Por Patricia Escobar

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MISIONES (17/7/2026).- En una decisión que marca un fuerte retroceso en la política regulatoria pretendida para la cartera ambiental, el Gobierno de Misiones decidió dar marcha atrás y derogar de forma definitiva la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), el primero con trazabilidad digital en el organismo. La medida oficializada este viernes responde a la presión conjunta de las empresas agroforestales y madereras de la provincia, que habían planteado de manera unánime la revisión de la norma y exigían la apertura de canales de diálogo ante lo que consideraban una herramienta con alta falta de claridad operativa y decisiones arbitrarias de fiscalización.

La marcha atrás se formalizó mediante la Resolución 248/26, con fecha de hoy, 17 de julio de 2026. La norma, que lleva la firma del ministro de Ecología, Martín Recamán, deja formalmente sin efecto la Resolución 182/26, con la cual se había dado nacimiento al polémico registro a principios de este mes. En los fundamentos del nuevo instrumento legal, la cartera ecológica argumentó razones de “oportunidad, mérito y conveniencia” para revocar la medida, evitando profundizar en los cuestionamientos jurídicos de fondo que gatillaron el conflicto con el sector privado.

Los argumentos de la impugnación: «Es inconstitucional»

La caída del RePIA fue el resultado de un frente empresarial abroquelado y unánime que nucleó a la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Corrientes (APICOFOM), la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Sociedad Rural de Misiones (SRM) y la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM), entre otros referentes de la cadena de valor.

Las alarmas se encendieron cuando los propietarios madereros y agroforestales tomaron conocimiento de la medida a través de los medios de comunicación, en medio de información parcial y confusa provista por el propio organismo de control. Las reuniones de urgencia no tardaron en concentrarse en la sede de AMAYADAP, entidad que lideró la presentación de una impugnación administrativa formal.

Desde el punto de vista legal, el sector privado argumentó que la resolución original era inconstitucional, debido a que facultaba al Ministerio de Ecología a incorporar a personas o empresas al registro de infractores con la sola apertura de un expediente administrativo, es decir, sin que mediara una sanción firme, vulnerando flagrantemente el principio de inocencia y las garantías del debido proceso.

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Qué establecía el RePIA y el «Certificado de Antecedentes»

El registro derogado buscaba concentrar en una única base de datos digital a todos aquellos actores que incurrieran en contravenciones a las leyes ambientales provinciales. Sin embargo, el punto de mayor fricción radicaba en sus efectos financieros y operativos: la norma estipulaba que figurar en el RePIA bloqueaba automáticamente el acceso a nuevos permisos ambientales, subsidios, líneas de crédito bancarias, incentivos fiscales y cualquier otro beneficio otorgado por el Estado provincial mientras la sanción estuviera vigente.

Asimismo, el marco regulatorio del RePIA obligaba a la creación de un nuevo trámite burocrático: el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales, un documento de carácter obligatorio que cualquier particular o empresa debía presentar ante Ecología para acreditar que se encontraba «libre de faltas» antes de iniciar cualquier gestión o plan forestal. Como agravante, la norma disponía que los infractores debían permanecer registrados durante tres años posteriores al cumplimiento de la sanción, plazo que se extendía a cuatro años en casos de reincidencia.

Una agenda de reclamos que excede al Registro

La derogación del RePIA expuso un malestar profundo y preexistente en la foresto-industria misionera respecto a las políticas de fiscalización ambiental. Durante las negociaciones, los dirigentes empresarios volvieron a poner sobre la mesa una agenda de reclamos críticos que traban la competitividad del sector.

Entre los puntos exigidos por las cámaras madereras y rurales figuran las crónicas demoras en la aprobación de los permisos de cambio de uso del suelo y planes forestales, las severas restricciones para las autorizaciones de quemas controladas en épocas críticas, el impacto de la prohibición del glifosato en las cadenas productivas y la falta de claridad en torno a los certificados de créditos y bonos de carbono jurisdiccionales. El sector privado concluyó que todos estos ejes deben ser abordados bajo un marco de estricta transparencia, previsibilidad y un diálogo maduro entre el Estado y los generadores de empleo de la provincia.

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Por Patricia Escobar

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MISIONES (15/7/2026).- La Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) expresó su adhesión al documento elaborado por productores y empresarios del sector foresto-industrial y agropecuario durante la reunión convocada por la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) la semana pasada en Eldorado, y exhortó al Gobierno de Misiones a priorizar «el camino del diálogo y la producción» para recuperar la competitividad y promover nuevas inversiones.

A través de un comunicado institucional, la entidad maderera manifestó su preocupación por distintas normativas provinciales que, a su entender, condicionan el desarrollo de las actividades productivas y generan mayores dificultades para un sector que atraviesa un contexto económico complejo.

«Consideramos indispensable y urgente revisar las medidas que impactan directamente en el día a día de nuestro trabajo», expresó Guillermo Fachinello, presidente de APICOFOM y la Confederación Económica de Misiones (CEM), al señalar dos temas que considera prioritarios.

En diálogo con ArgentinaForestal.com, el empresario maderero cuestionó la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA) donde solo se contempla a los propietarios de bosques nativos, es discrecional y arbitrario, porque no contempla a todos los ocupantes ilegales e intrusos que desmontan en toda la cuenca del Alto Uruguay, y sobre los cuáles, no le cabe ninguna sanción, generando una desigualdad con el propietario que tiene en regla su actividad y que solicita en el marco legal un permiso de uso de suelo, que encima tardan años en otorgar y si encuentran una infracción aplican una multa a criterio de Asuntos Jurídicos elevadísimas, muchas veces por temas administrativos. Es una traba más este registro para los forestales. No está claro el sistema ni su implementación, y entendemos que no podemos dejar a criterios de quien esté a cargo de la gestión de contralor el ingreso al registro digital  implementado por el Ministerio de Ecología de Misiones para centralizar sanciones y expedientes administrativos vinculados a infracciones ambientales», remarcó.

Para los empresarios madereros de APICOFOM esta herramienta «solo aporta más burocracia a un enmarañado sistema de obstáculos a la producción» y afirmaron que, mientras el sector privado busca alternativas para superar la crisis, «el Estado provincial consolida una política que va en contra de ese objetivo».

