CORRIENTES (17/7/2026).- El fenómeno de El Niño ya comenzó a desarrollarse y, aunque sus efectos más intensos todavía no se perciben, los modelos climáticos indican que traerá un incremento de las precipitaciones en el Litoral durante los próximos meses. Frente a este escenario, especialistas del INTA Corrientes recomendaron a los productores agropecuarios anticiparse con medidas de planificación, monitorear diariamente las condiciones climáticas y revisar la infraestructura de los establecimientos rurales para reducir los riesgos.

Desde la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Corrientes, Ditmar Kurtz, del Grupo de Recursos Naturales explicó en diálogo con MisionesOnline que el organismo trabaja con imágenes satelitales para reconstruir el comportamiento de eventos extremos ocurridos en décadas anteriores y utilizarlos como referencia para proyectar los posibles impactos del actual fenómeno.

El Dr. Kurtz es Ingeniero Agrónomo (FCA-UNNE), Máster (Universidad de Bonn) y Doctor en Ciencias Agrarias (Universidad de Hohenheim). Investigador y Coordinador de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la EEA Corrientes del INTA y Profesor Adjunto de la UNNE. 

“El fenómeno del Niño está desencadenado. Todavía los efectos puntuales no se están sintiendo, pero la investigación y la ciencia nos indican que es un fenómeno que se va a desarrollar en el corto plazo. Hoy, por suerte, tenemos todas estas herramientas científicas que nos permiten anticiparnos. Desde el Grupo de Recursos Naturales trabajamos con diagnósticos por imágenes satelitales y podemos analizar qué ocurrió cuando también se registraron eventos de El Niño”, señaló.

El especialista recordó que uno de los antecedentes más importantes ocurrió entre abril y mayo de 1998, cuando en pocos días cayeron cerca de 600 milímetros de lluvia en Corrientes. Ese episodio permitió identificar las áreas que quedaron cubiertas por agua y compararlas con la situación actual.

“Tomamos imágenes satelitales de ese momento y vimos qué superficie estaba cubierta con agua. Después la comparamos con la superficie actual porque nuestra provincia, por su relieve muy plano, no solamente sufre inundaciones por el desborde de ríos y lagunas, sino también encharcamientos y anegamientos provocados por las lluvias locales y el escurrimiento de agua desde sectores más altos”, explicó.

Un fenómeno recurrente que podría agravarse por el cambio climático

El investigador aclaró que El Niño es uno de los fenómenos climáticos más estudiados del mundo y que se presenta de manera periódica.

“El Niño tiene una frecuencia de entre dos y ocho años. Aproximadamente el 30% de los años corresponden a eventos Niña, otro 30% son años normales y otro 30% son años Niño. Es un fenómeno recurrente. No descarto que sus efectos puedan agravarse por el cambio climático, pero se trata de una condición climática que ocurre regularmente”, afirmó.

No obstante, sostuvo que todavía existe incertidumbre sobre la intensidad que alcanzará el episodio actual.

“En un principio se hablaba de un Niño muy fuerte o extremo. Hoy todos los pronósticos coinciden en que el fenómeno va a ocurrir. Lo que todavía debemos esperar es qué intensidad finalmente tendrá.”

Las recomendaciones para el sector agropecuario

Desde el INTA remarcaron que la principal herramienta para enfrentar el fenómeno es la planificación. “Lo primero, sin entrar en pánico, es informar sobre esta situación. Después hay que verificar los campos, identificar las zonas más altas, revisar el estado de los caminos, las alcantarillas y los drenajes. Es una preparación general que también les pedimos a todos los productores”, indicó.

Como parte de ese trabajo, el organismo desarrolló una plataforma digital destinada a las más de 37.000 explotaciones agropecuarias de Corrientes.

“Desarrollamos una plataforma disponible para las 37.300 explotaciones agropecuarias de la provincia. El productor, ingresando con su número de registro catastral, puede conocer cuáles son las áreas más altas y más bajas de su campo y cuáles potencialmente podrían inundarse. Esa información le permite planificar qué hacer si finalmente llega un Niño tan intenso como el que hoy se pronostica”, destacó.

En el caso de la ganadería, el especialista recomendó acondicionar corrales, garantizar sectores elevados para el descanso del rodeo y prever reservas de alimento. “El productor tiene que verificar que los corrales tengan pendiente para evitar acumulación de agua, que los animales no permanezcan demasiado tiempo con las patas en el agua, especialmente vacas, toros y terneros. También conviene asegurar reservas de forraje y preparar lotes altos para contar con alimento disponible si parte del campo queda inundada.”

Para el sector arrocero advirtió que el exceso de humedad dificultará el ingreso de maquinaria y aumentará el riesgo sanitario de los cultivos. “Va a faltar piso para la siembra porque los suelos estarán muy saturados. En ese contexto los drones van a cumplir un papel muy importante porque permitirán realizar tareas donde la maquinaria no podrá ingresar. Además, habrá que monitorear mucho más las enfermedades fúngicas y probablemente no sea conveniente sembrar arroz cerca de los valles aluviales de ríos y arroyos.”

En la producción hortícola también recomendó reforzar los drenajes y evitar sectores bajos. “Hay que hacer camellones altos, mejorar los drenajes y no implantar cultivos donde la napa esté muy cerca de la superficie porque eso favorece la pudrición de raíces y la falta de oxígeno.”

Las zonas de Corrientes con mayor riesgo

Consultado sobre las áreas más vulnerables de Corrientes, el investigador explicó que dependerá del volumen de precipitaciones, aunque identificó varias regiones que podrían sufrir un fuerte impacto.

