Por Patricia Escobar

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BUENOS AIRES Y MISIONES (10/9/2026).- En 2008, la Ley N° 4438 de la Provincia de Misiones, actualmente identificada como Ley IX N° 7, declaró “la insalubridad laboral de la industria productora de pasta celulosa, papel y cartón en todo el territorio de la Provincia” (artículo 1°) y estableció que “la Secretaría de Estado de Trabajo y Empleo de la Provincia debe, previa inspección e informe técnico de los lugares, sectores y tareas de los establecimientos, dictar resolución fundada” (artículo 3°).

Ante esa disposición, Papel Misionero S.A.I.F.C. promovió una acción declarativa contra la Provincia de Misiones y solicitó la inconstitucionalidad del citado artículo 1° .

En el marco de su competencia originaria, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la Provincia de Misiones rechazó el planteo de inconstitucionalidad. El voto mayoritario entendió que la ley provincial, dictada al amparo del poder de policía laboral, no invadía las competencias de la Nación para dictar la legislación de fondo en materia laboral.

El tribunal fundamentó su conclusión en que la norma local se limitaba a definir qué actividades resultaban riesgosas para la salud y a determinar los procedimientos aplicables, sin modificar el régimen sustantivo del trabajo insalubre regulado por el Congreso de la Nación, esto es, la extensión de la jornada laboral u otros elementos “troncales” del contrato de empleo.

Contra esa decisión, Papel Misionero, industria instalada en Capioví y actualmente perteneciente al Grupo Arcor, presentó un recurso extraordinario federal, que fue denegado y dio lugar a la interposición de una queja. (Causa: CSJ 511/2018/RH1 – Papel Misionero S.A.I.F.C. c/ Provincia de Misiones s/ acción declarativa de inconstitucionalidad).

El caso llegó así a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, finalmente hizo lugar a la queja, declaró parcialmente procedente el recurso extraordinario, y declaró la inconstitucionalidad del artículo 1° de la Ley IX N° 7 de la Provincia de Misiones y revocó la decisión del STJ de Misiones.

En su voto, los ministros Rosenkrantz y Lorenzetti remitieron al dictamen de la Procuración General, en el que se realizó un minucioso recorrido por la normativa aplicable.

En ese contexto, señalaron que “no cabe la posibilidad de que la sanción de una ley general sea la que califique la actividad laboral en forma abstracta y genérica como insalubre, sin otorgar posibilidad alguna a los sujetos antes mencionados (ANSES, empleador, empleado, etc.) de ejercer su derecho de defensa mediante el cumplimiento del procedimiento establecido a tal efecto”.

En el fallo se concluyó que “el artículo 1° de la ley 4438 -hoy IX N° 7-, por el cual se declaró, en todo el territorio provincial, la insalubridad laboral de la industria productora de pasta celulosa, papel y cartón resulta incompatible con lo dispuesto en el artículo 200 de la LCT y con las demás disposiciones mencionadas”.

En su voto, el doctor Rosatti señaló que el artículo 1° de la ley cuestionada no individualiza las tareas, actividades, sectores o lugares de trabajo que, por sus características, entrañen un riesgo para la salud. Por el contrario, sujeta a toda una industria al régimen excepcional, con prescindencia de las funciones desempeñadas por cada trabajador o del ámbito en el que aquellas se desarrollan.

De ese modo, alcanza por igual a quienes se encuentran efectivamente expuestos a los agentes o condiciones nocivas invocados como justificación de su sanción como a quienes no lo están, e impone respecto de todos ellos las consecuencias excepcionales propias de una declaración de insalubridad laboral. “Con ese alcance —agregó—, el instituto se desnaturaliza, pues las medidas que impone dejan de guardar relación con los riesgos que procura conjurar y conducen, por ello, a consecuencias manifiestamente irrazonables”.

A su vez, señaló una contradicción lógica entre los artículos 1° y 3° de la propia ley local, al considerarlos incompatibles entre sí.

Ver el fallo completo: https://scw.pjn.gov.ar/scw/viewer.seam?id=9W%2BA1yOEg98gqW2Yv7JznlxeKN3D5gKuOK9PU0a1nM8%3D&tipoDoc=sentencia

Polémica normativa

Desde la sanción de la ley provincial, organizaciones empresarias de la industria celulósica y papelera, así como referentes del ámbito científico y académico, cuestionaron la normativa. Incluso, la Asociación de Fabricantes de Celulosa, Papel y Cartón de Argentina (AFCP) había solicitado ante la Mesa de Competitividad del Gobierno nacional su intervención y apoyo para lograr la derogación de la normativa. Sin embargo, tanto Arauco Argentina como Papel Misionero debieron recurrir a la Justicia.

La ley había sido sancionada en 2008, luego de ser aprobada por unanimidad por los legisladores provinciales presentes en la Cámara de Diputados de Misiones. Ese acuerdo comenzó a plasmarse a fines de 2007, cuando el entonces diputado provincial y sindicalista Erico Álvarez argumentó que apoyó a Carlos Rovira para la presidencia de la Cámara de Representantes porque este se comprometió a avanzar con la aprobación de dicha ley.

En el año siguiente, fue el propio Rovira quien defendió en la sesión la ley que declaraba la insalubridad de la industria celulósica y papelera en Misiones, que finalmente fue aprobada por los legisladores por unanimidad de los presentes en la polémica sesión.

Tras los recursos presentados por las empresas ante el Superior Tribunal de Justicia local y el rechazo de este al planteo de inconstitucionalidad, Claudia Gauto —quien era diputada provincial y anteriormente fue ministra de Trabajo— expresó respecto del fallo que “es un paso más en el camino de que la Provincia de Misiones haga respetar sus derechos y atribuciones de autonomía —como el caso de Parque Provincial del Río Iguazú, ley contra la que también existe un proceso de inconstitucionalidad en trámite— y de defensa de nuestros trabajadores”.

En su aplicación efectiva, la ley significaba la necesidad de incorporar un turno más de trabajo, ya que determinaba que la jornada laboral disminuyera de ocho a seis horas y, además, obligaba a un recambio de operarios, debido a que la edad de jubilación se reducía a 55 años, diez años menos que para el resto de los trabajadores. Finalmente, la normativa nunca llegó a ejecutarse.

La Provincia también solicitó la realización de estudios científicos a cargo de técnicos de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), quienes individualizaron los sectores de las plantas de Arauco y Papel Misionero en los que resultaría insalubre trabajar. Según esos estudios, en el caso de Arauco se identificaron doce áreas de la planta celulósica de la empresa forestal chilena en las que era insalubre trabajar, mientras que en Papel Misionero se determinaron seis sectores considerados de riesgo.

Sin embargo, tras la denegación de un recurso extraordinario federal, la empresa Papel Misionero presentó una queja que llevó el caso hasta el máximo tribunal del país.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, hizo lugar a la queja en forma parcial, revocó la decisión del tribunal misionero y declaró inconstitucional el artículo en cuestión.

Repercusiones ante la “inédita” ley sancionada

El entonces presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa, Papel y Cartón de Argentina (AFCP), Osvaldo Vasallo, admitió que, al conocer la noticia, fue “un impacto muy fuerte”, dado que se trataba de una medida que calificó de “inédita a nivel mundial”. “A esta industria no se la considera insalubre en ninguna parte, y Misiones genera un mal precedente para los inversores”, dijo el empresario.

Por otra parte, la doctora Cristina Area fue, al momento de la sanción de la normativa, una de las expertas en industria de celulosa y papel que se manifestó más críticamente respecto de la ley. “Es un despropósito carente de sentido. No puede trasladarse los problemas de una fábrica a toda una industria”, sostuvo la científica del CONICET.

Area también señaló que las mejoras tecnológicas existentes pueden aplicarse incluso en “fábricas viejas” y que, desde el punto de vista laboral, existen normativas que regulan el cumplimiento obligatorio de las condiciones vinculadas con situaciones de riesgo e insalubridad, cuyo cumplimiento “los organismos de control deben supervisar en todo tipo de fábrica e industrias”.

Además de ser investigadora del CONICET y miembro de redes internacionales y nacionales —entre ellas, la Red Iberoamericana de Docencia e Investigación de Celulosa y Papel, la Fundación Ambiente y Desarrollo y Redfor.ar—, en Misiones la doctora Area es profesora de la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), directora del Programa de Celulosa y Papel (PROCYP) y directora del Instituto de Materiales de Misiones (IMAM) de la UNaM-CONICET.

“En la ciencia las cosas no suelen ser blancas o negras, sino que en general se mueven en una rica e interesante escala de grises. Sin embargo, en el caso de la Ley de Insalubridad de Misiones en particular, opino rotundamente que es un despropósito carente de sentido. Ya en el año 2008 emitimos opinión desde la Fundación Ambiente y Desarrollo sobre el particular y mi opinión no ha cambiado en absoluto”, precisó la especialista.

