CHILE (22/10/2026).- Empresas CMPC acordó la venta de aproximadamente 60 mil hectáreas de terrenos y activos forestales en la Región del Maule por US$365,5 millones, en una operación que permitirá a la compañía mantener el abastecimiento de madera para sus procesos industriales mediante un contrato comercial de largo plazo.

La transacción fue comunicada a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a través de un hecho esencial.

Según el documento, la filial Forestal Mininco suscribió un contrato de compraventa con Bosques San Pedro SpA, sociedad perteneciente al grupo J.P. Morgan Natural Capital.

Los terrenos involucrados representan cerca del 5% de la superficie total de terrenos forestales de CMPC. Los activos corresponden principalmente a plantaciones productivas de pino radiata, destinadas a la actividad forestal.

El precio acordado asciende a US$365,5 millones, monto sujeto a los ajustes habituales contemplados en este tipo de operaciones.

El mecanismo de pago establece que una parte del monto será entregada al concretarse el cierre de la operación, mientras que el saldo se pagará a medida que los respectivos inmuebles queden inscritos a nombre del comprador.

De acuerdo con las estimaciones de la compañía, este proceso debería completarse durante los próximos tres meses.

Mientras se materializan las transferencias, Forestal Mininco mantendrá la continuidad de los compromisos contractuales relacionados con proveedores y clientes vinculados a los activos que forman parte de la venta.

CMPC mantendrá el suministro de madera

Uno de los elementos centrales del acuerdo es que la venta de los terrenos no implica el término de la relación comercial entre CMPC y el nuevo propietario de los activos forestales.

La operación contempla un contrato de suministro de madera a largo plazo, mediante el cual la compañía continuará adquiriendo volúmenes de madera provenientes de los predios vendidos.

Este mecanismo busca asegurar el abastecimiento necesario para las operaciones industriales de CMPC, especialmente para su planta de cartulinas ubicada en la Región del Maule.

La fórmula permite a la empresa desprenderse de parte de sus activos forestales y, al mismo tiempo, conservar el acceso a la materia prima que requiere para mantener sus procesos productivos.

CMPC anticipó que la transacción tendrá un efecto positivo en sus resultados financieros. Según lo informado por la compañía, ese impacto se reflejaría entre el cuarto trimestre de 2026 y el primer trimestre de 2027.

Sin embargo, la empresa precisó que todavía no es posible establecer con exactitud el monto del efecto financiero que generará la operación.

La venta se enmarca en una decisión que modifica parcialmente la composición de los activos forestales de CMPC, sin interrumpir el vínculo comercial que mantiene con los predios mediante la compra de madera para sus actividades industriales.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ARGENTINA (23/9/2026).- El II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC® América Latina fue presentado el miércoles 9 de septiembre de 2026 en el Hotel Village Cataratas de Puerto Iguazú, en la ecorregión del Bosque Atlántico (Misiones), organizado conjuntamente por FSC Latinoamérica, FSC Argentina y FSC Brasil, y contó con la cobertura exclusiva de ArgentinaForestal.com.

Bajo la consigna central de analizar el paso «del impacto medido al impacto financiado», el encuentro tomó una relevancia estratégica para la región al reunir al sector financiero, organismos internacionales, empresas, gobiernos, la academia y comunidades locales con un propósito decisivo: articular mecanismos para financiar la conservación, la restauración y el manejo forestal sostenible con impacto verificado en el corazón de la Selva Paranaense.

Durante el Panel 3, titulado «Fuentes de financiamiento para la protección de la naturaleza» y moderado por Steve Edwards (FSC Internacional), los especialistas abordaron las vías concretas para la captación de recursos. La mesa contó con la participación de Mariano Cirone (PNUMA/UN-REDD), Rodrigo Tornquist (Observatorio de Capital Natural para América Latina y el Caribe – OCN LAC), Fabián Farkas (Director Comercial de FSC Internacional), María Sosa y Thomas Van Der Swalow (Servicios Ecosistémicos de FSC Países Bajos).

Mariano Cirone centró su intervención en la evolución de los mercados voluntarios de carbono y el viraje hacia esquemas jurisdiccionales como respuesta a la crisis de credibilidad registrada entre 2021 y 2023. El especialista detalló el impacto económico de las denuncias por falta de integridad ambiental y social:

• Evolución del mercado global: La movilización de recursos pasó de USD 320 millones en 2019 a un pico de USD 2.100 millones en 2021, para luego caer drásticamente a USD 755 millones en 2023 tras revelarse inconsistencias técnicas en diversos proyectos.
• Consecuencias operativas: La pérdida de confianza provocó el cierre de empresas desarrolladoras, la cancelación de iniciativas y la salida de inversores clave.
• Pilares de la integridad: Cirone enfatizó que la recuperación del mercado exige resolver tres frentes: la contabilidad precisa (garantizando la adicionalidad de cada tonelada de $CO_2$ y fijando líneas de base reales, no infladas), la salvaguarda social (evitando impactos negativos sobre comunidades locales y biodiversidad) y la debida diligencia.

El representante de PNUMA/UN-REDD explicó que la actualización de estándares metodológicos (como ART TREES y JNR) busca erradicar desviaciones, si bien genera un incremento en los costos de transacción.

En este terreno, Cirone destacó que el programa de la provincia de Misiones se convirtió en el primer registro jurisdiccional a nivel mundial, constituyendo un ejemplo de cómo los mercados de carbono pueden apalancar las políticas públicas locales.

El «unicornio» del financiamiento: traducir lenguajes entre la banca y el territorio

En el marco del foro, las reflexiones compartidas por Rodrigo Tornquist -politólogo, docente y experto argentino en políticas de desarrollo sostenible, cambio climático y finanzas para la naturaleza- aportaron un análisis crítico sobre la disponibilidad real de capitales para la conservación. Tornquist recurrió a la metáfora del «unicornio» para ilustrar la situación actual: aunque existe la voluntad compartida de gobiernos, comunidades e instituciones financieras por fondear la naturaleza, el esquema ideal de financiamiento a la escala requerida aún no existe en la práctica.

Desde la perspectiva del especialista, superar esta barrera exige construir puentes de comunicación y entendimiento político entre actores que históricamente han hablado lenguajes diferentes: los desarrolladores tecnológicos, la comunidad científica, las empresas forestales y los analistas de riesgo de los bancos.

Para lograr que los proyectos piloto escalen y se repliquen en los territorios, Tornquist destacó los siguientes aspectos:

• Observatorio de Capital Natural (OCN LAC): Iniciativa regional creada junto a diversas organizaciones para impulsar la agenda de capital natural, fortalecer capacidades locales y generar condiciones habilitantes que atraigan inversiones hacia economías positivas para la naturaleza.
• Gestión del riesgo ante eventos extremos: Frente a la presencia del fenómeno El Niño y sus impactos en lluvias, sequías e incendios, instó a priorizar la planificación y la preparación preventiva sobre la simple gestión de emergencias, tratando a los bosques y humedales como infraestructura natural de protección.
• Pobreza de modelos rígidos: Subrayó la necesidad de aplicar creatividad y diálogo multisectorial para diseñar soluciones a medida de cada territorio, evitando modelos que sacrifiquen la producción de alimentos o la rentabilidad empresarial.

En una entrevista con ArgentinaForestal.com en el marco del II Foro de Servicios Ecosistémicos FSC® América Latina, el exdirector de Cambio Climático de la Nación y referente de la OCN LAC analizó en detalle los desafíos para canalizar inversiones reales hacia la conservación, la urgencia de gestionar el riesgo ante eventos extremos como El Niño y la certificación como herramienta de transparencia.

Su análisis fue un alerta, dejó una llamada de atención urgente: acelerar la preparación frente a eventos climáticos extremos y construir confianza, estándares técnicos y consensos sólidos para que el capital pueda fluir de manera efectiva hacia proyectos con impacto verificable.

«Hay que tener esperanza. La naturaleza no perdona; nuestra mejor opción es aliarnos con ella. Muchos países lo están haciendo: Brasil, Chile y Perú ya cuentan con esquemas de pago por servicios ecosistémicos, y en el sector privado están pasando muchas cosas al revisar sus cadenas de valor. Aunque el Foro Económico Mundial está analizando el tema, aún no existe un modelo único; se diseña muy a medida. Por eso conviene tener coraje, ser creativos y colaborar. Los seres humanos salen adelante cuando actúan de forma colectiva», enfatizó Tornquist.

Al abordar la viabilidad del financiamiento de la naturaleza, el especialista expresó inquietud sobre la falta de entendimiento entre los actores clave. Advirtió que el sistema financiero, los desarrolladores tecnológicos y la comunidad científica suelen hablar en «idiomas» totalmente diferentes: «Pueden estar dos años encerrados en la misma oficina y, aunque posiblemente estén hablando de lo mismo, no se entienden por la terminología con la que se manejan en sus respectivos mundos. Para financiar la naturaleza nos toca crear puentes, ser traductores, construir consensos y lograr entendimiento político. Hay que comprender que esto beneficia a todas las partes: un proyecto piloto bien estructurado puede convertirse en un gran negocio que genere empleo, eleve la productividad y reduzca riesgos operacionales», enfatizó el experto.