Asimismo, APICOFOM planteó la necesidad de revisar la vigencia de la prohibición del uso del glifosato en la provincia. Según indicaron, la medida fue adoptada «de manera inconsulta con los actores técnicos y productivos del sector», por lo que consideraron necesario abrir un proceso de análisis basado en evidencia científica y en el consenso entre los distintos actores involucrados.

«La definición de alternativas viables y la evaluación del impacto real sobre los costos y la productividad deben darse en un marco de consenso científico y operativo para no restarnos competitividad», señalaron.

Diálogo y previsibilidad

En su pronunciamiento, la APICOFOM sostuvo que resulta «necesario un urgente cambio de actitud del gobierno provincial hacia el sector productivo» y remarcó que el desarrollo de Misiones depende del fortalecimiento de la producción y la industria.

En ese sentido, Fachinello instó al Gobierno provincial a mantener «canales de diálogo abiertos, dinámicos y resolutivos», evitando demoras burocráticas en temas que consideran críticos para sostener la inversión y el empleo.

«La forestoindustria y el sector agropecuario son los verdaderos motores de la economía misionera. Ponemos a disposición toda nuestra capacidad técnica y de gestión para trabajar codo a codo en una agenda de desarrollo sustentable que proteja el empleo, la inversión y el futuro de nuestra provincia», expresan desde APICOFOM.

Respaldo al documento consensuado en AMAYADAP

La adhesión de APICOFOM surge tras la reunión realizada el 7 de julio en la sede de AMAYADAP, en la que participaron más de cincuenta productores, empresarios, propietarios de tierras, profesionales, asesores técnicos y representantes del sector foresto-industrial y agropecuario.

El encuentro fue encabezado por el empresario Alfredo Gruber, titular del establecimiento Don Guillermo y referente histórico de la entidad, y contó además con la presencia de los diputados provinciales Ramón Amarilla y Miguel Núñez, invitados para escuchar los planteos del sector.

Como resultado de la jornada, los asistentes consensuaron un documento en el que solicitaron al Gobierno de Misiones avanzar hacia una agenda basada en el diálogo, la previsibilidad y la seguridad jurídica, al considerar que el actual escenario genera incertidumbre para las inversiones de largo plazo.

«Quienes producimos y generamos empleo genuino a través de la actividad agropecuaria y forestal necesitamos reglas claras, decisiones consensuadas y políticas que promuevan la producción», expresaron durante el encuentro.

Los participantes coincidieron además en que resulta necesario fortalecer los mecanismos de consulta con los sectores productivos antes de implementar nuevas regulaciones, con el objetivo de construir políticas públicas que compatibilicen la protección ambiental con el desarrollo económico y la generación de empleo.

La Confederación Económica de Misiones (CEM) respalda los reclamos de la AMAYADAP y APICOFOM solicitando la eliminación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA) -Resolución 182/26- anunciado recientemente por el Ministerio de Ecología de Misiones.

Además de condicionar la competitividad de las actividades productivas en Misiones, esta normativa penaliza la actividad productiva al momento de incorporar al registro a personas o empresas con expedientes administrativos aún sin resolución definitiva.

Para acompañar este reclamo la CEM solicitó formalmente una reunión de carácter urgente con el Ministro de Ecología de la Provincia para resolver esta cuestión y abordar otras que también paralizan, obstaculizan y burocratizan la producción e industria agropecuaria y forestal, pilares de la economía misionera (prohibición del glifosato, Programa Jurisdiccional JNR REDD + y restricciones y demoras en Permisos de Uso de Suelo).

Esta solicitud se suma a otras ya realizadas anteriormente, en las que la CEM insta al Gobierno Provincial a crear y sostener espacios de diálogo sólidos, permanentes y resolutivos, capitalizando el expertise de productores y empresarios pyme para diseñar alternativas viables, con impacto positivo para el sector.

Ecología analizará los planteos del sector productivo en una mesa técnica-jurídica del RePIA

Este martes se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables para abordar las inquietudes planteadas por representantes del sector de la madera y analizar los alcances del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), recientemente reglamentado. Como resultado del encuentro, se acordó conformar una mesa técnica-jurídica que tendrá el objetivo de analizar los planteos presentados y profundizar los aspectos vinculados a la implementación del sistema.

De la reunión participaron el ministro de Ecología, Martín Recamán; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo; el director general de Bosques Nativos, Milton Morán; la directora general de Asuntos Jurídicos, Antonella Bortolotti; y el coordinador del Programa de Créditos de Carbono, Augusto Abdulhadi. En representación de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAyADAP), participaron el diputado provincial Miguel Núñez (PRO) y el abogado Fernando Acosta.

Durante el encuentro, los representantes del sector maderero expusieron cuestionamientos vinculados al alcance de la Resolución Nº 182/26, particularmente respecto de las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, las facultades para su dictado y la interpretación de algunos aspectos de la reglamentación.

En ese marco, las autoridades del Ministerio brindaron precisiones sobre el funcionamiento del registro y acordaron abrir una instancia de trabajo técnico para analizar cada uno de los planteos.

Desde el Ministerio se explicó que el RePIA no crea nuevas infracciones ni modifica el régimen sancionatorio vigente, sino que constituye una herramienta administrativa destinada a centralizar en una única plataforma digital la información sobre sanciones ambientales firmes, con el objetivo de agilizar los trámites, fortalecer la transparencia y brindar mayor previsibilidad a quienes realizan gestiones ante el organismo.

Asimismo, se aclaró que el registro no incorpora denuncias, actuaciones preliminares ni expedientes en trámite. La inscripción se realiza únicamente cuando existe una sanción administrativa firme, una vez finalizado el procedimiento correspondiente y garantizado el derecho de defensa.

También se informó que el sistema alcanza a personas físicas y jurídicas sancionadas por infracciones ambientales, cualquiera sea la actividad que desarrollen, y que sus efectos administrativos se limitan exclusivamente a autorizaciones, programas, beneficios y trámites gestionados por el Ministerio de Ecología.

Además, contempla mecanismos de regularización: una vez cumplidas las sanciones y las medidas de remediación correspondientes, cesan los efectos administrativos de la inscripción, mientras que el antecedente se conserva únicamente para el seguimiento de eventuales reincidencias previstas por la normativa.