“Los sectores más planos ubicados al este del Iberá son los que probablemente sufran más el exceso de agua. También el valle aluvial del río Corriente, porque recibe la descarga de los esteros del Iberá. Otra zona delicada es el sudoeste provincial, especialmente Esquina y Goya, donde existen numerosas lagunas y la napa freática está muy cerca de la superficie.”

Además, señaló que gran parte del oeste y noroeste correntino presenta condiciones similares por la presencia de esteros, malezales y bañados.

El especialista también pidió prestar especial atención a la evolución de los niveles de los ríos Paraná y Uruguay durante los próximos meses.

“Lo más importante es mirar diariamente los pronósticos y la altura de los ríos. La página del Instituto Nacional del Agua es excelente porque informa todos los días el comportamiento de las principales cuencas del Litoral. Recomiendo especialmente a los productores que trabajan cerca de los ríos consultarla de manera permanente porque ofrece información muy precisa.”

Finalmente, el investigador recordó que El Niño no produce los mismos efectos en todo el planeta y advirtió que algunas regiones podrían enfrentar graves consecuencias por falta de lluvias.

“Así como genera exceso de precipitaciones en el Litoral argentino, también provoca sequías muy intensas en otras partes del mundo. Se espera una sequía muy fuerte en el subcontinente indio y eso puede generar problemas muy serios porque es una de las regiones más pobladas del planeta. La Organización Mundial de la Salud viene alertando sobre el riesgo de una crisis alimentaria si finalmente se consolida ese escenario.”

Conferencia del experto en Posadas

El Dr. Ditmar Kurtz, quien tiene una trayectoria de casi 30 años concentrando sus  esfuerzos y dedicación en los recursos naturales para la producción sustentable, será uno de los expertos que participarán del Ciclo de Conferencias 2026 sobre los impactos del fenómeno de El Niño en la Región de las Misiones, organizadas por Misiones Online y ArgentinaForestal.com el próximo 29 de julio de 2026.

La formación del profesional está orientada a la evaluación, monitoreo y uso agropecuario-forestal sustentable de los recursos naturales (suelos, vegetación y agua). En el Ciclo de Conferencias 2026 expondrá sobre «El Niño y la producción agropecuaria: estrategias para anticiparse y reducir riesgos».

El Dr. Kurtz es Ingeniero Agrónomo (FCA-UNNE), Máster (Universidad de Bonn) y Doctor en Ciencias Agrarias (Universidad de Hohenheim). Investigador y Coordinador de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la EEA Corrientes del INTA y Profesor Adjunto de la UNNE. 

Recibido de Ingeniero Agrónomo en la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), con un Máster en manejo de recursos naturales de la Universidad de Bonn, Kurtz es Doctoren Ciencias Agrarias de la Universidad de Hohenheim, Stuttgart, en ambos casos gracias a becas otorgadas por el Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Actualmente investigador y coordinador de Investigación y desarrollo tecnológico en la Estación Experimental Agropecuaria EEA Corrientes del INTA. Integrante de la red de cartografía y evaluación de tierras del INTA y participante de proyectos. Responsable de convenios de cooperación Académica internacional con la Universidad de Pilar Paraguay. Es miembro del Comité Editorial de la Revista de Investigaciones Agropecuarias (RIA-INTA).

Para mayor información e inscripciones, leer más ingresando a la nota:

Misiones Online y Argentina Forestal reunirán a expertos para analizar el impacto de El Niño con información científica y fortalecer la gestión del riesgo climático en la Región de las Misiones

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Fuente: AFoA Corrientes

CORRIENTES (13/7/2026).- Corrientes es una de las principales provincias forestales del país, y la mayor en superficie forestada alcanzando más de 500 mil hectáreas de plantaciones forestales.

En esa línea, tiene industrias en expansión y nuevas inversiones en marcha para la instalación de modernas fábricas de producción de celulosa fluff , madera CLT (Mass Timber), y aserraderos de madera orientada a la exportación, por lo cual el desafío ya no es solo producir más, sino demostrar cómo se produce.

En la actualidad, los mercados internacionales valoran cada vez más la certificación de origen de los productos y la forma en que fueron obtenidos.

En ese contexto, la certificación forestal PEFC se convirtió en una herramienta para abrir nuevos mercados, generar confianza y fortalecer la competitividad de toda la cadena foresto-industrial.

Desde hace décadas, la Asociación Forestal Argentina (AFoA) acompaña a las empresas del sector en ese camino, promoviendo buenas prácticas de manejo forestal y la incorporación de herramientas que agregan valor a la producción. Muchas de sus empresas asociadas ya trabajan bajo estándares internacionales de certificación como PEFC, mientras otras continúan avanzando en ese proceso.

«Que Corrientes sume más hectáreas y empresas certificadas no solo valida la calidad de la gestión forestal que se realiza en la provincia, sino que también genera condiciones favorables para nuevas inversiones y para el desarrollo de industrias con altos estándares ambientales y productivos», destaca Florencia Chavat, directora ejecutiva de CERFOAR-PEFC Argentina.

Pero ¿qué significa que una plantación forestal o una empresa estén certificadas?. Según explica Chavat, la certificación es una forma de demostrar, mediante auditorías independientes, que la producción cumple con requisitos ambientales, sociales y productivos reconocidos internacionalmente.

«PEFC es la alianza global de sistemas de certificación forestal nacional más grande del mundo. Nuestro objetivo es asegurar que los productos de origen forestal provengan de fuentes gestionadas de manera sostenible, respetando el ambiente, las personas y las normativas vigentes», señala.

En Argentina, CERFOAR-PEFC es el sistema que certifica que las plantaciones forestales, los montes nativos y los productos de origen forestal provienen de una gestión responsable.

