Por Patricia Escobar

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MISIONES (17/7/2026).- En una decisión que marca un fuerte retroceso en la política regulatoria pretendida para la cartera ambiental, el Gobierno de Misiones decidió dar marcha atrás y derogar de forma definitiva la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), el primero con trazabilidad digital en el organismo. La medida oficializada este viernes responde a la presión conjunta de las empresas agroforestales y madereras de la provincia, que habían planteado de manera unánime la revisión de la norma y exigían la apertura de canales de diálogo ante lo que consideraban una herramienta con alta falta de claridad operativa y decisiones arbitrarias de fiscalización.

La marcha atrás se formalizó mediante la Resolución 248/26, con fecha de hoy, 17 de julio de 2026. La norma, que lleva la firma del ministro de Ecología, Martín Recamán, deja formalmente sin efecto la Resolución 182/26, con la cual se había dado nacimiento al polémico registro a principios de este mes. En los fundamentos del nuevo instrumento legal, la cartera ecológica argumentó razones de “oportunidad, mérito y conveniencia” para revocar la medida, evitando profundizar en los cuestionamientos jurídicos de fondo que gatillaron el conflicto con el sector privado.

Los argumentos de la impugnación: «Es inconstitucional»

La caída del RePIA fue el resultado de un frente empresarial abroquelado y unánime que nucleó a la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), la Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Corrientes (APICOFOM), la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Sociedad Rural de Misiones (SRM) y la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones (FARM), entre otros referentes de la cadena de valor.

Las alarmas se encendieron cuando los propietarios madereros y agroforestales tomaron conocimiento de la medida a través de los medios de comunicación, en medio de información parcial y confusa provista por el propio organismo de control. Las reuniones de urgencia no tardaron en concentrarse en la sede de AMAYADAP, entidad que lideró la presentación de una impugnación administrativa formal.

Desde el punto de vista legal, el sector privado argumentó que la resolución original era inconstitucional, debido a que facultaba al Ministerio de Ecología a incorporar a personas o empresas al registro de infractores con la sola apertura de un expediente administrativo, es decir, sin que mediara una sanción firme, vulnerando flagrantemente el principio de inocencia y las garantías del debido proceso.

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Qué establecía el RePIA y el «Certificado de Antecedentes»

El registro derogado buscaba concentrar en una única base de datos digital a todos aquellos actores que incurrieran en contravenciones a las leyes ambientales provinciales. Sin embargo, el punto de mayor fricción radicaba en sus efectos financieros y operativos: la norma estipulaba que figurar en el RePIA bloqueaba automáticamente el acceso a nuevos permisos ambientales, subsidios, líneas de crédito bancarias, incentivos fiscales y cualquier otro beneficio otorgado por el Estado provincial mientras la sanción estuviera vigente.

Asimismo, el marco regulatorio del RePIA obligaba a la creación de un nuevo trámite burocrático: el Certificado de Antecedentes de Infracciones Ambientales, un documento de carácter obligatorio que cualquier particular o empresa debía presentar ante Ecología para acreditar que se encontraba «libre de faltas» antes de iniciar cualquier gestión o plan forestal. Como agravante, la norma disponía que los infractores debían permanecer registrados durante tres años posteriores al cumplimiento de la sanción, plazo que se extendía a cuatro años en casos de reincidencia.

Una agenda de reclamos que excede al Registro

La derogación del RePIA expuso un malestar profundo y preexistente en la foresto-industria misionera respecto a las políticas de fiscalización ambiental. Durante las negociaciones, los dirigentes empresarios volvieron a poner sobre la mesa una agenda de reclamos críticos que traban la competitividad del sector.

Entre los puntos exigidos por las cámaras madereras y rurales figuran las crónicas demoras en la aprobación de los permisos de cambio de uso del suelo y planes forestales, las severas restricciones para las autorizaciones de quemas controladas en épocas críticas, el impacto de la prohibición del glifosato en las cadenas productivas y la falta de claridad en torno a los certificados de créditos y bonos de carbono jurisdiccionales. El sector privado concluyó que todos estos ejes deben ser abordados bajo un marco de estricta transparencia, previsibilidad y un diálogo maduro entre el Estado y los generadores de empleo de la provincia.

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Por Patricia Escobar

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MISIONES (15/7/2026).- La Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) expresó su adhesión al documento elaborado por productores y empresarios del sector foresto-industrial y agropecuario durante la reunión convocada por la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) la semana pasada en Eldorado, y exhortó al Gobierno de Misiones a priorizar «el camino del diálogo y la producción» para recuperar la competitividad y promover nuevas inversiones.

A través de un comunicado institucional, la entidad maderera manifestó su preocupación por distintas normativas provinciales que, a su entender, condicionan el desarrollo de las actividades productivas y generan mayores dificultades para un sector que atraviesa un contexto económico complejo.

«Consideramos indispensable y urgente revisar las medidas que impactan directamente en el día a día de nuestro trabajo», expresó Guillermo Fachinello, presidente de APICOFOM y la Confederación Económica de Misiones (CEM), al señalar dos temas que considera prioritarios.

En diálogo con ArgentinaForestal.com, el empresario maderero cuestionó la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA) donde solo se contempla a los propietarios de bosques nativos, es discrecional y arbitrario, porque no contempla a todos los ocupantes ilegales e intrusos que desmontan en toda la cuenca del Alto Uruguay, y sobre los cuáles, no le cabe ninguna sanción, generando una desigualdad con el propietario que tiene en regla su actividad y que solicita en el marco legal un permiso de uso de suelo, que encima tardan años en otorgar y si encuentran una infracción aplican una multa a criterio de Asuntos Jurídicos elevadísimas, muchas veces por temas administrativos. Es una traba más este registro para los forestales. No está claro el sistema ni su implementación, y entendemos que no podemos dejar a criterios de quien esté a cargo de la gestión de contralor el ingreso al registro digital  implementado por el Ministerio de Ecología de Misiones para centralizar sanciones y expedientes administrativos vinculados a infracciones ambientales», remarcó.

Para los empresarios madereros de APICOFOM esta herramienta «solo aporta más burocracia a un enmarañado sistema de obstáculos a la producción» y afirmaron que, mientras el sector privado busca alternativas para superar la crisis, «el Estado provincial consolida una política que va en contra de ese objetivo».