No obstante, la mesa técnico-jurídica prevista para las próximas semanas dará continuidad al trabajo iniciado durante este encuentro, consolidando un espacio de diálogo entre el Ministerio de Ecología y el sector maderero. El objetivo es acompañar la implementación de una herramienta orientada a agilizar los trámites ambientales, fortalecer la transparencia, brindar mayor previsibilidad a los administrados y consolidar una gestión pública más eficiente.

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Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina 

MISIONES (11 de julio de 2026).- Casi 100 familias rurales del municipio de San Pedro, Misiones, mejoraron en más de 5 veces el volumen de agua disponible en sus hogares, pasando de 300 a más de 1500 litros diarios. Las familias, participantes del proyecto “Restaurando la Selva Misionera para las Personas y la Naturaleza” que impulsa la Fundación Vida Silvestre Argentina, hoy cuentan con acceso estable a agua para consumo –previa ebullición o cloración-, higiene y producción. Este logro fue posible mediante un trabajo conjunto que combina restauración ambiental, fortalecimiento comunitario e infraestructura adaptada a las necesidades locales.

“Para muchas familias de la zona, acceder al agua implicaba, hasta hace poco, recorrer más de 500 metros con baldes y bidones, depender de vecinos o utilizar vertientes con escasa disponibilidad”, señaló Lucía Lazzari, coordinadora de biodiversidad de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Hoy, esa realidad cambió absolutamente. Las soluciones fueron pensadas caso por caso, realizando un relevamiento previo y en contante diálogo entre las familias y el equipo técnico, buscando garantizar agua de mejor calidad y en cantidad suficiente», agregó.

La Fundación Vida Silvestre Argentina, en conjunto con el INTA y la Municipalidad de San Pedro impulsan acciones buscando la recuperación de la selva misionera y la conservación de la biodiversidad. Para ello se desarrollan diferentes estrategias como el fortalecimiento de actividades productivas amigables con el ambiente y el desarrollo sostenible de las comunidades rurales. En este marco, se realizaron mejoras en sistemas de captación, almacenamiento y distribución de agua provenientes de vertientes naturales.

Los trabajos incluyeron la protección de nacientes de agua, la construcción y mejora de reservorios, la instalación de sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento, y la adecuación de infraestructuras que permiten llevar agua directamente hasta las viviendas. Cada intervención fue diseñada junto a las familias, considerando las características particulares de cada chacra, la ubicación de las vertientes y las necesidades de quienes viven y producen en el territorio.

Los resultados son visibles

Las familias disponían, en promedio, de alrededor de 300 litros diarios. Actualmente cuentan con reservorios con poco más de 1.700 litros de agua para consumo –luego de hervirla o clorarla- y producción. Algunas familias contaban con menos de 50 litros diarios para consumo –según la Organización Mundial de la Salud se necesitan entre 50 y 100 litros por persona por día para cubrir necesidades básicas- y/o la necesidad de transportar agua en baldes y bidones desde más de 500 metros de sus casas. Hoy además cuentan con sistemas que permiten disponer de agua directamente en sus hogares.

Este cambio representa mejores condiciones de higiene, menos esfuerzo destinado al acarreo de agua y mayores oportunidades para fortalecer pequeñas producciones rurales.

“Estas acciones forman parte de una visión integral del desarrollo sostenible que buscamos junto a las familias, donde promueve la conservación y restauración de la selva de la mano de mejorar la calidad de vida de las comunidades locales”, concluyó Lazzari.

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Por Patricia Escobar

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BUENOS AIRES (3/7/2026).-  El Ministerio de Defensa de la Nación oficializó el nombramiento del Dr. Pedro Di Nezio como nuevo Director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en reemplazo del Lic. Antonio Mauad. La designación generó una inmediata reacción del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), entidad que representa a los profesionales del sector y que venía reclamando por la regularización institucional del organismo.

Di Nezio es doctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami, e ingeniero mecánico graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

Durante los últimos veinte años desarrolló su carrera en Estados Unidos, donde encabezó proyectos de investigación en las universidades de Colorado, Texas y Hawái, además de desempeñarse en organismos de referencia mundial como la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, por su sigla en inglés) y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica.

A lo largo de su carrera científica publicó más de 60 trabajos especializados, varios de ellos en prestigiosas revistas internacionales como Science y Nature. Además de su perfil académico, el nuevo director del SMN cuenta con experiencia en gestión y asesoramiento estratégico.

Desde 2011 integra el panel internacional que monitorea los fenómenos de El Niño y La Niña, coordinado por el Centro de Predicción Climática de la NOAA. En los últimos años, también trabajó como consultor en riesgo climático para la red internacional de reaseguros WTW Research Network.

Desde el inicio de la actual gestión presidencial, el CAM había exigido el estricto cumplimiento del Decreto 1432/2007, una normativa que establece que la conducción del SMN debe recaer obligatoriamente en un profesional con título universitario de grado —de más de cinco años de cursada— directamente vinculado a las ciencias de la atmósfera.

«El anuncio de la designación del Dr. Pedro Di Nezio responde a la normativa vigente, al tratarse de un especialista con los antecedentes requeridos. Valoramos que se haya escuchado el reclamo de nuestra comunidad y la visibilización alcanzada en los medios, avanzando hacia la estabilidad institucional del organismo», expresaron desde la asociación técnica.

La prioridad debe ser la población civil

Pedro Di Nezio asumió la dirección del SMN el 1° de julio, con el objetivo de modernizar y automatizar la red de estaciones. Su designación llega tras meses de recortes y una significativa pérdida de personal en el organismo.

A pesar del visto bueno técnico al perfil de Di Nezio, el CAM manifestó su profunda preocupación por el enfoque del comunicado emitido por la cartera de Defensa. La entidad cuestionó que el Gobierno priorice el rol estratégico del SMN dentro del sistema militar y la ejecución de operaciones de las Fuerzas Armadas, por encima del resguardo de la comunidad general.

«Recordamos que la misión primordial e indelegable del organismo es salvaguardar las vidas y los bienes de toda la población civil. Los recursos actuales deben orientarse con carácter prioritario a sostener la continuidad operativa de la red observacional, la precisión de los pronósticos y la eficacia del sistema de alerta temprana que protege a la sociedad», advirtieron con firmeza.