A su vez, integra la red internacional PEFC, presente en más de 50 países. La certificación evalúa distintos aspectos de la producción. En lo ambiental, promueve la conservación de la biodiversidad, la protección del suelo y del agua, además del aporte de las plantaciones forestales y los montes nativos a la captura de carbono.

También verifica condiciones relacionadas con la salud y seguridad de los trabajadores, el respeto por los derechos laborales y el vínculo con las comunidades.

Otro aspecto importante es la trazabilidad, es decir, la posibilidad de seguir el recorrido de la madera desde el lugar donde fue producida hasta el producto final, brindando transparencia y confianza a toda la cadena.

Todo este proceso es controlado por organismos certificadores independientes acreditados internacionalmente, que realizan auditorías anuales para verificar el cumplimiento de los estándares. Además, cualquier parte interesada puede realizar consultas, presentar observaciones o reclamos durante el proceso.

Una herramienta para seguir creciendo

En un escenario donde cada vez más mercados exigen conocer el origen de los productos que consumen, la certificación dejó de ser un valor agregado para convertirse en una herramienta estratégica.

Además de mejorar el acceso a mercados internacionales, permite fortalecer la confianza de clientes e inversores y acompañar el crecimiento de una actividad que sigue generando empleo, inversiones y desarrollo para Corrientes.

Para AFoA Corrientes, continuar ampliando la superficie certificada y sumar más empresas a estos procesos representa una oportunidad para consolidar el liderazgo forestal de la provincia.

Actualmente, Corrientes cuenta con 9.771,92 hectáreas certificadas bajo el sistema de gestión forestal sostenible PEFC, correspondientes a Agroforestal Garabí SRL – Grupo Garabí.

Además, la provincia posee dos industrias certificadas con cadena de custodia PEFC: Acon Timber y Forestal Guaraní S.A.

El trabajo conjunto entre productores, industrias e instituciones como PEFC permite mostrar al mundo una producción responsable, transparente y alineada con los estándares que hoy demandan los principales mercados.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

BUENOS AIRES (1/7/2026).- El sector forestal argentino se enfrenta a una contradicción histórica: posee ventajas biológicas únicas en el planeta, pero está atado por la falta de inversión industrial, la informalidad en la información comercial y laboral, y la incertidumbre jurídica.

Este fue el eje central de la exposición del ingeniero agrónomo Daniel Maradei, director de la consultora Maradei y Asoc., durante el seminario híbrido organizado por la Comisión de Agricultura y Alimentos del Centro Argentino de Ingenieros (CAI) en Buenos Aires, que contó con el respaldo institucional del Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) y la participación del ingeniero Luis María Mestres, secretario de Desarrollo Foresto-industrial del Gobierno de Corrientes.

Durante su presentación, Maradei definió a la Argentina como una mina de oro biológica para el mercado internacional, sustentada en la altísima productividad de la tierra, la disponibilidad de agua y un avanzado desarrollo genético que permite ritmos de crecimiento imposibles de igualar para las potencias forestales tradicionales del hemisferio norte.

El «súper poder» del NEA

Los datos de crecimiento medio forestal presentados por el consultor exponen una ventaja natural imbatible. Mientras que los países escandinavos -históricos dominadores del mercado de madera y papel- enfrentan inviernos extremos y ciclos de corte de entre 60 y 80 años, el Nordeste Argentino (NEA) opera a velocidades récord.

A nivel global, la medición de metros cúbicos por hectárea al año (m3/ha. año) expone las siguientes diferencias:

Finlandia: 5 m3/ha. año
Suecia: 6-7 m3/ha. año
Sur de EE.UU.: 11 m3/ha. año
Chile: 21 m3/ha. año
Uruguay: 26 m3/ha. año
Brasil: 41 m3/ha. año
NEA Argentino (Corrientes y Misiones): 46 m3/ha. año

«En Misiones o Corrientes, un pino o un eucalipto alcanza el tamaño comercial en apenas 12 o 15 años. Producimos casi nueve veces más rápido que Finlandia», graficó Maradei. Sin embargo, el analista disparó una dura metáfora sobre el estado de la actividad: La naturaleza en Argentina va a la velocidad de un Fórmula 1, pero la industria y la economía local se mueven a la velocidad de una carreta.

El mapa de la masa forestal: entre el nativo y el implantado

Al abordar el inventario de los recursos, Maradei advirtió sobre la falta de estadísticas oficiales actualizadas y precisas. Respecto a los bosques nativos, las estimaciones varían sustancialmente: en 2005, el ex Ministerio de Ambiente (MAyDS) calculaba unas 31,4 millones de hectáreas, cifra que ascendió a 53,6 millones en 2007 tras la implementación de la Ley de Bosques (N° 26.331), según la misma fuente.

A escala regional, el Parque Chaqueño lidera con 62 millones de hectáreas con especies nativas como Quebrachos, Guayacán, Urunday, Ibirá Pitá, Itín y Chañar. Seguido por el ecosistema de Monte (47 millones), el Espinal (33 millones) con especies nativas como el Ñandubay, la Tala, el Caldén, Algarrobo y Espinillo. La ecorregión del bosque Andino Patagónico (6 millones), la Selva Tucumano-Boliviana (5,4 millones) y la Selva Misionera, que supera el millón y medio de hectáreas con especies de alto valor maderable como el Guatambú, Araucaria angustifolia, Palo rosa, Peteribí y Cedro.

“Hoy la actividad productiva con el bosque nativo está reducida a una escala menor, concentrada en la exportación de carbón vegetal, tanino y extracto de quebracho”, detalló.