Asimismo, APICOFOM planteó la necesidad de revisar la vigencia de la prohibición del uso del glifosato en la provincia. Según indicaron, la medida fue adoptada «de manera inconsulta con los actores técnicos y productivos del sector», por lo que consideraron necesario abrir un proceso de análisis basado en evidencia científica y en el consenso entre los distintos actores involucrados.

«La definición de alternativas viables y la evaluación del impacto real sobre los costos y la productividad deben darse en un marco de consenso científico y operativo para no restarnos competitividad», señalaron.

Diálogo y previsibilidad

En su pronunciamiento, la APICOFOM sostuvo que resulta «necesario un urgente cambio de actitud del gobierno provincial hacia el sector productivo» y remarcó que el desarrollo de Misiones depende del fortalecimiento de la producción y la industria.

En ese sentido, Fachinello instó al Gobierno provincial a mantener «canales de diálogo abiertos, dinámicos y resolutivos», evitando demoras burocráticas en temas que consideran críticos para sostener la inversión y el empleo.

«La forestoindustria y el sector agropecuario son los verdaderos motores de la economía misionera. Ponemos a disposición toda nuestra capacidad técnica y de gestión para trabajar codo a codo en una agenda de desarrollo sustentable que proteja el empleo, la inversión y el futuro de nuestra provincia», expresan desde APICOFOM.

Respaldo al documento consensuado en AMAYADAP

La adhesión de APICOFOM surge tras la reunión realizada el 7 de julio en la sede de AMAYADAP, en la que participaron más de cincuenta productores, empresarios, propietarios de tierras, profesionales, asesores técnicos y representantes del sector foresto-industrial y agropecuario.

El encuentro fue encabezado por el empresario Alfredo Gruber, titular del establecimiento Don Guillermo y referente histórico de la entidad, y contó además con la presencia de los diputados provinciales Ramón Amarilla y Miguel Núñez, invitados para escuchar los planteos del sector.

Como resultado de la jornada, los asistentes consensuaron un documento en el que solicitaron al Gobierno de Misiones avanzar hacia una agenda basada en el diálogo, la previsibilidad y la seguridad jurídica, al considerar que el actual escenario genera incertidumbre para las inversiones de largo plazo.

«Quienes producimos y generamos empleo genuino a través de la actividad agropecuaria y forestal necesitamos reglas claras, decisiones consensuadas y políticas que promuevan la producción», expresaron durante el encuentro.

Los participantes coincidieron además en que resulta necesario fortalecer los mecanismos de consulta con los sectores productivos antes de implementar nuevas regulaciones, con el objetivo de construir políticas públicas que compatibilicen la protección ambiental con el desarrollo económico y la generación de empleo.

La Confederación Económica de Misiones (CEM) respalda los reclamos de la AMAYADAP y APICOFOM solicitando la eliminación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA) -Resolución 182/26- anunciado recientemente por el Ministerio de Ecología de Misiones.

Además de condicionar la competitividad de las actividades productivas en Misiones, esta normativa penaliza la actividad productiva al momento de incorporar al registro a personas o empresas con expedientes administrativos aún sin resolución definitiva.

Para acompañar este reclamo la CEM solicitó formalmente una reunión de carácter urgente con el Ministro de Ecología de la Provincia para resolver esta cuestión y abordar otras que también paralizan, obstaculizan y burocratizan la producción e industria agropecuaria y forestal, pilares de la economía misionera (prohibición del glifosato, Programa Jurisdiccional JNR REDD + y restricciones y demoras en Permisos de Uso de Suelo).

Esta solicitud se suma a otras ya realizadas anteriormente, en las que la CEM insta al Gobierno Provincial a crear y sostener espacios de diálogo sólidos, permanentes y resolutivos, capitalizando el expertise de productores y empresarios pyme para diseñar alternativas viables, con impacto positivo para el sector.

Ecología analizará los planteos del sector productivo en una mesa técnica-jurídica del RePIA

Este martes se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables para abordar las inquietudes planteadas por representantes del sector de la madera y analizar los alcances del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), recientemente reglamentado. Como resultado del encuentro, se acordó conformar una mesa técnica-jurídica que tendrá el objetivo de analizar los planteos presentados y profundizar los aspectos vinculados a la implementación del sistema.

De la reunión participaron el ministro de Ecología, Martín Recamán; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo; el director general de Bosques Nativos, Milton Morán; la directora general de Asuntos Jurídicos, Antonella Bortolotti; y el coordinador del Programa de Créditos de Carbono, Augusto Abdulhadi. En representación de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAyADAP), participaron el diputado provincial Miguel Núñez (PRO) y el abogado Fernando Acosta.

Durante el encuentro, los representantes del sector maderero expusieron cuestionamientos vinculados al alcance de la Resolución Nº 182/26, particularmente respecto de las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, las facultades para su dictado y la interpretación de algunos aspectos de la reglamentación.

En ese marco, las autoridades del Ministerio brindaron precisiones sobre el funcionamiento del registro y acordaron abrir una instancia de trabajo técnico para analizar cada uno de los planteos.

Desde el Ministerio se explicó que el RePIA no crea nuevas infracciones ni modifica el régimen sancionatorio vigente, sino que constituye una herramienta administrativa destinada a centralizar en una única plataforma digital la información sobre sanciones ambientales firmes, con el objetivo de agilizar los trámites, fortalecer la transparencia y brindar mayor previsibilidad a quienes realizan gestiones ante el organismo.

Asimismo, se aclaró que el registro no incorpora denuncias, actuaciones preliminares ni expedientes en trámite. La inscripción se realiza únicamente cuando existe una sanción administrativa firme, una vez finalizado el procedimiento correspondiente y garantizado el derecho de defensa.

También se informó que el sistema alcanza a personas físicas y jurídicas sancionadas por infracciones ambientales, cualquiera sea la actividad que desarrollen, y que sus efectos administrativos se limitan exclusivamente a autorizaciones, programas, beneficios y trámites gestionados por el Ministerio de Ecología.

Además, contempla mecanismos de regularización: una vez cumplidas las sanciones y las medidas de remediación correspondientes, cesan los efectos administrativos de la inscripción, mientras que el antecedente se conserva únicamente para el seguimiento de eventuales reincidencias previstas por la normativa.

No obstante, la mesa técnico-jurídica prevista para las próximas semanas dará continuidad al trabajo iniciado durante este encuentro, consolidando un espacio de diálogo entre el Ministerio de Ecología y el sector maderero. El objetivo es acompañar la implementación de una herramienta orientada a agilizar los trámites ambientales, fortalecer la transparencia, brindar mayor previsibilidad a los administrados y consolidar una gestión pública más eficiente.