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Por Patricia Escobar

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MISIONES (6/9/2026).- Las graves denuncias de productores de familias agrícolas asentadas en forma irregular en zonas rurales de San Pedro, sobre que estarían sufriendo situaciones de extrema violencia, hostigamiento de parte de la policía local -que incluso llevarían adelante procedimientos sin exponer una orden judicial- para lograr que abandonen sus chacras en tierras de titularidad dominial de la empresa forestal Arauco Argentina SA, expone una situación de inseguridad jurídica, una progresiva degradación de los bosques nativos en el área y una crisis humanitaria que carece de contención estatal.

La empresa forestal no posee facultades para ordenar, disponer ni ejecutar desalojos por cuenta propia. Dichas medidas corresponden de manera exclusiva al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad dependientes del Estado Provincial. Pero sí, por las vías institucionales, canalizó la defensa de su patrimonio y denunció la usurpación de sus tierras en el año 2021. Desde entonces espera la resolución judicial para el desalojo.

En Misiones se atraviesa un prolongado conflicto territorial en el departamento de San Pedro, donde el acceso a la tierra, la vivienda y la subsistencia de pequeños productores agrícolas aún no tiene una planificación ni gobernanza local. Y la población aumenta, y se asienta en zonas rurales, trabajando la tierra para sobrevivir. Para hacer frente a la pobreza extrema, el ambiente pasa a segundo plano, y tumban árboles nativos y realizan rozados no autorizados, y hacen cambio de uso de suelo en áreas no permitidas por el Ordenamiento Territorial vigente y en pleno Corredor Verde. Los bosques nativos, también son ignorados en este conflicto.

Se trataría de unas 159 familias campesinas agrupadas bajo la denominación «Colonia Unida» -que abarca los asentamientos de Puerto Argentino 1, Puerto Argentino 2, Puerto Argentino 3, Palmera Boca y San Juan Bosco-,y entre ellos, viven más de 300 niños y 8 personas con discapacidad.

La investigación sobre el terreno, las declaraciones gremiales y las denuncias presentadas por las personas detenidas revelan un entramado donde la concentración del suelo, las faltas en el debido proceso constitucional y el accionar represivo atribuido a las Fuerzas de Seguridad provinciales configuran una grave vulneración de los derechos humanos en el ámbito rural.

Al mismo tiempo, la controversia expone un dilema ambiental de primer orden: la preservación de los remanentes de bosque nativo dentro del Corredor Verde frente al avance no planificado de la agricultura familiar de subsistencia en San Pedro. Y la inseguridad jurídica sobre la Propiedad Privada.

La convivencia conflictiva en un territorio sin tutela estatal

En San Pedro, se estima que la empresa forestal en conflicto concentraría alrededor del 12% de la superficie total del municipio, distribuida entre plantaciones de pino y áreas de bosque nativo.

Históricamente, ante la imposibilidad financiera de adquirir parcelas tituladas y la falta de programas estatales de redistribución de tierras aptas, comenzó en Misiones lo que se conoce como un proceso de «ocupación espontánea» o «irregular». Lo que jurídicamente se denomina «usurpación» o «intrusión».

Como lo documentan estudios sociales sobre la región, la premisa de las familias rurales fue directa: «la gente entró y empezó a usar la tierra».

Estimaciones oficiales de la Subsecretaría de Tierras de la provincia calculan que más de 150.000 hectáreas en Misiones -equivalentes al 7,3% de la superficie productiva provincial- presentan problemas de ocupación irregular consolidados, concentrados principalmente en los departamentos de San Pedro, General Manuel Belgrano y Guaraní.

En el caso de Colonia Unida (Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco), las familias se fueron asentando de manera progresiva a través de una dinámica socio-territorial característica: primero instalan sus viviendas precarias a la vera de las rutas provinciales y caminos secundarios y, con el paso de los años, avanzan monte adentro en busca de áreas fértiles.

Actualmente, el fenómeno involucraría a comunidades dispersas en un radio geográfico de unas 3.000 hectáreas, donde las familias ocupan alrededor de 1.200 hectáreas destinadas a cultivos agrícolas.

Esta escala territorial revela un dato jurídico determinante: no la totalidad de las tierras ocupadas por los agricultores pertenecerían a Arauco.

Si bien la masa de pobladores ocupa una superficie amplia, las denuncias penales y demandas judiciales entabladas por la empresa forestal desde 2021 se circunscriben a un sector específico de aproximadamente 400 a 450 hectáreas de bosque nativo de su propiedad que habrían sido intrusadas a partir de ese año.

Violencia institucional: las denuncias de las familias

En los últimos años, y con mayor virulencia durante los períodos recientes, el conflicto social mutó hacia un escenario de represión directa, hostigamiento e inseguridad jurídica. Las denuncias radicadas por las familias productoras apuntan a un patrón sistemático de hostigamiento para lograr el vaciamiento de los lotes sin necesidad de tramitar las órdenes judiciales de desalojo correspondientes.

César Fariña, referente de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA Autónoma) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en San Pedro -quien nació y creció en la localidad-, describió en la entrevista con ArgentinaForestal.com un panorama alarmante en las chacras.

Según denunció formalmente el dirigente sindical ante la Justicia y en reuniones con funcionarios provinciales, en los últimos meses se multiplicaron las agresiones: alrededor de 10 viviendas precarias pertenecientes a productores fueron totalmente incendiadas, se registraron matanzas de animales domésticos y de granja, amenazas directas de muerte y destrucción de pertenencias e insumos agrícolas.

«La gente acá vive con miedo, temen por la seguridad de sus familias y de sus casas. El viernes pasado, un productor viajó por una changa de trabajo y cuando regresó le habían quemado completamente la vivienda. Ellos están solos, viven en zonas rurales alejadas unas de otras y les caen policías para hostigarlos», relató Fariña.

El dirigente enfatizó que la totalidad de estos procedimientos se ejecuta sin la exhibición de un mandamiento judicial dictado por juez competente.

Uno de los episodios de mayor gravedad tuvo lugar en el Lote 112, a la vera de la Ruta Provincial 16, en la colonia San Juan Bosco. Durante un operativo encabezado por efectivos de la Policía de Misiones, se denunciaron detenciones ilegales, golpes y maltrato a menores de  edad. Todos fueron reducidos por la fuerza, violentados físicamente y subidos a camionetas antes de ser trasladados a la Comisaría Seccional Primera de San Pedro, relató Fariña.

Pero hay información de fuentes policial que indican que hay operativos realizados por apeo ilegal y desmontes que realizan en terrenos privados de Arauco y que fueron reportados por guardaparques.

Ante estas situaciones, las representaciones gremiales interpusieron una acción de Habeas Corpus en favor de los pobladores rurales. Aunque la garantía fue rechazada en sus términos formales por el fuero penal, la resolución judicial arrojó en su respuesta una certeza de alto impacto institucional: la Justicia confirmó que no existía ninguna orden judicial de desalojo dictada sobre los predios.

«Como derivación directa de este pronunciamiento, la Justicia a su vez libró una intimación a la cúpula de la Policía de San Pedro para que se abstenga de intervenir en los terrenos sin una orden judicial», aseveró Fariña.

Por otra parte, ante la pregunta por los daños ambientales que miembros de las familias agrícolas realizan en los predios de la empresa, incluso con apeos y extracción de madera nativa, Fariña reflexionó sobre lo que considera un doble estándar sobre este aspecto: «Nadie ve los camiones de rollos de madera nativa que van cargados todos los días hacia los aserraderos con fines comerciales; nadie los detiene ni los cuestiona a los madereros. Pero a esta pobre gente la amenazan en sus propias chacras, viene el policía y los amedrenta con llevarlos presos porque tumbaron un árbol o hicieron un rozado para plantar sus futuros alimentos. Esto demuestra que hay persecución selectiva», sostuvo el gremialista.

“Urge la intervención del Estado Provincial y una mesa de dialogo”

Frente a la escalada represiva y en coincidencia con el debate nacional generado por la Ley de Tierras y la desregulación de la extranjerización rural, fueron las familias campesinas las que acudieron a la sede de la CTA y ATE San Pedro en demanda de respaldo gremial y protección: “Pidieron ayuda ante lo que estaban viviendo”, dijo Fariña.

Inicialmente, las referencias públicas estimaban la presencia de 125 familias en la zona disputada. Sin embargo, tras una movilización a la Casa de Gobierno en Posadas donde los productores fueron recibidos por el subsecretario de Gobierno, Asuntos Registrales y Tierras de la Provincia, Daniel Behler, el funcionario solicitó formalmente a los vecinos y sindicalistas, que realicen un relevamiento de base de los ocupantes para determinar el universo real de afectados.

La consulta territorial realizada por ATE y los delegados de Colonia Unida actualizó sensiblemente las cifras, aún extraoficiales:

• Familias asentadas: 159 grupos familiares residen de forma permanente en los núcleos de Puerto Argentino 1, 2 y 3, Palmera Boca y San Juan Bosco.
• Infancias en situación de vulnerabilidad: Se contabilizan más de 378 niños en edad escolar e inicial habitando en los campamentos rurales.
• Personas con discapacidad: Se identificaron al menos 8 personas con discapacidades severas viviendo en condiciones de aislamiento geográfico y precariedad habitacional.