Por el lado de los bosques implantados (cultivados por el hombre para fines comerciales en sitios autorizados para actividades de producción), el panorama estadístico de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial de la Secretaría de Agricultura de la Nación es más sólido: el país cuenta con 1.364.998 hectáreas, de las cuales un 30% corresponde a macizos maduros de más de 18 años.

El podio provincial de cultivos forestales lo lidera Corrientes, con 492.139 hectáreas (70% pino y 30% eucalipto), consolidándose como la plaza más atractiva y amigable para captar nuevas inversiones de base forestal.

En segundo lugar se ubica Misiones, con más de 412.860 hectáreas (80% pino); una provincia con un polo industrial muy consolidado pero donde las restricciones ambientales actuales vuelven compleja la proyección de macroproyectos.

El tercer puesto del podio lo ocupa Entre Ríos, con una superficie total de 144.423 hectáreas, destacada por sus cuencas de eucaliptos y salicáceas, hacia el Delta, y en menor medida plantaciones de pinos.

La paradoja regional: el espejo de Uruguay, Chile y Brasil

El dato más crítico de la conferencia surgió al contrastar la disponibilidad de recursos de Argentina frente al desempeño comercial de sus vecinos del Cono Sur.

Argentina cuenta con 1,3 millones de hectáreas plantadas, superando las 1,1 millones de hectáreas que posee Uruguay. Pese a tener más árboles, el impacto económico es inverso: Argentina exporta apenas entre 380 y 550 millones de dólares anuales, mientras que Uruguay genera entre 2.500 y 2.800 millones de dólares.

La explicación de esta brecha radica en las tres mega plantas de celulosa que se radicaron en territorio uruguayo y que procesan casi 5 millones de toneladas anuales. «Uruguay industrializó su bosque y exporta biomasa de alto valor; Argentina quedó estancada por debajo del millón de toneladas de celulosa y exporta rollizos sin procesar o productos de bajo valor agregado», sentenció Maradei.

El rezago es aún mayor frente a los líderes regionales: Chile, con 3,1 millones de hectáreas, diversificó su matriz en paneles y madera aserrada facturando hasta 6.000 millones de dólares en exportaciones. En tanto, el gigante Brasil opera en otra escala con 10 millones de hectáreas implantadas y ventas externas por hasta 15.000 millones de dólares anuales.

«En Argentina se cortan en promedio unas 35.603 hectáreas anuales (unos 350 m3 por hectárea), lo cual equivale al consumo de una sola planta de celulosa moderna en Brasil. Esto demuestra la enorme oferta de madera sólida excedente y el fuerte déficit de industrias capaces de dinamizar el clúster productivo», puntualizó.

Siete deudas estructurales que frenan al sector

Para revertir esta situación y transformar el potencial en divisas, Maradei enumeró los siete problemas principales que asfixian la competitividad del sector:

1.   Alta informalidad: El empleo en negro y el contrabando fronterizo distorsionan el mercado. Según estimaciones de la consultora, el sector registra 42.000 empleos directos formales y 69.000 indirectos (110.000 vinculados), pero la cifra real de trabajadores en el terreno se estima en los 170.000 empleos directos e indirectos.

2.   Incumplimiento de promociones fiscales: Las demoras crónicas en el financiamiento de la Ley N° 25.080 de Inversiones Forestarles dañan severamente la seguridad jurídica.

3.   Frenos a las grandes inversiones: Las trabas históricas asociadas a normativas como la Ley de Tierras (N° 26.737) limitaron el desembarco de capitales globales.

4.   Falta de financiamiento: Prácticamente no existen líneas de crédito a largo plazo para la renovación y modernización del equipamiento industrial.

5.   Costos logísticos asfixiantes: El valor del transporte interno sigue siendo uno de los mayores componentes de pérdida de competitividad.

6.   Debilidad institucional: Falta de organismos específicos con capacidad real de control y aplicación de las leyes vigentes.

7.   Vacío regulatorio en nuevos mercados: Ausencia de un marco jurídico nacional para operar de forma transparente en el mercado voluntario de carbono.

El futuro: aliados contra el cambio climático global

Como cierre, el especialista destacó que la actividad forestal en la Argentina es una de las principales soluciones basadas en la naturaleza para mitigar la crisis climática actual, marcada por inundaciones, sequías y olas de calor extremas.

En un contexto global donde las potencias comienzan a aplicar aranceles e impuestos a las emisiones de carbono, Argentina ya cuenta con las primeras experiencias exitosas de certificación de créditos de carbono en proyectos en regiones como Misiones, Corrientes y el Gran Chaco.

El desafío futuro, concluyó Maradei, pasa por profundizar la integración de los árboles a las actividades agrarias tradicionales mediante sistemas silvopastoriles (ganadería integrada) y plantaciones combinadas con cultivos regionales como la yerba mate, sumando valor ambiental a la rentabilidad del campo.

En conclusión, para Daniel Maradei, la Argentina representa una oportunidad de inversión forestal e industrial de escala. El país dispone de una base forestal madura para abastecer de inmediato una expansión industrial significativa, ya sea en celulosa, bioenergía, construcción con madera o productos de mayor valor agregado. Esta ventaja competitiva se sustenta en tres pilares imbatibles: rendimientos biológicos excelentes que aceleran los ciclos productivos, una disponibilidad sobreabundante de suelos con aptitud forestal y un recurso hídrico estratégico que no presenta limitantes para el desarrollo del sector.

Leer más:

Proyecto ARPULP: el modelo industrial que propone para Corrientes una producción forestal con certificación, energía verde y estándares europeos

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Fuente: Bolsa de Cereales de Cordoba y Data Porturaria

BUENOS AIRES (22/6/2026).- El desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) y al aprovechamiento de residuos orgánicos comenzó a trazar un horizonte de inversión para el complejo agroindustrial local.