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Por Patricia Escobar

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Fuente y fotos: Municipalidad de Santo Tomé 

CORRIENTES (12/7/2026).- El desarrollo del nuevo complejo industrial maderero de Zozzoli S.A. en la ciudad correntina de Santo Tomé continúa avanzando y se perfila como una de las inversiones más importantes del sector forestoindustrial de la región. La planta incorporará tecnología de última generación para el procesamiento integral de la madera, incluyendo aserrado, secado y la fabricación de componentes con alto valor agregado destinados a los mercados internacionales.

Esta semana, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, recorrió las obras junto al empresario Daniel Zozzoli y parte del equipo técnico que trabaja en el montaje de la futura industria, ubicada sobre la Ruta Nacional N.º 14 y calle Ñandú Este.

Según las proyecciones de la empresa, la planta iniciará su producción entre fines de agosto y principios de septiembre, mientras que antes de fin de año se espera que alcance una etapa operativa con un importante nivel de actividad.

A plena capacidad, el establecimiento podrá procesar alrededor de 500 toneladas de madera por día, con producción orientada a la exportación hacia Brasil, Estados Unidos y Europa.

Durante la recorrida, Suaid destacó el impacto que tendrá la inversión para el desarrollo económico local y la generación de empleo.

«El futuro que imaginamos empieza a tomar forma», expresó el jefe comunal. «Junto al empresario Daniel Zozzoli y su equipo recorrimos el predio donde funcionará una planta industrial de exportación que trabajará con mano de obra local», informó a través de sus redes sociales el intendente.

El proyecto contempla la incorporación de maquinaria de última generación y procesos altamente automatizados. En ese marco, técnicos especializados provenientes de Alemania y Brasil ya se encuentran trabajando en la instalación y puesta a punto de los equipos industriales.

Paralelamente, trabajadores de Santo Tomé viajaron a Brasil para capacitarse en la operación de la nueva tecnología y en los procesos productivos que demandará la fábrica, con el objetivo de conformar el plantel que operará la planta desde el inicio de sus actividades.

«Hoy ese proyecto empieza a hacerse realidad. Llegan las máquinas, se instala tecnología de última generación y especialistas de distintos países trabajan en la puesta a punto de lo que será una de las plantas más modernas de Sudamérica en el proceso integral de la madera», afirmó Suaid.

El intendente también resaltó la importancia de que los futuros operarios sean vecinos de la ciudad. «También nos llena de orgullo saber que santotomeños ya se están capacitando para ser parte de esta nueva etapa», sostuvo.

La radicación del proyecto fue definida en 2019, cuando la empresa eligió Santo Tomé por su cercanía a la materia prima, la disponibilidad de recursos forestales y el potencial logístico de la región. La iniciativa busca consolidar a la ciudad como un polo estratégico de la industria forestoindustrial del nordeste argentino.

«Ver que una empresa decide apostar por nuestra ciudad, nuestra gente y nuestro potencial nos demuestra que Santo Tomé tiene mucho para ofrecer y un futuro enorme por construir», concluyó Suaid a través de sus redes sociales.

La inversión de Zozzoli S.A. representa un nuevo paso en el crecimiento de la cadena forestoindustrial de Corrientes, una provincia que continúa captando proyectos de alto valor agregado vinculados a la transformación de la madera y la expansión de las exportaciones del sector.

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Por Patricia Escobar

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MISIONES (11/7/2026).- Más de cincuenta productores, empresarios, propietarios de tierras, profesionales, asesores técnicos y representantes del sector foresto-industrial y agropecuario participaron esta semana de una reunión convocada en la sede de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), donde analizaron la situación de la producción en la provincia y expresaron su preocupación por distintas políticas públicas que, según coincidieron, generan incertidumbre para la inversión y el desarrollo de las actividades productivas.

El encuentro fue encabezado por el empresario Alfredo Gruber, titular del Establecimiento Don Guillermo y miembro histórico de la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP), y contó además con la participación de legisladores provinciales invitados para escuchar los planteos del sector, entre ellos, Ramón Amarilla y Miguel Nuñez.

Como resultado de la jornada, los asistentes consensuaron un documento en el que solicitaron al Gobierno de Misiones avanzar hacia una agenda basada en el diálogo, la previsibilidad y la seguridad jurídica.

«Quienes producimos y generamos empleo genuino a través de la actividad agropecuaria y forestal necesitamos reglas claras, decisiones consensuadas y políticas que promuevan la producción», señalaron durante el encuentro.

Los participantes coincidieron en que el escenario actual plantea crecientes dificultades para planificar inversiones de largo plazo y consideraron necesario fortalecer los espacios de consulta con los sectores productivos antes de implementar nuevas regulaciones.

Preocupación por el uso del suelo y la seguridad jurídica

Entre los temas que concentraron el debate figuró la demora en la tramitación de permisos vinculados al uso del suelo, situación que, según indicaron, afecta tanto a emprendimientos forestales como agropecuarios.

Asimismo, expresaron inquietud por el alcance de la Resolución 182/26, mediante la cual el Ministerio de Ecología creó el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA).

Según manifestaron algunos propietarios de bosques y productores presentes, la principal preocupación radica en que la normativa podría incorporar al registro a personas o empresas con expedientes administrativos aún sin resolución definitiva.

«Nos preocupa que exista incertidumbre respecto del debido proceso y de las consecuencias que pueda tener una inscripción antes de una sanción firme», plantearon durante el intercambio.

A criterio de los asistentes, este aspecto merece una mayor aclaración por parte de las autoridades provinciales, ya que consideran que la previsibilidad jurídica constituye un factor central para las inversiones.

Bonos de carbono y mayor información al sector

Otro de los ejes abordados fue la implementación del Programa Jurisdiccional JNR REDD+ y el esquema provincial de certificación de créditos de carbono.

Los productores manifestaron que aún persisten dudas respecto del funcionamiento del programa, la metodología prevista para distribuir beneficios entre los propietarios de bosques y el estado de avance del proceso de comercialización de los créditos certificados.

En ese sentido, solicitaron una mayor participación del sector privado en las instancias de diseño e implementación de estas políticas, así como información periódica sobre los avances del programa.

