El ingeniero forestal Mario Elizondo, en su columna mensual para ArgentinaForestal.com, aborda los resultados oficiales informados en 2024 sobre la gestión de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos y baja confiabilidad de los mismos . Con un enfoque crítico, el autor destaca: “Algunos suelen afirmar: dato mata relato”, dejando en claro la importancia de basar los análisis en cifras concretas y verificables.
BUENOS AIRES (13/1/2025).- Comprender lo que reflejan las cifras, tablas y gráficos relacionados con la aplicación de la Ley 26.331 requiere un esfuerzo significativo. Aunque la información disponible no es escasa, a menudo resulta compleja y puede generar desconfianza debido a su falta de claridad.
«Así es nuestro sector forestal», afirma, invitando a reflexionar sobre la necesidad de construir debates sólidos a partir de hechos concretos y no de buenas intenciones o voluntarismos, que según el autor, “pavimentan el camino al infierno”.
El ingeniero destaca que la complejidad de los datos, lejos de ser un impedimento, debe ser una herramienta para avanzar en la tan mencionada Política Forestal Nacional. Sin embargo, reconoce que el esfuerzo requerido para analizar textos extensos, tablas y gráficos muchas veces desanima a los lectores, pese a su relevancia.
«Espero que coincidan en que mi intención es fomentar una discusión seria sobre estos temas, que son clave para la construcción de nuestra política forestal», sostiene Elizondo.
Desde hace tiempo, el autor promueve un debate abierto, alejado de posiciones absolutas y dogmáticas, con el objetivo de aportar herramientas útiles para el desarrollo del sector forestal en Argentina.
Este análisis resalta la necesidad de optimizar la presentación y el acceso a los datos para fomentar una comprensión más eficiente y práctica de la información disponible.
DIRECTO AL GRANO
Las tablas Nº 1 y Nº 3 han sido confeccionadas a partir de los datos publicados en las infografías de la Fundación Vida Silvestre, disponibles en su sitio web oficial. Estas cifras corresponden a noviembre de 2023 y provienen del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable (MAyDS).
A pesar de la relevancia de la información, realizar comparaciones entre los datos resulta complejo, ya que no todos corresponden a los mismos períodos. Este detalle dificulta la utilidad práctica de las tablas presentadas, lo que, en palabras del autor, refleja una «información poco práctica».
Para acceder a las tablas y detalles adicionales, se puede visitar el sitio oficial de la Fundación Vida Silvestre en el siguiente enlace:
https://www.vidasilvestre.org.ar/fichas_de_bosques_2023
Al ingresar, se deben buscar las fichas bajo el título “Ley de Bosques Nativos” para obtener el material completo.
Las inconsistencias en los datos forestales
En la Tabla 3, se consignan las superficies deforestadas en zonas clasificadas como color Rojo (I) y Amarillo (II) según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Estas categorías corresponden a áreas donde, según la Ley 26.331, el cambio de uso del suelo está estrictamente prohibido. En otras palabras, no se puede eliminar bajo ninguna circunstancia el bosque preexistente.
La columna en cuestión incluye entre paréntesis el período en el que se produjeron los desmontes. Según el informe de referencia, los datos abarcan, como máximo, desde 2010 (inicio de la plena vigencia de la Ley 26.331) hasta 2023. Sin embargo, no todos los datos cubren el período completo, lo que dificulta establecer comparaciones o relaciones consistentes.
En la columna 3 se indican, en hectáreas, las superficies deforestadas ilegalmente por provincia. Siete de ellas (Chaco, Santiago del Estero, Salta, Córdoba, San Luis, La Pampa y Chubut) concentran 1.280.144 hectáreas deforestadas ilegalmente, lo que equivale al 87,9% del total nacional de 1.455.305 hectáreas.
Otras cuatro provincias (Misiones, Santa Fe, Entre Ríos y Jujuy) suman 97.137 hectáreas, representando el 6,67% del total. Estas 11 provincias concentran el 94,63% de la deforestación ilegal, mientras que las 12 provincias restantes acumulan apenas 78.024 hectáreas, lo que equivale al 5,36% del total nacional.
Desde la plena vigencia de la ley en 2009 hasta 2023 (14 años), la superficie de bosques nativos perdida parece ser del 2,73% del total determinado por el OTBN, equivalente a 53.302.729 hectáreas. Sin embargo, esta cifra genera dudas razonables, ya que existen importantes discrepancias en los inventarios oficiales:
- El Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, realizado antes del OTBN, arrojó una superficie de 31.443.873 hectáreas.