Para formalizar su arraigo, las familias conformaron una comisión vecinal presidida por Diego Antúnez. «Las organizaciones sociales reclaman con urgencia la intervención directa del gobierno de la provincia, este conflicto excede la órbita municipal y requiere una cuadrilla técnica provincial que ejecute un censo oficial vinculante, que derive en un plan de acción y soluciones para las familias. Si hay que reubicar a las familias, ellas no están en una posición inflexible, pero necesitan terminar con la violencia y resolver el permiso de ocupación de tierras”, planteó Fariña.

El daño ambiental: la degradación de los bosques 

La controversia en San Pedro presenta otro aspecto fundamental a abordar: la degradación ambiental que registra la zona tras las ocupaciones sobre áreas sensibles de bosque atlántico misionero. Desde la perspectiva técnica, los hechos denunciados judicialmente por la empresa forestal fueron a partir de 2021 y se vinculan a la intrusión de unas 450 hectáreas de bosque nativo categorizadas como áreas de alto valor de conservación, emplazadas estratégicamente dentro del Corredor Verde provincial.

Las áreas ocupadas por los pequeños productores agrícolas experimentan un proceso progresivo de degradación mediante el volteo de árboles nativos y la utilización del fuego para la limpieza de suelos agrícolas (técnica del rozado), en zonas donde el ordenamiento territorial de los bosques nativos prohíbe de manera terminante el cambio de uso del suelo.

Profesionales vinculados al manejo de los recursos naturales advierten que las quemas sin medidas de prevención ni control hidrológico comprometen la estabilidad del ecosistema selvático y representan un riesgo mayúsculo de incendios forestales incontrolables para toda la comunidad.

En sus manifestaciones públicas y presentaciones formales, Arauco fija su postura institucional corporativa:

·       Compromiso con la Conservación: La compañía preserva más de 100.000 hectáreas de bosque nativo en territorio misionero. Desde hace más de dos décadas mantiene un compromiso estricto de «no conversión», mediante el cual no transforma monte nativo en plantaciones productivas y ejecuta planes continuos de restauración biológica.

·       Canalización institucional y diálogo: La compañía declara que canaliza sus derechos de propiedad únicamente a través de los mecanismos legales vigentes, aportando la documentación dominial requerida. Asimismo, ratifica su disposición a integrarse en mesas de diálogo institucionales convocadas por el gobierno provincial para arribar a soluciones pacíficas y sostenibles.

Encuadre constitucional y perspectiva económica

La problemática en San Pedro expone las tensiones estructurales desde lo normativo y constitucional en la República Argentina, donde colisionan las garantías de la propiedad privada, la subsistencia digna de los agricultores y el deber estatal de preservación y protección ambiental.

La ejecución de desalojos forzosos mediante el incendio sistemático de viviendas y la incautación de herramientas sin mandamiento de juez competente quebranta de manera flagrante las garantías sustanciales del debido proceso adjetivo y el derecho de defensa consagrados en el Artículo 18 de la Constitución Nacional.

Ni la defensa de la propiedad privada (Art. 17 CN) ni la tutela del medio ambiente (Art. 41 CN) pueden consumarse a través de vías de hecho policiales que vulneren la integridad psicofísica de las familias.

Misiones cuenta con precedentes legislativos orientados a encauzar tensiones agrarias de similar envergadura. La Ley 4093 (Plan de Arraigo y Colonización), sancionada en 2004, autorizó la expropiación de latifundios madereros para transferir la tierra a familias ocupantes en los departamentos de San Pedro, Guaraní y General Manuel Belgrano. A su vez, en Puerto Piray, la Cooperativa de Productores Independientes agrupada en la UTT logró en 2013 la expropiación por ley de 600 hectáreas pertenecientes a la propia Arauco para convertirlas en chacras agroecológicas comunitarias.

Pese a la virulencia de los testimonios y la gravedad de las denuncias, el conflicto de San Pedro ofrece un punto de contacto crucial: tanto la representación sindical y vecinal de Colonia Unida, encabezada por César Fariña (CTA) como la empresa Arauco coinciden en la necesidad de conformar una mesa de diálogo institucional y arribar a una resolución pacífica tutelada por los organismos competentes del Estado provincial.

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Por Patricia Escobar

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MISIONES (4/9/2026).- “Necesitamos planificar acciones y pensar en herramientas ante posibles complicaciones climáticas que podrían darse en los próximos meses”, dijo el empresario Guillermo Sato, de la APICOFOM, tras la reunión en el Ministerio de Trabajo de Posadas.

En un contexto en que las PyMEs madereras de Misiones atraviesan una situación de fuerte presión económica, advierten que, al deterioro del mercado interno y el incremento de los costos, se suma ahora un factor externo que podría profundizar las dificultades durante los últimos meses del año: las condiciones climáticas previstas para la región por el fenómeno de El Niño.

El empresario describió primero la situación económica que arrastra el sector. “Nosotros tuvimos subas entre noviembre de 2025 y junio de 2026 del 370% en la energía”, afirmó, y sumó a ese incremento el fuerte aumento de los combustibles registrado durante febrero y marzo.

El escenario fue planteado este viernes 4 de septiembre durante una reunión entre representantes de la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM), el Sindicato de la Madera y la ministra de Trabajo de Misiones, Silvana Giménez.

El sector llevó a la mesa de diálogo su preocupación por el impacto que podrían tener las lluvias abundantes y los temporales previstos para el último trimestre sobre el abastecimiento de madera, en un contexto en el que numerosas empresas ya trabajan con niveles reducidos de actividad.

“Hay preocupación por las posibles complicaciones climáticas, que de obligar a parar la producción habría suspensiones de personal y paralización de la industria entre noviembre y enero, donde las proyecciones de El Niño advierten situaciones de precipitaciones abundantes. Como ya enfrentamos algunas situaciones climáticas, esto nos llevó a reunirnos con los gremios y la ministra de Trabajo, ya que se trata de un evento extremo que terminará por agotar el poco oxígeno que les queda a las empresas”, explicó Guillermo Sato, integrante de APICOFOM y de CEM Joven, en diálogo con ArgentinaForestal.com.

Dos crisis que se superponen: mercado y abastecimiento

Según planteó Sato, la pérdida de competitividad de la industria forestal se viene produciendo progresivamente desde hace más de dos años. A este proceso se sumó un escenario económico nacional en el que, según la mirada del sector, el consumo interno no logra recuperarse, mientras la paralización de la obra pública y privada afectó directamente a la construcción, una de las actividades que históricamente movilizó la demanda de madera.

“La realidad es que hay angustia en las empresas madereras porque estamos sin margen, muchos vendiendo sus cosas, quemando sus ahorros, o el capital que tenían para poder seguir en actividad, y no hay soluciones a futuro de que la cosa cambie”, sostuvo el empresario ante el contexto económica de bajas ventas y pérdida de rentabilidad.

Las cámaras empresarias del sector vienen desarrollando durante 2026 un trabajo de diálogo con distintos actores de la comunidad, cámaras empresariales, representantes de los gobiernos municipal, provincial y nacional y organizaciones vinculadas a la actividad.

El objetivo, según explicaron, es exponer periódicamente la situación que atraviesan las empresas y el esfuerzo realizado por los empresarios para evitar el cierre de establecimientos y sostener los puestos de trabajo.

A la caída del mercado interno se agregan, según el planteo de APICOFOM, la presión impositiva, las facturas de energía eléctrica —que registraron fuertes incrementos aun manteniendo niveles similares de consumo—, los aumentos de los combustibles, la logística y los costos laborales.

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El temor por la falta de madera

La preocupación que motivó el encuentro con el Ministerio de Trabajo está vinculada particularmente con el abastecimiento de materia prima.

Sato explicó que las lluvias ya generaron dificultades para el ingreso de madera a las industrias y que los pronósticos de abundantes precipitaciones y temporales durante el último trimestre podrían profundizar el problema.

“En estas semanas ya hemos enfrentado problemas por las lluvias en el abastecimiento de la materia prima de la industria, y los pronósticos en torno al impacto del fenómeno de El Niño que se espera para el último trimestre del año, con abundantes lluvias y severos temporales, dificultarán la provisión de materia prima. Advertimos, que esto también nos podría llevar a parar la actividad temporalmente o suspender personal”, señaló.

Desde el sector estiman que algunas industrias podrían no disponer de suficiente madera para sostener incluso los actuales niveles, ya reducidos, de producción.

La combinación resulta particularmente compleja para empresas que, según describió Sato, tienen dificultades para afrontar los salarios, el presentismo y las facturas de energía eléctrica, que en algunos casos alcanzan cifras millonarias que no pueden cubrir.

El diálogo con el gremio y el Estado

Durante la reunión, la ministra de Trabajo recibió a empresarios y representantes de los trabajadores para analizar la situación socioeconómica de la actividad y avanzar en acciones y herramientas destinadas a evitar la pérdida de puestos de trabajo.

