Tanto la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) como el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazaron la «censura previa» que se intenta con la sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la Secretaria General de la presidencia, es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa.
BUENOS AIRES (2/9/2025).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha rechazado de modo constante, todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información. En especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional.
La reciente sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la Secretaria General de la presidencia, es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene resuelto que, con la sola excepción de la protección de la infancia y la adolescencia, cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión.
La publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores y el gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto.
Las prohibiciones preventivas, en cambio, son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden -o no- influir en la formación de la opinión pública.
FOPEA dice no a la “censura previa”
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó la medida judicial que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia y advirtió que se trata de censura previa. Por otra parte, alertó de la gravedad de ordenar judicialmente allanar a medios y domicilios de periodistas.
A través de un comunicado, se expresó este lunes un enérgico rechazo a la medida cautelar dictada por el juez civil Alejandro Patricio Maraniello, quien además tienen nueve denuncias que se investigan en el Consejo de la Magistratura.
La entidad consideró que la decisión constituye un “acto de censura previa” y recordó que los periodistas deben responder por sus actos solo con responsabilidades ulteriores.
La entidad señaló que la decisión constituye un “acto de censura previa” contrario a la Constitución y a la Convención Americana.
La cautelar fue solicitada por Milei, quien alegó que la difusión busca dañarla a ella, a su familia y al Gobierno.
También se denunció un ataque planificado para condicionar las elecciones legislativas.
FOPEA advirtió que los allanamientos impulsados por el Ministerio de Seguridad representan una amenaza a la libertad de expresión.
La resolución judicial, dictada en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, ordena que “cese la difusión de cualquier chat, foto, audio y video” vinculados a Milei que se anunciaran el 29 de agosto.
Según la funcionaria, los materiales en cuestión buscan “dañarla a ella, a su familia y al Gobierno nacional”. Además, señaló que, de tratarse de audios reales, habrían sido obtenidos de forma ilegal dentro de la Casa Rosada, lo que calificó como “un hecho sin precedentes en la historia nacional”.
FOPEA remarcó que el juez adoptó la medida sin una investigación previa que determine el origen lícito o ilícito de los audios y recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura previa, salvo casos muy específicos como la seguridad nacional.
“Los derechos al honor o la intimidad no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios posteriores”, subrayó el comunicado, y añadió que “cuando se trata de funcionarios públicos, sus actos en edificios oficiales trascienden el ámbito privado”.
En paralelo, la entidad alertó por los allanamientos solicitados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medios de comunicación, entre ellos el canal de streaming Carnaval. “Cualquier allanamiento de este tipo puede transformarse en un acto intimidatorio para la prensa”, señalaron.
La presentación judicial planteó que la difusión de los audios sería parte de “un ataque planificado” para “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas”, mencionando a periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial.
FOPEA recordó la Declaración de Chapultepec de 1994, que rechaza toda forma de censura previa, restricciones arbitrarias o limitaciones al ejercicio del periodismo. Por eso, exigió a la Justicia que revise de forma urgente la medida cautelar y reclamó al Gobierno nacional que cese el hostigamiento contra medios y periodistas.
“La sociedad tiene derecho a estar informada sobre asuntos de interés público”, concluyó el comunicado.