Tornquist remarcó que el único camino posible es el diálogo interdisciplinario. Si bien existen barreras políticas y fallas de liderazgo, destacó la fortaleza de las iniciativas comunitarias en la región que demuestran que el modelo es viable: «Las comunidades están organizadas en muchos casos; hay proyectos piloto en la región que ya son realidades tangibles por su impacto verificado en el territorio y ofrecen oportunidades replicables. Hace unos meses creamos el Observatorio de Capital Natural para América Latina y el Caribe (OCN LAC), integrado por prestigiosas organizaciones. Allí buscamos aprender de manera colectiva e impulsar la agenda de capital natural y financiamiento regional, fortaleciendo capacidades, promoviendo el diálogo y generando condiciones virtuosas para movilizar inversiones hacia economías positivas para la naturaleza».

La naturaleza como infraestructura frente a la hostilidad climática

Para el exdirector de Cambio Climático de la Nación, la crisis ambiental actual excede lo estrictamente climático: la evidencia científica indica que múltiples factores que sostienen el funcionamiento del sistema planetario están siendo desafiados. Bajo esta premisa, advirtió que en la actualidad no basta con «ser sostenibles», sino que es indispensable aprender a operar en un entorno cada vez más hostil caracterizado por riesgos sistémicos que alteran la certidumbre ecológica.

Respecto al fenómeno El Niño —cuyos efectos de mayor severidad se prevén entre octubre y febrero con eventos de lluvias extremas, olas de calor, inundaciones, sequías e incendios—, Tornquist instó a cambiar el paradigma de gestión:«Esto ya es una realidad. Por eso hay que priorizar la gestión del riesgo sobre la simple gestión de la emergencia. Negar la realidad no es una estrategia. Hay que prepararse, organizarse y establecer protocolos familiares y comunitarios —que abarquen información, puntos de encuentro, suministro eléctrico y dependencias médicas— para salvar vidas y reducir pérdidas materiales».

En esa misma línea, sostuvo que la política ambiental debe ocupar un rol central en la estrategia de desarrollo, considerando a la naturaleza en buen estado (bosques y humedales) como la mejor infraestructura de defensa ante desastres naturales:«Debemos integrar de manera equilibrada los aspectos social, humano, ambiental y económico, evitando modelos que sacrifiquen la producción de alimentos o el margen de lucro. Necesitamos redefinir el modelo de desarrollo mediante el diálogo, la creatividad y consensos multisectoriales».

La certificación FSC como garantía de integridad

Finalmente, el especialista analizó el contexto político y económico nacional y global, señalando en la entrevista que mantiene las esperanzas que cambie el rumbo, aunque persistan posturas negacionistas en ciertos gobiernos, el mercado internacional se mueve por la calificación de riesgos que realizan bancos, aseguradoras y fondos de inversión, así como por las cláusulas ambientales crecientes en los acuerdos comerciales.

En este contexto, valoró a la certificación FSC de Impacto Verificado como una herramienta estratégica para edificar confianza en la actividad foresto-industrial: «Los estándares FSC responden a la necesidad de construir confianza en la actividad productiva y habilitan esquemas colaborativos de inversión en regeneración. Ofrecen metodologías comunes, verificación por tercera parte, trazabilidad en el uso de los fondos e impactos acordados, lo que permite pedir cuentas claras si no se cumplen los objetivos. Es imprescindible desarrollar, consensuar y aplicar estos estándares con transparencia para facilitar el flujo de capital hacia las comunidades y la naturaleza. Y también comunicar estos logros. La agenda ambiental no debe ideologizarse: debe ser una política de Estado donde prime la racionalidad frente a desafíos inmediatos como El Niño», concluyó.

La articulación de mecanismos transparentes de financiamiento para la conservación y el manejo sostenible representa un pilar determinante para la competitividad futura de la industria forestoindustrial en la Argentina, América Latina y el mundo.

En un contexto global de alta exigencia climática y regulatoria, contar con datos auditables sobre los impactos ambientales de las operaciones forestales permite transformar la protección de los servicios ecosistémicos en un activo rentable para los propietarios de bosques. En el análisis de los expertos, en la medida en que la región logre unificar el lenguaje entre las comunidades territoriales, los productores y el sector financiero, el patrimonio forestal dejará de ser percibido como un costo operativo para consolidarse como una inversión sostenible de alto rendimiento y bajo riesgo a largo plazo.

Volvé a ver al Panel 3 con expertos sobre Financiamiento para la Naturaleza 

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Por Patricia Escobar

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PARAGUAY (4/9/2026).- Al menos 23 empresas, marcas e instituciones de América, Europa y Asia estarán representadas en la Expo Madera 2026, que se realizará del 10 al 12 de septiembre en el Comité Olímpico Paraguayo (COP), en Asunción, consolidándose como uno de los principales puntos de encuentro para el sector forestal de la región.

Según la organización, aproximadamente una de cada cuatro personas participantes registradas hasta el momento proviene del exterior. La nómina incluye presidentes, ejecutivos, y directivos de cámaras empresarias y organizaciones vinculadas a la foresto-industria, gerentes internacionales, especialistas forestales y representantes de organismos de promoción comercial de 15 países.

La inscripción previa y gratuita se realiza a través de la plataforma de la organización de la Expo Madera Paraguay 2026 y por la  Argentina habría cerca de cincuenta personas ya inscriptas para visitar la feria internacional.

La presencia de referentes de nivel mundial se da en un contexto marcado por el acelerado crecimiento de la actividad forestal paraguaya, impulsada por sus políticas para promover un clima de inversión atractivo, la expansión de las plantaciones, el incremento de las exportaciones y el avance de nuevas inversiones vinculadas a la industrialización de la madera.

Progresiva expansión forestal

Entre 2022 y 2024, las plantaciones forestales de Paraguay pasaron de 204.631 a 339.866 hectáreas, lo que representa un crecimiento del 66 % en apenas dos años, según datos del Instituto Forestal Nacional (INFONA).

A esto se suma un potencial forestal superior a ocho millones de hectáreas y una dinámica exportadora que, durante 2025, alcanzó 197.118 toneladas por USD 101,3 millones, con un aumento del 4% en valor respecto al año anterior.

Las cifras reflejan el avance de una industria cada vez más orientada a la generación de valor agregado, con oportunidades para nuevos proyectos de industrialización, incorporación tecnológica y desarrollo logístico.

Suecia lidera una de las principales delegaciones

Una de las principales delegaciones internacionales será la de Suecia, integrada por empresas vinculadas a tecnología, maquinaria, logística y soluciones forestales, además de Business Sweden y la Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Sida).

La misión incluye cuatro presidencias ejecutivas y otras direcciones con responsabilidades internacionales.

Considerando a la representación extranjera y a las personas referentes paraguayas vinculadas a las marcas participantes, el grupo relacionado con la delegación sueca alcanza aproximadamente 21 personas.

Chile suma experiencia forestal e industrial

Con alrededor de siete empresarios y empresarias de Chile, ejecutivos y especialistas vinculados a diez compañías y marcas relacionadas con distintos segmentos de la actividad forestal.

La delegación trasandina aportará experiencia en plantaciones, industrialización de la madera, exportaciones y servicios especializados, compartiendo conocimientos desarrollados por uno de los países con mayor trayectoria forestal de América Latina.

Japón apuesta por mostrar innovación aplicada

Por primera vez, Japón contará con un stand propio en la Expo a través de actores vinculados a System Design e Innosho.

La participación permitirá conocer estándares técnicos, certificaciones y exigencias de uno de los mercados más avanzados del mundo en materia de construcción y uso de la madera.

Entre las actividades previstas se presentará un material audiovisual que mostrará cómo puede construirse una vivienda de madera en aproximadamente un día mediante sistemas desarrollados y utilizados en ese país.

También participará CSI Global, firma uruguaya especializada en consultoría, ingeniería, arquitectura, infraestructura, gestión de proyectos y servicios ambientales, con experiencia en más de 4.000 proyectos desarrollados para clientes de más de 40 países.

La presencia internacional en Expo Madera incluye representantes de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Suecia, Finlandia, Noruega, Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Polonia, Japón, entre otros.

La diversidad de participantes permitirá intercambiar conocimientos y experiencias sobre industrialización, tecnología, infraestructura, logística y sostenibilidad, temas que adquieren cada vez mayor relevancia ante el crecimiento de las plantaciones y de la industria maderera paraguaya.

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Fuente: MAC

BUENOS AIRES (28/8/2026).- Argentina cuenta con recursos naturales, capacidad técnica y más de 40 proyectos de carbono en implementación, pero todavía se encuentra por detrás de otros países de la región. Desde la Mesa Argentina de Carbono (MAC) consideran que un marco normativo previsible es clave para transformar ese potencial en inversiones, empleo y desarrollo.

Argentina tiene una oportunidad para ampliar su participación en los mercados internacionales de carbono. El país cuenta con recursos naturales, capacidades técnicas y más de 40 proyectos de carbono en implementación, una cifra que podría duplicarse en el corto plazo. Sin embargo, todavía permanece rezagado frente a países como Paraguay, Chile, Perú, Brasil, Colombia y México.

En este escenario, la Mesa Argentina de Carbono (MAC) considera que uno de los principales desafíos pasa por generar las condiciones regulatorias necesarias para transformar ese potencial en una oportunidad concreta de inversión y desarrollo.

La organización, que reúne a más de 50 empresas y organizaciones de toda la cadena de valor de los mercados de carbono del país, expuso ante el Senado de la Nación en el marco del debate sobre distintas iniciativas legislativas destinadas a establecer un marco normativo para el sector.

