Representantes y asesores de comunidades Mbya Guaraní cuestionaron la falta de consulta previa, libre e informada en acuerdos que involucran a sus territorios, y que fueron firmados esta semana por la empresa forestal y el organismo provincial. Otro episodio de conflicto se vivió en San Ignacio, entre miembros de la comunidad Mbokajaty, asesores de EMIPA (Equipo Misiones Pastorial Aborigen) y vecinos del Teyú Cuaré.
Fuente: EMIPA
MISIONES (30/11/2024).- La Dirección de Asuntos Guaraníes (DAG), del gobierno de Misiones, firmó recientemente un convenio con la empresa forestal Arauco Argentina S.A., multinacional que posee más de 220 mil hectáreas de tierra en Misiones, donde coexisten en territorialidad y usos tradicionales con una veintena de comunidades Mbya Guaraní, y con dos de ellas, se encuentran en conflicto.
El acuerdo firmado recientemente, fue declarado incluso de Interés Provincial por la Cámara de Representantes de Misiones, lo que generó indignación entre líderes indígenas por ignorar el derecho de consulta previa, libre e informada, garantizado por la Ley 24.071 y el Convenio 169 de la OIT.
Según el comunicado oficial, el convenio busca fomentar el “fortalecimiento y desarrollo” de las comunidades Mbya. Sin embargo, líderes indígenas denuncian que nunca fueron consultados ni informados sobre el acuerdo, cuestionando los verdaderos intereses detrás de la alianza.
Conflictos previos con Arauco
El historial de conflictos entre Arauco y comunidades Mbya incluye episodios como el incendio de Tekoa Puente Quemado II en 2022, causado por plantaciones de pinos de la empresa. Desde entonces, la comunidad ha enfrentado propuestas consideradas extorsivas, como intercambiar servicios básicos por el permiso para continuar sus operaciones extractivas.
Santiago Ramos, Mburuvicha de Puente Quemado II, expresó: “No se hizo la consulta, ni se llamó a las comunidades. Asuntos Guaraníes y el municipio saben que estamos en conflicto con la empresa, pero actúan como si estuviéramos de acuerdo. No queremos que vuelvan a invadir y destruir nuestro territorio”.
Además, Ramos criticó las supuestas intenciones de la empresa: “Una empresa nunca viene a fortalecer a una comunidad, tenemos nuestra propia manera de vivir”.
En Alecrín, otra comunidad Mbya, también denunciaron invasiones de Arauco bajo el pretexto de proyectos de conservación que ignoraban los derechos indígenas. Sebastián Benítez, Mburuvicha local, lamentó:
“Nos sentimos avasallados por la empresa y por Asuntos Guaraníes, que en lugar de luchar con las comunidades, están en contra”.
Fracasa reunión en San Ignacio: tensiones y falta de condiciones para el diálogo
Otro episodio de conflicto se vivió en San Ignacio, donde integrantes de la comunidad Mbokajaty, acompañados por asesores de EMIPA (Equipo Misiones Pastorial Aborigen), fueron invitados por la DAG a una reunión con vecinos del Teyú Cuaré.
El encuentro se vio frustrado cuando se intentó impedir la participación de los asesores de EMIPA, requisito garantizado por ley. Esta situación generó un ambiente de hostilidad, llegando a enfrentamientos físicos y verbales por parte de vecinos como Roberto Bonetti, quienes obligaron al equipo de EMIPA a retirarse.
Silvio Méndez, representante legal de Mbokajaty, denunció la discriminación sufrida:“Decían que era una mesa de diálogo, pero fue una mesa de discriminación. Pedimos que nuestros asesores nos acompañen, como es nuestro derecho, pero no aceptaron. Tuvimos que retirarnos”, expresó.
La comunidad Mbokajaty señaló que su intención era escuchar, regresar a la comunidad para deliberar en conjunto y tomar decisiones colectivas. Sin embargo, la falta de condiciones igualitarias y el maltrato hacia sus asesores imposibilitaron el diálogo.
Derecho a la consulta y participación
El Convenio 169 de la OIT y la Ley 24.071 en Argentina garantizan el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, así como el acompañamiento de intérpretes y asesores en instancias de negociación. Las comunidades Mbya exigen que estos derechos sean respetados y que cesen las decisiones unilaterales que comprometen su territorio y forma de vida.
Sebastián Benítez concluyó: “Es inaceptable que los intereses privados prevalezcan sobre nuestros derechos colectivos”, concluyó