- El OTBN, por su parte, convalidó una superficie de 53.302.729 hectáreas.
- Según el reporte del MAyDS al Proceso de Montreal, se informó una superficie total de 25.590.000 hectáreas incluso después de validar los datos del Primer Inventario y del OTBN.
- Finalmente, el Segundo Inventario Nacional de Bosques Nativos presentó una cifra cercana a los 47.000.000 hectáreas.
Estas diferencias, que ascienden a millones de hectáreas, han sido convalidadas por el MAyDS sin explicaciones claras, lo que genera una sensación de inconsistencia y falta de rigor en la gestión de los datos forestales.
Inconsistencias estadísticas en los planes de manejo
Un ejemplo paradigmático de estas inconsistencias se observa en los datos de Neuquén y Río Negro. Según la columna 6, la superficie de bosques nativos sujetos a planes de manejo en estas provincias alcanza el 105,94% y 158,31%, respectivamente, en relación con la superficie total de bosques nativos declarados (columna 1). Esto significa que, según los datos oficiales, habría más superficie manejada que bosques existentes, una contradicción evidente que refleja las falencias en la recopilación y análisis de información.
Es necesario subrayar que estas discrepancias no solo son absurdas, sino que plantean serias dudas sobre la confiabilidad de las estadísticas forestales en Argentina. A pesar de estas evidencias, parece no haber un interés real en resolver estas contradicciones, tanto en lo que respecta a bosques nativos como a plantaciones forestales, donde también se observan datos inconsistentes.
La situación requiere mayor transparencia, rigor técnico y explicaciones consistentes para garantizar una gestión efectiva y sustentable de los recursos forestales. Sin estos elementos, las políticas públicas en el sector forestal corren el riesgo de basarse en fundamentos estadísticos débiles o erróneos.
Todo esto debería haber sido suficiente para considerarse un verdadero escándalo en la gestión de los recursos forestales nativos. Se han entregado miles de millones de pesos sin que nadie pueda explicar adónde fueron aplicados ni para qué propósito. ¡La información forestal parece tener un tinte surrealista!
Si los datos son correctos, resulta evidente que se ha pagado y/o se está pagando por el manejo de bosques que, en realidad, no existen. Además, poco se sabe sobre la consistencia de lo presentado como «planes de manejo», muchos de los cuales, sin cumplir con los requisitos, fueron aprobados como tales.
Desde otra perspectiva, según los datos disponibles, la pérdida de Bosques Nativos (BN) en 13 años fue del 2,73% del total existente, calculado sobre la superficie determinada en el OTBN (53.302.729 ha), una cifra que siempre hemos cuestionado. Ahora bien, si asumimos que la superficie total es más cercana a la estimada en el Primer Inventario Nacional de BN (31.443.873 ha), la tasa de deforestación, suponiendo que está correctamente calculada según la columna 3, ascendería al 4,63% de la superficie estimada en dicho inventario.
Por otra parte, si consideramos la superficie de BN informada en el Segundo Reporte al Proceso de Montreal (26.590.000 ha al año 2013, página 35), y nuevamente asumimos que la tasa de deforestación es la de la columna 3, el porcentaje de pérdida en 13 años sería del 5,47%. Finalmente, podríamos usar la estimación del Segundo Inventario Nacional de BN, cercana a 47.000.000 ha, aunque seguir este camino lleno de incertidumbres resulta innecesario. Lo expuesto hasta aquí es suficiente para ilustrar el problema.
Es evidente que estas cifras oscilan de manera sorprendente, sin explicaciones claras. ¡Superficies que crecen y disminuyen en rangos asombrosos, y parece que a nadie le preocupa semejante disparate!
Además, respecto a las superficies bajo planes de manejo reportadas en el informe de FVS según datos oficiales, se indica que 5.596.474 ha están siendo manejadas en el país, lo que significa que estas áreas continúan recibiendo fondos para actividades de manejo. Sin embargo, los datos generan dudas. Por ejemplo, para La Pampa se informan 2.504.777 ha de bosques manejados, lo que representa el 44,75% del total nacional bajo planes de manejo, una cifra que parece poco creíble.