El tratamiento de los proyectos se desarrolla de manera conjunta en las comisiones de Legislación General, Ambiente y Desarrollo Sustentable y Presupuesto y Hacienda, en una instancia que podría resultar determinante para definir las reglas de funcionamiento y crecimiento de los mercados de carbono en Argentina.

Durante la reunión, el coordinador general de la MAC, Juan Pedro Cano, abrió la ronda de especialistas y valoró positivamente que el Senado avance en la discusión de una legislación específica.

Para la entidad, el proceso legislativo representa una oportunidad para resolver aspectos centrales que permitan otorgar previsibilidad y certeza jurídica a proyectos que requieren inversiones y planificación de largo plazo, además de facilitar su acceso competitivo a los mercados internacionales.

Tres claves para transformar el potencial en inversiones

Durante su exposición, Cano sintetizó en tres definiciones centrales las condiciones que, desde la perspectiva de la Mesa Argentina de Carbono, debería contemplar una futura legislación.

1. Claridad sobre la titularidad de los créditos de carbono

Uno de los puntos planteados por la MAC es la necesidad de establecer con precisión quién es el titular del crédito generado por un proyecto.

La propuesta de la organización es que el crédito corresponda al propietario del bien sobre el cual se estructura el proyecto, o a quien este haya cedido los derechos mediante un contrato o acuerdo.

Para el sector, esta definición resulta fundamental para brindar seguridad a los desarrolladores e inversores y evitar incertidumbres sobre la propiedad de los créditos generados.

2. Una definición jurídica precisa

El segundo aspecto está relacionado con la naturaleza jurídica del crédito de carbono.

La MAC propone definirlo como un “bien inmaterial de carácter patrimonial, fruto del proyecto que lo genera”. De acuerdo con la entidad, esta caracterización permitiría aportar mayor claridad respecto de sus implicancias impositivas y administrativas.

3. Un mecanismo competitivo para acceder a los mercados internacionales

El tercer eje está vinculado con la participación de los proyectos argentinos en los mercados internacionales.

“No se necesita más que esto”, sintetizó Cano durante su exposición. Y advirtió que, si estos aspectos centrales no quedan claramente establecidos, Argentina corre el riesgo de no dar la certeza mínima necesaria a inversores, que podrían optar por otros países de la región que ya ofrecen marcos normativos claros y previsibles.

La Mesa considera necesario establecer un mecanismo gubernamental de autorización y ajuste correspondiente que permita a los proyectos acceder a estos mercados regulados mediante un esquema competitivo, incluyendo porcentajes mínimos de autorización.

El representante de la MAC advirtió que, si estos aspectos no quedan claramente establecidos, Argentina podría enfrentar dificultades para atraer capitales destinados a proyectos de largo plazo, mientras otros países de la región avanzan con marcos regulatorios que ofrecen mayor previsibilidad.

Una competencia que también se juega en América Latina

La discusión sobre una legislación para los mercados de carbono cobra relevancia en un contexto regional de creciente desarrollo de este tipo de proyectos.

Argentina posee condiciones para convertirse en un proveedor de reducciones de emisiones al mundo, pero ese potencial todavía no se traduce en una posición de liderazgo regional.

Para la MAC, la previsibilidad regulatoria no constituye solamente una cuestión jurídica o administrativa, sino un factor que puede influir directamente en las decisiones de inversión.

Un marco claro permitiría generar las condiciones para que nuevos proyectos puedan desarrollarse en el territorio nacional y generar ingresos, empleo e impactos ambientales, sociales y territoriales positivos.

El objetivo de la Mesa Argentina de Carbono es contribuir a posicionar al país en los mercados internacionales como un generador y comercializador de créditos de carbono de calidad.

La organización también es miembro fundador de Red Carbono LATAM, que reúne a actores vinculados con los mercados de carbono de siete países de América Latina.

La oportunidad de convertir recursos en proyectos

Desde la perspectiva de la MAC, Argentina no necesita crear el potencial para participar del mercado de carbono: necesita generar las condiciones para desarrollarlo.

La disponibilidad de recursos naturales, capacidades técnicas y proyectos en marcha constituye una base sobre la cual podría construirse una nueva fuente de inversiones y actividad económica vinculada con la transición hacia una economía baja en emisiones.

En ese sentido, el debate que comenzó a desarrollarse en el Congreso será clave para determinar si ese potencial puede transformarse en proyectos concretos, inversiones, empleo y créditos de carbono capaces de competir internacionalmente.

Al finalizar su presentación, la Mesa Argentina de Carbono manifestó además su voluntad de continuar participando del proceso legislativo y puso a disposición del Senado su conocimiento técnico para colaborar en la construcción del marco normativo que permita desarrollar el mercado de carbono argentino.

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Fuente: PEFC Argentina

BUENOS AIRES (28/7/2026) — La gestión forestal sostenible continúa ganando terreno y consolidándose en el país. De acuerdo con los últimos datos del sector, Argentina superó las 380.000 hectáreas certificadas bajo el sistema internacional PEFC, un dato que refleja el compromiso creciente de empresas y productores con esquemas de manejo ambientalmente responsables, socialmente benéficos y económicamente viables.

En total, la superficie certificada alcanza las 380.692,51 hectáreas de Gestión Forestal Sostenible (GFS), distribuidas en cinco provincias para la cuenca forestoindustrial argentina: Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe.

Actualmente, este alcance territorial se respalda en 10 certificados activos: cinco corresponden a empresas individuales y otros cinco a esquemas grupales. Estos últimos resultan una herramienta clave para integrar a pequeños y medianos productores, facilitándoles el acceso a estándares internacionales y fortaleciendo las economías regionales.

Un modelo integral: 47% de la superficie destinada a la conservación

Más allá del crecimiento en volumen de superficie, el diferencial del esquema reside en la estructura de su modelo de manejo. Del total de la superficie bajo certificación:

• 53% se destina a la producción: Áreas gestionadas activamente para el abastecimiento sustentable de madera, celulosa y derivados.
• 47% se administra para conservación: Zonas dedicadas a resguardar atributos ambientales y sociales, protegiendo la biodiversidad, la cuenca hídrica y los ecosistemas nativos.

En la práctica, nueve de los diez certificados vigentes combinan plantaciones forestales productivas con áreas de conservación integradas. El certificado restante corresponde a bosques nativos manejados bajo criterios de producción y conservación sostenible.

«La certificación forestal es mucho más que un reconocimiento técnico. Representa una herramienta concreta para demostrar, con auditorías independientes y estándares internacionalmente reconocidos, que la producción forestal puede desarrollarse de manera responsable, equilibrando competitividad, cuidado ambiental y compromiso con las personas», destacó Florencia Chavat, responsable de PEFC Argentina.

El estándar exige requisitos rigurosos que contemplan la prohibición de la conversión de bosques, la protección de áreas de alto valor ecológico, el respeto por los derechos de comunidades locales y pueblos indígenas, la equidad laboral y el cumplimiento estricto de la legislación vigente.

Trazabilidad y acceso a mercados internacionales

Este enfoque integral aporta valor directo a toda la cadena de suministro. La madera, el papel, el cartón y los pallets provenientes de bosques certificados garantizan una trazabilidad completa que responde a las exigencias crecientes de transparencia por parte de consumidores, empresas e inversores globales.

En un contexto donde los mercados internacionales imponen barreras ambientales cada vez más estrictas, la certificación PEFC se consolida como una herramienta estratégica para elevar la competitividad de la oferta forestoindustrial argentina y abrir nuevas oportunidades de exportación.

El Programa para la Homologación de Sistemas de Certificación Forestal (PEFC) es una organización internacional, no gubernamental y sin fines de lucro que constituye el sistema de certificación forestal más grande del mundo, con más de 296 millones de hectáreas certificadas en forma global.

En el plano nacional, opera a través del Sistema Argentino de Certificación Forestal (CERFOAR). Creado en 2013, este esquema nacional fue evaluado e homologado por el Consejo Internacional de PEFC en julio de 2014, y ratificado de manera unánime en su revalidación internacional en mayo de 2022, garantizando el pleno reconocimiento de los bosques argentinos en el mercado mundial.

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ARGENTINA (Julio 2026).- Tras décadas de aplicar políticas basadas en la extinción absoluta de cualquier foco ígneo, la evidencia científica plantea un cambio radical de paradigma: para prevenir las catástrofes de incendios rurales, donde está probado que es indispensable utilizar el fuego de manera planificada y como un aliado de prevención ante los riesgos.

Desde la Red de Manejo de Incendios Rurales destacan el aporte científico que un grupo de profesionales sustenta -con evidencia científica- que la quema prescripta se consolida como la estrategia de prevención más eficiente y sustentable frente a la crisis climática actual.

A continuación, un artículo compartido con ArgentinaForestal.com de autoría de  especialistas como el Dr. Diego Broz (Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM – CONICET), el Dr. Guillermo Defossé (UNPSJB en Patagonia), la Dra. Sandra Bravo (Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE), el Ing. Javier López (FCF- UNaM – CONICET) y Lorena Paszko (Administración de Parques Nacionales), .

Durante la primera mitad del siglo pasado prevalecía la idea de que todos los incendios debían extinguirse. La ecología demostró lo contrario: en gran parte del planeta, el fuego tiene un rol clave en la dinámica natural del paisaje, y apagar cada chispa es la manera más segura de alimentar las catástrofes que tanto tememos.