El punto más crítico del pronunciamiento del CAM radicó en el desfasaje entre las promesas oficiales y el estado real de la institución. Mientras que el Ministerio de Defensa justificó el nombramiento bajo un presunto «plan de fortalecimiento de los organismos científico-técnicos» que promete tecnología de vanguardia y servicios de mayor calidad, los profesionales denunciaron un escenario de desmantelamiento.

Para el CAM, el discurso oficial resulta «contradictorio» frente a las marcadas restricciones presupuestarias que atraviesa el sector.

Entre los datos más alarmantes, la entidad denunció la reciente pérdida de 140 profesionales calificados, el cierre definitivo de estaciones meteorológicas y la discontinuidad en la toma de mediciones de muchas otras, variables que vulneran directamente las capacidades de respuesta del país ante emergencias climáticas.

«El CAM continuará trabajando para que el compromiso anunciado se cumpla en beneficio de toda la sociedad, entendiendo que el rol del Estado es indelegable a la hora de proteger a la población ante emergencias y eventos extremos», subrayaron.

Finalmente, la comisión directiva de la entidad le dio la bienvenida al nuevo director, expresando su total disposición para aportar la visión técnica de la comunidad profesional y deseándole una gestión exitosa dentro de un contexto económico y operativo que calificaron como altamente desafiante.

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Fuente: Con información de la LA NACIÓN, INFOBAE 

BUENOS AIRES (30/6/2026).- El subsecretario de Ambiente de la Nación, Fernando Brom, presentó su renuncia tras poco más de un año al frente de la dependencia, según confirmó hoy el Gobierno en el Boletín Oficial. La salida fue oficializada mediante la Resolución 62/2026, con efectos desde el 26 de junio de 2026. Como ocurrió en otras oportunidades, el Gobierno aceptó la renuncia sin explicar los motivos de la decisión y, hasta el momento, tampoco confirmó quién será el funcionario que quedará al frente de la Subsecretaría.

Según el diario LA NACIÓN, fuentes de gobierno señalaron que «no querían que permaneciera por comentarios públicos y descuidos en la administración».

Fernando Brom había asumido la Subsecretaría de Ambiente en 2025, tras la salida de Ana Vidal de Lamas, con el respaldo del ministro Guillermo Francos.

Brom es Licenciado en Administración de Empresas y había asumido el cargo el 14 de febrero de 2025. Su gestión se caracterizó por profundos recortes presupuestarios y la implementación de ajustes en la estructura estatal ambiental, entre ellos la disolución de la Dirección de Cambio Climático, que fue eliminada del organigrama el 22 de abril y sostenida mayormente con fondos internacionales.

Además, durante su administración, se cuestionó que el área no impulsara nuevas herramientas para fortalecer la aplicación de la Ley de Bosques, mejorar los mecanismos de prevención de incendios o ampliar los programas nacionales de restauración ambiental.

La renuncia había sido ofrecida el viernes anterior y se mantuvo en consideración durante el fin de semana. La decisión se oficializó mientras la Jefatura de Gabinete atraviesa una crisis marcada por denuncias de enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. Hasta el momento no se confirmó quién reemplazará a Fernando Brom al frente de la Subsecretaría de Ambiente.

Durante su gestión, Brom impulsó reformas polémicas en la legislación ambiental y respaldó la reforma a la Ley de Glaciares.

En entrevistas previas, había declarado que buscaba evitar la “ideologización” de la agenda ambiental y que el equipo trabajaba “más que nunca”. No obstante, su exposición pública fue limitada y recibió críticas dentro del oficialismo por ello.

Uno de los principales señalamientos a la gestión de Brom fue el incumplimiento en la publicación de la actualización de las Contribuciones Nacionales Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés). Este documento, requerido por la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, fue elaborado por técnicos de la subsecretaría, pero no se presentó oficialmente ante la ONU y permanece en Cancillería.

En el horizonte inmediato, la cartera de ambiente enfrenta la falta de definición sobre la participación de la Argentina en la COP 31 sobre cambio climático y la COP 17 de Diversidad Biológica. No se sabe si el Gobierno enviará delegados técnicos o representantes políticos a estos encuentros internacionales.

El Gobierno nacional había oficializado el año pasado la designación de Fernando Brom como subsecretario de Ambiente a través del Decreto 107/2025, luego de la renuncia de Ana Lamas por motivos personales y agotamiento.

Brom, empresario vinculado al sector alimenticio y exvicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), asumió el cargo tras un acuerdo con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, y la aprobación del presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Al inicio de su gestión, Brom priorizó el combate de los incendios forestales y criticó la respuesta estatal ante los siniestros en la Patagonia, lo que generó un cruce público con el vocero presidencial, Manuel Adorni. El funcionario pidió no politizar la problemática ambiental y destacó la necesidad de perseguir a los responsables de provocar incendios, mientras remarcó que el ambiente debe tratarse como un derecho humano y no como un tema ideológico.

En noviembre del año pasado, el presidente de la Nación, Javier Milei, resolvió enviar una reducida delegación a la 30° edición de la Conferencia de ONU sobre el Cambio Climático (COP30). Si bien el subsecretario de Ambiente, Fernando Brom, hizo públicas sus intenciones de participar de la conferencia del cambio climático, el Poder Ejecutivo le bajó rápidamente el pulgar. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni,no aprobó su viaje a Brasil y en su lugar ordenó el envío de una delegación formal con integrantes de Cancillería para cumplimentar con algunas solicitudes formales.

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Por Patricia Escobar

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MISIONES (30/6/2026).- En un paso considerado estratégico para la modernización del Estado y el fortalecimiento de la política ambiental de la provincia, desde el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables se anunció la puesta en marcha del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), una herramienta informática creada mediante la Resolución N° 182, que permitirá concentrar en una única plataforma toda la información vinculada a infracciones ambientales, garantizando mayor transparencia, trazabilidad y eficiencia en los procesos administrativos.

La iniciativa apunta a la transformación digital, un proceso que impulsa el organismo y representa un cambio estructural en la gestión ambiental provincial. Hasta ahora, los antecedentes de infracciones permanecían dispersos en distintas áreas técnicas y jurídicas, lo que dificultaba el análisis integral de cada caso, retrasaba la toma de decisiones y complejizaba la articulación interna.