Desde el gremio manifestaron comprensión frente a las dificultades empresarias, aunque continúan realizando reclamos formales ante incumplimientos laborales.

“¿Cuánto más se puede hacer para sostener el nivel de empleo y las industrias funcionando sin cambios en la economía?”, planteó Sato al describir el límite financiero en el que se encuentran muchas empresas.

El empresario destacó que las medidas de apoyo implementadas hasta el momento fueron recibidas favorablemente por el sector.

Entre ellas mencionó la posibilidad otorgada por EMSA a algunas empresas foresto-industriales de abonar las facturas de energía eléctrica a 90 días, una herramienta que, según sostuvo, permitió a algunas firmas continuar funcionando.

También señaló que las PyMEs solicitan créditos para afrontar el pago de salarios y que algunas empresas están recurriendo al pago en cuotas, mientras otras ya redujeron su personal. “Hay mucha presión y se vienen tiempos aún más complejos por el clima, esa es nuestra preocupación”, explicó.

Por APICOFOM participaron de la reunión su presidente, Guillermo Fachinello, integrantes de la Comisión Directiva —Silvina Oliva, Gustavo Rodríguez, Guillermo Sato y Gabriel Nowosad— y la gerente institucional, Cristina Ryndycz.

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Fuente: Misiones Online 

MISIONES (6/9/2026).- El presidente Javier Milei cerró este viernes la 47ª Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Loi Suites Hotel de Puerto Iguazú, en su primera visita a Misiones desde que asumió la presidencia.

El mandatario, que comenzó su exposición pasadas las 18.30, ratificó ante el auditorio de ejecutivos, gobernadores y empresarios que su plan económico no sufrirá modificaciones. Prometió redoblar su ortodoxia fiscal y monetaria hasta terminar con la inflación, y fue categórico con quienes esperan un giro de rumbo: advirtió que el mercado castigará a cualquiera que intente torcer el programa. “A los que quieran cambiarlo, el mercado les va a dar un cachetazo”, afirmó.

«Voy a redoblar la ortodoxia», advirtió Milei apenas comenzó su exposición, y aclaró que no modificará ni la política fiscal ni la monetaria, y prometió terminar “de una vez y para siempre” con la suba de precios.

El presidente también descartó una devaluación para 2027 y remarcó que no piensa torcer, por conveniencia electoral, lo que sostuvo durante toda su carrera pública. Recordó además que renunció a su jubilación de privilegio y que su compromiso con los argentinos es «de cuatro años, con opción a ocho».

Por otra parte, vinculó la expansión de las exportaciones con la posibilidad de sostener el reclamo por la soberanía de las Malvinas, en sintonía con los anuncios del día anterior.

En la misma línea, Milei se mostró confiado en un triunfo electoral el año próximo y apostó a que los argentinos no querrán volver a las políticas del pasado, al señalar: “Dudo que los argentinos sean tan tontos de querer volver al pasado”.

El discurso de Milei se dio en medio de una semana de fuerte exposición pública del Presidente, marcada por su viaje a Chile y, sobre todo, por el anuncio del jueves en cadena nacional sobre la soberanía de las islas Malvinas, que incluyó sanciones a petroleras y la confirmación de una base naval en el sur del país.

El canciller Pablo Quirno, presente en el mismo evento del IAEF, había adelantado horas antes que el Gobierno ya notificó a 180 empresas que deberán elegir entre operar en Malvinas o quedar alcanzadas por el nuevo régimen de sanciones.

La convención, bajo el lema «Argentina: de la estabilidad al crecimiento», reunió también a Luis Caputo, Federico Sturzenegger y a los gobernadores Hugo Passalacqua, de Misiones; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Raúl Jalil, de Catamarca; y Gustavo Valdés, Corrientes.

El ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, consideró que regular el mercado yerbatero implicaría asignar a ese producto un precio que “no tiene”. Afirmó que el crecimiento del sector debería ser impulsado por las exportaciones y aseguró que el gobierno que integra está “100% a disposición de la industria”. Se mostró optimista respecto al desarrollo de la economía y de las chances de reelegir de Javier Milei.

El expresidente del Banco Central durante la administración de Mauricio Macri y paladín de la desregulación en la era libertaria volvió a negar de plano la posibilidad de que se definan precios mínimos por ley para la hoja verde de yerba mate. En diálogo con Misiones Online, consideró que hacerlo equivaldría a “ponerle a la yerba precios que en realidad no tiene” porque el mercado no los convalida.

Federico Sturzenegger hizo esas declaraciones en el marco de la 47° convención anual del IAEF que se desarrolla en Puerto Iguazú con la presencia de lo más granado del círculo rojo empresarial argentino y que contará con el presidente Javier Milei como broche de cierre. A pocos kilómetros, productores yerbateros de distintos puntos de la provincia protestan contra la desregulación del sector, factor que identifican como principal responsable por el desplome de los precios de la hoja verde y la yerba canchada.

Sturzenegger tiene una idea completamente diferente. Entiende que la desregulación resultó beneficiosa porque “sinceró” el precio del producto, lo que a su vez favoreció el crecimiento de las exportaciones.

“No hay ningún motivo por el cual la industria yerbatera le pueda brindar yerba al 96% a las familias argentinas y no pueda hacer lo mismo en todo el resto del mundo con el producto espectacular que tiene, ¿no? Entonces me parece que tenemos que poner el foco en ese crecimiento y no necesariamente en poner, en Argentina, un precio que la yerba no tiene”, dijo.

Además se mostró refractario a instrumentar políticas públicas que asistan a los eslabones más débiles de cadena yerbatera. “Todas las industrias tienen sus distintos eslabones y sus distintos participantes, y eso genera un precio que es el que está en el mercado”, analizó.

El funcionario entiende que la clave para el crecimiento del sector pasa por el desarrollo de los mercados de exportación y resaltó que “el Gobierno Nacional está 100% a disposición de la industria” para cumplir con ese objetivo. “Me parece que tenemos que apostar a lo grande. Y yo me imagino la industria de la yerba en 10 años muchísimo más grande que la que tenemos hoy”, señaló.

“Nos estamos repartiendo pobreza”: productores reclaman a Milei con un tractorazo yerbatero en Iguazú

“Me parece que es un producto que tiene una potencialidad en el mundo infinita por las características que sabemos que tiene el producto, ¿no? Ahora, el producto tampoco necesariamente tiene que venderse de la manera que lo consumimos en Argentina. Pueden ser bebidas energizantes, bebidas diuréticas, en fin. Hay un sinfín de usos que tiene la yerba mate. Estoy seguro que la industria lo va a desarrollar. Y repito, estoy convencido de que en 10 años vamos a tener una industria mucho más grande que la que tenemos”, dijo.

Sturzenegger abordó de lleno el panorama político nacional y el balance de la administración actual. Consultado sobre si considera que la reelección de Javier Milei está encaminada, su respuesta fue un rotundo «Sí, sí, sí», dando paso a un detallado repaso por los hitos económicos que, según su perspectiva, justifican un nuevo mandato.

El eje de su argumentación se centró en el contraste histórico. El funcionario recordó que «Argentina venía de 12 años sin crecimiento económico» y subrayó que el país «no había crecido absolutamente nada desde que Cristina Fernández de Kirchner puso el cepo».

Frente a esa herencia de estancamiento, reivindicó los resultados obtenidos durante la presidencia de Milei, desglosando una trayectoria de recuperación ininterrumpida. Según sus precisiones, la economía experimentó un rebote del 6% durante el primer año, seguido de un 3,5% en el segundo, con proyecciones de mantenerse en torno al 3% para el año en curso y el próximo.

Lejos de esquivar las críticas de los sectores opositores que advierten sobre una supuesta falta de actividad en la calle, el funcionario rechazó de plano esos cuestionamientos. «No la comparto», aseveró, e insistió: «Javier Milei ha tenido crecimiento económico en los cuatro años de su gestión».

Para ilustrar la magnitud de esta transformación, recurrió a las cifras más sensibles del tejido social y macroeconómico, destacando que el actual mandatario «le deja a la Argentina con una economía 20 puntos más arriba, con una pobreza que la tomó en 54% y la bajó al 28%». A esto le sumó el drástico descenso de la inflación, recordando que la gestión heredó un índice superior a los 200 puntos y logró estabilizarlo en el umbral del 15%.

Finalmente, para consolidar la idea de que este modelo no es un veranito estadístico sino un cambio estructural, hizo hincapié en el impacto directo sobre el mercado laboral y el sector externo. Destacó la creación de 500 mil puestos de trabajo durante la gestión libertaria y aseguró que desde el Gobierno trabajan a diario para que este bienestar alcance a todos los ciudadanos.

A modo de conclusión, y vinculando el desarrollo macroeconómico con la premisa inicial de expandir mercados como el de la yerba mate, sentenció: «Argentina está en un proceso de crecimiento donde las exportaciones están creciendo fuertísimamente, y me parece que eso hace que el proceso sea sustentable».