Durante la reunión también fueron mencionados otros aspectos que, según los participantes, requieren revisión o actualización, entre ellos:

• las restricciones y demoras vinculadas a permisos de uso del suelo;
• la vigencia de la prohibición de quemas;
• la normativa relacionada con el uso del glifosato;
• y la creciente carga administrativa que enfrenta el sector productivo.

Los asistentes coincidieron en que estas cuestiones deberían abordarse mediante mesas de trabajo conjuntas entre el Gobierno, las entidades representativas y los distintos actores de la cadena productiva.

Más allá de las críticas expresadas, el encuentro concluyó con un mensaje orientado a la necesidad de fortalecer la articulación público-privada.

Los participantes sostuvieron que Misiones posee condiciones para consolidar su perfil agroforestal, pero advirtieron que ello requiere un marco regulatorio estable, procesos administrativos ágiles y políticas consensuadas que acompañen las inversiones.

«Creemos firmemente que una provincia productiva es el camino. Por eso proponemos abrir instancias de diálogo y construir reglas claras que permitan impulsar la producción, el agregado de valor y la generación de empleo», concluyeron los referentes presentes en la reunión.

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Fuente y fotos: Gobierno de Misiones 

MISIONES (7/7/2026).- Lo que durante décadas estuvo marcado por diferencias políticas e intereses provinciales muchas veces divergentes, comenzó a mostrar un cambio de rumbo ante la nueva etapa de diálogo que exponen los gobernadores de Misiones, Hugo Passalacqua, y de Corrientes, Juan Pablo Valdés.

Este martes 7 de junio, en Posadas, acordaron avanzar en una agenda estratégica común para defender los intereses del Nordeste argentino, con foco en el desarrollo de la cuenca foresto-industrial, la infraestructura energética, la hidrovía Paraná-Paraguay y el fortalecimiento de las economías regionales.

El encuentro oficial, realizado en la Casa de Gobierno de Misiones, representa una de las señales políticas más relevantes de los últimos años para la industria forestal del NEA, al consolidar un proceso de integración entre dos provincias que históricamente desarrollaron sus políticas productivas de manera independiente, con marcadas asimetrías principalmente impositivas, pese a compartir una de las mayores regiones forestales del país.

Tras mantener una reunión en el despacho del mandatario misionero, ambos gobernadores coincidieron en que el contexto actual exige construir una posición regional sólida frente al Gobierno nacional para impulsar obras de infraestructura, mejorar la competitividad y generar condiciones para atraer inversiones.

«Hoy Misiones y Corrientes están más unidas que nunca trabajando por el bien de sus pueblos y defendiendo los intereses de los misioneros y los correntinos», afirmó Passalacqua.

El mandatario misionero sostuvo que la articulación entre ambas provincias fortalece también la posición del Norte Grande para sostener los reclamos históricos vinculados a infraestructura, energía y reducción de las asimetrías que afectan a la región. «Nos unimos para trabajar juntos y para reclamar a la Nación deudas históricas que tiene con las provincias del norte argentino, como el gasoducto», expresó.

«Tenemos que trabajar como un bloque unido», dijo Valdés

Para Juan Pablo Valdés, la reunión marca el inicio de una nueva etapa en la relación institucional entre ambas provincias, basada en objetivos comunes que trascienden las diferencias partidarias. «Venimos trabajando con Hugo sobre la agenda en común que tienen que tener Corrientes y Misiones, pensando en el desarrollo estratégico de nuestra región», sostuvo.

El gobernador correntino fue aún más enfático al señalar que las disputas políticas del pasado no pueden seguir condicionando el crecimiento del Nordeste. «La coincidencia política es que Misiones y Corrientes tienen que dejar de estar separadas. Tenemos que trabajar como un bloque unido, en conjunto, uniendo los intereses de los misioneros y los correntinos», remarcó.

Y agregó:»No podemos seguir quedando excluidos por mezquindades políticas. Lo que nos une es el desarrollo y la industrialización de ambas provincias.»

La cuenca forestal podría dejar de tener fronteras

Uno de los anuncios más significativos surgidos del encuentro fue la decisión de comenzar a pensar la forestoindustria como una única cuenca regional, integrando las fortalezas de ambas provincias.

La definición adquiere especial relevancia considerando que Corrientes concentra la mayor superficie de bosques cultivados del país, mientras que Misiones posee el entramado industrial forestal más desarrollado de la Argentina, con una amplia capacidad instalada para el agregado de valor.

Para Valdés, esa complementariedad abre una oportunidad inédita para potenciar el desarrollo regional. «La cuenca forestal no se centra solamente en Corrientes. Podemos ampliarla con el enorme potencial que tiene Misiones», afirmó.

El mandatario explicó que el objetivo será coordinar políticas públicas que permitan integrar ambas cadenas productivas. «Tenemos que sentar los equipos técnicos y analizar qué podemos facilitar para que la madera que sale de Corrientes encuentre procesos de agregado de valor en Misiones.»

La propuesta representa un cambio de paradigma para una actividad que durante años desarrolló estrategias provinciales diferenciadas pese a compartir recursos, infraestructura y mercados.

Además, llega en un momento de fuerte expansión del sector forestal correntino, impulsado por inversiones privadas de gran escala como el proyecto de Arauco Pulp (ArPulp), estimado en unos 2.000 millones de dólares, al que se suman otros emprendimientos industriales que superan los 500 millones de dólares.

• Gas natural: un reclamo histórico que ahora será conjunto

Otro de los ejes centrales de la reunión fue la necesidad de garantizar el acceso al gas natural, considerado por ambos gobernadores como una condición indispensable para mejorar la competitividad industrial.

Valdés cuestionó que los proyectos nacionales de transporte de gas continúen dejando fuera al Nordeste argentino. «A Misiones le falta gas y a Corrientes le falta gas. Hoy vemos que la Nación piensa en un gasoducto hacia San Pablo y nuevamente queda afuera nuestra región. De eso hablamos con Hugo Passalacqua.»

Frente a ese escenario, ambos mandatarios acordaron impulsar un reclamo conjunto. «Trabajar unidos significa llevar a la Nación un planteo común por las obras de infraestructura que necesitan la industria correntina y la misionera.»

• Hidrovía y puertos para ganar competitividad

La agenda también incluyó proyectos vinculados al transporte y la logística regional. Valdés destacó la necesidad de avanzar en el desarrollo de la Hidrovía Paraná-Paraguay, ampliando el calado y mejorando las condiciones de navegación para fortalecer las exportaciones del Nordeste.