«Se trabajó durante el último año en generar un mecanismo digital que garantice la trazabilidad de las infracciones, la uniformidad en la aplicación de sanciones y una respuesta contundente frente a la reincidencia. Buscamos un sistema informático eficiente que concentre toda la información sobre las sanciones ambientales, brinde seguridad jurídica y permita evaluar rápidamente la situación de cada usuario o persona, corrobore sus antecedentes, para otorgar permisos a quienes cumplen con la normativa vigente y determinar, en caso de una infracción, si existe reincidencia al momento de aplicar una multa», explicó el ministro de Ecología, Martín Recamán, en diálogo con ArgentinaForestal.com.

La digitalización de los sumarios, que involucra a diversas áreas del organismo, permitirá conformar un Registro Único Provincial de Infractores Ambientales centralizado con información sobre sanciones por apeo ilegal, pesca y caza furtiva, incumplimientos en materia de evaluación de impacto ambiental, quemas no autorizadas, incendios forestales, contaminación de cursos de agua, manejo de residuos peligrosos y otras infracciones contempladas por la legislación ambiental.

La tecnología como herramienta para la gestión ambiental

La implementación del RePIA marca un cambio de paradigma en la administración pública ambiental de Misiones, al reemplazar sistemas fragmentados por una plataforma integrada que permitirá no solo agilizar expedientes, sino también generar información estratégica para fortalecer las tareas de fiscalización, prevención y conservación.

«La implementación del Registro tendrá varios aspectos positivos, ya que al ordenar toda la información en un software desarrollado específicamente para esta finalidad, pudimos diseñar los campos necesarios, incorporar toda la normativa ambiental aplicable a cada infracción y unificar un sistema mucho más eficiente y ágil para todos. Fueron varias etapas de construcción y numerosas pruebas hasta ajustar el software. Ahora, con la información ordenada podremos tomar decisiones sobre otros aspectos, por ejemplo conocer cuántas infracciones se registran por cada temática o identificar las zonas donde se concentran más delitos ambientales para fortalecer las estrategias de prevención y conservación de la Selva Misionera y su biodiversidad», precisó Recamán.

El ministro remarcó que la herramienta no solo optimizará la gestión administrativa, sino que permitirá construir indicadores para orientar las políticas públicas ambientales y mejorar la planificación territorial de los controles.

Un sistema único para fortalecer la fiscalización

La medida anunciada este martes representa, según destacó el titular de la cartera ambiental, «un avance sin precedentes en la gestión y fiscalización ambiental. Por primera vez el organismo contará con un sistema digital unificado para registrar sanciones, identificar reincidencias y optimizar el seguimiento de los expedientes».

El Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA) fue concebido como una herramienta destinada a centralizar toda la información sobre las infracciones a la normativa ambiental vigente en Misiones. «Hasta el momento la provincia no disponía de un registro único que reuniera esta información. Al encontrarse dispersa entre distintas áreas, muchas veces el análisis integral de los antecedentes de un propietario demoraba meses o incluso años, mientras que la articulación entre las dependencias del Ministerio resultaba lenta y compleja», admitió, como una de las principales demandas al organismo.

La incorporación de tecnología permitirá avanzar hacia una administración pública más moderna y eficiente. El RePIA organizará desde el área de Jurídico de Ecología y sistematizará toda la información vinculada con las sanciones ambientales, facilitando tanto la planificación de las tareas de fiscalización como la emisión del futuro Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), nuevo documento que podrá tramitarse de manera completamente digital y de forma personal.

«Esperamos que en unas dos o tres semanas la herramienta ya esté disponible. Hasta ahora esta posibilidad simplemente no existía de manera sistematizada», señaló Recamán.

Qué infracciones comprenderá el registro

• El RePIA abarcará infracciones vinculadas con:
• actividad acuícola;
• bosques nativos;
• áreas naturales protegidas;
• manejo del fuego;
• evaluación de impacto ambiental;
• monumentos naturales;
• productos fitosanitarios;
• fauna silvestre;
• recursos hídricos;
• residuos;
• conservación de suelos.

El sistema digital permitirá acceder a información detallada sobre cada sumario, incluyendo la identificación del infractor, la normativa vulnerada, la descripción de la infracción, la sanción aplicada, las medidas de remediación impuestas, su estado de cumplimiento, la fecha en que la sanción quedó firme y la existencia de antecedentes o reincidencias.

Por otra parte, el figurar en el RePIA tendrá efectos administrativos mientras permanezca vigente la sanción. Entre otras consecuencias, impedirá a productores, propietarios o profesionales, a que puedan  acceder a nuevas autorizaciones o permisos, subsidios, líneas de crédito e incentivos fiscales vinculados al área ambiental, mantener determinadas autorizaciones, integrar comisiones consultivas ambientales, operar en Áreas Naturales Protegidas o desempeñarse como consultores en Estudios de Impacto Ambiental.

No obstante, el Ministerio de Ecología podrá establecer excepciones debidamente fundadas cuando existan razones de interés público.

Los plazos de permanencia en el registro serán:

• tres años cuando la sanción haya sido cumplida en término;
• tres años desde el cumplimiento total cuando hubiera existido un convenio de pago;
• hasta el efectivo cumplimiento cuando la sanción permanezca incumplida;
• cuatro años en casos de reincidencia.

El CAIA: nuevo certificado digital para agilizar los trámites

Como complemento del nuevo sistema, el Ministerio instrumentará como complemento el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales (CAIA), un trámite completamente digital mediante el cual los usuarios podrán consultar e imprimir en línea su certificado una vez cumplidos los requisitos correspondientes.

El documento será obligatorio para iniciar cualquier gestión técnica ante el Ministerio de Ecología cuando el sistema entre en vigencia, previsto antes de finalizar julio. «Ya no será necesario pasar por el área de Asuntos Jurídicos del Ministerio. Todos los antecedentes estarán informatizados», sostuvo Recamán.

Para el funcionario, esta herramienta permitirá además aplicar criterios más precisos y objetivos al momento de establecer sanciones.

«No es lo mismo evaluar el caso de una persona que nunca cometió una infracción ambiental que el de un infractor reincidente. El sistema permitirá valorar el daño ambiental ocasionado y determinar con mayor precisión si corresponde aplicar una multa mínima o máxima, conforme a la legislación vigente», explicó.