En el verano de 1988, el Parque Nacional Yellowstone se convirtió en una conflagración inimaginable, sobre todo en un país que lideraba la conservación y la creación de áreas protegidas en el mundo.

Durante semanas el fuego avanzó sobre los bosques del oeste de Estados Unidos hasta consumir, en una sola jornada, unas 64.000 hectáreas. ¿Cómo era posible semejante desastre justo allí, en uno de los parques mejor cuidados del planeta, donde durante décadas se había apagado hasta la última fogata?

La respuesta encierra una de las paradojas más reveladoras de la ecología moderna. Aquel infierno no ocurrió a pesar de un siglo combatiendo el fuego. Ocurrió, en buena medida, a causa de eso: durante cien años se apagó cada incendio en un ecosistema que necesita quemarse de tanto en tanto para mantenerse sano. Entenderlo obliga a abandonar una idea muy instalada, pero equivocada: que todo fuego es, por definición, una tragedia.

El fuego no es un intruso

El fuego no llegó con los seres humanos ni con sus descuidos. Arde en la Tierra desde hace cientos de millones de años, desde que existen plantas terrestres capaces de encenderse.

Durante todo ese tiempo, el fuego, ayudó a moldear el paisaje de continentes enteros. Sobre todo en las regiones con estaciones marcadas, donde a una temporada húmeda le sigue otra seca que deja la vegetación lista para arder.

Los ecólogos William Bond y Jon Keeley propusieron una idea que cambió la forma de entenderlo: el fuego se comporta como un enorme “herbívoro” global, un gran consumidor de plantas a escala planetaria. Pero come distinto a un animal. El pastoreo es selectivo: la vaca o el ciervo eligen qué plantas comer y cuáles dejar, y así favorecen a las que evitan y desbalancean de a poco el ecosistema. El fuego no elige y eso es algo bueno. Consume todo lo que puede encenderse y reinicia la comunidad vegetal, dejando el ambiente listo para una nueva etapa.

Eso no significa que el fuego “borre todo y empiece de cero” por igual en todos lados. Cada especie reacciona a su manera. Algunas resisten mejor el calor. Otras vuelven a brotar desde yemas protegidas. Otras dependen de sus semillas para regresar. La forma en que cada planta se recupera después del fuego cambia según su tamaño, su estructura y su modo de crecer.

¿Qué pasaría si nunca más hubiera incendios?. Los modelos que imaginan un planeta sin fuego dan una respuesta contundente: la cobertura de árboles treparía del 27 % a cerca del 56 % de la superficie con vegetación. Y más de la mitad de las sabanas tropicales del planeta —esos pastizales con árboles dispersos que hoy reciben lluvia suficiente para sostener un bosque— se cerrarían en selvas. Que esto ocurra o no depende, en gran parte, de cuánto cambie el patrón de incendios de cada lugar —su frecuencia, su intensidad, la época del año en que ocurren— respecto del que existió siempre allí: cuanto más se aleje, más le cuesta adaptarse a la vegetación.

Dicho de otro modo: muchos pastizales y sabanas no existen solo por el clima, sino porque el fuego los mantiene abiertos. Son ecosistemas que dependen del fuego para seguir siendo lo que son.

Especies que esperan la chispa

El fuego modeló los pastizales y las sabanas durante eras geológicas. No sorprende, entonces, que muchas plantas hayan evolucionado para convivir con él. Desarrollaron rasgos que solo tienen sentido en un mundo que arde. Algunas tienen cortezas gruesas que aíslan del calor a los tejidos vivos. Otras esconden yemas protegidas que rebrotan apenas pasan las llamas. Y hay semillas que no germinan hasta recibir el estímulo del calor o del humo.

El caso más extremo es la serotinia. Es una estrategia por la cual la planta guarda sus semillas en conos o frutos sellados que solo se abren con el calor del fuego. Cuando el fuego llega, esos frutos liberan una lluvia de semillas. Y caen sobre un suelo recién despejado de competencia y abonado con cenizas: las condiciones ideales para germinar y crecer.

Los ecólogos Juli Pausas y Jon Keeley, en el año 2023, plantearon un matiz importante: las plantas no están adaptadas “al fuego” en general, sino a lo que los ecólogos llaman un régimen de fuego concreto, es decir, una combinación particular de frecuencia, intensidad y época del año en que ocurren los incendios de cada lugar.

La fauna también escribe su historia en las cenizas. Cuanto más grande es el área quemada, más variado suele ser el paisaje que queda después. Se forma un mosaico de parches en distintas etapas de recuperación: zonas recién quemadas junto a otras que se recompusieron hace tiempo. Los ecólogos llaman pirodiversidad a esa variedad. Y es clave, porque cada parche ofrece un refugio o un alimento distinto. Más variedad de ambientes significa más especies que un mismo paisaje puede albergar.

Los ejemplos sobran. En la provincia de Buenos Aires, el venado de las pampas casi desapareció de la Reserva Campos del Tuyú cuando se excluyeron el fuego y el pastoreo. Los animales se mudaron a campos vecinos, donde las quemas mantenían los pastos tiernos. En Escocia, los criadores queman parcelas pequeñas desde hace casi un siglo para sostener al lagópodo escocés, un ave de caza típica de esos arbustales. Y en el fynbos sudafricano —un matorral de enorme riqueza vegetal— hay plantas que dejan de reproducirse tras apenas un par de décadas sin fuego.

El precio de apagarlo todo

Acá vuelve la paradoja de Yellowstone. Durante el siglo XX, la política dominante fue la supresión total: apagar cualquier incendio lo antes posible, sin importar si ese ambiente necesitaba el fuego o no. En su momento parecía lo más sensato. Pero tenía un costo oculto.

El combustible que no se quema no desaparece: se acumula. Y eso es decisivo en los ambientes que tienen una estación seca. La hojarasca, las ramas, los pastos resecos y los arbustos se amontonan año tras año hasta formar una carga enorme. Los investigadores lo llaman déficit de fuego. Su lógica es implacable: cada pequeño incendio que evitamos hoy guarda leña para uno gigantesco mañana.

Un estudio de Mark Kreider y colegas, publicado en 2024, lo mostró con claridad. Al apagar siempre los fuegos moderados —los que arden en días tranquilos y se controlan con facilidad— el combustible sigue creciendo. Y tarde o temprano arde, pero bajo las condiciones más extremas. El paisaje, cargado de leña acumulada, termina ardiendo con una violencia desproporcionada.

Las consecuencias no son solo materiales. En algunos ambientes, la falta de fuego favorece que los pastizales y las sabanas se llenen de plantas leñosas —un proceso que los ecólogos llaman arbustización. Esto conlleva a que se pierda diversidad y se vuelvan más inflamables. En el Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos, ocurre algo paradójico: la ausencia de fuego acumuló tanto combustible que hoy amenaza a las propias palmeras yatay que el parque busca proteger.

El ejemplo más dramático ocurrió en enero de 1994, cerca de Puerto Madryn. Como analizan María del Carmen Dentoni y colaboradores, allí se combinaron dos factores: el cese del pastoreo y varios años sin fuego. El resultado fue una acumulación enorme de pasto seco que alimentó un incendio de comportamiento extremo. Murieron 25 bomberos, en la peor tragedia del combate de incendios rurales en la Argentina.

La diferencia entre quemar y quemar bien

Si el fuego es necesario y su ausencia es peligrosa, la pregunta deja de ser si quemar o no. Pasa a ser cómo y cuándo quemar. Ahí entra la quema prescripta. No hay que confundirla con una simple quema controlada. No se trata de prender fuego al campo y vigilar que no se desmadre: es una disciplina técnica.

Consiste en aplicar fuego sobre una superficie definida, con personal capacitado y con objetivos claros. Pero la clave está en el cuándo. La quema solo se hace dentro de una “ventana” estrecha de humedad, viento y temperatura. Para saber cuándo se abre esa ventana, los equipos usan índices de peligro de incendio como el FWI: herramientas que combinan datos del clima y de la vegetación para anticipar cómo se va a comportar el fuego ese día. Acertar la ventana es lo que separa una quema segura de una que se escapa de control.

Antes de encender hace falta conocer en detalle el ambiente que se quiere tratar. La prescripción define el dónde, el cuándo, el cómo y el para qué. Así, el comportamiento del fuego queda dentro de los límites previstos: en un pastizal, una llama que consume la vegetación de la superficie; en un bosque, un fuego rastrero que limpia el sotobosque —la vegetación baja entre los árboles— sin tocar las copas.

Bien aplicada, esta herramienta restaura ecosistemas. En Campos del Tuyú, un programa de quemas en pequeños parches iniciado en 2001 recreó el mosaico de pastos que el venado de las pampas necesitaba para volver. En El Palmar se usan quemas para frenar especies invasoras como el paraíso y la acacia negra y dar lugar a los brotes de plantas nativas. En ambos casos el fuego no destruye: repara lo que su ausencia había roto.

Cuánto cuesta no quemar

La quema prescripta, además, ahorra dinero. Su mayor aporte económico es la prevención. Cada incendio catastrófico que se evita son pérdidas que no ocurren: en infraestructura, en ganado, en plantaciones, en agua potable.