«Nosotros tenemos un puerto esperando ser habilitado. Misiones ya tiene su puerto operativo y necesita una hidrovía con mayor profundidad, mejores frecuencias y barcos de mayor porte para generar más trabajo.»

La integración logística también contempla fortalecer la infraestructura vial y avanzar en proyectos como un nuevo puente entre Chaco y Corrientes, considerado estratégico para el comercio internacional.

• Turismo integrado entre Iguazú e Iberá

El encuentro también abrió la posibilidad de construir una oferta turística regional que articule dos de los principales destinos naturales del país. Valdés propuso aprovechar el flujo anual de visitantes que recibe Puerto Iguazú para integrarlo con los Esteros del Iberá, generando circuitos conjuntos que prolonguen la estadía de los turistas internacionales en el Nordeste.

«Misiones tiene un aeropuerto internacional como el de Iguazú, que recibe alrededor de dos millones de visitantes por año. Podemos conectar ese movimiento turístico con los Esteros del Iberá.»

• Energía y un reclamo por tarifas diferenciales

Los gobernadores también coincidieron en impulsar una tarifa eléctrica diferencial para las provincias de clima cálido, argumentando que el Nordeste enfrenta costos energéticos elevados debido al uso intensivo de equipos de refrigeración durante gran parte del año.

Valdés propuso avanzar en un esquema similar al régimen vigente para las zonas frías. «Con Hugo hablamos de impulsar tarifas eléctricas para zonas cálidas y muy cálidas.»

Según explicó, solo en Corrientes la medida beneficiaría a unos 177.000 usuarios, y buscarán incorporar también a Misiones dentro de ese régimen.

Asimismo, reclamó igualdad de condiciones frente al Área Metropolitana de Buenos Aires. «Queremos formar parte de la Argentina con las mismas oportunidades. Mientras el AMBA tiene subsidios al gas, la electricidad y el transporte, nuestras provincias siguen enfrentando costos mucho mayores para producir y competir.»

Una señal política para el Norte Grande

Más allá de los anuncios sectoriales, el encuentro dejó una definición política que podría marcar una nueva etapa para el Nordeste argentino: construir una agenda regional basada en intereses comunes y no en diferencias partidarias.

Valdés recordó que Passalacqua fue el primer gobernador misionero en asistir a la asunción de un mandatario correntino, un gesto institucional que hoy encuentra continuidad en una estrategia compartida de integración. «El desafío que venimos planteando junto al gobernador Passalacqua es buscar las oportunidades para que el futuro esté en Misiones y en Corrientes.»

Y sintetizó el espíritu del encuentro con una frase que resume el nuevo escenario político y productivo del NEA: «Siempre Misiones y Corrientes unidas, trabajando juntas.»

La decisión de avanzar hacia una agenda compartida en materia de forestoindustria, energía, logística y desarrollo regional no solo fortalece la posición de ambas provincias frente al Gobierno nacional, sino que también abre una oportunidad inédita para consolidar una cuenca forestal integrada, capaz de combinar la disponibilidad de materia prima de Corrientes con la capacidad industrial y el agregado de valor de Misiones, potenciando así la competitividad del principal polo forestal de la Argentina.

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Por Patricia Escobar

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BUENOS AIRES (7/7/2026).- Trabajadores e investigadores del sistema científico y tecnológico nacional difundieron un duro comunicado conjunto en el que denuncian que Argentina atraviesa «un proceso de destrucción de su sistema científico, tecnológico y universitario absolutamente irracional desde el punto de vista político, social y económico», y advierten que las consecuencias de las políticas aplicadas desde diciembre de 2023 comprometen el desarrollo del país durante las próximas décadas.

El documento, titulado «Derecho colectivo a una Argentina mejor», fue elaborado de manera conjunta por trabajadores del CONICET, INTA, INTI, Servicio Meteorológico Nacional (SMN), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y de las universidades nacionales, quienes decidieron no firmarlo individualmente al sostener que existe un clima de persecución y temor dentro de algunos organismos públicos.

Según expresan, el sistema científico argentino enfrenta el nivel de inversión pública más bajo de los últimos 54 años.

«La inversión pública en la función ciencia y técnica, por debajo del 0,15% del PBI, es la más baja en la historia de nuestro país, al menos desde los últimos 54 años», sostiene el comunicado.

Un diagnóstico de «crisis terminal»

Los trabajadores describen un escenario marcado por el desfinanciamiento sostenido de los organismos científicos, los retiros voluntarios, despidos, renuncias de personal altamente calificado, la caída salarial cercana al 40% desde diciembre de 2023 y la paralización de programas estratégicos.

En ese contexto, afirman que el proceso afecta a instituciones consideradas fundamentales para el desarrollo nacional, entre ellas el CONICET, INTA, INTI, CNEA, el Servicio Meteorológico Nacional y las universidades públicas.

«Nunca un país que hizo un esfuerzo sostenido durante más de 200 años para generar capacidades científicas y tecnológicas al servicio de la sociedad las destruyó en tan corto tiempo», advierte el documento.

Los autores sostienen que el desmantelamiento institucional no responde únicamente a restricciones presupuestarias. «No tiene absolutamente nada que ver con el déficit cero o restricciones presupuestarias; es una decisión política y cultural tomada por un gobierno que ha declarado abiertamente su voluntad de destruir al Estado que conduce», expresan.

El riesgo de perder capital humano

Uno de los puntos centrales del comunicado es la preocupación por la creciente migración de científicos, investigadores, docentes y técnicos altamente especializados.

Según indican, miles de profesionales se ven obligados a emigrar, aceptar empleos ajenos a su formación o recurrir al pluriempleo para sostenerse económicamente.

Además, advierten que la reducción del número y del financiamiento de las becas de posgrado interrumpe la formación de nuevas generaciones de investigadores, comprometiendo la capacidad futura del país para producir conocimiento e innovación.

«Argentina invirtió en la formación de estos recursos humanos y hoy esa inversión se pierde, impidiendo que trabajen para el desarrollo nacional», señalan.

El documento cuestiona que, mientras gran parte del mundo incrementa sus inversiones en investigación, innovación, universidades y planificación estratégica, Argentina avanza en sentido contrario.

Los trabajadores remarcan que el verdadero desarrollo no depende únicamente de la disponibilidad de recursos naturales, sino de la capacidad para transformarlos en conocimiento, tecnología, industria y empleo de calidad.

«El verdadero poder de una Nación no está en sus recursos naturales, sino en su capacidad de transformarlos en conocimiento, industria, trabajo y oportunidades», afirman.

