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Forestadores deberán superar irregularidades para continuar recibiendo los subsidios

Para Nación existe un alto grado de incumplimiento en la operatoria

El gobierno nacional garantiza la continuidad de la operatoria de la ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, pero considera necesario ajustar los procesos administrativos en forma conjunta con las provincias, debido “a las reiteradas inconsistencias que se detectan en las presentación de los proyectos y que exige la norma para recibir los beneficios”.

Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES Y POSADAS(14/10/2004).- Con la presencia de más de 60 representantes de todo el país de entidades madereras, organizaciones, cámaras empresarias, direcciones de Bosques de las provincias forestales, productores, profesionales y técnicos; el Subsecretario de Economía Agropecuaria, Javier de Urquiza, se encargó de realizar la apertura de la tan esperada reunión de Comisión Asesora de la ley 25.080 que se llevó a cabo en el microcine de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, el miércoles pasado. “Después de la última reunión de abril nos volvemos a encontrar en éste ámbito, y si bien entiendo la preocupación que se generó en los últimos meses en el sector, lo que quiero transmitir es que el gobierno nacional brinda un fuerte apoyo a la actividad forestal con todas sus implicancias, por ello, también quiero pedirles que aprovechen este marco para plantear todas sus dudas e inquietudes, y que finalmente la reunión termine apuntando a esclarecer el funcionamiento de la operatoria”, lanzó el funcionario. La reunión estuvo coordinada por el jefe de Asesores de la Subsecretaría Agropecuaria, Carlos Milicevic, actualmente a cargo de la Dirección de Forestación, tras el alejamiento del ex director, José Darraidou, quien fue separado de sus funciones en forma transitoria por una denuncia anónima sobre supuestas irregularidades en la aplicación de los beneficios de la ley. También estuvo la Dra. Ester Malacari, la nueva funcionaria que cobró protagonismo ante la decisión del Secretario de Agricultura, Miguel Campos, de colocarla en el área para “ordenar legalmente” la administración forestal, hasta tanto se concluya con la auditoría que pesa sobre el organismo; junto al Coordinador de Políticas Foresto-industriales, José Amigo; y el secretario de la Comisión Asesora, Jorge Scarpa. subtitulo/Disculpas/subtitulo Milicevic pidió disculpas a los integrantes de la Comisión por no convocar con anterioridad a una reunión, y por el silencio de los últimos meses, pero planteó con franqueza que “ante las circunstancias vividas nos quedaban sólo dos opciones: paralizar la operatoria (cosa que no sucedió), o avanzar con las dificultades; y eso es lo que estamos haciendo. Pero primero queríamos informarnos bien de la situación para ver que salida podemos encontrar para mejorar el mecanismo de la operatoria”, dijo. El funcionario aclaró que “la denuncia cayó sobre la Dirección de Forestación -no sobre una persona sino sobre el organismo-, y también afecta la operatoria utilizada por algunas empresas. Por lo tanto, el Secretario (Miguel Campos) resolvió brindar toda la información necesaria para que se avance en la investigación, tomó una decisión proactiva para que se averigue que estaba pasando en los estamentos del Estado, dado que esta situación no sólo afecta a la actual gestión, sino a gestiones anteriores”, explicó. Así, el área forestal de Agricultura tiene hoy cinco frentes que atender: el área de Sumario –que identifica procesos, solicita información de expedientes particulares, volumen de plantaciones, etc-; Economía, que junto a Sumario verifican inconsistencias en la operatoria y “sugieren” cambios de gestión en el procedimiento de la norma; la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que junto a la Aduana también empiezan a verificar expedientes y crece la rueda de “reanálisis” y “reconsultas”; la denuncia ante la Oficina Anticorrupción que derivó en una causa penal ante el Juzgado del Dr. Urzo que investiga “malversación de fondos, estafa; y mal desempeño de funcionario público”, etcétera; y un foro penal administrativo sobre algunas de las empresas involucradas en la investigación. subtitulo/Incumplimientos/subtitulo Sumado a esto, Milicevic planteó que paralelamente se realizaron revisiones sobre los expedientes e inspecciones