Si agregamos las superficies bajo manejo de otras provincias, como San Juan (456.484 ha), Tucumán (233.483 ha), Córdoba (285.455 ha) y Río Negro (758.126 ha), estas cinco provincias concentran el 75,73% del total nacional, es decir, 4.238.325 ha. Este panorama resulta tan poco plausible que llama la atención que ninguna autoridad haya advertido sobre la insensatez de estos números. Todo apunta a un manejo deficiente por parte de las autoridades responsables de la Ley 26.331, y un aparente desinterés en investigar el destino de los fondos públicos. A mi juicio, esto amerita una auditoría completa sobre el funcionamiento de este sistema, que no dudaría en calificar como un «despilfarro de fondos públicos».
De ser ciertas estas cifras, implicaría que los bosques bajo manejo reciben intervenciones silvícolas diseñadas para mejorar su situación, basándose en revisiones periódicas de los planes de manejo y actualizaciones de los inventarios forestales iniciales. Sin embargo, estos datos siguen siendo desconocidos.
En relación con los inventarios forestales quinquenales, documentos obligatorios para estos planes, el inventario inicial representa la «línea de base» o «situación cero», es decir, el punto de partida desde donde se prescriben las intervenciones sobre la masa boscosa. Los inventarios posteriores deberían reflejar los ajustes y adaptaciones necesarias al plan de manejo inicial, permitiendo realizar las correcciones pertinentes.
Un Plan de Manejo (también denominado «Ordenación») es un proceso continuo que debe evaluarse periódicamente para analizar los resultados de las medidas aplicadas y realizar los ajustes necesarios.
Cito aquí el artículo 4° de la Ley 26.331, destacando en negrita la definición de «Plan de Manejo Sostenible»:
ARTICULO 4º — A los efectos de la presente ley se entiende por:
– Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos: A la norma que basada en los criterios de sostenibilidad ambiental establecidos en el Anexo de la presente ley zonifica territorialmente el área de los bosques nativos existentes en cada jurisdicción de acuerdo a las diferentes categorías de conservación.
– Manejo Sostenible: A la organización, administración y uso de los bosques nativos de forma e intensidad que permita mantener su biodiversidad, productividad, vitalidad, potencialidad y capacidad de regeneración, para atender, ahora y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes en el ámbito local y nacional, sin producir daños a otros ecosistemas, manteniendo los Servicios Ambientales que prestan a la sociedad.
– Plan de Manejo Sostenible de Bosques Nativos: Al documento que sintetiza la organización, medios y recursos, en el tiempo y el espacio, del aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, maderables y no maderables, en un bosque nativo o grupo de bosques nativos, para lo cual debe incluir una descripción pormenorizada del terreno forestal en sus aspectos ecológicos, legales, sociales y económicos y, en particular, un inventario forestal con un primer nivel de detalle tal que permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada una de las unidades de bosque nativo y a la estimación de su rentabilidad.
– Plan de Aprovechamiento del Uso del Suelo: Al documento que describe el objeto del aprovechamiento y especifica la organización y medios a emplear para garantizar la sustentabilidad, incluidas la extracción y saca.
Desde 2010 hasta la fecha del informe de FVSA, han transcurrido casi 14 años de manejo forestal. Según el informe, 5.596.474 hectáreas de bosques nativos (BN) estarían bajo manejo.
Sin embargo, no he podido acceder a los resultados de las medidas silvícolas que supuestamente se propusieron y aplicaron en este período. Tampoco he encontrado ningún informe periódico, que, según la normativa vigente, deben presentarse cada cinco años. A pesar de haber solicitado esta información por escrito a la Secretaría de Ambiente, no he recibido respuesta alguna, a pesar de tratarse de información pública.
En una aparente actualización del informe citado, FVSA presenta datos provenientes de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible (SAyDS) del año 2023. Esos datos no podrían tener más de dos meses de diferencia entre ambos informes. Esto plantea una interrogante: ¿qué pudo cambiar en un lapso tan breve, tanto en la información como en el estado de los bosques?
El primer informe indica que la superficie de bosques bajo manejo forestal asciende a 5.596.474 hectáreas, mientras que el segundo informe eleva esta cifra a 6.600.973 hectáreas. Esto supondría que, en solo dos meses, se habrían sumado 1.004.499 hectáreas bajo manejo.
Además, al analizar la cantidad de planes de manejo y conservación asociados, se menciona un total de 884 planes que corresponden, aparentemente, a proyectos desarrollados entre los años 2018 y 2021.