Passalacqua destacó el alivio fiscal impulsado por Misiones y reivindicó el diálogo entre gobernadores: “No hay grieta, no queremos eso”

En el marco de la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), el gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se refirió a la cuestión Malvinas y a la situación tributaria de la provincia.

Durante la charla, el gobernador respondió sobre la presión tributaria de Misiones y las medidas que lleva adelante la Provincia. En ese marco, señaló: “Misiones es la provincia 13 en presión tributaria. O sea, nosotros estamos en mitad de tabla”.

Passalacqua reconoció que existen aspectos por corregir y mencionó una reunión reciente con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA). “Somos una provincia razonable, con cosas a corregir. Recién estuve con la gente de la UIA y hay cosas que tenemos que corregir con respecto al anticipo de ingresos brutos, que lo estamos corrigiendo”, explicó.

Entre las medidas adoptadas, mencionó el levantamiento de la denominada “aduana paralela”, en referencia a los controles ruteros donde se cobraba un anticipo de Ingresos Brutos. “Hemos levantado la llamada aduana paralela, en términos vulgares, que es el control rutero donde se pagaba anticipo de ingresos brutos”, sostuvo.

También señaló modificaciones vinculadas con distintos medios de pago. “Billeteras virtuales, depósito bancario, tarjeta de débito, hemos quitado como un bien imponible a todo eso”, afirmó.

Antes de retirarse para recibir al Presidente, Passalacqua dejó además un mensaje sobre el vínculo entre los gobernadores. Ante la consulta del entrevistador sobre si existía consenso, respondió: “Hay consenso y no hay grieta. No hay grieta. Nos queremos, nos queremos”.

Además, consultado sobre el reclamo de soberanía y la posibilidad de que la causa supere las diferencias políticas, Passalacqua respondió desde su perspectiva como gobernador, pero también como ciudadano. Recordó una enseñanza de su infancia y sostuvo: “Me acuerdo de mi maestra de cuarto grado, el puntero, las Malvinas son argentinas y es parte de nuestro ser, de nuestro ser nacional”.

En ese sentido, Passalacqua se refirió a la posición expresada por el presidente Javier Milei y a la postura de la Cancillería. Tras mencionar que había visto al canciller Pablo Quirno durante el encuentro y que lo había felicitado, afirmó: “La posición que ayer fijó el presidente, y la cancillería, me parece inexcusable no ayudar”.

El gobernador vinculó la cuestión Malvinas con la historia argentina y mencionó a José de San Martín y Mariano Moreno. “Ya San Martín hablaba de Malvinas, Moreno hablaba de Malvinas, o sea, tiene una historia larguísima”, sostuvo.

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Fuente: Misiones Online. Por Darío Guimaraez 

MISIONES (3/9/2026).- La iniciativa contó con el acompañamiento de todos los bloques políticos, incluido Encuentro Misionero, y modifica los artículos 5, 6 y 7, además de derogar el artículo 8 de la normativa sancionada en 2023.

El dictamen fue elaborado por la Comisión de Recursos Naturales, Conservación del Ambiente y Cuidado Animal y reunió distintos proyectos presentados durante los últimos años.

El tratamiento volvió a poner sobre la mesa uno de los debates productivos y ambientales más controvertidos de los últimos tiempos en Misiones: cómo avanzar hacia una producción sustentable sin imponer restricciones que, ante la falta de alternativas técnicamente viables, puedan afectar a quienes trabajan la tierra.

El miembro informante del bloque Movimiento por lo que Viene, Enio Lemes, defendió el dictamen y planteó que el debate obliga a superar las posiciones extremas. “Estamos hablando del ambiente, estamos hablando de producción, estamos hablando de trabajo. En definitiva, estamos hablando de la vida cotidiana de miles de familias misioneras que viven y trabajan la tierra”, sostuvo.

Lemes remarcó que el cuidado ambiental “no está en discusión” y aseguró que Misiones mantendrá su compromiso con la protección de los recursos naturales.

El legislador explicó que la ley aprobada en 2023 tenía como objetivo promover los bioinsumos y avanzar hacia sistemas productivos más sustentables, pero sostuvo que durante estos años “las alternativas necesarias para reemplazar a los herbicidas no se desarrollaron ni estuvieron disponibles al ritmo que la ley había previsto”.

Por eso, consideró necesario adecuar la legislación a la realidad productiva. “Nuestra provincia viene impulsando la investigación, el desarrollo y la producción de bioinsumos. Porque sabemos que ese es el camino hacia una producción cada vez más sustentable”, señaló.

Y dejó una de las definiciones políticas centrales del debate: “Esto no es un paso atrás, es una corrección de rumbo”, afirmó al pedir el acompañamiento del resto de los diputados.

Núñez: “Se deroga la prohibición del uso del glifosato”

Desde el bloque Algo Nuevo, Miguel Núñez fue más directo y calificó la modificación como la derogación de la prohibición del uso del glifosato en Misiones. “Celebro que se debata este tema”, manifestó, y cuestionó que la prohibición haya generado dificultades para distintos sectores productivos.

Núñez consideró que todavía “falta un pedido de disculpas a los productores” por una medida que, según planteó, perturbó a yerbateros, tabacaleros, forestales y al conjunto del sector productivo provincial.

Recordó además que en dos oportunidades había solicitado revisar la normativa, aunque sus planteos no habían prosperado. “Celebro y acompaño la propuesta”, concluyó.

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Arjol: “Esa ley nació muerta”

Martín Arjol, del Partido Libertario, también acompañó el proyecto y definió la modificación como “un paso hacia adelante”.

El diputado sostuvo que ahora se debe avanzar hacia una promoción integral de los bioinsumos, incorporando herramientas como incentivos impositivos y otros mecanismos que permitan que esas alternativas lleguen efectivamente a los productores.

Para Arjol, la legislación sancionada en 2023 “nació muerta” porque, según afirmó, “no existe en el mundo todavía un herbicida que sustituya al glifosato” con las condiciones necesarias para una utilización generalizada.

También cuestionó el producto que, según señaló, se pretendía impulsar como alternativa y afirmó que “no reunía las condiciones para que lo usen los productores”.

Por La Libertad Avanza, Osvaldo Manzoni manifestó su acompañamiento en general, aunque planteó observaciones sobre uno de los incisos vinculados con los incentivos financieros contemplados en la normativa.

De todos modos, su bloque acompañó el dictamen en la votación definitiva.

La UCR aprovechó el debate para reclamar otras reformas. Rosy Kurtz, de la UCR, adhirió a los cuestionamientos formulados por otros bloques y recordó que la oposición había expresado desde el comienzo su rechazo a la prohibición del glifosato.

“Es un triunfo de los productores”, sostuvo al valorar el cambio de posición de la Legislatura. La diputada aprovechó además el tratamiento para plantear otros debates políticos pendientes, entre ellos la derogación de la ley de lemas y distintas reformas electorales.

El PRO habló de “un logro de los productores”

Desde el PRO, Analía Labandoczka también votó a favor y destacó el rol de los productores que, durante los últimos años, se movilizaron para cuestionar la prohibición.

“Es un logro de los productores”, afirmó, y sostuvo que muchos de ellos tuvieron que abandonar sus chacras para manifestarse contra la normativa. En una definición política dirigida a quienes impulsaron y aprobaron la legislación original, planteó: “Los que tienen que dar explicaciones ahora son los que aprobaron anteriormente la ley”.

Bárbaro: “En mi barrio a esto le dicen recular”

Uno de los contrapuntos más fuertes estuvo a cargo de Héctor “Cacho” Bárbaro, del Partido Agrario y Social, quien utilizó una expresión coloquial para describir el cambio legislativo.

“En mi barrio a esto le dicen recular”, lanzó en referencia a las modificaciones impulsadas sobre la normativa. Sin embargo, el legislador recordó que la suspensión del uso de herbicidas había sido prorrogada en distintas oportunidades justamente porque no existía una alternativa concreta que permitiera reemplazarlos.

“Nunca creí que iba a avanzar”, señaló, antes de acompañar finalmente la modificación de la ley.

La votación terminó mostrando un amplio consenso político: todos los bloques acompañaron la modificación, incluido Encuentro Misionero.

Así, la Legislatura dio marcha atrás con la prohibición del glifosato establecida en el marco de la Ley de Promoción de Bioinsumos, pero mantuvo como objetivo la transición hacia modelos productivos más sustentables.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

MISIONES (2/9/2026).-Tras varios días de versiones sobre un posible cambio en la conducción del área forestal, el Gobierno de Misiones oficializó finalmente el decreto con la designación del ingeniero forestal Martín López como nuevo subsecretario de Desarrollo Forestal, en reemplazo de Juan Ángel Gauto.

El cambio marca el cierre de una extensa etapa en la conducción del área: Gauto estuvo al frente de la Subsecretaría desde 2001, atravesando distintas gestiones provinciales y participando de la implementación de políticas vinculadas con el Plan Maestro Forestal impulsado por el ex gobernador Carlos Rovira, y la promoción forestal para la aplicación de operatoria de la Ley Nacional 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados.