De acuerdo con el Informe Económico N° 475, la producción de biocarbón —o biochar— se posiciona como una alternativa de alto valor biológico y comercial para la Argentina, un país que registra un elevado superávit de recursos biomásicos derivados de sus cadenas agrícolas, forestales y agroindustriales.

El estudio, desarrollado a partir de datos actualizados de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y con la colaboración científica del Dr. Maximiliano Garay (docente de la Universidad Nacional del Sur), destaca que la transformación de estos descartes lignocelulósicos mediante procesos termoquímicos controlados —como la pirólisis lenta a temperaturas de entre 350°C y 700°C— permitiría generar un volumen anual de biocarbón estimado entre 10,1 y 14,1 millones de toneladas, abriendo un nuevo vector productivo sustentable.

El mapa de disponibilidad de materia prima expone una marcada concentración geográfica vinculada a los principales polos procesadores de economías regionales y cuencas boscosas.

Bajo un escenario de rendimiento promedio conservador del 30%, el volumen potencial por jurisdicciones determina la siguiente escala:

• Misiones (1,9 millones de toneladas/año): Se consolida como la principal productora teórica (16% del total nacional), impulsada por el descarte de la industria de la madera, la yerba mate y los cultivos de té.
• Salta y Chaco (1,4 y 1,3 millones de toneladas/año): Ocupan el segundo y tercer lugar de la matriz, respectivamente, sustentadas por los rastrojos de la caña de azúcar, la actividad algodonera y los subproductos de los hornos de carbón tradicionales.
• Córdoba (139 mil toneladas/año): Se posiciona en el decimoctavo lugar del escalafón con el 1,2% de participación. Su oferta se encuentra fuertemente especializada en los residuos de la industria procesadora de maní y la poda forestal.

A nivel global, la demanda de este insumo se encuentra traccionada por el sector primario. Según relevamientos de la Iniciativa Internacional de Biocarbón (IBI), el sector agropecuario absorbe la mayor parte del consumo mundial, liderado por los cultivos extensivos (37%), la horticultura (15%), la ganadería (13%) y la silvicultura (6%), utilizándose como enmienda orgánica para mejorar la retención de agua y reducir costos en fertilizantes sintéticos.

El vector financiero de los créditos de remoción de carbono

Más allá de sus propiedades agronómicas para revertir la degradación de los suelos, el informe técnico enfatiza que la viabilidad económica de las plantas de pirólisis se encuentra estrechamente ligada a su capacidad para certificar la captura permanente de dióxido de carbono.

El biocarbón es reconocido por el Panel Interguntaramental sobre el Cambio Climático (IPCC) como una de las tecnologías de eliminación de dióxido de carbono (CDR) más eficientes, ganando terreno en los mercados voluntarios de bonos verdes por su bajo costo relativo y rapidez de entrega.

De acuerdo con estadísticas de la plataforma global CDR.fyi, los créditos de remoción basados en biocarbón ganaron protagonismo dentro del menú de opciones de alta permanencia, acumulando transacciones por más de 4,6 millones de toneladas desde el ciclo 2022.

Aunque el mercado local en la Argentina aún enfrenta barreras asociadas a los elevados costos de validación tecnológica, las exigencias logísticas y la falta de un marco regulatorio oficial, la abundancia de biomasa remanente configura una plataforma óptima para radicar proyectos de inversión enfocados en la descarbonización de las cadenas exportadoras.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

CORRIENTES (20/06/2026).- La Superintendencia de Riesgos del Trabajo de la Naciòn (SRT) organizó un encuentro en el marco de los Programas Nacionales de Prevención por rama de actividad (ProNaPre), con la presencia del secretario de Trabajo de la Provincia de Corrientes, la participación de representantes de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), y de las principales empresas productoras y de servicios del sector empresarial forestal de la región.

Las aseguradoras de riesgos del trabajo (ARTs) y organismos técnicos competentes (RENATRE) también forman parte de esta mesa.

“El espacio tiene como objetivo articular acciones conjuntas entre organismos, trabajadores y sectores vinculados a la actividad resinera, orientadas a la elaboración de manuales de buenas prácticas, la prevención de accidentes laborales y enfermedades profesionales, y el fortalecimiento de las condiciones de higiene y seguridad en el trabajo”, informaron desde la Secretaria de Trabajo de la provincia. Por el organismo, estuvo presente el secretario Juan David Rajoy, el subsecretario Gastón Breard, y los directores Matias Cozzarini y Gustavo Silva.

“La iniciativa se enmarca en la necesidad de abordar de manera específica los riesgos propios de la producción de resina, una actividad con fuerte presencia territorial, alta demanda operativa y particularidades técnicas que requieren criterios preventivos adaptados a la realidad del trabajo en campo. La conformación de esta mesa constituye un paso relevante para ordenar diagnósticos, compartir experiencias y avanzar en lineamientos comunes para la mejora continua de las condiciones laborales”, sostuvo Matias Gyukits, productor y consultor forestal, en diálogo con ArgentinaForestal.com

Durante el primer encuentro, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Fundación Victoria Jean Navajas (Las Marías),  se destacó la importancia de construir consensos entre los distintos actores vinculados a la actividad, integrando la mirada productiva, laboral, técnica y preventiva.

Según informaron, el objetivo central es generar un espacio permanente de análisis y propuesta, que permita identificar riesgos frecuentes, revisar prácticas de trabajo, promover capacitaciones y avanzar en herramientas concretas para reducir accidentes y enfermedades de riesgo en la actividad.