Si tomamos como referencia los datos del primer informe, el promedio de hectáreas manejadas por plan sería de 6.330 hectáreas. Con los datos del informe actualizado, el promedio aumenta a 7.467 hectáreas por plan. No obstante, no se proporciona información sobre la desviación estándar, lo que dificulta determinar cuántos planes superan la media y por cuánto, o cuántos están por debajo y en qué medida.
Es importante recordar que la estadística inferencial es una herramienta valiosa, siempre y cuando se respeten sus premisas. La falta de claridad en los datos presentados, así como las inconsistencias temporales, generan dudas razonables sobre la fiabilidad de esta información.
Finalmente, cabe mencionar que la tabla citada fue extraída del informe titulado «Estado de implementación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos» (diciembre de 2021) elaborado por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo la dirección del Ministro Juan Cabandié. Estos informes deberían servir como base para un análisis profundo y transparente del manejo forestal en el país, pero las incongruencias y vacíos informativos solo aumentan la incertidumbre sobre la gestión de nuestros bosques nativos.
Las columnas “Monto por plan $” e “Inflación Anual %” fueron agregadas para mejor comprensión de lo que significó la inflación en relación con los montos por plan y con el monto medio por plan. Con dos ejemplos alcanza.
El monto medio por plan del 2010 ($261.353 ajustado por inflación al 2020 significaría un valor a dicho año de $2.984.651). Obsérvese a lo que quedó relegado el monto del 2020. O era muchísimo lo que se entregaba en el 2010 o fue insignificante lo que se entregaba en el 2020. Todo lo expuesto hasta aquí parece ser consistente, la gestión de la ley 26.331 es un desastre.
Vemos así, que de la información oficial, surgen más dudas que certezas, no son pequeñas desviaciones, son 14 años de lo que he llamado despilfarro de dineros públicos y ya que tocamos este punto sensible hablemos un poco de ello.
Hablemos de dinero público
El siguiente párrafo, extraído del informe de FVSA, pone en evidencia que la Ley 26.331 no se cumple en lo referente al monto asignado para el «Enriquecimiento y Conservación de Bosques», así como a los fondos destinados al «Programa Nacional de Protección de Bosques Nativos», programa que, afortunadamente, ya ha sido eliminado.
Cita del informe:
«El Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2022 ha sido presentado por el Poder Ejecutivo para su tratamiento en el Congreso de la Nación. En su Artículo 18, determina que se asigna al Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos un monto de $1.212.415.000 (mil doscientos doce millones cuatrocientos quince mil pesos) y al Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos un monto de $120.000.000 (ciento veinte millones de pesos).
Sin embargo, el presupuesto estipulado corresponde apenas al 3% de lo que debiera destinarse para la protección de nuestros bosques, si la ley se cumpliera correctamente. Si bien el monto en pesos es el mismo que se asignó en el 2021, el porcentaje disminuye en comparación al presupuesto anterior y se trata del más bajo desde la implementación de la Ley 26.331 en el año 2009.»
¿Qué significa esto?
Si consideramos el presupuesto asignado para pagar las superficies bajo manejo, cada plan recibiría aproximadamente $216,63 por hectárea. Este monto resulta claramente insuficiente para garantizar un manejo y conservación efectivos de los bosques nativos.
Esto nos lleva a reflexionar: ¿es solo una cuestión de asignar más fondos para lograr un mejor manejo de los bosques? Según lo planteado por FVSA, se sugiere que un mayor presupuesto podría mejorar la situación. Sin embargo, cabe preguntarse si esta es una condición suficiente para alcanzar niveles adecuados de manejo forestal, o si existen otros factores que también están obstaculizando la correcta implementación de la ley.
Es evidente que algo no está funcionando correctamente. Los datos y las cifras que se presentan no solo reflejan un incumplimiento en la asignación presupuestaria establecida por la ley, sino también una falta de efectividad en los sistemas de gestión e implementación.
Para mayor claridad, transcribo el Capítulo 4 de la Ley 26.331, donde se define el «Programa de Protección de Bosques Nativos». Este marco normativo debería ser el eje rector para garantizar una gestión eficiente y sostenible de nuestros bosques, pero su aplicación parece estar muy lejos de cumplir con sus objetivos fundamentales.
Es hora de analizar con mayor profundidad no solo el presupuesto asignado, sino también los mecanismos de gestión, monitoreo y rendición de cuentas, fundamentales para proteger de manera efectiva el patrimonio forestal del país.