Y la evidencia es contundente. Un metaanálisis —un estudio que combina los resultados de muchas investigaciones previas— de Katherine Davis y colegas, publicado en 2024, revisó tres décadas de trabajos en los bosques de coníferas del oeste de Estados Unidos. El resultado fue claro: la quema prescripta, sola o combinada con raleo —la tala de parte de los árboles para aclarar el bosque—, reduce entre un 62 % y un 72 % la severidad de los incendios posteriores, es decir, cuánto daño causan, frente a las áreas sin tratar. El raleo por sí solo rindió bastante menos. Lo decisivo es quitar el combustible del suelo, justo lo que el fuego hace de forma directa.

Pero los beneficios van más allá del dinero. Alcanzan a recursos que rara vez asociamos con el fuego, como el agua. Los grandes incendios de alta severidad disparan la concentración de metales tóxicos —arsénico, selenio, cadmio— en los arroyos. Las quemas prescriptas de baja intensidad, en cambio, no alteran la calidad del agua. Y, al evitar las catástrofes, protegen las cuencas que abastecen de agua a las ciudades.

También hay un beneficio para el productor rural. El fuego planificado renueva los pastizales envejecidos y multiplica el forraje, el alimento del ganado. En la Pampa Deprimida —zona ganadera de la provincia de Buenos Aires— llegó a triplicar la oferta de proteína de ciertos potreros.

A esto se suma un beneficio menos visible: una quema prescripta bien hecha emite una fracción mínima del carbono que libera un gran incendio, y la diferencia es enorme.

Según una publicación de 2013 firmada por la AssociationforFireEcology, la International AssociationofWildlandFire, TallTimbersResearchStation y TheNatureConservancy, en Estados Unidos y Canadá los incendios emiten a la atmósfera, en promedio, 452 millones de toneladas de carbono por año, mientras que las quemas planificadas, aplicadas con objetivos puntuales, representan apenas una porción muy chica de eso.

Además, ese carbono vuelve a capturarse rápido: las plantas que rebrotan lo reabsorben en períodos cortos, a menudo de 2 a 7 años. Con el tiempo, el ecosistema queda en equilibrio de carbono, o incluso termina guardando más carbono en el suelo del que liberó.

El caso de Portugal lo resume bien. Allí se mantienen mosaicos de vegetación joven mediante quemas periódicas. Y en esas áreas los incendios casi nunca superaron las 400 hectáreas.

El caso de las plantaciones forestales

Pocos escenarios muestran mejor el valor de esta herramienta que las plantaciones de pino, abundantes en provincias como Misiones, Neuquén o Corrientes. Los pinares acumulan combustible fino a una velocidad asombrosa.

En pocos años, el sotobosque y la hojarasca forman una carga capaz de convertir cualquier chispa en un incendio de copas: el más destructivo de todos, el que salta de árbol en árbol por las alturas. ¿Qué permite que el fuego trepe hasta ahí? La vegetación intermedia, la que crece entre el suelo y las copas. Los técnicos la llaman “combustible de escalera”, porque funciona justamente como una escalera por la que las llamas suben.

Quema prescripta bajo una plantación de pino en la Patagonia. El fuego, aplicado de forma controlada, consume la hojarasca acumulada en el suelo y reduce el riesgo de grandes incendios. Foto: Guillermo Defossé

La quema prescripta corta esa escalera. En el sur de Estados Unidos se queman bajo control alrededor de 1.500.000 hectáreas de plantaciones por año para mantener el riesgo a raya. En la Argentina, ensayos realizados entre 1998 y 2000 en Misiones, Neuquén y Santiago del Estero demostraron algo prometedor: un fuego aplicado dentro de la ventana técnica adecuada reducía los combustibles finos entre un 24 % y un 71 %, sin dañar los árboles maduros ni el suelo. Investigaciones más recientes van un paso más allá: calculan el momento y la frecuencia ideales de las quemas a lo largo del turno forestal —el ciclo completo de la plantación, desde que se planta hasta que se cosecha la madera—, buscando el equilibrio entre bajar el riesgo de incendio y dejar crecer los árboles. Para el productor, es una inversión modesta que protege décadas de trabajo.

Antes y después: la capa de acículas —las hojas en forma de aguja del pino— pasó de unas 25 toneladas por hectárea a apenas 5-7 tras la quema prescripta, sin afectar a los árboles.

“Las quemas prescriptas constituyen una herramienta eficaz para reducir la carga de combustibles y disminuir el riesgo de incendios de alta severidad en plantaciones forestales. Sin embargo, su implementación requiere determinar las condiciones ambientales y operativas óptimas que maximicen su efectividad y seguridad.”— Diego Broz, de la FCF-UNaM e investigador del CONICET.

Convivir con el fuego

La quema prescripta no es magia ni una solución de una sola vez. El combustible se vuelve a acumular. Por eso su efecto dura pocos años y obliga a repetir los tratamientos y a planificarlos pensando en todo el territorio, no parcela por parcela. Reconocer ese límite no debilita el argumento: lo vuelve honesto. Una herramienta seria se mide por su rigor, por la distancia que hay entre una prescripción cuidada y una fogata improvisada.

El desafío de fondo, entonces, no es expulsar el fuego de nuestros paisajes. Sería una empresa imposible y, además, los degradaría. El desafío es aprender a convivir con él y a gestionarlo con inteligencia. Durante un siglo intentamos ganarle al fuego apagándolo siempre, y descubrimos que esa guerra solo lo volvió más feroz.

Quizás la lección más profunda de la ecología del fuego sea también la más antigua: hay fuerzas de la naturaleza que no se vencen, se acompañan. Devolver el fuego, de manera deliberada y prescripta, a los paisajes que lo necesitan es una de las formas más sensatas que tenemos de cuidarlos.

Y de cuidarnos.

(*) Artículo de divulgación basado en evidencia científica de la ecología del fuego, con casos y datos de la Argentina y del mundo (Bond y Keeley, 2005; Kreider et al., 2024; Davis et al., 2024; Fernández-Guisuraga y Fernandes, 2024; Kunst et al., 2003; Broz et al., 2023; Dentoni et al., 2021, entre otros).

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Por Patricia Escobar 

@argentinaforest 

BUENOS AIRES (19/6/2026).- FSC es un sistema internacional de certificación voluntaria que promueve el manejo responsable de bosques y plantaciones mediante estándares públicos desarrollados con participación equilibrada de actores ambientales, sociales y económicos.

“FSC es un sistema que distingue claramente entre bosques naturales y plantaciones. Ambas pueden ser objeto de certificación, pero están sujetas a requisitos específicos de protección ambiental, respeto por los derechos de las personas, monitoreo y mejora continua”, explican desde FSC Argentina, en respuesta una entrevista con ArgentinaForestal.com

Las organizaciones certificadas tienen el rol de  proteger valores ambientales, conservar o restaurar áreas destinadas a conservación y mantener redes de áreas de conservación y ecosistemas nativos dentro de las unidades de manejo, conforme a los requisitos establecidos por los estándares FSC.

También, bajo el manejo forestal sustentable deben resguardar recursos hídricos, respetar los derechos de trabajadores, comunidades y pueblos indígenas y monitorear periódicamente los resultados de su gestión, entre otros principios y criterios establecidos por FSC.

Asimismo, desde el sistema de certificación internacional mantienen una posición clara respecto de la conversión de bosques y áreas de alto valor de conservación.

“Cuando un humedal, pastizal u otro ambiente natural forma parte de un sitio de Alto Valor de Conservación (AVC), su conversión o deterioro es incompatible con el marco FSC”, informaron desde la organización.

Además, bajo este sistema, las tierras convertidas después del 31 de diciembre de 2020 no son elegibles para certificación.

Para conversiones entre el 1 de diciembre de 1994 y el 31 de diciembre de 2020, sólo puede existir una vía de elegibilidad si la organización implementa remediación conforme a la Política para Abordar la Conversión y al Marco FSC para la Remediación.

“La identificación de un sitio de Alto Valor de Conservación (AVC), su mantenimiento (o mejora) y el monitoreo continuo, son requisitos del sistema para las organizaciones certificadas y a su vez, la revisión del cumplimiento forma parte obligatoria de cada instancia de auditoría por parte de las entidades de certificación”, sostienen desde FSC Argentina.

A través de su Política para la Asociación, FSC puede actuar –incluso- frente a actividades inaceptables realizadas por organizaciones asociadas incluso fuera de las áreas específicamente certificadas.

“Las plantaciones forestales gestionadas responsablemente cumplen un rol importante en el abastecimiento de madera, fibras y otros productos forestales renovables, contribuyendo a reducir la presión sobre los bosques nativos y otros ecosistemas naturales”, ratifican.

El sistema internacional nació con la convicción de que los desafíos ambientales y sociales requieren espacios donde distintos actores puedan construir soluciones basadas en evidencia, participación y mejora continua.

«Frente a este escenario, resulta necesario fortalecer todas las herramientas que promuevan la conservación, el respeto por los derechos de las personas, la transparencia y la gestión responsable de los recursos naturales. El sistema de certificación FSC busca contribuir a esos objetivos mediante una herramienta voluntaria, basada en estándares públicos, participación multisectorial y verificación independiente», resumieron ante la consulta de este medio.

Actualmente, bajo el sistema de FSC se encuentran aproximadamente 560.000 hectáreas certificadas en Argentina, incluyendo cerca de 185.000 hectáreas destinadas a conservación dentro de las unidades de manejo certificadas. “Estos datos reflejan que la certificación no evalúa únicamente la producción forestal, sino también la protección de valores ambientales, sociales y culturales presentes en el territorio”, señalan desde la organización.