La participación de la Secretaría de Trabajo en la Mesa de Resina se enmarca en los lineamientos de gestión impulsados por el gobierno de Corrientes, que promueven el acompañamiento al desarrollo productivo con una fuerte impronta en la generación de empleo de calidad, la protección de los trabajadores y el fortalecimiento de las actividades económicas estratégicas para Corrientes.

Al año 2022, la provincia contaba con un total de 12 millones de plantas para alcanzar una  producción anual de 35.000 toneladas de miera, y generaba  en promedio 3.000 empleos directos, según información difundida en la Primera Jornada Nacional de Resina de Pinos organizada por el INTA.

La actividad de extracción de resina se distribuye en un 80% en Corrientes, y un 20% en Misiones, con un total de 20 empresas dedicadas a la producción.

Nueva etapa para mejorar la gestión de riesgos

“Para las empresas y los trabajadores relacionados con la actividad resinera, la conformación de esta mesa representa una oportunidad estratégica. Contar con criterios técnicos compartidos, buenas prácticas sectoriales y lineamientos preventivos específicos contribuye a mejorar la gestión de riesgos de salud en el trabajo, reducir contingencias laborales, ordenar procesos internos y fortalecer la seguridad jurídica y operativa de los establecimientos”, enumeró Gyukits.

Al mismo tiempo, agregó que este espacio permitirá acompañar el crecimiento de la actividad con estándares más claros, previsibles y adecuados a la realidad productiva.

La creación de la Mesa de Seguridad en Resina representa también una señal de madurez institucional para un segmento de la cadena productiva que viene adquiriendo creciente relevancia dentro del sector forestal.

“La formalización de un ámbito específico de prevención permite visibilizar la actividad, reconocer sus desafíos particulares y acompañar su desarrollo con mayor profesionalización, sustentabilidad operativa y compromiso con el cuidado de los trabajadores”, sostuvo Gyukits.

A partir de esta primera reunión, se espera que el espacio institucional avance en una agenda de trabajo orientada a la elaboración de criterios técnicos, buenas prácticas y propuestas de mejora aplicables a la realidad cotidiana de la producción resinera.

La participación activa de los distintos sectores será necesaria para consolidar una cultura preventiva que contribuya tanto al cuidado de los trabajadores como al fortalecimiento competitivo de la actividad.

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Corrientes | En un año incrementaron más de un 130% la exportación de resina: «El sector forestal tiene la oportunidad de duplicar su capacidad actual de producción e incrementar su rentabilidad»

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Por Patricia Escobar 

@argentinaforest 

BUENOS AIRES (19/6/2026).- FSC es un sistema internacional de certificación voluntaria que promueve el manejo responsable de bosques y plantaciones mediante estándares públicos desarrollados con participación equilibrada de actores ambientales, sociales y económicos.

“FSC es un sistema que distingue claramente entre bosques naturales y plantaciones. Ambas pueden ser objeto de certificación, pero están sujetas a requisitos específicos de protección ambiental, respeto por los derechos de las personas, monitoreo y mejora continua”, explican desde FSC Argentina, en respuesta una entrevista con ArgentinaForestal.com

Las organizaciones certificadas tienen el rol de  proteger valores ambientales, conservar o restaurar áreas destinadas a conservación y mantener redes de áreas de conservación y ecosistemas nativos dentro de las unidades de manejo, conforme a los requisitos establecidos por los estándares FSC.

También, bajo el manejo forestal sustentable deben resguardar recursos hídricos, respetar los derechos de trabajadores, comunidades y pueblos indígenas y monitorear periódicamente los resultados de su gestión, entre otros principios y criterios establecidos por FSC.

Asimismo, desde el sistema de certificación internacional mantienen una posición clara respecto de la conversión de bosques y áreas de alto valor de conservación.

“Cuando un humedal, pastizal u otro ambiente natural forma parte de un sitio de Alto Valor de Conservación (AVC), su conversión o deterioro es incompatible con el marco FSC”, informaron desde la organización.

Además, bajo este sistema, las tierras convertidas después del 31 de diciembre de 2020 no son elegibles para certificación.

Para conversiones entre el 1 de diciembre de 1994 y el 31 de diciembre de 2020, sólo puede existir una vía de elegibilidad si la organización implementa remediación conforme a la Política para Abordar la Conversión y al Marco FSC para la Remediación.

“La identificación de un sitio de Alto Valor de Conservación (AVC), su mantenimiento (o mejora) y el monitoreo continuo, son requisitos del sistema para las organizaciones certificadas y a su vez, la revisión del cumplimiento forma parte obligatoria de cada instancia de auditoría por parte de las entidades de certificación”, sostienen desde FSC Argentina.

A través de su Política para la Asociación, FSC puede actuar –incluso- frente a actividades inaceptables realizadas por organizaciones asociadas incluso fuera de las áreas específicamente certificadas.

“Las plantaciones forestales gestionadas responsablemente cumplen un rol importante en el abastecimiento de madera, fibras y otros productos forestales renovables, contribuyendo a reducir la presión sobre los bosques nativos y otros ecosistemas naturales”, ratifican.

El sistema internacional nació con la convicción de que los desafíos ambientales y sociales requieren espacios donde distintos actores puedan construir soluciones basadas en evidencia, participación y mejora continua.

«Frente a este escenario, resulta necesario fortalecer todas las herramientas que promuevan la conservación, el respeto por los derechos de las personas, la transparencia y la gestión responsable de los recursos naturales. El sistema de certificación FSC busca contribuir a esos objetivos mediante una herramienta voluntaria, basada en estándares públicos, participación multisectorial y verificación independiente», resumieron ante la consulta de este medio.