Capítulo 4 – Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos
ARTICULO 12. — Créase el Programa Nacional de Protección de los Bosques Nativos, el que será ejecutado por la Autoridad Nacional de Aplicación, y tendrá los siguientes objetivos:
- a) Promover, en el marco del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos, el manejo sostenible de los bosques nativos Categorías II y III, mediante el establecimiento de criterios e indicadores de manejo sostenible ajustados a cada ambiente y jurisdicción;
- b) Impulsar las medidas necesarias para garantizar que el aprovechamiento de los bosques nativos sea sostenible, considerando a las comunidades indígenas originarias que los habitan o dependan de ellos, procurando la minimización de los efectos ambientales negativos;
- c) Fomentar la creación y mantenimiento de reservas forestales suficientes y funcionales, por cada eco región forestal del territorio nacional, a fin de evitar efectos ecológicos adversos y pérdida de servicios ambientales estratégicos. Las citadas reservas forestales deben ser emergentes del proceso de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos en cada eco región y podrán incluir áreas vecinas a los bosques nativos necesarias para su preservación;
- d) Promover planes de reforestación y restauración ecológica de bosques nativos degradados;
- e) Mantener actualizada la información sobre la superficie cubierta por bosques nativos y su estado de conservación;
- f) Brindar a las Autoridades de Aplicación de las distintas jurisdicciones, las capacidades técnicas para formular, monitorear, fiscalizar y evaluar los Planes de Manejo Sostenible de los Bosques Nativos existentes en su territorio, de acuerdo a los criterios de sustentabilidad establecidos en el Anexo. Esta asistencia estará dirigida a mejorar la capacidad del personal técnico y auxiliar, mejorar el equipamiento de campo y gabinete y el acceso a nuevas tecnologías de control y seguimiento, promover la cooperación y uniformización de información entre instituciones equivalentes de las diferentes jurisdicciones entre sí y con la Autoridad Nacional de Aplicación.
- g) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración, aprovechamiento y ordenamiento según proceda.
…Y hablando en plata, he construido con los datos de las infografías del informe de FVS, la siguiente tabla Nº 3, que me llama mucho la atención y servirá para explicar que: más recursos no significan necesariamente más Bosques cuidados y mucho menos Ordenados/Manejados.
Tal como sugiere FVSA y demás defensores de este sistema, que por suerte parece haber dejado de funcionar.
La Tabla N° 3 revela una brecha significativa entre los montos efectivamente asignados y lo que debería haberse destinado conforme a la Ley 26.331.
- En 2023, solo se asignó el 10,36% de lo que correspondía por ley.
- Para 2024, la proyección es aún más alarmante: apenas un 6,4% de lo estipulado.
Calcular el significado real de estos montos, basándonos en la información del informe de FVSA, carece de sentido práctico. Esto se debe a que los datos financieros se presentan únicamente para 2023 y 2024, mientras que la columna 5 de la Tabla N° 1 muestra que las superficies bajo manejo corresponden, en la mayoría de los casos, a períodos que abarcan entre 3 y 5 años, y solo una provincia (Chaco) tiene datos actualizados al 2023.
Este desfase temporal y metodológico imposibilita cualquier comparación válida entre las cifras presentadas. Sin embargo, se mencionan asignaciones de fondos que suman miles de millones de pesos.
Reflexión: ¿Un intento de ocultar la realidad?
La falta de coherencia en la presentación de los datos plantea preguntas fundamentales:
- ¿Por qué no se transparentan claramente los fondos que ya fueron entregados desde 2009 hasta la fecha?
- ¿Se está utilizando esta ambigüedad para ocultar el verdadero estado de los recursos destinados a la conservación de los bosques nativos?
La situación demanda mayor claridad y responsabilidad en la gestión de los fondos públicos. La presentación de datos incompletos o inconsistentes no solo impide una evaluación objetiva, sino que también debilita la confianza en el sistema de administración de recursos naturales.
Es crucial que las cifras sean detalladas, actualizadas y comparables para entender realmente lo que ocurre con los fondos asignados y cómo se están utilizando en la práctica.
Sobre estas distorsiones caben reflexiones:
El siguiente párrafo es del informe de FVSA:
“¿Cuáles son los principales problemas de implementación que enfrentó la ley desde su sanción?