AF: ¿Cómo se verifica el cumplimiento de los estándares FSC?

FSC Argentina: La certificación FSC se basa en auditorías independientes realizadas por entidades de certificación acreditadas, cuyo desempeño es supervisado por Assurance Services International (ASI).

La certificación tiene una vigencia de cinco años e incluye auditorías anuales de seguimiento.

Las evaluaciones combinan revisión documental, visitas a campo, observación directa de operaciones, entrevistas y consultas a trabajadores, comunidades, organismos públicos, organizaciones sociales y otros actores relevantes.

AF: ¿Qué controles ambientales y sociales exige FSC?

FSC Argentina: Los estándares FSC exigen identificar, mantener y/o mejorar los valores ambientales presentes en las unidades de manejo.

Esto incluye la protección de recursos hídricos, biodiversidad, suelos, ecosistemas representativos y Altos Valores de Conservación, así como la implementación de medidas para prevenir, mitigar y monitorear impactos derivados de las actividades forestales.

En materia social, FSC exige respeto por los derechos de trabajadores, de comunidades locales y pueblos indígenas. Temas

Además de condiciones adecuadas de salud, seguridad y capacitación a los trabajadores, también requiere el relacionamiento y consulta con partes interesadas.

AF: ¿Qué ocurre ante incumplimientos de empresas con plantaciones forestales o denuncias?

FSC Argentina: La certificación FSC no debe interpretarse como una garantía de ausencia absoluta de impactos o conflictos. Se trata de un sistema diseñado para identificar, prevenir, mitigar, monitorear y corregir potenciales impactos ambientales y sociales.

Cuando durante una auditoría se detectan incumplimientos, la entidad de certificación emite “no conformidades” y establece acciones correctivas con plazos definidos. Si los incumplimientos no son corregidos, el certificado puede ser suspendido o cancelado.

Asimismo, cualquier persona u organización puede presentar observaciones o reclamos relacionados con operaciones certificadas. Estas situaciones son evaluadas por las entidades de certificación mediante procedimientos establecidos y mecanismos de seguimiento.

AF: ¿Existen antecedentes de suspensión o cancelación de certificados?

FSC Argentina: Sí. La suspensión, terminación o desvinculación de organizaciones forma parte de las herramientas previstas por FSC cuando se identifican incumplimientos graves o situaciones incompatibles con los requisitos del sistema.

Entre los antecedentes públicos recientes se encuentran investigaciones sobre cadenas de suministro de bambú en Asia Pacífico (2018), que derivaron en terminaciones, suspensiones y no conformidades mayores, y una investigación sobre manejo forestal y cadena de suministro en Vietnam (2025), que concluyó con la terminación de seis certificados.

La transparencia es un principio fundamental de FSC.

AF: ¿Cómo participa la sociedad y cuál es el alcance de FSC en Argentina?

FSC Argentina: FSC promueve espacios permanentes de diálogo, consulta y participación para abordar temas vinculados al manejo forestal responsable, la conservación y los impactos ambientales y sociales de las actividades productivas, con ambientalistas, representantes de trabajadores, pueblos indígenas, organizaciones comunitarias, instituciones académicas, profesionales independientes y empresas.

Los estándares, políticas y procedimientos FSC son revisados periódicamente mediante procesos participativos. Cada tres años, la Asamblea General reúne a miembros de todo el mundo para debatir y votar propuestas que orientan la evolución del sistema.

Las observaciones, propuestas e inquietudes provenientes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades, sectores académicos, organismos públicos y empresas forman parte de este proceso de mejora continua y fortalecimiento permanente del sistema.

Frente a este escenario, resulta necesario fortalecer todas las herramientas que promuevan la conservación, el respeto por los derechos de las personas, la transparencia y la gestión responsable de los recursos naturales.

Noticia relacionada 

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Fuente: La Diaria

URUGUAY (15/6/2026).- En diciembre de 2021, el ex presidente de la República, Luis Lacalle Pou, vetó el proyecto de una nueva ley forestal que había sido aprobado con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio por entender que vulneraba los derechos de “propiedad, libertad y trabajo”. Tras el cambio de administración, varios tomadores de decisiones –como los ministros de Ambiente, Edgardo Ortuño, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti– manifestaron que era una posibilidad retomar el debate e incluso tienen previsto modificar normativas vinculadas al sector.

En este contexto, Redes-Amigos de la Tierra presentó ante la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía una nueva propuesta con el objetivo de regular la actividad. María Selva Ortiz, integrante de la organización, señala a la diaria que en el caso de aprobarse una nueva ley forestal debe incluir “otras miradas” y que la iniciativa busca proteger “cuencas estratégicas para abastecimiento humano y para la biodiversidad”.

Ismael Díaz y Marcel Achkar son investigadores del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales y también trabajaron en la propuesta de la organización socioambiental. “Venimos trabajando en las transformaciones territoriales e impactos ambientales de los cambios productivos. Particularmente estamos enfocados en la forestación. Uno de los impactos más importantes está vinculado a los recursos hídricos y, siguiendo [el artículo 47 de] la Constitución, entendemos que ningún cambio productivo puede comprometer o amenazar la producción de agua potable para abastecimiento de la población. En este sentido, se vienen constatando impactos desde hace muchos años y hemos avanzado muchísimo en la generación y procesamiento de la información. Por esta razón, entendemos que estamos en condiciones de avanzar hacia una propuesta que permita superar la normativa actual”, remarca Díaz.

Aclara que su perspectiva no es de “prohibición”, sino de “ordenar la actividad”, y recuerda que la legislación actual, si bien ha tenido modificaciones, tiene casi cuatro décadas.

Achkar explica que para la creación de la propuesta se basaron en evidencias científicas actuales –más de 50 artículos– y que una buena parte “son investigaciones que financiaron las propias empresas forestales, esperando tener resultados de que no alteraban el funcionamiento hidrológico de las cuencas”. “Sin embargo, los resultados les dieron datos coincidentes con lo que veníamos planteando nosotros: la reducción [hidrológica] es importante y llega a porcentajes altos en períodos de bajas precipitaciones”, agrega.

El científico afirma que fueron “conservadores”, que optaron por una propuesta que pueda tener diferentes apoyos y, de esta forma, “generar el menor nivel de confrontación posible”. “En ninguno de los datos que manejamos para construir las premisas pusimos los peores escenarios o los datos más duros que resultaban de las investigaciones. Al contrario, fuimos conservadores, incluso muchas veces decíamos que estábamos siendo demasiado conservadores”, comenta.

Manifiesta que existen ejemplos de normativas regulatorias de la forestación a nivel mundial, como en España o en Sudáfrica, que fueron “mucho más radicales e incluso retiraron la forestación de áreas que se entendían estratégicas para la producción de agua”. Sin embargo, clarifica que la propuesta que trabajaron junto con Redes-Amigos de la Tierra no gira en torno a retirar plantaciones existentes en la actualidad.

Coneat y más allá

En el texto de la propuesta, que se titula Zonificación y cuantificación de la superficie de prioridad forestal incompatible con funciones ecosistémicas fundamentales y usos prioritarios del agua para la sociedad uruguaya, recuerdan que “la superficie destinada a la producción de los monocultivos forestales ha registrado un crecimiento constante en Uruguay desde principios de la década de 1990”. Entre las razones que ponen sobre mesa están el “aumento de la demanda y el precio de la pulpa de celulosa en el mercado internacional” y la “concreción de reformas institucionales y políticas fuertemente orientadas a la promoción de la actividad forestal por parte de los sucesivos gobiernos uruguayos”.

Sin embargo, sostienen que la actividad forestal con especies exóticas “ha desencadenado severos impactos ambientales, donde se destacan los cambios en el ciclo hidrológico a escala de cuenca, la sustitución y fragmentación de ambientes y hábitats naturales y la pérdida de biodiversidad”. Lamentan que estos “impactos negativos” se suman a “un conjunto de impactos significativos en las dimensiones sociales, económicas y culturales”.

En el informe expresan que es pertinente “identificar y evaluar las zonas donde no debe autorizarse la expansión de la forestación, como punto de partida para anticiparse a nuevos impactos ambientales y a la profundización de los impactos existentes”. Sin ir más lejos, indica que el análisis para determinar dónde puede llevarse a cabo la forestación con exóticas “debe ser multidimensional”.

“El suelo no puede ser la única dimensión a considerar, ya que el uso del territorio tiene múltiples impactos en las funciones ecosistémicas, la biodiversidad y el agua, pero también a nivel socioeconómico y cultural. Determinar las áreas para la forestación con especies exóticas en función de las unidades de suelo Coneat es un enfoque reduccionista”, plantea.

Esto es una referencia a que los suelos de prioridad forestal son definidos por ley “a partir de la interpretación y la clasificación de los grupos Coneat”. En concreto, son descritos como “aquellos suelos que, por sus propiedades, aptitud, clima, ubicación y demás características, son inadecuados para cualquier otra explotación o destino de carácter permanente y provechoso”.

En el documento detallan que, actualmente, “la superficie de prioridad forestal alcanza 4,2 millones de hectáreas, lo cual representa el 26% del territorio agropecuario nacional”. Citan como ejemplo de esta falta de enfoque integral que existen suelos considerados de prioridad forestal en serranías porque “se parte de la idea de que esos suelos no son propicios para la actividad agropecuaria pese a ser ecosistemas fundamentales para la producción y cosecha de agua”.