Actualmente, bajo el sistema de FSC se encuentran aproximadamente 560.000 hectáreas certificadas en Argentina, incluyendo cerca de 185.000 hectáreas destinadas a conservación dentro de las unidades de manejo certificadas. “Estos datos reflejan que la certificación no evalúa únicamente la producción forestal, sino también la protección de valores ambientales, sociales y culturales presentes en el territorio”, señalan desde la organización.

AF: ¿Cómo se verifica el cumplimiento de los estándares FSC?

FSC Argentina: La certificación FSC se basa en auditorías independientes realizadas por entidades de certificación acreditadas, cuyo desempeño es supervisado por Assurance Services International (ASI).

La certificación tiene una vigencia de cinco años e incluye auditorías anuales de seguimiento.

Las evaluaciones combinan revisión documental, visitas a campo, observación directa de operaciones, entrevistas y consultas a trabajadores, comunidades, organismos públicos, organizaciones sociales y otros actores relevantes.

AF: ¿Qué controles ambientales y sociales exige FSC?

FSC Argentina: Los estándares FSC exigen identificar, mantener y/o mejorar los valores ambientales presentes en las unidades de manejo.

Esto incluye la protección de recursos hídricos, biodiversidad, suelos, ecosistemas representativos y Altos Valores de Conservación, así como la implementación de medidas para prevenir, mitigar y monitorear impactos derivados de las actividades forestales.

En materia social, FSC exige respeto por los derechos de trabajadores, de comunidades locales y pueblos indígenas. Temas

Además de condiciones adecuadas de salud, seguridad y capacitación a los trabajadores, también requiere el relacionamiento y consulta con partes interesadas.

AF: ¿Qué ocurre ante incumplimientos de empresas con plantaciones forestales o denuncias?

FSC Argentina: La certificación FSC no debe interpretarse como una garantía de ausencia absoluta de impactos o conflictos. Se trata de un sistema diseñado para identificar, prevenir, mitigar, monitorear y corregir potenciales impactos ambientales y sociales.

Cuando durante una auditoría se detectan incumplimientos, la entidad de certificación emite “no conformidades” y establece acciones correctivas con plazos definidos. Si los incumplimientos no son corregidos, el certificado puede ser suspendido o cancelado.

Asimismo, cualquier persona u organización puede presentar observaciones o reclamos relacionados con operaciones certificadas. Estas situaciones son evaluadas por las entidades de certificación mediante procedimientos establecidos y mecanismos de seguimiento.

AF: ¿Existen antecedentes de suspensión o cancelación de certificados?

FSC Argentina: Sí. La suspensión, terminación o desvinculación de organizaciones forma parte de las herramientas previstas por FSC cuando se identifican incumplimientos graves o situaciones incompatibles con los requisitos del sistema.

Entre los antecedentes públicos recientes se encuentran investigaciones sobre cadenas de suministro de bambú en Asia Pacífico (2018), que derivaron en terminaciones, suspensiones y no conformidades mayores, y una investigación sobre manejo forestal y cadena de suministro en Vietnam (2025), que concluyó con la terminación de seis certificados.

La transparencia es un principio fundamental de FSC.

AF: ¿Cómo participa la sociedad y cuál es el alcance de FSC en Argentina?

FSC Argentina: FSC promueve espacios permanentes de diálogo, consulta y participación para abordar temas vinculados al manejo forestal responsable, la conservación y los impactos ambientales y sociales de las actividades productivas, con ambientalistas, representantes de trabajadores, pueblos indígenas, organizaciones comunitarias, instituciones académicas, profesionales independientes y empresas.

Los estándares, políticas y procedimientos FSC son revisados periódicamente mediante procesos participativos. Cada tres años, la Asamblea General reúne a miembros de todo el mundo para debatir y votar propuestas que orientan la evolución del sistema.

Las observaciones, propuestas e inquietudes provenientes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades, sectores académicos, organismos públicos y empresas forman parte de este proceso de mejora continua y fortalecimiento permanente del sistema.

Frente a este escenario, resulta necesario fortalecer todas las herramientas que promuevan la conservación, el respeto por los derechos de las personas, la transparencia y la gestión responsable de los recursos naturales.

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Fuente y créditos de las fotos: Fundación Vida Silvestre Argentina  

CHUBUT (10/6/2026)- Poco más de 20.000 árboles nativos fueron plantados en el Parque Provincial El Turbio, en la provincia de Chubut, en sectores afectados por los grandes incendios forestales de 2015 y los ocurridos en diciembre de 2025. Esta nueva etapa de restauración busca recuperar parte del bosque andino patagónico dañado por el fuego y fortalecer la resiliencia de estos ecosistemas únicos.

La plantación se realizó el pasado abril sobre unas 20 hectáreas ubicadas en el sector del arroyo El Jara, dentro de una zona de alto valor de conservación cercana a Lago Puelo. Allí, hace apenas algunos meses, un incendio de origen natural arrasó más de 3.100 hectáreas, mientras que en 2015 otro gran incendio había destruido unas 7.000 hectáreas de bosque nativo en el mismo parque.

La iniciativa forma parte del Componente “Restauración de Paisajes Forestales” que lidera Fundación Vida Silvestre Argentina, en el marco del proyecto ProCLIM-AR, en acompañamiento a la actualización e implementación del  Programa Integral de Manejo y Restauración de Grandes Áreas Afectadas por Incendios Forestales en las temporadas 2014-2015, una estrategia de recuperación con visión a 30 años impulsada por la Secretaría de Bosques de Chubut; y se realizó con apoyo logístico de la Fundación para Cuidar al Planeta y sus Habitantes, a través del programa Reforestarg.