- La desfinanciación sistemática de la Ley: aunque desde la sanción de la ley las partidas presupuestarias en general han aumentado en valores absolutos, no ha habido un período donde el presupuesto asignado por el Congreso Nacional se correspondiera con lo que expresamente la norma establece. Desde 2014, la ley recibe menos del 10% de lo que corresponde. Los aumentos en valores absolutos no permiten aún una reducción significativa de la brecha entre lo que asigna y lo que la propia ley indica que debería asignarse año a año para la protección y manejo sustentable de nuestros bosques.”
¿Quiere decir esto que lo que sugiere FVSA es que se asignen la totalidad de los fondos que la ley manda para el sistema, pues esto garantizaría una sensible mejora en la conservación y el manejo sustentable de los bosques?.
A juzgar por lo que se ha visto de lo que ocurre con fondos públicos cuando el descontrol y la falta de transparencia es moneda corriente, es al menos una afirmación aventurada.
No parece ser muy diferente lo que ocurre con los fondos de la ley 26.331,a lo que vamos sabiendo ocurre con otros tantos …con lo cual¡está todo dentro de lo normal!.Es lo que más abunda en todas las áreas quemanejan fondos públicos y se evidencia cuando se auditan seriamente.
Es interesante entonces analizar los datos de la Tabla Nº 1 del presente informe, ya que con los de la Tabla 3 o sea dineros públicos, poco es lo que se puede hacer seriamente, más allá de hablar de despilfarro.
Sería interesante conocer si por esas superficies de Planes de manejo se han pagado los subsidios correspondientes. Si así fuese estaríamos hablando de delitos graves con fondos públicos. Nada hay en el informe sobre ello. ¿No llama la atención que sobre este punto nada se informe?
El recuadro muestra el texto del artículo 14 de la ley 26.331, no parece ser necesario explicar que significa, es bastante claro y taxativo.
ARTICULO 14. — No podrán autorizarse desmontes de bosques nativos clasificados en las Categorías I (rojo) y II (amarillo).
Pero veamos lo que ocurre desde el 2010 según el informe de FVS
Con Neuquén, llama la atención la superficie total de bosques de la provincia, es de543.917 ha, y la total de bosques bajo manejo es de 576.236 ha. Reitero¡más superficie bajo manejo que la de bosques que tiene la provincia!.Y tiene 15 “Planes Anuales” en Ejecución,(1 de “Manejo Forestal” y 14 de “Conservación”)
Veamos lo que ocurre con Río Negro, que según reza el informe tiene afectada por dichos Planes el 158,31% de la superficie de bosques declarada, (478.900 ha) y tendría bajo Manejo 758.126 ha ¿A nadie llamó la atención este disparate? y tiene solo 6” Planes de Manejo” y 3 de “Conservación” operativos.Reitero, ¡Mucha más superficie bajo manejo que de bosques existentes!Llama la atención también, la superficie declarada como afectadas a “Planes de Manejo”,solo 6 planes y 3 de “Conservación”. El promedio de superficie por plan sería de 53.211 ha.¡Muy poco probable que así sea!
Otro ejemplo extraño, es el de de la provincia de La Pampa, tiene 2.504.777 ha bajo manejo, sobre un total de bosques informado de 3.343.376 ha. El 74,85% de la superficie declarada en el OTBN estaría afectada por planes de conservación o manejo. Nos gustaría conocer si no todos, algunos de los planes de manejo que se han aprobado, pues expresa el informe que al año 2023, solo hay 4 “Planes de Manejo” operativos y ninguno de“Conservación”.
Si así fuese, cada uno de esos 4 planes sería sobre una superficie promedio de 626.194,25 ha. Téngase en cuenta que sobre esa superficie de Bosques Manejados de La Pampa, se debieron realizar los inventarios forestalesque exige la norma y se deben estar aplicando medidas silvícolas prescriptas en dicho planes. Todo muy poco creíble.
Luego Santa Cruz con 298.482 ha bajo manejo sobre un total de Bosques de 523.818 y solo 6 “Planes Operativos Anuales”, 3 de Manejo y 3 de Conservación.
Córdoba, que declara 2.923.985 ha de Bosques, 285.455 ha afectadas por planes de manejo de los cuales 451 son operativos anuales en ejecución, y hay de” Manejo Forestal” solo 4, y447 son de “Conservación”. Esto da en promedio por Plan de Manejo 633 ha¿no llama la atención si esos datos son ciertos, porqué en La Pampa la media por plan sería de 626.194,25 ha y en Córdoba solo 633 ha de media por plan?.