A su vez, resaltan que “ante la evidencia acumulada de los impactos multidimensionales, el Ministerio de Ambiente toma en consideración cuatro grandes criterios para la clasificación de los proyectos forestales: aptitud de los suelos, ecosistemas naturales presentes, cobertura forestal en la cuenca y valor cultural y patrimonial”. “Específicamente en el criterio ‘cobertura forestal en la cuenca’ se establece que cuando la superficie forestal total de la cuenca supere un determinado umbral, el impacto del proyecto es significativo”, acota.

Forestación en áreas de conservación y cuencas importantes para abastecimiento de poblaciones

Los autores describen que la forestación exótica ocupó una superficie de aproximadamente 1,4 millones de hectáreas en 2022.

“De la superficie forestada total en 2022, el 69% se localiza en suelos de prioridad forestal y el restante 31% en otros suelos. La forestación sigue, en términos generales, la distribución de los suelos de prioridad forestal y zonas cercanas, expandiéndose también por áreas de conservación y cuencas con tomas de agua para abastecimiento de agua potable para la población”, explican.

Enseguida, ponen sobre la mesa que “la superficie terrestre actual definida como área protegida por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas alcanza las 279.166 hectáreas y las áreas adyacentes, 43.430 hectáreas.

La superficie continental de las áreas Ramsar alcanza las 344.775 hectáreas y la superficie continental de las reservas de biosfera es de 1.137.392 hectáreas.

La superficie continental bajo alguna figura de conservación es de 1.438.403 hectáreas, lo cual representa el 8,1% del territorio terrestre nacional. En 2022, se registró una superficie de 12.543 hectáreas de forestación en áreas protegidas del SNAP y 8.869 hectáreas en áreas adyacentes.

Para el caso de las áreas Ramsar, en 2022 se registró una superficie forestal menor a las 1.000 hectáreas y de 72.030 hectáreas en las reservas de biosfera”, expresan.

A su vez, remarcan que “luego de más de 35 años de la Ley Forestal, la superficie forestada ocupa 1,4 millones de hectáreas, generando una serie de impactos en diversas dimensiones de los sistemas ambientales”. Sostienen que “uno de los principales impactos de la sustitución de praderas naturales por monocultivos forestales son los cambios en el funcionamiento del ciclo hidrológico, especialmente la disminución en el rendimiento hídrico en cuencas”, aunque también han reportado otros problemas, como “la repelencia al agua de los suelos, la disminución del stock de carbono orgánico y el aumento de la densidad aparente de los suelos”. “La forestación afecta a la biodiversidad debido a los cambios en las condiciones de los sistemas ambientales y a que las prácticas de cultivo implican la sustitución de la cobertura vegetal original provocando la reducción del hábitat de varias especies, en particular plantas vasculares y leñosas, anfibios y aves y la disminución de mamíferos”, destacan.

La propuesta

En este contexto, el equipo elaboró criterios con el objetivo de “operativizar la definición de zonas de incompatibilidad de expansión de la forestación con funciones ambientales y usos prioritarios para la sociedad uruguaya”. Por ejemplo, ven necesario que “la expansión de la forestación exótica a gran escala en ningún caso puede llevarse a cabo en suelos que no sean categorizados como suelos de prioridad forestal”. A su vez, “en ningún caso debe llevarse a cabo en zonas que se encuentren bajo una figura de conservación nacional o internacional” ni “en cuencas con tomas de agua superficial para el abastecimiento a la población”.

“La superficie total de los suelos de prioridad forestal es de 4,2 millones de hectáreas. En 2022, la superficie de suelos de prioridad forestal sin forestación exótica fue de 3,25 millones de hectáreas. De la superficie de los suelos de prioridad forestal sin forestación, 230.000 hectáreas se localizan en áreas que actualmente están bajo al menos una figura de conservación nacional o internacional y 677.000 hectáreas de suelos de prioridad forestal se localizan en cuencas con tomas de agua superficiales para el abastecimiento de agua potable a la población. De la superficie restante, 610.000 hectáreas de suelos de prioridad forestal tienen la particularidad de que, de forestarse en su totalidad, en las cuencas donde se localizan se excedería el valor de 40% de la cuenca, lo cual determinaría que el impacto fuera tipificado como significativo […]. En síntesis, aplicando los criterios mencionados, la superficie de prioridad forestal experimentaría una reducción de 1,57 millones de hectáreas, la cual no estaría habilitada para la forestación exótica”, establecen con base de su propuesta.

María Selva Ortiz apunta que son necesarias “medidas urgentes” y destaca que la forestación debe analizarse desde una perspectiva de “justicia social y justicia ambiental”. Sobre las consecuencias sociales, indica que es necesario “un debate nacional muy amplio”. Sin ir más lejos, más de 90 organizaciones socioambientales, sindicatos, productores familiares y otros colectivos emitieron un comunicado en diciembre donde llamaron a un “diálogo profundo y abierto sobre el modelo de desarrollo” que tiene el país.

La activista cuenta que presentaron la propuesta en la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía como una forma de volver a ponerla en el centro después de la discusión vinculada al proyecto Neptuno-Arazatí. “Acá hay una propuesta concreta, con evidencia científica para esta cuenca y para todas, porque tenemos problemas muy graves en otros lugares del país con respecto al abastecimiento.

Tienen que ser tomados con seriedad por los sectores políticos”, insiste. Han tenido intercambios con tomadores de decisiones y sus equipos técnicos para difundir la iniciativa. Próximamente la presentarán a la población y a la Comisión de Ambiente de Senadores.

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Fuente: Carbon Credits

ESTADOS UNIDOS (6/5/2026).- BTG Pactual TIG informó el cierre de la recaudación de fondos por 1240 millones de dólares demuestra cómo la reforestación está evolucionando, pasando de ser una iniciativa ambiental minoritaria a una importante estrategia de inversión global.

La estrategia se centra en la restauración de tierras degradadas en toda América Latina, al tiempo que se desarrolla la silvicultura comercial sostenible. El proyecto abarca alrededor de 660.000 acres de tierra, principalmente en Brasil y otras partes de la región.

Mark Wishnie, director de sostenibilidad de BTG TIG, indicó: “El progreso general ha continuado. Se trata de compromisos a muy largo plazo, y los cambios en las políticas y la política en uno u otro lugar, particularmente para las empresas o los inversores con presencia global, deben tener en cuenta la volatilidad de los entornos políticos en esos planes a largo plazo.”

Este fondo llega en un momento en que los gobiernos y los inversores están destinando más recursos a soluciones climáticas basadas en la naturaleza . La reforestación se está convirtiendo en una herramienta importante para la eliminación de carbono, la protección de la biodiversidad y la reducción de emisiones a largo plazo.

Millones de árboles, miles de hectáreas

Aproximadamente la mitad del terreno se conservará o restaurará como bosque y hábitat autóctono. La otra mitad se destinará a plantaciones forestales comerciales certificadas.

La estrategia de reforestación ya está en marcha. Según BTG Pactual TIG, se han plantado alrededor de 29 millones de árboles en más de 64.000 acres en Brasil. Más de 53.000 acres están bajo conservación, mientras que se han iniciado trabajos de restauración en otros 50.000 acres de vegetación nativa.

La compañía afirmó que la estrategia ya ha identificado más de 1000 especies de plantas y animales en las áreas del proyecto. Asimismo, informó que más de 640 kilómetros de arroyos cuentan con protección reforzada.

Gran parte de la actividad se concentra en el bioma del Cerrado brasileño, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad del mundo. Esta región es también una de las más amenazadas por la deforestación vinculada a la agricultura y la ganadería.

BTG Pactual TIG afirmó que los proyectos están diseñados para equilibrar la silvicultura comercial con la restauración de ecosistemas. Las plantaciones forestales comerciales pueden generar ingresos por la venta de madera a lo largo del tiempo. Los bosques restaurados pueden proporcionar créditos de carbono e impulsar la biodiversidad.

La estrategia también busca apoyar las economías locales. Se prevé que, una vez implementados por completo, los proyectos generen alrededor de 2700 empleos directos e indirectos.

Los mercados de carbono están bajo presión, pero la demanda de créditos forestales sigue creciendo

Esteaen la recaudación de fondos se produce en un período de mayor escrutinio de los mercados mundiales de carbono. Los ingresos procedentes de los sistemas de comercio de emisiones superaron los 100.000 millones de dólares en 2024 y establecieron un nuevo récord en 2025, según análisis del Banco Mundial y del ICAP.

Al mismo tiempo, los compradores se muestran más selectivos y exigen mayor calidad y transparencia en los proyectos de créditos de carbono . Varios mercados se han ralentizado debido a la incertidumbre política, las preocupaciones sobre la seguridad energética y el creciente escrutinio sobre los créditos de carbono.

Al mismo tiempo, la demanda de proyectos de eliminación de carbono de alta calidad sigue creciendo.

Las grandes empresas están bajo presión para reducir las emisiones y alcanzar los objetivos de cero emisiones netas. Muchas están invirtiendo en soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, la reforestación les ayuda a reducir las emisiones en sus operaciones y cadenas de suministro.

Microsoft , por ejemplo, acordó en 2024 comprar 8 millones de toneladas de créditos de eliminación de carbono vinculados a la estrategia de BTG Pactual TIG a lo largo del tiempo. Esto refleja un cambio más amplio en el mercado. Las empresas buscan cada vez más proyectos de eliminación de carbono a largo plazo en lugar de compensaciones a corto plazo.