El CAIA tendrá una validez de seis meses e informará la situación del solicitante dentro del registro, convirtiéndose en un requisito indispensable para acceder a permisos, autorizaciones y otros beneficios vinculados con la gestión ambiental.

Con la puesta en funcionamiento del RePIA, el ministro sostiene que «Misiones incorpora una herramienta tecnológica que fortalece el control ambiental, incrementa la transparencia en la gestión pública, aporta mayor seguridad jurídica, simplifica los procedimientos administrativos y optimiza el sistema de fiscalización», resumió en la entrevista.

La nueva plataforma también permitirá construir información estratégica para orientar las políticas de prevención, mejorar la eficacia de los controles y fortalecer la protección de los recursos naturales y la biodiversidad provincial, consolidando un modelo de gestión ambiental más moderno, transparente y sustentable.

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Fuente: UNESCO Montevideo 

URUGUAY (28/6/2026).- Este lunes 29 de junio, la ciudad de Salto se convertirá en el epicentro de la gestión hídrica de Sudamérica al albergar el Encuentro Final de Coordinadores Nacionales del Proyecto Sistema Acuífero Guaraní.

La trascendental jornada técnica y política reunirá a las delegaciones oficiales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con el propósito de consolidar los resultados científicos alcanzados en los últimos años y proyectar la próxima etapa de cooperación regional en torno a uno de los reservorios de agua dulce transfronterizos más importantes del planeta.

Las actividades oficiales comenzarán en el Aula Magna del Centro Universitario Regional (CENUR) Litoral Norte, donde los coordinadores nacionales encabezarán una sesión plenaria dedicada a la consolidación de resultados, la evaluación de metas y la definición de las perspectivas estratégicas del proyecto.

Posteriormente, las comitivas internacionales se desplazarán para llevar a cabo un acto de alto valor simbólico e institucional: la colocación de placas conmemorativas en dos pozos de monitoreo clave del Sistema Acuífero Guaraní.

El primero de ellos está ubicado en las instalaciones del Club Remeros de Salto (Uruguay). El segundo se encuentra en Villa Zorraquín, en la ciudad de Concordia (Entre Ríos, Argentina).

Estas instalaciones representan físicamente el esfuerzo mancomunado de las cuatro naciones para robustecer el conocimiento científico, unificar los sistemas de medición y garantizar una gobernanza compartida y transparente del recurso subterráneo.

El Sistema Acuífero Guaraní es un recurso hídrico transfronterizo, compartido por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Constituye una fuente de agua dulce para millones de personas, cubriendo necesidades domésticas, agrícolas, industriales y turísticas en un extensa área de más de un millón de kilómetros cuadrados.

Monitoreo conjunto y gobernanza institucional

El proyecto ha sido ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), implementado por CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés).

Al concluir esta etapa, la iniciativa internacional deja un legado estructural para la seguridad hídrica de la región, fundamentado en cuatro pilares:

• Gobernanza regional: Fortalecimiento de los canales institucionales y diplomáticos entre los países firmantes.
• Red de monitoreo: Consolidación de una red conjunta y estandarizada de medición de aguas subterráneas.
• Plataforma digital: Puesta en marcha de un Sistema de Intercambio de Información integrado.
• Programa de Acción Estratégica (PAE): La actualización definitiva del PAE, el documento técnico matriz que orientará de manera vinculante las futuras acciones de cooperación e inversión para la protección ambiental y el uso racional y sostenible del Sistema Acuífero Guaraní.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

Foto: Sergio Moya

ARGENTINA (28/6/2026).- El 28 de junio se conmemora el Día Mundial del Árbol, una fecha instituida con el objetivo principal de generar conciencia sobre la urgencia de proteger las superficies arboladas y destacar su rol ecológico insustituible. Sin embargo, más allá de la efeméride anual, la relevancia de los árboles debe ser analizada bajo una mirada integral que equilibre la conservación ambiental y el desarrollo productivo sustentable.

Los árboles funcionan como los verdaderos pulmones del planeta.

Mediante el proceso de la fotosíntesis, absorben dióxido de carbono (CO2) —el principal gas de efecto invernadero— y liberan el oxígeno indispensable para la vida; se estima que una sola hectárea de árboles adultos puede generar suficiente oxígeno para abastecer a 10 personas al año.

Adicionalmente, un árbol aporta múltiples servicios ecosistémicos esenciales:

Regulación climática y confort: Regula el clima, refresca el ambiente, aporta sombra y contribuye directamente a reducir el impacto de las olas de calor en las áreas urbanas.

Protección del suelo: Sus raíces previenen la erosión hídrica y eólica, y absorben agua, actuando como esponjas naturales que mitigan el riesgo de inundaciones.

Sustento y biodiversidad: Funciona como hábitat, fuente de alimento y protección para múltiples especies, al tiempo que provee frutos y mejora la salud y el bienestar humano.

El debate de las especies implantadas: oxígeno universal y manejo del paisaje

En los últimos años, las plantaciones forestales de escala comercial han sido objeto de cuestionamientos por parte de comunidades locales y organizaciones ambientales, quienes advierten sobre las consecuencias de las grandes extensiones de monocultivo en el paisaje, el agua y la biodiversidad nativa. Ante este escenario, es fundamental precisar un hecho científico: todos los árboles, sin distinción de origen o especie, generan oxígeno y absorben carbono durante su ciclo de crecimiento.

La clave para resolver este conflicto no radica en rechazar la actividad forestal, sino en transformar la manera en que se implementa. La salida al dilema exige una estrategia clara y precisa: proteger y restaurar rigurosamente los bosques nativos, y canalizar la demanda industrial exclusivamente a través de plantaciones manejadas de forma sostenible.

El manejo forestal moderno e integrado busca evitar el modelo de monocultivo continuo de gran escala. Mediante la diversificación del paisaje, la inclusión de corredores biológicos nativos, el respeto por las cuencas hídricas y la rotación planificada, se minimiza el impacto visual y ambiental, garantizando que la producción no degrade el entorno.