Santiago del Estero, tiene de BN 7.108.203 ha, el 4% clasificadas como III verdes (Cambio de uso del suelo) pero entre el 2009 y 2022 deforestaron603.705 ha en zonas I Rojo y II Amarillo; está clarísimo el nivel de descontrol de la provincia, 46.439 ha de media de deforestación anual solo en zonas prohibidas categorías I y II ¿y la Nación?, ¿nadie se da cuenta de nada?
Misiones, el 77% de lo deforestado se realizó entre el 2010 y 2022 en zonas prohibidas categorías I y II Chaco, aprobó el 30/04/2024 por ley 423 su nuevo OTBN ¡y vaya si avanzó!, incorporó más de 400.000 ha que estaban en Categoría II amarillo a Categoría III verde, o sea que a partir de esa fecha esanueva superficie susceptible de cambio de uso del suelo se podrá deforestar definitivamente. Ya hay denuncias de que se han hecho entre funcionarios y propietarios buenos negocios inmobiliarios.
Greenpeace, dice que de sus monitoreos de deforestación, en el año 2023, Chaco deforestó 57.343 ha. Recodamos que según el informe de FVS entre el 2009 y el 2020, 13 años, Chaco perdió de superficie de bosques categorizadas como rojas y amarillas, o sea con prohibición de ser deforestadas, 153.483 ha a una media de 11.806 ha/año
Podría seguir con la lista de lo que se declara ocurre en las provincias, pero no tiene sentido. Es suficiente para demostrar que algo anda muy mal en todo el sistema.
¿Qué puedo agregar? Si, un dato más, según la ley y la reglamentación, para los planes de Conservación que se pretendan realizar en zonas Rojas I, según el artículo 32 inciso c de la ley-que transcribimos- establece que las jurisdicciones que reciban fondos del “Fondo para la conservación de los Bosques Nativos”, deberán ser mayores los asignados a la categoría I Rojo, que a la categoría II Amarillo. Nos parece que carece de sentido y es de muy difícil aplicación. Nada se sabe al respecto.
ARTÍCULO 32 .- La Autoridad Nacional de Aplicación juntamente con las autoridades de aplicación de cada una de las jurisdicciones que hayan declarado tener bosques nativos en su territorio, determinarán anualmente las sumas que corresponda pagar, teniendo en consideración para esta determinación:
- a) El porcentaje de superficie de bosques nativos declarado por cada jurisdicción;
- b) La relación existente en cada territorio provincial entre su superficie total y la de sus bosques nativos;
- c) Las categorías de conservación declaradas, correspondiendo un mayor monto por hectárea a la categoría I que a la categoría II.
¿Cuáles son los objetivos alcanzados con la ley 26.331?
Un colega al comentarle esta forma de analizar la Información oficial que presenta en fichas infográficas la FVS, dijo sorprendido, ¡esto sería como recomendar para curar a un ebrio, totalmente ebrio … que consuma más alcohol!
La situación actual de la aplicación de la ley¿no es un dislate total?¿no queda clara con estos datos,la necesidad de generar una auditoría técnica de envergadura con mucho trabajo de campo? ¿Es una opción razonable seguir despilfarrando recursos públicos?.
LO QUE NO SE MIDE NO SE CONOCE… Y MENOS AÚN SI SE MIDE MAL
¿Es posible gestionar con esta herramienta? ¿Se puede planificar con semejante desorden de cifras e inconsistencias? ¿Nadie controla? ¿Nadie revisa? Y los propietarios de bosques nativos, que son los destinatarios finales de los fondos, ¿no están sujetos a auditorías?
La actitud parece ser: sentarse cómodamente bajo “el olmo bucólico” y esperar que algo suceda. Si, por casualidad, apareciera el mismísimo Alejandro Magno para preguntar qué deseamos, ¿responderíamos como lo hizo Diógenes “el cínico” en el año 390 a. C.?
“No seré yo quien te impida cumplir tus deseos. Por favor, apártate y deja que los rayos del sol lleguen a mí, que es lo único que necesito en este momento”.
Este pasaje histórico, aunque metafórico, refleja una realidad preocupante: la inacción, la falta de control y la ausencia de planificación estratégica dejan en manos del azar o del tiempo la responsabilidad de resolver problemas complejos. Es momento de abandonar la apatía y asumir un rol más activo en la gestión de nuestros recursos.