Asimismo, destacan el rol estratégico que cumplen cada una de las instituciones involucradas:

• El INTA, fortaleciendo una agricultura competitiva, federal y con desarrollo territorial.
• El INTI, impulsando la innovación industrial y el agregado de valor.
• La CNEA, sosteniendo capacidades estratégicas en materia energética, tecnológica y nuclear.
• El Servicio Meteorológico Nacional, proporcionando información climática crítica para la prevención de riesgos y la producción.
• El CONICET, generando conocimiento científico y transfiriéndolo a la sociedad.
• Las universidades nacionales y públicas, formando profesionales y desarrollando investigación estratégica.

«Destruir la ciencia es destruir generaciones enteras»

Los trabajadores advierten que las consecuencias del actual escenario exceden el presente y comprometen el futuro del país. «Destruir la educación, la ciencia y la tecnología es destruir generaciones enteras que tienen derecho a un destino mejor», sostienen.

En el tramo final del comunicado plantean un fuerte interrogante sobre el modelo de desarrollo nacional:»¿Queremos una Argentina capaz de generar conocimiento propio, trabajo digno, innovación, producción y oportunidades para las próximas generaciones? ¿O aceptamos resignadamente un país donde el talento se expulsa, la ciencia se abandona y la educación se deteriora?»

Finalmente, concluyen que el país no puede aspirar al desarrollo debilitando su capacidad científica y tecnológica. «Ningún país se desarrolla destruyendo su inteligencia colectiva. Lo que está en juego va mucho más allá del doloroso presente; lo que está en juego es el derecho colectivo a tener un futuro.»

El documento cierra con una explicación sobre el anonimato de sus autores: «Finalmente y dolorosamente, decidimos no firmar este comunicado con nombre y apellido por la persecución y militarización en algunas de nuestras instituciones.»

Con esa decisión, trabajadores de universidades nacionales, CONICET, INTA, INTI, SMN y CNEA buscaron visibilizar lo que consideran una situación crítica para el sistema científico argentino, alertando que el deterioro de estas instituciones no sólo afecta a sus empleados, sino también a la capacidad del país para generar innovación, desarrollo productivo y soberanía tecnológica en el largo plazo.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

CORRIENTES (4/7/2026).-  La presentación del proyecto industrial de Cambium Timber, que demandará una inversión cercana a 20 millones de dólares para instalar en Gobernador Virasoro la primera planta de producción de madera contralaminada (CLT) y sistemas Mass Timber de la Argentina, abrió un debate público en su comunidad sobre el verdadero impacto de las grandes inversiones en la generación de empleo local.

La discusión tomó fuerza luego de la exposición realizada esta semana en el Concejo Deliberante por los inversionistas, donde directivos de la empresa detallaron las características técnicas del emprendimiento, el cronograma de ejecución y las perspectivas productivas de una iniciativa que busca introducir en el país uno de los sistemas constructivos con mayor crecimiento a nivel internacional.

Sin embargo, el programa periodístico de FM Sol 98.9 puso el foco en un aspecto que consideran central para la comunidad: la cantidad de puestos de trabajo directos que generará la inversión frente a las expectativas de una ciudad que demanda nuevas oportunidades laborales.

Durante la presentación, el CEO de Cambium Timber, Pablo Baldomá Jonas, detalló que la empresa comenzará a operar en el predio donde anteriormente funcionaba el ezx aserradero de Pomera Maderas.

Según lo informado, las obras de instalación ya se encuentran en marcha y el objetivo es iniciar la producción durante enero del próximo año.

La inversión, estimada en 20 millones de dólares, constituye una de las mayores anunciadas para Gobernador Virasoro y permitirá instalar la primera fábrica argentina especializada en paneles de madera contralaminada (CLT) y componentes estructurales de gran formato, destinados al creciente mercado de la construcción industrializada en madera.

Los directivos destacaron que el proyecto incorpora tecnología de última generación y permitirá agregar valor a la producción forestal regional mediante la fabricación de productos de alta complejidad tecnológica.

El empleo, en el centro del debate

Más allá de la magnitud de la inversión y del avance tecnológico que representa para la industria foresto-industrial argentina, la cantidad de empleos directos anunciados fue el aspecto que generó mayor debate tras la exposición de los inversores en el concejo deliberante.

Según explicó el CEO de la empresa, la planta demandará aproximadamente 50 puestos de trabajo directos, principalmente destinados a arquitectos, ingenieros, técnicos y operarios calificados, además de unos 200 empleos indirectos asociados a la cadena de proveedores, logística y servicios.

Esta cifra frente a las expectativas de una comunidad que atraviesa una fuerte demanda de empleo resulta insuficiente.

En ese sentido, sostuvieron que buena parte de las oportunidades laborales estarán vinculadas a perfiles técnicos altamente especializados, lo que plantea el desafío de fortalecer la capacitación de recursos humanos locales para que los habitantes de Virasoro puedan acceder a esos puestos.

Tecnología, competitividad y desarrollo local

Durante la exposición, los representantes de Cambium Timber destacaron que el proyecto posicionará a la Argentina en un segmento industrial de alto valor agregado, incorporando procesos automatizados y tecnología de vanguardia para producir sistemas constructivos que sustituyen materiales tradicionales por estructuras de madera laminada de ingeniería.

El modelo industrial responde a una tendencia internacional donde la automatización permite mejorar la productividad, la precisión y la competitividad, aunque al mismo tiempo reduce la demanda de mano de obra directa respecto de los procesos industriales convencionales.

Este escenario abre un debate cada vez más frecuente en torno al impacto social de las nuevas inversiones: cómo compatibilizar la incorporación de tecnología con la generación de empleo y el desarrollo económico de las comunidades donde se radican los proyectos.

Lo que cuestiona parte de la sociedad correntina son las exenciones impositivas frente a la promesa del efecto derrame en el desarrollo local. Otro de los aspectos planteados por el programa radial fue el régimen de incentivos otorgado para facilitar la radicación de la empresa.

Los conductores señalaron que el emprendimiento contará con importantes beneficios fiscales, entre ellos diez años de exenciones impositivas municipales, además de los incentivos provinciales destinados a promover nuevas inversiones industriales.

En ese contexto, se preguntaron cuál será el impacto real de esos beneficios sobre la economía local y si el efecto multiplicador esperado compensará el reducido número de empleos directos anunciados.