Su gestión también estuvo vinculada con programas destinados a pequeños silvicultores y la ejecución de iniciativas con fondos provinciales.

Martín López llega al cargo con una trayectoria de dos décadas en la función pública nacional y experiencia específica en control, fiscalización y extensión forestal. Se desempeñó como coordinador de extensión en Misiones y Corrientes para la Dirección Nacional de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Agricultura de la Nación.

“Estamos en un contexto de cambios políticos, y reconstruir el diálogo con el sector será el primer paso”, adelantó el nuevo subsecretario durante una entrevista con ArgentinaForestal.com, en el marco del seminario AFoA 80 Años.

Revisar la gestión y volver a escuchar al sector

López planteó que sus primeros pasos estarán concentrados en conocer el funcionamiento interno del área, evaluar los proyectos que se encuentran en marcha y establecer contacto con los distintos actores de la cadena forestal.

“Estamos en pleno proceso de revisión, de conocer el equipo del gabinete que trabaja en el área. También estamos en proceso de mudanza a un nuevo edificio, por lo tanto, reacomodando y conociendo al personal para encaminar la gestión”, explicó.

En paralelo, anticipó que comenzará a planificar reuniones con representantes del sector privado, cámaras empresarias y productores vinculados con la actividad forestal.

El nuevo funcionario en gestión forestal se reconoce como un conocedor del territorio productivo misionero. Durante sus más de 20 años de trayectoria asegura haber recorrido campos forestales, chacras de pequeños productores, empresas y viveros.

Ahora, planteó, comienza una etapa marcada por la necesidad de escuchar a quienes forman parte de la actividad.“Es una etapa de escuchar y dialogar con el sector, y acercar la gestión a la demanda de los actores”, sostuvo.

Competitividad, costos y el desafío de sostener la superficie forestal

Uno de los principales desafíos que enfrenta la nueva gestión es el escenario económico de la actividad forestal, particularmente entre los pequeños y medianos productores.

La pérdida de rentabilidad y el alejamiento de productores de la actividad, junto con la caída de la superficie forestada durante la última década, forman parte de una problemática que, según López, viene siendo advertida desde hace varios años.

En este sentido, señaló que el seminario de AFoA 80 Años – al que asistió la semana pasada- permitió exponer el complejo escenario que atraviesa actualmente la cadena forestoindustrial.

Frente a este panorama, consideró necesario trabajar sobre distintos componentes que inciden directamente en la competitividad de la producción: los costos logísticos, el funcionamiento de los puertos y las prácticas silviculturales, entre otros factores.

También planteó la necesidad de revisar los costos de implantación, los manejos silviculturales y las estrategias de cosecha, con especial atención a las condiciones de los productores que actualmente enfrentan mayores dificultades para sostener la actividad.

“Habrá que trabajar mucho para recuperar competitividad, en puertos, costos de logística, trabajar fuerte en silvicultura para no perder productividad”, señaló.

El objetivo que plantea para esta nueva etapa es sostener el perfil forestal de la provincia frente a las dificultades que atraviesa la cadena.“La idea es que desde la gestión podamos trabajar para no perder la esencia forestal de Misiones”, afirmó.

La llegada de López abre así una nueva etapa en la Subsecretaría de Desarrollo Forestal, con el desafío de revisar las políticas en ejecución, recuperar el vínculo con los distintos actores de la cadena y atender especialmente los problemas de competitividad y rentabilidad que condicionan la continuidad de la actividad productiva.

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Fuente: Ministerio de Ecología de Misiones

MISIONES (1/9/2026).- El ministro de Ecología de la provincia, Martín Recamán, expuso este martes los principales lineamientos del presupuesto para 2027 que asciende a $11.436.686.000, un incremento de un 2% respecto del Presupuesto 2026 y sostiene las acciones de conservación, fiscalización, prevención, tecnología y fortalecimiento de las capacidades operativas en todo el territorio provincial.

El Presupuesto representa el 0,22% del presupuesto provincial y se distribuye principalmente en gastos de personal (70%), bienes y servicios (23%), gastos de capital (5%) y transferencias (2%).

En este marco, las autoridades del Ministerio proyectan contiuar un modelo de gestión basado en la presencia territorial, la innovación, el diálogo y el consenso ambiental.

El detalle de los destinos del presupuesto lo presentó ante la Legislatura el ministro Recamán con  los lineamientos de su cartera para 2027 y destacó que el objetivo será sostener las políticas de protección de los recursos naturales, con especial atención al trabajo de guardaparques, brigadistas, personal de fauna y profesionales vinculados al impacto ambiental.

Conservación de bosques basado en la presencia territorial y control

Uno de los principales resultados de la gestión forestal es la reducción sostenida de la deforestación. En 2025 se registraron 4.118 hectáreas afectadas, un 18% menos que el promedio histórico de 5.000 hectáreas.

Para lograr estos números, durante 2026 se reforzó la presencia territorial con 201 operativos de control forestal, un 113,82% más que en 2025. Además, se fortaleció el sistema de control en rutas mediante códigos QR y se consolidó una red de cinco puestos fijos en distintos puntos de la provincia.

El proceso de modernización también alcanzó a las Guías y Remitos Forestales, cuya digitalización comenzó a implementarse en delegaciones estratégicas, permitiendo mejorar la trazabilidad de la madera nativa, reducir tiempos administrativos y disminuir el uso de papel.

En materia de restauración, la plantación de 100.000 Árboles permitió recuperar 246 hectáreas mediante la plantación de especies nativas, mientras que el Vivero del Parque Ecológico El Puma entregó 9.765 plantines.

Financiamiento sostenible

La gestión ambiental también avanza en la incorporación de nuevas herramientas de financiamiento vinculadas a la conservación.

En el marco del Programa de Pago por Resultados de REDD+ de Argentina, el Comité de la Cuenca Forestal Yabotí se encuentra en la última etapa de selección de proyectos por USD 1.181.474.

Los recursos estarán destinados a proyectos productivos y fortalecimiento de comunidades, control territorial, digitalización, prevención de incendios, monitoreo de biodiversidad, producción de especies nativas y restauración del Corredor Verde.

Asimismo, Misiones logró la aprobación de su Programa Jurisdiccional REDD+ bajo el marco JNR de Verra, que comprende más de un millón de hectáreas de Bosque Atlántico nativo y registra reducciones verificadas equivalentes a 13,1 millones de toneladas de CO₂ durante el período 2017-2022.

Áreas Naturales Protegidas: profesionalización y jerarquización de guardaparques

El Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas cuenta con 22 Parques Provinciales, que abarcan 159.548 hectáreas, y una estructura de 130 agentes Guardaparques que trabajan para la protección de su conservación.

Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026 se realizaron 203 actuaciones operativas, un 44% más que en el período anterior. El 72,4% correspondió a inspecciones y constataciones preventivas, orientadas a verificar el estado de las áreas protegidas y el cumplimiento de la normativa.

La profundización del Estatuto del Cuerpo de Guardaparques es otro punto clave, mediante el fortalecimiento del personal a través de capacitaciones en uso de armas, medicina táctica, primeros auxilios y prevención de incendios.

Además, se concretó el primer concurso interno para cubrir tres cargos de Jefe de Parque, en Salto Encantado, Moconá y Urugua-í, y se prevé ampliar progresivamente este proceso a otros parques.

A su vez, durante 2026 comenzaron los procesos de actualización y elaboración de Planes de Manejo en nueve Parques Provinciales realizados por primera vez por guardaparques, instrumentos fundamentales para planificar la conservación y el uso adecuado de estos espacios.

También se trabaja en fortalecer las Reservas Privadas, que forman parte de la estrategia provincial de conservación.

Este año el marco del 2° Encuentro de Reservas Privadas se entregaron más de $447 millones provenientes de la Ley Nacional de Bosques , destinados a proyectos de conservación, restauración, uso sustentable de la biodiversidad, prevención de incendios y manejo de zonas de interfase.

En ese sentido se proyecta la creación de nuevas reservas privadas y una nueva entrega de fondos para los próximos meses, para continuar ampliando las Áreas Naturales Protegidas de Misiones.

También continúa desarrollándose Amigos del Parque, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo entre las áreas protegidas y sus vecinos linderos. El censo permite conocer las realidades sociales, productivas y ambientales de cada zona para diseñar acciones específicas de prevención, restauración, educación ambiental y protección de la biodiversidad.

Biodiversidad: rescate, rehabilitación y recuperación de especies

Mediante el trabajo que realiza el Ministerio de Ecología se logró rescatar 594 animales a través del trabajo articulado entre organismos públicos, centros de rescate y organizaciones especializadas.

La estrategia de conservación incluye proyectos de recuperación de especies amenazadas y localmente extintas, como el mono carayá rojo y el maracaná lomo rojo, además de acciones de investigación y protección del loro pecho vinoso.