para corroborar el estado de las plantaciones que fueron certificadas, y se encontraron un alto grado de “inconsistencias, irregularidades e incumplimientos de parte de los forestadores para cumplimentar los requisitos que establece la norma para percibir los beneficios”. Misiones, fue una de las provincias «modelos» que mencionaron en forma reiterada en la reunión, en cuanto al «alto grado de incumplimientos», principalmente en el segmento de Planes Agrupados de pequeños productores. “Esta gestión de gobierno en 2003 liberó 45 millones de pesos para el pago de planes forestales, este año –con todos los inconvenientes- hemos destinado casi 15 millones de pesos, y tenemos 30 millones para pagar en el próximo trimestre. Entonces, el sector debe entender con esto que la operatoria no está paralizada, sino que estamos en una etapa difícil, que nos afecta a todos, y que genera algunos retrasos. Y a diferencia de años anteriores, los fondos están, pero también es cierto que existen irregularidades o inconsistencias administrativas en las solicitudes de plantaciones presentadas que deben resolverse, y en eso les pedimos que colaboren y participen para que encontremos una solución práctica, en el marco de la normativa y de la actividad”, propuso el funcionario nacional. La respuesta del sector privado en la sesión fue inmediata, dado que la burocracia administrativa de la operatoria es uno de los puntos que desde hace más de un año vienen reclamando un cambio al Estado, “y son justamente estos inconvenientes los que impiden cumplir el espíritu de la ley, que es incrementar la masa forestal del país”, remarcaron algunos productores. subtitulo/La verdad, duele/subtitulo Los planteos de los integrantes de la Comisión llevaron naturalmente a que Ester Malacari -quien por primera vez se encontraba frente al sector, tras tomar conocimiento por los medios de prensa del malestar de algunos actores con su actual conducción -decida tomar la palabra. “Ha existido y existe un gran desorden administrativo, y hace muchos años aprendí que la buena voluntad en los manejos de los fondos públicos no basta, entonces, creo uno -lamentablemente- toma conciencia de ello cuando pasan cosas como las que hoy estamos enfrentando. En su momento, en lugar de buscar una solución, buscaron simplificar la normativa, pero por apartarse de lo que dice la ley, hemos llegamos a los resultados que hoy estamos viviendo”, apuntó. De esta manera, la funcionaria recalcó en la reunión a los productores que “ si bien venimos de una larga historia de tropiezos con el tema del financiamiento, la decisión en este momento es poner en orden administrativo en la Dirección, el manejo de la Ley, y la Normativa. En el medio de todo esto hay muchísimo trabajo, cosas atrasadísimas, por ejemplo, cuando veo los listados de que aún no se pagó el 10 o 15% de la campaña 2000, o 2001, y mayor es mi preocupación cuando no veo donde esta el listado del 2002 (todavía no lo tenemos), porque debido a esta presión seguramente vamos a tener todo lo del 2002, y se nos va a juntar aparte del 99, del 2000 y 2001, con el 2002. De todas maneras, el tema es que no por apurarnos en los pagos, vamos a obviar los requisitos que son básicos, podemos buscar ciertas alternativas. Nosotros tratamos de imprimirle la máxima celeridad posible a nuestra tarea, pero sepan que no por apurarnos en los pagos vamos a saltear pasos administrativos que fija la ley 25.080”, aseveró la funcionaria. Por otra parte, respondió a los actores que cuestionaban su accionar en el área con una postura extremadamente estricta, y respondió que “hay mucho esfuerzo de parte de la Dirección para sacar los pagos, pero si tenemos que ceñirnos a la ley no podríamos pagar ningún plan, y por el contrario, nosotros estamos tratamos de sacar rápido todos los pagos, pero obviamente todo lo hacemos es de acuerdo a las normativas en vigencia». En este sentido, agregó que “ahora estamos avanzando en conversaciones con las provincias, pero cualquier modificación que se esta planteando es para acercarnos y para simplificar las tramitaciones. Las provincias van a seguir teniendo su función pero de todas maneras, entendemos que tiene que existir determinada inmediatez entre el agente pagador (que somos nosotros) y el productor. Cuanto más achiquemos este camino , es más fácil agilizar el sistema”, aseguró.

Por Patricia Escobar

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