En el texto publicado en el Boletín Oficial establece: «Declárase finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, establecida en el artículo 1º de la Ley Nº 26.160, y la suspensión dispuesta en el artículo 2° de la mencionada ley, a partir de la entrada en vigencia del Decreto 1083/2024 publicado este lunes 9 de diciembre.
Buenos Aires (9 de diciembre de 2024).- En un giro significativo respecto a la gestión de los derechos territoriales indígenas, el presidente de la Nación Javier Milei emitió un decreto que finaliza la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras ocupadas por comunidades indígenas, establecida por la Ley N.º 26.160 desde 2006.
La medida busca restablecer los derechos de los legítimos propietarios, poner fin a los desalojos suspendidos y resolver los conflictos relacionados con la ocupación de tierras.
Antecedentes y argumentos
La Ley N.º 26.160, sancionada en 2006, declaró una emergencia territorial con el objetivo de proteger las tierras ocupadas por comunidades indígenas, suspendiendo desalojos y promoviendo la regularización de su situación legal.
Los desalojos estaban suspendidos ya que en la Ley 26.160 se establecía que el Estado Nacional debía realizar un «relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación del dominio de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas» en un plazo de 4 años.
Sin embargo esto no se cumplió, y esta medida fue prorrogada en varias ocasiones, extendiendo su vigencia por 18 años.
El decreto del presidente Milei argumenta que las continuas extensiones han generado inseguridad jurídica, afectando el derecho de propiedad privada protegido por el artículo 17 de la Constitución Nacional.
Además, señala abusos en el reconocimiento de comunidades indígenas y un incremento en los conflictos territoriales, incluyendo actos violentos y ocupaciones ilegales que habrían perjudicado tanto a ciudadanos como a las provincias.
Entre las principales disposiciones del decreto, se establece:
-Derogación del Decreto 805/21: Se elimina la última prórroga que extendía la emergencia hasta noviembre de 2025.
-Finalización de la emergencia: A partir de la publicación del decreto, cesa la suspensión de desalojos y se restablece el pleno derecho de los propietarios sobre las tierras en disputa.
-Notificación al Congreso: Se dará cuenta del decreto a la Comisión Bicameral Permanente para su tratamiento.
Impacto y reacciones esperadas
El Gobierno sostiene que esta medida contribuirá a la pacificación de los conflictos territoriales, incentivará inversiones y restablecerá la confianza en el sistema jurídico. Sin embargo, podría enfrentar críticas de sectores indígenas, organizaciones de derechos humanos y académicos que ven esta decisión como una amenaza a los derechos constitucionales de las comunidades originarias.
La implementación de este decreto plantea desafíos en la resolución de los cientos de conflictos judicializados que aún persisten, y podría marcar un nuevo capítulo en las políticas de reconocimiento y gestión territorial de los pueblos indígenas en Argentina.