Asimismo, gracias al trabajo articulado este año 12 especies de plantas endémicas del área de Teyú Cuaré fueron declaradas Monumentos Naturales Provinciales, alcanzando el máximo nivel de protección previsto por la legislación misionera.

Este año además se proyecta la apertura del Parque Ecológico El Puma al público, luego de un proceso de reacondicionamiento integral destinado a fortalecer sus funciones de conservación, rehabilitación de fauna y educación ambiental.

Las obras incluyen la recuperación de más de 300 m² de pasarelas y decks, el reacondicionamiento de caminos y espacios comunes y la recuperación del área destinada a grandes felinos. También se construyó un nuevo aviario de más de 100 m², con 10 recintos, y se incorporaron un vehículo para rescate y transporte de fauna, un tractor y maquinaria específica.

Parte de la nueva infraestructura fue realizada con madera decomisada, en el marco del programa Transformación Esencial, dando un nuevo destino a recursos provenientes de procedimientos de fiscalización ambiental.

Con estas mejoras, el Parque Ecológico El Puma avanza hacia una nueva etapa y se prepara para volver a recibir a la comunidad, consolidándose como un espacio para la conservación, la recuperación de fauna silvestre y la educación ambiental.

Prevención de incendios: alerta temprana y respuesta rápida

Misiones continúa fortaleciendo su sistema de prevención y manejo del fuego. Durante el período se elaboraron 620 informes de pronóstico meteorológico por regiones, mientras avanzó la incorporación de nuevas estaciones meteorológicas automatizadas.

También se consolidó el Sistema de Torres de Vigilancia de Incendios Forestales, con tres torres equipadas con cámaras de monitoreo capaces de detectar columnas de humo en un radio de hasta 30 kilómetros. En conjunto, permiten monitorear más de 849.000 hectáreas.

La respuesta se complementa con brigadas capacitadas, equipos de protección personal y nuevos equipos de ataque rápido Firechief de 500 litros para fortalecer la intervención ante incendios dentro de los parques provinciales.

Planificación y gestión ambiental

El Ministerio avanzó además en el ordenamiento predial, con 6.755 parcelas ordenadas que abarcan 966.295 hectáreas. Dentro de esa superficie, 638.457 hectáreas corresponden a bosque nativo categorizado a escala predial.

A esto se suma el Observatorio de Datos Ambientales, que integra información georreferenciada de distintas áreas del Ministerio. Actualmente procesa más de 46.000 registros y permite cruzar información sobre control forestal, deforestación, atropellamiento de fauna, riesgos ambientales e incendios, entre otras variables.

Esta herramienta aporta información para identificar patrones, orientar recursos y mejorar la toma de decisiones sobre el territorio.

Educación ambiental y conciencia ciudadana

La gestión también incorpora un fuerte componente de educación y participación. Durante el período se desarrollaron 30 campañas de concientización y 68 actividades de educación ambiental, alcanzando a 35 municipios.

Entre las iniciativas se encuentran Yo Freno Por La Fauna, No Me Quemés, Respiremos Bosques, En Misiones No Se Caza y Adoptá un Árbol, esta última incorporada este año, que permitió la entrega de kits de plantación en las escuelas de la provincia.

En paralelo, se fortalecieron espacios de diálogo como la Mesa Técnica e Institucional del Agua y la Mesa de Gestión Forestal, orientados a generar consensos, unificar criterios, agilizar procesos y mejorar la gestión de los recursos naturales.

También se profundizó el programa Transformación Esencial, que reutiliza madera decomisada para producir mobiliario destinado a organismos públicos, escuelas, municipios, clubes y otras instituciones. Desde su inicio ya fueron entregados 700 muebles, con el objetivo de alcanzar los 1.200 durante 2026.

Además se avanza en la implementación de Eco Contacto, un canal directo para acercar las consultas ambientales de la ciudadanía al Ministerio.

Inversión en infraestructura y equipamiento

El Ministerio de Ecología incorporó equipamiento y bienes, incluyendo ocho nuevas camionetas 4×4, drones, maquinaria, herramientas, tecnología, elementos de seguridad e infraestructura.

La inversión se enfocó en las áreas protegidas, el control forestal, la prevención de incendios y la atención de fauna silvestre, fortaleciendo las capacidades operativas de los equipos que trabajan en territorio.

“De esta forma, el Ministerio de Ecología busca sostener y profundizar las políticas ambientales de Misiones, con una mirada integral que combina conservación, fiscalización, restauración, innovación tecnológica, profesionalización, educación y participación”, concluyeron.

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MISIONES (2/9/2026).- La Asociación Maderera Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) manifestó su respaldo a la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial para modificar por ley el artículo 7º de la Ley de Bioinsumos (Ley VIII N.º 103), en el marco del debate sobre el uso de productos fitosanitarios en la actividad productiva.

Desde la entidad se consideró que la reforma permitiría consolidar mediante una norma legal una situación que la provincia ya había sostenido a través de sucesivos decretos, entre ellos las prórrogas dispuestas en agosto de 2024 y la suspensión indefinida establecida en agosto de 2025.

Para AMAYADAP, este cambio permitiría otorgar a la actividad forestal la estabilidad jurídica necesaria para planificar inversiones de largo plazo, en un sector caracterizado por ciclos productivos extensos.

Entre los fundamentos de su posición, la asociación señaló que actualmente no existen en el mercado productos fitosanitarios alternativos que ofrezcan una eficacia comprobada equivalente para el control de malezas durante las primeras etapas de implantación de los cultivos forestales.

AMAYADAP sostuvo además que se trata de un producto de baja toxicidad aguda, autorizado por organismos regulatorios nacionales e internacionales y que, bajo buenas prácticas agrícolas, no representa riesgos significativos para la salud ni el ambiente.

La entidad remarcó que el planteo está vinculado particularmente con las condiciones de implantación de las plantaciones, etapa en la que considera necesaria una herramienta eficaz para el control de malezas.

Más de 400.000 hectáreas de plantaciones

La asociación también puso el foco en la dimensión de la actividad forestal en Misiones. Según los datos consignados en el comunicado, la provincia cuenta con más de 400.000 hectáreas de plantaciones, de las cuales cerca de 150.000 hectáreas están certificadas bajo el esquema PEFC y 117.000 bajo FSC.

En ese marco, AMAYADAP destacó que la foresto-industria desarrolla sus actividades bajo protocolos internacionales que establecen condiciones para el uso de fitosanitarios y que, según la entidad, su aplicación se encuentra limitada a las primeras etapas de implantación del cultivo.

El planteo de la organización se inscribe así en la discusión sobre cómo compatibilizar la continuidad de las actividades productivas con los estándares ambientales y de sustentabilidad aplicados en la cadena foresto-industrial.

AMAYADAP sostuvo finalmente que contar con un marco jurídico previsible y con estándares de sustentabilidad permitiría fortalecer las condiciones para el desarrollo de la actividad forestal en Misiones, a partir de una mayor articulación entre el sector público y privado.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

MISIONES (1/9/2026).- La reforma impulsada en la Cámara de Diputados de la provincia por la gestión del gobernador Hugo Passalacqua «no plantea un nuevo debate sobre el uso del herbicida, sino que busca transformar en una norma de rango legal una situación que la propia Provincia ya había sostenido mediante decretos», precisaron desde la Asociación Forestal Argentina Regional Misiones respecto a la polémica ley sancionada en Misiones hace tres años, y que fue sostenida con prorrogas y suspensión «indefinida».

Según AFoA, la reforma de eliminar el artículo 7 de la ley de Bioinsumos, permitiría otorgar mayor estabilidad jurídica y previsibilidad a una actividad caracterizada por inversiones de largo plazo.

A través de un comunicado instituciona, desde la asociación gremial empresaria indicaron que «la prohibición del glifosato fue establecida con la sanción de la Ley de Bioinsumos en 2023. Posteriormente, su entrada en vigencia fue postergada por el Poder Ejecutivo provincial en agosto de 2024 hasta 2030. Un año después, en agosto de 2025, el Gobierno dispuso la suspensión indefinida de la medida hasta tanto se homologara un producto sustituto eficaz».

Para AFoA Regional Misiones, el punto central de la discusión es la falta de una alternativa técnicamente probada que permita reemplazar al glifosato en las primeras etapas de implantación de las plantaciones forestales.

El sector forestal plantea que todavía no existe un sustituto de eficacia equivalente

La entidad considera al glifosato una herramienta de manejo necesaria para la actividad forestal y para otras producciones de Misiones, debido a que, según sostiene, actualmente no existen en el mercado productos fitosanitarios sustitutos que hayan demostrado una eficacia equivalente en el control de malezas durante la implantación de los cultivos.

AFoA también señala que se trata de un producto de baja toxicidad aguda, autorizado y registrado por organismos regulatorios nacionales e internacionales de referencia.

Según la organización, su utilización de acuerdo con las buenas prácticas agrícolas y los protocolos de manejo vigentes no representa riesgos significativos para la salud de los operarios ni para el ambiente.