Las plantaciones forestales manejadas correctamente proveen recursos renovables críticos que abastecen a la sociedad y permiten sustituir materiales de alta huella ambiental (como los plásticos de un solo uso o el hormigón). Estos árboles son cosechados habitualmente en turnos de entre 15 y 18 años, reabasteciendo de forma continua a diversas cadenas de valor:

• Industria de la construcción, el mueble y la madera: La madera cumple hoy un papel estratégico en la arquitectura y el diseño de vanguardia, permitiendo proyectar ciudades más resilientes y bajas en carbono.
• Industria de celulosa y papel: Destinada a la producción de papeles marrones, embalajes, pañales, productos de higiene personal e incluso aplicaciones médicas avanzadas mediante el uso de la nanotecnología.
• Energía renovable: Aprovechamiento de la biomasa forestal residual para la generación de energía limpia y térmica.

Desde la Asociación Forestal Argentina (AFoA) destacan, en el marco de la efeméride, que la forestación con especies implantadas, el manejo sostenible de los bosques y la restauración de áreas degradadas son herramientas para impulsar el desarrollo regional y global.

Estas prácticas promueven empleo de calidad en las economías rurales y adquieren un rol cada vez más relevante en el financiamiento climático internacional y los mercados de carbono.

En este Día Mundial del Árbol, el desafío colectivo consiste en entender a las masas forestales como protagonistas de las Soluciones Basadas en la Naturaleza. Cuidar los ecosistemas nativos y producir madera bajo estrictos criterios de responsabilidad ambiental es la única vía para sembrar un futuro previsible, aire limpio y equilibrio para las próximas generaciones.

Conocé más sobre los árboles nativos de la Selva Misionera en la sección Especies Nativas de ArgentinaForestal.com

https://www.argentinaforestal.com/category/educacion/especies-nativas-de-la-selva-misionera/

Ocho gigantes verdes de Misiones: los árboles nativos que embellecen la selva y nos conectan con la naturaleza

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

Fuente: Red de Manejo de Fuego Rural 

BUENOS AIRES (25/6/2026).- Un foco detectado en los primeros 5 minutos puede ser controlado fácilmente; dos horas más tarde, puede transformarse en un incendio catastrófico y fuera de control en su propagación por varios factores. Evitar que el incendio sea inmanejable es la premisa, y para ello la mejor acción para evitar un incendio es que no se produzca ante un contexto de índice de peligro por las condiciones climáticas del momento.

“La verdadera solución radica en la detección temprana y en el ataque inicial coordinado dentro de la «hora de oro», logrando reducir al mínimo absoluto las pérdidas materiales y ambientales”, explican desde la Red de Manejo de Fuego Rural.

Para ello, el llamado para actuar en prevención y dar respuesta a tiempo es concreto: gobiernos, empresas del sector productivo, organismos nacionales y actores de la sociedad civil deben sentarse en la misma mesa, acordar modelos de financiamiento compartido y asumir el compromiso de trabajar en conjunto para que ninguna región vulnerable quede desprotegida.

“Prevenir es actuar a tiempo. Y actuar a tiempo, hoy, requiere actuar juntos”, advierten desde la red en un reporte de prensa difundido este jueves.

Guardianes tecnológicos

¿Cómo se detectamos el fuego hoy en la región? La transformación digital reemplazó en gran medida a la histórica dependencia de la vigilancia humana con binoculares. En la actualidad se dispone de dos grandes familias de tecnologías complementarias:

1. Ojos en el cielo: los instrumentos geoespaciales (Satélites)

·  Satélites Geoestacionarios (ej. GOES-16) que envían imágenes completas cada 10 o 15 minutos. Tienen la ventaja de la inmediatez para detectar anomalías térmicas casi en tiempo real, aunque su menor resolución dificulta registrar focos a los pocos minutos de comenzar.

·  Satélites de Órbita Baja o Polares (ej. Terra, Aqua, Suomi NPP y Sentinel), con sistemas que pasan sobre una misma zona entre 2 y 4 veces al día. Al estar más cerca de la Tierra, sus sensores infrarrojos térmicos tienen una precisión milimétrica para captar focos pequeños y delimitar áreas afectadas.

·  Aporte Científico Nacional (CONAE): Argentina cuenta con los satélites SAOCOM 1A y 1B. Aunque operan mediante radar, generan mapas de humedad del suelo que son clave para identificar zonas críticas de sequedad antes de que ocurra la ignición.

2. Guardianes en el terreno

Otra tecnología complementaria son las cámaras con Inteligencia Artificial, instaladas en estructuras elevadas o torres de telefonía, cubren un radio de 8 a 15 kilómetros y combinan:

·  Cámaras ópticas de alta resolución, que utilizan Visión Computacional (IA) para analizar el horizonte y diferenciar el humo incipiente de nubes o niebla.

·  Cámaras infrarrojas y térmicas, que son ideales para la noche, detectan la radiación de calor directa de las llamas antes de que el humo sea visible.

Al detectar una anomalía, el sistema calcula las coordenadas exactas mediante triangulación láser y envía una alarma inmediata con imágenes al centro de operaciones.

El satélite aporta el panorama estratégico; la cámara terrestre otorga la velocidad para el ataque inicial en el lapso de la “hora de oro”. La sinergia entre ambos es insustituible para lograr el resultado. Llegar lo antes posible ante el inicio de un foco de riesgo de propagación.

¿Por qué la prevención de incendios y las acciones no pueden ser aisladas?: “Por costos”

La información de la Red de Manejo de Fuego Rural sobre este aspecto pone en foco a uno de los obstáculos más urgentes y menos visibles del sistema de prevención: las tecnologías de detección automatizada son costosas.

“ Una red de cámaras inteligentes implica inversión en equipamiento, infraestructura de comunicaciones, energía en campo, mantenimiento especializado y centros de monitoreo operativos las 24 horas”, detallan.

En la actualidad, en el país, el desarrollo de estas redes está liderado principalmente por consorcios del sector forestal privado, concentrado en la Mesopotamia y el Delta del Paraná, a través de la red. “Esto significa que vastas regiones del país —con igual o mayor vulnerabilidad al fuego como es la Patagonia— carecen de sistemas automatizados simplemente porque no existe un actor privado con escala suficiente para financiarlos, o porque el Estado provincial o municipal no cuenta con el presupuesto para hacerlo por sí solo”, explican en el documento de prensa.