El análisis también retomó declaraciones publicadas por el diario Perfil, donde directivos del grupo empresario destacaron las condiciones de inversión ofrecidas por Corrientes al señalar que «cuando un empresario encuentra un clima de inversión favorable, las inversiones se quedan y crecen».

En este aspecto, el interrogante fue sobre el aprovechamiento de los recursos forestales de la región y la necesidad de garantizar un desarrollo sostenible de largo plazo.

L localización del proyecto responde, entre otros factores, a la disponibilidad de extensas plantaciones de pino y eucalipto en el noreste correntino, además de la infraestructura forestal existente y las condiciones logísticas que ofrece Virasoro.

En ese marco, desde la emisora radial consideraron que el Estado deberá acompañar el desarrollo de estas inversiones con políticas públicas que aseguren la protección ambiental, la generación de empleo de calidad y un mayor impacto económico sobre las comunidades locales.

Una discusión que trasciende a Cambium Timber

El caso de Cambium Timber refleja un debate que hoy atraviesa a numerosos proyectos industriales de gran escala: mientras las inversiones aportan innovación, tecnología y competitividad, también generan expectativas sobre su capacidad para dinamizar el empleo y producir un efecto derrame en las economías regionales.

En junio pasado, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, presentó oficialmente la inversión de 20 millones de dólares destinada a Gobernador Virasoro, destacándola como un paso estratégico para consolidar a la provincia como uno de los principales polos foresto-industriales del país.

Ahora, el desafío será que ese crecimiento industrial pueda traducirse también en mayores oportunidades laborales y en beneficios sostenibles para la comunidad que albergará el proyecto.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

BUENOS AIRES (3/7/2026).-  El Ministerio de Defensa de la Nación oficializó el nombramiento del Dr. Pedro Di Nezio como nuevo Director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en reemplazo del Lic. Antonio Mauad. La designación generó una inmediata reacción del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), entidad que representa a los profesionales del sector y que venía reclamando por la regularización institucional del organismo.

Di Nezio es doctor en Meteorología y Oceanografía Física por la Universidad de Miami, e ingeniero mecánico graduado en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA).

Durante los últimos veinte años desarrolló su carrera en Estados Unidos, donde encabezó proyectos de investigación en las universidades de Colorado, Texas y Hawái, además de desempeñarse en organismos de referencia mundial como la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA, por su sigla en inglés) y el Centro Nacional de Investigación Atmosférica.

A lo largo de su carrera científica publicó más de 60 trabajos especializados, varios de ellos en prestigiosas revistas internacionales como Science y Nature. Además de su perfil académico, el nuevo director del SMN cuenta con experiencia en gestión y asesoramiento estratégico.

Desde 2011 integra el panel internacional que monitorea los fenómenos de El Niño y La Niña, coordinado por el Centro de Predicción Climática de la NOAA. En los últimos años, también trabajó como consultor en riesgo climático para la red internacional de reaseguros WTW Research Network.

Desde el inicio de la actual gestión presidencial, el CAM había exigido el estricto cumplimiento del Decreto 1432/2007, una normativa que establece que la conducción del SMN debe recaer obligatoriamente en un profesional con título universitario de grado —de más de cinco años de cursada— directamente vinculado a las ciencias de la atmósfera.

«El anuncio de la designación del Dr. Pedro Di Nezio responde a la normativa vigente, al tratarse de un especialista con los antecedentes requeridos. Valoramos que se haya escuchado el reclamo de nuestra comunidad y la visibilización alcanzada en los medios, avanzando hacia la estabilidad institucional del organismo», expresaron desde la asociación técnica.

La prioridad debe ser la población civil

Pedro Di Nezio asumió la dirección del SMN el 1° de julio, con el objetivo de modernizar y automatizar la red de estaciones. Su designación llega tras meses de recortes y una significativa pérdida de personal en el organismo.

A pesar del visto bueno técnico al perfil de Di Nezio, el CAM manifestó su profunda preocupación por el enfoque del comunicado emitido por la cartera de Defensa. La entidad cuestionó que el Gobierno priorice el rol estratégico del SMN dentro del sistema militar y la ejecución de operaciones de las Fuerzas Armadas, por encima del resguardo de la comunidad general.

«Recordamos que la misión primordial e indelegable del organismo es salvaguardar las vidas y los bienes de toda la población civil. Los recursos actuales deben orientarse con carácter prioritario a sostener la continuidad operativa de la red observacional, la precisión de los pronósticos y la eficacia del sistema de alerta temprana que protege a la sociedad», advirtieron con firmeza.

El punto más crítico del pronunciamiento del CAM radicó en el desfasaje entre las promesas oficiales y el estado real de la institución. Mientras que el Ministerio de Defensa justificó el nombramiento bajo un presunto «plan de fortalecimiento de los organismos científico-técnicos» que promete tecnología de vanguardia y servicios de mayor calidad, los profesionales denunciaron un escenario de desmantelamiento.

Para el CAM, el discurso oficial resulta «contradictorio» frente a las marcadas restricciones presupuestarias que atraviesa el sector.

Entre los datos más alarmantes, la entidad denunció la reciente pérdida de 140 profesionales calificados, el cierre definitivo de estaciones meteorológicas y la discontinuidad en la toma de mediciones de muchas otras, variables que vulneran directamente las capacidades de respuesta del país ante emergencias climáticas.

«El CAM continuará trabajando para que el compromiso anunciado se cumpla en beneficio de toda la sociedad, entendiendo que el rol del Estado es indelegable a la hora de proteger a la población ante emergencias y eventos extremos», subrayaron.

Finalmente, la comisión directiva de la entidad le dio la bienvenida al nuevo director, expresando su total disposición para aportar la visión técnica de la comunidad profesional y deseándole una gestión exitosa dentro de un contexto económico y operativo que calificaron como altamente desafiante.

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Fuente: Epoca  

CORRIENTES (3/7/2026).- El avance de la fase cálida global y las copiosas lluvias registradas en las altas cuencas encendieron al máximo las alertas en la región. En una rueda de prensa, el gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, confirmó que la Provincia activó un plan de contingencia interinstitucional junto a Defensa Civil, Obras Públicas, el Ministerio de Salud y la Municipalidad de la Capital con el objetivo de unificar estrategias y coordinar acciones concretas ante la inminente llegada de inundaciones y lluvias extraordinarias.