La entidad recordó además que durante el proceso de discusión participó de gestiones ante las autoridades provinciales para plantear la situación productiva del sector, particularmente la falta de alternativas técnicamente probadas y el impacto que una eventual restricción tendría sobre la previsibilidad de las inversiones forestales.

El planteo también está relacionado, según AFoA Regional Misiones, con las exigencias de los mercados a los que se destina una parte importante de la producción misionera.

La actividad forestal provincial cuenta con más de 400.000 hectáreas de plantaciones. De ese total, cerca de 150.000 hectáreas están certificadas bajo el esquema PEFC y 117.000 bajo FSC, de acuerdo con los datos aportados por la entidad.

En este contexto, sostienen que «estas plantaciones ya se encuentran sujetas a protocolos de manejo forestal sostenible que regulan, controlan y limitan el uso de fitosanitarios».

Además, se precisó que en los ciclos de producción forestal el uso de estos productos se concentra en las primeras etapas de implantación y no se extiende durante el resto del crecimiento de la plantación.

La organización valoró finalmente que el Gobierno provincial haya optado por abordar la cuestión mediante una reforma legislativa y consideró que esta vía permitiría otorgar previsibilidad de largo plazo al sector.

Al mismo tiempo, manifestó su disposición a continuar trabajando con las autoridades provinciales en políticas públicas orientadas a garantizar previsibilidad, sustentabilidad y competitividad para la actividad forestal misionera.

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Fuente: LA NACIÓN 

BUENOS AIRES (1/9/2026).- Juan Andrés Trebino es un abogado con al menos 15 años de experiencia en temas ambientales y la gestión pública.

Su primera experiencia fue en 2011 como asesor legal en la Director Nacional de Control Ambiental, cartera que en 2015, durante la presidencia de Mauricio Macri, encabezó por siete meses para después asumir el cargo de subsecretario de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación.

De acuerdo con el Boletín Oficial, su participación en la función pública terminó en diciembre de 2019, con el recambio presidencial y el inicio de la última administración peronista.

El nuevo subsecretario trabaja en Trebino, Jure & Tiscornia, un estudio jurídico especializado en asesoría en “derecho ambiental a grandes empresas” que fundó en 2015. Ha representado a compañías de los sectores de agricultura, pesca y ganadería. También encabeza la consultora ambiental Greenco S.A. y es profesor en la Universidad de San Andrés, puesto que mantendrá durante su nueva gestión en el gobierno nacional.

Además, se presenta como director ejecutivo de la asociación Consenso Patagonia, que se define como un conjunto de “rionegrinos, neuquinos, chubutenses. Comerciantes, empresarios, productores y empleados preocupados por la ausencia de respuestas del Estado frente al conflicto territorial que cuestiona el derecho de propiedad en la Patagonia”.

En su portal comparten noticias sobre todo de la región de los Lagos y asociado al conflicto mapuche.

En las pocas manifestaciones públicas que ha tenido se mostró a favor de la derogación de la ley de emergencia territorial indígena. “A nuestro criterio, además, la última prórroga de esa ley era inconstitucional, porque una ley no puede prorrogarse por un decreto. Se utilizó políticamente y de manera abusiva para violar otros derechos fundamentales como la propiedad privada”, declaró a medios de Bariloche.

Por otra parte, según publicó el diario La Nación, Trebino aparece en registros bancarios como socio de Charcutería Don Carmelo, una pequeña empresa fundada en la ciudad bonaerense de Pergamino y de Mundo Lito, una tienda de indumentaria.

Quienes lo conocieron en funciones lo catalogaron como un “técnico y de perfil bajo”.

De acuerdo con fuentes del Gobierno, su selección fue determinada por su experiencia en el tema y en la administración. Descartaron que provenga de la cercanía del secretario de Turismo y Ambiente, Daniel Scioli. “Probablemente será cercano a [Diego] Santilli y [Guillermo Ignacio] Devitt”, especuló un exfuncionario que mantiene contactos con los actuales jefe y vicejefe de Gabinete.

Su designación se oficializará a inicios de la semana que viene. El miércoles 3 de septiembre encabezará también la reunión con el Consejo Federal de Medio Ambiente (Cofema), integrado por representantes de varios organismos nacionales y por todas las provincias. También deberá designar quienes encabezarán las dos direcciones de la Subsecretaría de Ambiente, que hasta este momento no tenían nombramiento oficial.

Dos meses de acefalía ambiental

A finales de junio pasado, el entonces subsecretario de Ambiente Fernando Brom se fue tras un confuso movimiento del exjefe de Gabinete saliente, Manuel Adorni.

Hace unas semanas, en el programa Odisea Argentina conducido por Carlos Pagni, el periodista Daniel Bilotta dijo que había varios expedientes que se acumularon y que todo recaía sobre la firma Daniel Scioli.

Fuentes cercanas al secretario catalogaron las denuncias de “operaciones” y aseguraron que a pesar de la acefalía la cartera “no dejó de funcionar a la perfección”. “Seguimos trabajando como siempre. No hubo acefalía porque el del subsecretario de Ambiente es un puesto técnico”, agregaron.

Varias organizaciones de la sociedad civil consultadas por el medio nacional plantearon un abandono de la cartera ambiental desde el inicio de la administración mileísta, aunque con mayor énfasis en el último bimestre.

“No hay prioridad. Claramente no es un tema de relevancia. No hay interlocutor válido para hablar de estos temas. No hay funcionarios designados. Se va haciendo un embudo porque subir la jerarquía de la firma provoca un tapón eventualmente. La estructura está completamente debilitada y eso demuestra la falta de interés”, señaló Mariano Villares, director de la organización Sustentabilidad Sin Fronteras, que admitió que cada vez es menos la operatividad en ese sector de la estructura gubernamental.

En el último organigrama publicado en el Boletín Oficial, la Subsecretaría de Ambiente contaba solo con dos direcciones que desde hace meses no tienen designaciones oficiales: la Dirección Nacional de Biodiversidad, Relaciones Ambientales y Cooperación y la Dirección Nacional de Evaluación y Control Ambiental. Previamente, existía una Dirección de “Gestión Climática” [antes de Cambio Climático], pero se disolvió en 2025.

Esta reducción de la estructura también fue acompañada de una caída presupuestaria. Según el último reporte del Monitor de Presupuesto Ambiental de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), en 2024, la Subsecretaría de Ambiente registró un recorte real del 79,4% en relación con los fondos ejecutados en 2023. En 2025, el ajuste se profundizó y alcanzó una caída real del 80,8% respecto del mismo año base.

Según el Presupuesto Abierto del gobierno nacional, hasta hoy se ha ejecutado solo el 24% del presupuesto asignado para 2026 a la función Ecología y Desarrollo Sostenible.

Facultades como las del Servicio Nacional de Manejo del Fuego o el control tutelar de la Administración de Parques Nacionales fueron removidas durante los años pasados. Por otro lado, ninguna oficina tiene entre sus funciones la acción climática, a pesar de que hasta finales del año pasado funcionó.

Según Villares, este punto es de especial sensibilidad: “Hablamos mucho con organismos internacionales, y lo que nos preguntan siempre de afuera es qué pasa con la Argentina. Y yo lamentablemente les digo que no sabemos si va a salir la NDC [un documento fundamental en el multilateralismo climático] o vamos a salir del Acuerdo de París”.

Mercados de carbono en el centro del debate de Bosques

El miércoles pasado hubo una sesión informativa en el Senado para impulsar una ley que regule los mercados de carbono en la Argentina. Estos mercados, en términos muy simples, podrían fungir como una opción de monetización de la conservación de zonas naturales como bosques o pastizales. Se discutieron tres proyectos impulsados por las provincias de Chaco, Misiones y Salta.

Para el exsecretario de Cambio Climático, Rodrigo Rodríguez Tornquist, ese debate, a pesar de ser necesario, no tiene sentido si en el Poder Ejecutivo no existe una política activa. “Estamos discutiendo el tamaño de la rueda cuando todavía no sabemos si vamos a tener una bicicleta, un auto o un camión”, retrató durante la sesión de ayer en el Senado. Y es que, sin que la política ambiental y climática sea administrada por el gobierno nacional, tanto para Tornquist como para Villares, es difícil concretar cualquier proyecto vinculado con ello.

“Hay una falta de mirada estratégica con el ambiente. Dejemos de lado la necesidad social. Ni siquiera se ve ese rumbo. Eso no se mide en términos económicos, pero impacta. Se refleja en una posición ambigua en materia climática y a nivel internacional eso genera desconfianza”, detalló Andrés Nápoli, director ejecutivo de FARN.

Según las organizaciones consultadas, el incumplimiento de los compromisos climáticos puede debilitar acuerdos vinculados con objetivos comerciales y de financiamiento, y también perder fuerza en espacios multilaterales que sí interesan a la administración libertaria. En especial, el G20 y el proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como este, son varios los espacios dentro del multilateralismo que piden el cumplimiento de políticas climáticas y ambientales, como el recién firmado acuerdo Unión Europea-Mercosur.

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