“La brecha de cobertura es, en definitiva, una brecha de financiamiento y de voluntades”, remarcaron. En este contexto, sostienen que “extender estos sistemas requieren de un modelo de gobernanza y financiamiento compartido”.

En su análisis, se debería trabajar en forma coordinada con entre los siguientes actores:

·  El Estado Nacional y las Provincias: aportando marcos regulatorios, cofinanciamiento y la integración con organismos como la CONAE, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) y las defensas civiles.

·  El Sector Privado (empresas forestales, agroindustriales, ganaderas y tecnológicas): Contribuyendo con inversión directa, infraestructura física (torres, repetidoras, reservorios) y know-how operativo.

·  Los municipios y comunidades rurales: Facilitando el acceso al territorio, la vigilancia activa y la articulación con los cuerpos de bomberos voluntarios.

·  Organismos de financiamiento internacional (ej. BID, CAF o Fondo Verde para el Clima): Como fuentes de recursos para respaldar proyectos de prevención de desastres naturales en la región.

Los Consorcios de Manejo del Fuego: el modelo a replicar

Desde la Red de Manejo de Fuego Rural destacan el trabajo logrado a través de los  Consorcios de Manejo del Fuego en la región de la Mesopotamia y Delta. “Son la estructura más eficaz que existe actualmente en el país para articular esta vinculación”, aseveran.

“Permiten que empresas, productores y organismos públicos compartan infraestructura, coordinen alertas y desplieguen respuestas integradas. Al detectar un foco, las alarmas se integran directamente a las centrales de despacho, comunicando de inmediato a bomberos voluntarios y defensa civil”, agregaron.

Este modelo demostraría que la articulación público-privada no es una abstracción, sino una herramienta operativa real.

Cuando los consorcios operan de forma integrada, se logra:

·  Optimización de recursos críticos: coordinación previa de pistas de aterrizaje, reservorios de agua en campos privados, maquinaria pesada y repetidoras de comunicación.

·  Respuesta sin fronteras: los incendios no reconocen alambrados ni límites municipales; la respuesta operativa unificada evita la duplicación de esfuerzos y las zonas ciegas.

·  Protección de la economía regional: contener el fuego en su fase de brote resguarda vidas, bienes, empleo rural, infraestructura vial y eléctrica, y recursos productivos.

Una inversión en prevención y una acción frente al cambio global climático

Cada región sin sistema de detección temprana automática es una ventana de vulnerabilidad abierta. “Cada año que pasa sin ampliar la cobertura es un año en que incendios evitables se convierten en catástrofes”, advierten desde la Red.

En conclusión, indicaron que “invertir en detección temprana no es un gasto: es la política de prevención más costo-eficiente que existe. El costo de instalar y operar una red de cámaras inteligentes es incomparablemente menor al impacto económico, social y ambiental de un incendio descontrolado”.

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Fuente: Fundación

BUENOS AIRES (24/6/2026).- Un ciervo de los pantanos que pertenece a la población del Delta del Paraná fue rescatado este martes, una especie que está considerada en peligro de extinción según la categorización de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM).

El importante operativo de emergencia permitió la asistencia de expertos en fauna silvestre que se desplegaron sobre la autopista Panamericana tras el hallazgo de un ciervo de los pantanos. Luego del alerta emitido por guardaparques del Parque Nacional Ciervo de los Pantanos, se activó un protocolo de rescate que involucró el trabajo coordinado de diferentes instituciones.

Fundación Temaikèn participó del operativo brindando asistencia especializada, estabilización y posterior traslado del animal hacia su Centro de Recuperación de Especies.

El ejemplar, un macho adulto, fue detectado alrededor de las 6:45 de la mañana en el kilómetro 65 de la autopista Panamericana, mano hacia provincia. La intervención se realizó de manera coordinada entre los guardaparques del Parque Nacional, autoridades de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires y el Comité Científico Técnico de Ciervo de los Pantanos, del cual Fundación Temaikèn forma parte como centro especializado en el rescate y rehabilitación de esta especie declarada Monumento Natural Provincial.

Luego de ser estabilizado y recibir los primeros auxilios, el ciervo fue trasladado al Hospital Veterinario del Centro de Recuperación de Especies de Fundación Temaikèn, donde recibió atención de urgencia.

Allí se realizaron estudios clínicos, análisis de sangre, ecografías, radiografías y exhaustivas evaluaciones veterinarias para conocer su estado de salud y determinar las posibles causas que llevaron al animal a esta situación de emergencia.

Actualmente, el equipo médico continúa evaluando diferentes hipótesis, entre ellas la posibilidad de que el ejemplar estuviera atravesando una enfermedad que lo dejó vulnerable o que haya sufrido un atropellamiento, una de las principales amenazas que enfrenta esta especie en su ambiente natural.

El ciervo rescatado pertenece a la población del Delta del Paraná, considerada en peligro de extinción según la categorización de la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos (SAREM).

Esta especie, uno de los grandes representantes de la fauna argentina, habita un ecosistema único de gran biodiversidad, donde convive con una creciente actividad humana que genera importantes desafíos para su conservación.

Desde Fundación Temaikèn, el equipo de rescate trabaja las 24 horas, los 365 días del año, respondiendo ante emergencias de fauna silvestre. Cada vida es valiosa y cada rescate representa una nueva oportunidad para que estos animales puedan recuperarse y, cuando sea posible, regresar a la naturaleza.

Este caso representa un desafío extraordinario por tratarse de un macho adulto de una especie amenazada. Su recuperación requiere infraestructura especializada, experiencia y profesionales capacitados para llevar adelante una rehabilitación que aporte a la conservación del ciervo de los pantanos y del ecosistema del Delta del Paraná.

Este rescate refleja la importancia de contar con redes de respuesta rápida, trabajo conjunto entre instituciones y equipos preparados para actuar frente a emergencias de fauna silvestre. También nos recuerda que, incluso a pocos kilómetros de los grandes centros urbanos, convivimos con especies únicas que forman parte del patrimonio natural argentino.

Cada ciervo de los pantanos representa una oportunidad para la conservación de una especie amenazada. Cada rescate no solo busca salvar una vida, sino también proteger el futuro de una de las especies más emblemáticas del Delta del Paraná.

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