El mercado voluntario de carbono (MVC) podría expandirse significativamente durante la próxima década. Analistas de diversos grupos de investigación climática pronostican un gran aumento en la demanda de créditos de carbono para 2030. Esto se debe a las normativas climáticas corporativas más estrictas a nivel mundial.

Sin embargo, los inversores son cada vez más selectivos. Los proyectos ahora se enfrentan a mayores exigencias en cuanto a transparencia, protección de la biodiversidad e impacto climático cuantificable. Aquí es donde entran en juego las soluciones basadas en la naturaleza.

¿Por qué los inversores globales están invirtiendo grandes sumas de dinero en la plantación de árboles?

Los inversores institucionales están aumentando su exposición a los activos forestales y de restauración de tierras. El grupo de inversores de BTG Pactual TIG incluye fondos de pensiones, bancos de desarrollo, fundaciones, aseguradoras y corporaciones de varios países.

Entre los participantes se encuentran:

• Corporación Financiera Internacional (CFI),
• Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil,
• Banco de Desarrollo CAF de América Latina,
• Banco de desarrollo holandés FMO,
• GenZero, con sede en Singapur,
• La empresa minera Vale y
• Compañía naviera japonesa Mitsui OSK Lines.

La amplia base de inversores demuestra que la reforestación se considera ahora una oportunidad tanto medioambiental como financiera.

Entre 2020 y 2024, la financiación mundial para los bosques y las soluciones climáticas basadas en la naturaleza casi se duplicó. La inversión anual pasó de menos de 12.000 millones de dólares hace cinco años a unos 23.500 millones de dólares al año, según un informe del PNUMA . Esta financiación apoya proyectos centrados en la protección, la restauración y la eliminación de carbono de los bosques.

Los activos forestales están despertando interés porque los árboles pueden generar múltiples formas de valor a lo largo del tiempo. Estas incluyen la producción de madera, créditos de carbono , la revalorización de la tierra y beneficios para la biodiversidad.

Las soluciones climáticas basadas en la naturaleza también están ganando apoyo político a nivel mundial, ya que los bosques desempeñan un papel vital en la lucha contra el cambio climático. Un estudio publicado en Nature Climate Change estima que absorben alrededor de 7600 millones de toneladas métricas de CO2 cada año.

Latinoamérica es clave para la restauración forestal. Cuenta con vastas extensiones de tierra, una rica biodiversidad y un rápido crecimiento de los árboles. BTG Pactual TIG afirmó que algunos árboles plantados en Brasil desde 2023 ya han alcanzado más de 9 metros de altura gracias a las condiciones de crecimiento favorables.

BTG Pactual amplía su estrategia de finanzas sostenibles y ESG

El fondo de reforestación forma parte de la estrategia de sostenibilidad más amplia de BTG Pactual, el banco de inversión más grande de Latinoamérica. La compañía ha expandido sus actividades de finanzas sostenibles e inversión ambiental en los últimos años.

Su división de tierras forestales administra activos por un valor aproximado de 7.500 millones de dólares. Esto incluye compromisos en aproximadamente 3 millones de acres en Estados Unidos y Latinoamérica. El banco se adhiere a los Principios de Inversión Responsable (PRI) de la ONU. Asimismo, apoya marcos para la divulgación financiera relacionada con la naturaleza.

Las inversiones vinculadas a criterios ESG están creciendo en el sector financiero. Este auge continúa incluso en medio de los debates políticos sobre políticas de sostenibilidad en algunos países. Los bancos y gestores de activos están destinando más capital a proyectos de energías renovables, biodiversidad , reducción de emisiones de carbono y adaptación al cambio climático.

Las inversiones basadas en la naturaleza son cruciales. Abordan varios desafíos ambientales simultáneamente. En concreto, la reforestación ayuda a eliminar el carbono, protege el agua, recupera el suelo y restaura los hábitats, todo en un mismo proyecto.

La reforestación se convierte en una parte más importante de la economía climática

El hito alcanzado por BTG Pactual TIG en la recaudación de fondos pone de manifiesto cómo los bosques se están convirtiendo en parte de la economía climática global. Es posible que los gobiernos por sí solos no cuenten con los fondos suficientes para restaurar los ecosistemas degradados a la escala necesaria. El capital privado está cubriendo cada vez más esa brecha.

Los grandes proyectos de restauración se están estructurando ahora más como inversiones en infraestructura a largo plazo. Combinan objetivos medioambientales con beneficios comerciales procedentes de la madera, la gestión de tierras y los mercados de carbono.

Varios proyectos importantes reflejan esta tendencia. La iniciativa de la Gran Muralla Verde en África tiene como objetivo restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas para 2030. Este proyecto se centra en la región del Sahel. Además, impulsará la agricultura, creará empleos y contribuirá a la captura de carbono.

En Latinoamérica, empresas como Mombak y re.green están desarrollando proyectos de restauración forestal a gran escala en Brasil. Generan créditos de eliminación de carbono para compradores corporativos.

Empresas de inversión como Brookfield Asset Management y Manulife Investment Management han ampliado sus carteras de terrenos forestales sostenibles. Estas carteras combinan los ingresos de la silvicultura comercial con estrategias de biodiversidad y reducción de emisiones de carbono.

Actualmente, los proyectos de reforestación se consideran tanto una solución climática como una inversión a largo plazo.

Sin embargo, persisten los desafíos. Los mercados de carbono siguen enfrentando inquietudes sobre la calidad y la verificación. Los inversores también se enfrentan a riesgos relacionados con el uso del suelo, la regulación y los largos plazos de los proyectos.

Sin embargo, el impulso continúa creciendo. A medida que más empresas se fijen objetivos de cero emisiones netas y metas de biodiversidad, es probable que aumente la demanda de grandes proyectos de restauración. Latinoamérica tiene un gran potencial de crecimiento, respaldado por sus vastos recursos forestales y sus buenas condiciones climáticas.

Para BTG Pactual TIG, el cierre de la recaudación de fondos por 1240 millones de dólares demuestra cómo la reforestación está evolucionando, pasando de ser una iniciativa ambiental minoritaria a una importante estrategia de inversión global.

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Fuente: Malinosvki 

BRASIL (Abril 2026).- El Frente Parlamentario Forestal de la Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul, SINDIMADEIRA-RS, y la Asociación de Empresas Forestales de Rio Grande do Sul (Ageflor) se reunieron en abril un encuentro con empresarios madereros de la región de São Francisco de Paula, un importante centro forestal de Rio Grande do Sul.

El encuentro fue dirigido por el diputado estatal Carlos Burigo, presidente del Frente Parlamentario, y contó con la participación del alcalde, Thiago Teixeira; el presidente y el director ejecutivo de SINDIMADEIRA-RS, Leonardo de Zorzi y Moacir Bueno da Silva; y el director ejecutivo de Ageflor, Jorge Heineck.

La agenda de la reunión se centró en los logros recientes del Frente Parlamentario Forestal y recogió las principales demandas de los empresarios locales.

Reinstaurado en 2023, el Frente Parlamentario para la Silvicultura ha abordado con determinación los obstáculos históricos del sector, recuperando su capacidad productiva.

Entre los avances logrados, destaca la actualización de la zonificación ambiental forestal, que amplía significativamente las áreas aptas para la plantación forestal en el Estado.

Controles fitosanitarios de los pinares

La madera de pino es una de las principales materias primas para productos brasileños reconocidos internacionalmente por su alta calidad y versatilidad.

Se utiliza en diversas industrias, como la del mueble, la construcción, las puertas, los marcos, los paneles y muchas otras.

Esto se debe en gran medida a la buena salud de los bosques, con altos estándares de manejo, prevención y control de plagas.

A principios de abril, un acuerdo firmado entre Embrapa Florestas y el Fondo Nacional para el Control de Plagas Forestales (Funcema) garantizará la excelencia fitosanitaria de la silvicultura de pino.

El documento renovó el Convenio de Cooperación enfocado en la investigación y el desarrollo de soluciones para la prevención y el control de la avispa de la madera (Sirex noctilio).

La reunión se llevó a cabo en Colombo, en la sede de Embrapa Florestas.

La avispa de la madera es el objetivo de uno de los programas de control biológico más exitosos del país.

Embrapa Florestas es pionera en Nematec, una solución en gel a base de nematodos que actúa en el control de esta plaga.

Utilizado durante décadas en Brasil, el producto tiene una alta eficacia y es ampliamente adoptado por empresas y productores forestales como una herramienta esencial en el manejo integrado de Sirex noctilio.

Embrapa Florestas seguirá siendo responsable de producir la solución biológica, así como de brindar apoyo técnico a los silvicultores, guiándolos en la correcta aplicación y manejo de los nematodos en el campo.

El nuevo acuerdo también amplía el alcance de la acción conjunta al incluir investigaciones centradas en el control de Sirex obesus, una especie de avispa identificada recientemente que ha estado atacando las plantaciones de pinos tropicales, especialmente en el estado de São Paulo.

Funcema está integrada por la Asociación de Empresas Forestales de Rio Grande do Sul (Ageflor), la Asociación de Empresas Forestales de Santa Catarina (ACR), la Asociación de Empresas Forestales de Paraná (Apre) y la Asociación Brasileña de Productores de Resina (Aresb). El consejo administrativo del fondo está compuesto por Ageflor, ACR y Apre.

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