una campaña pública en 2015, presentó amparos junto a la Asociación de Abogados Ambientalistas en defensa del parque nacional y en contra de los yacimientos», explicó Noemí Cruz, coordinadora por la organización ambiental. «Estamos muy felices del fallo, que viene a reforzar todos los planteos para proteger el área protegida».
Un precedente para la justicia ambiental
El caso Calilegua sienta un precedente clave en la jurisprudencia argentina al reafirmar que la explotación hidrocarburífera en áreas protegidas es incompatible con la conservación. La decisión obliga al Estado nacional y provincial a remediar el daño ambiental antes del 2030, garantizando la preservación del patrimonio natural de las Yungas.