Las tareas de infraestructura urbana se concentran en optimizar los desagües pluviales y acelerar el escurrimiento del agua en los nudos críticos, intensificando las obras en las cuencas de los arroyos locales —como el Pirayuí y el barrio Chiquita en Corrientes Capital—. «Tenemos que ver cómo podemos articular y lograr el mejor escurrimiento de la ciudad», explicó el mandatario provincial.

La preocupación se traslada con fuerza a los municipios del interior. El intendente de Riachuelo, Nicolás Tejo, reconoció que la comuna se abocó al 100% en tareas de mantenimiento preventivo utilizando excavadoras y retroexcavadoras para desobstruir zanjas y los principales desagües que quedaron tapados tras los últimos temporales.

Hasta el momento, la localidad ya colocó entre 550 y 600 tubos de hormigón en los sectores más vulnerables. No obstante, Tejo mantuvo una postura de absoluta cautela: «Yo nunca voy a decir que no nos vamos a inundar porque cuando viene el agua no hay con qué pararla. Lo que sí podemos hacer es aliviar el escurrimiento», afirmó, destacando además que la Dirección Provincial de Energía (DPEC) avanza en paralelo con el recambio de postes, cables y transformadores para evitar colapsos en el suministro eléctrico durante las tormentas.

Brasil abrió compuertas y el río Uruguay no para de subir

El escenario más dramático de la jornada se localiza sobre la costa del río Uruguay. El intendente de Paso de los Libres, Agustín Faraldo, mantuvo una reunión clave con el gobernador Valdés tras confirmarse que el río Uruguay superó los 4 metros de altura y avanza con rapidez hacia los 8 metros, la marca técnica que activa el estado de evacuación en la localidad. Las estimaciones oficiales más severas advierten que el caudal podría trepar hasta los 11 metros bajo el efecto pleno de El Niño.

El jefe comunal alertó que la situación en la frontera se agravó de forma repentina debido a que desde Brasil procedieron a abrir las compuertas de la represa de Chapecó, enviando un descomunal volumen de agua hacia el sur en cuestión de horas.

Faraldo recordó que los peores antecedentes registrados en la ciudad corresponden a las históricas inundaciones de 1993 y 1998. «Si llegamos a tener las dimensiones del 98, podremos tener 1.500 evacuados», advirtió con preocupación, detallando que el mayor peligro radica en que el avance del río Uruguay hace que el agua ingrese por la parte trasera de la ciudad a través del arroyo Yatay, afectando por completo a los barrios bajos.

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Fuente: Gobierno de Santa Fe 

CHACO (3/6/2026).- Un acuerdo fue rubricado con el Consejo Federal de Inversiones (CFI), a través de su secretario general, Ignacio Lamothe, Y busca reforzar la coordinación entre las tres provincias para prepararse a los posibles impactos de un fenómeno climático extremo conocido como el Súper Niño, cuya llegada podría producirse durante el último trimestre de 2026, según distintos modelos meteorológicos internacionales.

Durante el encuentro, realizado en la Casa de Gobierno de Chaco, en Resistencia, el gobernado de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, destacó que los Bajos Submeridionales abarcan “entre ocho y nueve millones de hectáreas fundamentales para mejorar la productividad, pero también la calidad de vida de quienes habitan esta región”, y valoró que “lo más importante es que existe un plan articulado entre las tres provincias y el CFI. Esa continuidad lo convierte en una verdadera política de Estado”.

En ese marco, sostuvo que uno de los principales desafíos es el financiamiento de las obras de gran escala. “Estamos trabajando en un programa que nos permitirá recuperar territorio y, al mismo tiempo, anticiparnos a muchas de las crisis que pueden presentarse”, afirmó en referencia al posible escenario climático.

El gobernador de santa fe remarcó que el cambio climático obliga a combinar políticas estructurales con acciones preventivas de corto plazo. “Además de pensar en infraestructura para fortalecer nuestro sistema productivo y recuperar hectáreas, es fundamental estar atentos a las posibles precipitaciones extraordinarias que podrían registrarse este año”, señaló.

Sobre ese punto, aclaró que “el fenómeno puede darse o no, pero debemos estar preparados. Tenemos que trabajar de manera conjunta y articulada para reducir al máximo su impacto”. Y agregó: “El objetivo es seguir desarrollando el plan hídrico para esta región, pero también monitorear permanentemente el manejo del agua ante un posible Súper Niño”.

Pullaro insistió además en la necesidad de una mayor participación del Estado nacional en las inversiones estratégicas. “Hay obras que las provincias podemos afrontar, pero otras requieren financiación nacional. Necesitamos que desde el centralismo porteño miren más al interior productivo, porque los Bajos Submeridionales podrían incorporar una enorme superficie al sistema productivo argentino con la infraestructura adecuada”, sostuvo.

El convenio firmado establece que las tres provincias impulsarán acciones conjuntas para fortalecer, actualizar y monitorear el Plan Director mediante asistencias técnicas, programas e instrumentos de gestión destinados a mejorar la gobernanza de la región y optimizar las herramientas de planificación hídrica.

Asimismo, se conformará un equipo técnico permanente encargado de coordinar, articular y supervisar las acciones previstas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento del acuerdo y facilitar la implementación de los distintos mecanismos de asistencia que se definan en el marco del convenio.

Qué es el fenómeno climático de El Niño

El «Súper Niño» es una versión más intensa del fenómeno climático El Niño y preocupa a la comunidad científica por su potencial para alterar el clima a escala global. Según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), el calentamiento anómalo de las aguas del océano Pacífico ecuatorial, combinado con los efectos del cambio climático, podría generar eventos meteorológicos extremos durante la segunda mitad del año.

Los principales centros climáticos internacionales, como la NOAA de Estados Unidos y el ECMWF europeo, consideran probable el desarrollo de este fenómeno. Las proyecciones indican un aumento de lluvias intensas en gran parte del sur de Sudamérica, mientras que otras regiones sufrirían sequías o alteraciones ambientales. Los expertos advierten que el calentamiento global podría potenciar aún más sus efectos.

En Argentina, la preocupación se concentra especialmente en Santa Fe, Entre Ríos y la región chaqueña, donde existe riesgo elevado de inundaciones y anegamientos durante la primavera y el inicio del verano. Las lluvias abundantes podrían saturar los suelos y los sistemas hídricos de las cuencas del Paraná y el Salado, afectando tanto a zonas urbanas como productivas. Ante este escenario, las autoridades ya comenzaron a planificar medidas de prevención y monitoreo.

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