“Restaurar los bosques que fueron consumidos por los incendios llevará décadas de trabajo y esfuerzo. A través del proyecto ProClim-AR y el compromiso de las autoridades locales buscamos aportar a la generación de condiciones habilitantes a largo plazo y la implementación de actividades en el corto tiempo sobre los territorios de Epuyén, El Turbio y Cholila”, destacó Ariel Medina, especialista en bosques de Fundación Vida Silvestre Argentina. “Asistir a la recuperación forestal a través de la plantación con especies nativas es un paso para restaurar la biodiversidad, proteger el agua y reconstruir el paisaje andino patagónicos que el fuego arrasó”, finalizó.

“Cada uno de los árboles que plantamos en las áreas afectadas por incendios forestales representa una inversión estratégica para el futuro de Chubut y un compromiso con las generaciones que vendrán. Refleja la decisión política del gobernador Ignacio Torres y el trabajo de la Secretaría de Bosques para sostener y fortalecer las acciones de recuperación de nuestros ecosistemas nativos, entendiendo que restaurar el bosque hoy es garantizar mejores oportunidades ambientales, sociales y productivas para mañana”, señaló Abel Nievas, secretario de bosques de Chubut.

“Las decisiones adoptadas por el Estado provincial nos permiten dar continuidad al Plan Provincial de Restauración, una política pública estratégica orientada a recuperar áreas de bosque nativo degradadas por el fuego. Este trabajo se ve hoy fortalecido por la ejecución del proyecto ProClim-AR, que desde hace tres años aporta herramientas, financiamiento y capacidad operativa para ampliar el alcance de las acciones de restauración en la provincia”, destacó.

Los 20.000 ejemplares plantados corresponden a coihues (Nothofagus dombeyi), una de las especies emblemáticas de los bosques andino-patagónicos. Los plantines, de aproximadamente un año y medio de edad, fueron producidos en el vivero provincial Lemu, en El Maitén.

Una logística poco común

La logística de la campaña fue uno de los aspectos más llamativos del operativo. Para llegar hasta el área de restauración, el equipo técnico recorrió cerca de 150 kilómetros por tierra desde Esquel hasta Lago Puelo, luego navegó 13 kilómetros en lancha dentro del Parque Nacional Lago Puelo, avanzó en tractor y finalmente realizó una travesía de 30 kilómetros a caballo y a pie hasta el sitio de plantación. El traslado completo demandó casi dos días.

A su vez, el traslado de los 20.000 plantines de coihues demandó un operativo poco común y fue coordinado entre el Servicio Provincial de Manejo de Fuego de la Secretaría de Bosques, el cual realizó el movimiento de los mismos desde el vivero Lemu, localizado en El Maitén, hasta la base de brigada de El Hoyo.

A partir de allí, los plantines fueron trasladados con helicópteros, aportados por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), destacando la articulación ente organismos del Estado.

Doce pobladores de la zona, acompañados por técnicos forestales trabajaron en la plantación durante diez días. Los árboles fueron distribuidos en pequeños grupos o “bosquetes”, imitando la regeneración natural del bosque y aprovechando troncos quemados y arbustos como protección frente al viento y la radiación solar.

Nievas puntualizó que “esta experiencia demuestra que la continuidad de las políticas públicas, acompañada por nuevas inversiones, una mayor capacidad operativa y el trabajo coordinado entre organismos, permite consolidar acciones concretas para la restauración de nuestros bosques. Asimismo, pone en valor el acompañamiento permanente de las comunidades, instituciones y organizaciones comprometidas con la protección y recuperación del patrimonio natural de todos los chubutenses”.

El proyecto ProCLIM-AR impulsa, entre otras acciones, la restauración del paisaje forestal afectado por los incendios de 2014 y 2015, con foco en poco más de 42.000 hectáreas en las zonas de Lago Puelo, El Turbio y Cholila.

Proyecto ProCLIM-AR

Restauración de Paisajes Forestales (RPF) es uno de los cuatro componentes del proyecto “Promover vías de desarrollo bajas en carbono y resilientes al clima para Argentina – ProCLIM-AR”, que se implementa a través de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, en el marco de un acuerdo de cooperación bilateral entre los gobiernos de Argentina y Alemania, mediante la Iniciativa Internacional sobre el Clima (IKI) que impulsa el gobierno federal alemán a través del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección del Clima, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMUKN).

La implementación del componente “Restauración de Paisajes Forestales” está a cargo de un consorcio conformado por: Fundación Vida Silvestre Argentina, que asume el rol de liderazgo, la agencia de cooperación alemana para el desarrollo GIZ y Fundación AVINA con el apoyo de ACDI.

Por parte del gobierno argentino, participa como punto focal específico la Dirección Nacional de Biodiversidad, Relaciones Ambientales y Cooperación de la Subsecretaría de Ambiente y la Dirección de Producción Sostenible de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. A nivel local, intervienen la Secretaría de Bosques de Chubut y en la provincia de Misiones, el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

BUENOS AIRES (9/6/2026).- La controversia generada por el reciente fallo del denominado Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que calificó como “ecocidio” al modelo de monocultivo forestal basado en plantaciones de pino y eucalipto en Corrientes, continúa sumando voces al debate público. Esta vez fue el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) que marcó posición, institución que nuclea y representa a los profesionales de las ciencias agropecuarias y forestales de Argentina.

El ecocidio se define como «el daño grave, masivo o prolongado a los ecosistemas, que afecta negativamente a la biodiversidad, el clima y la salud humana. Internacionalmente, se define como cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una alta probabilidad de causar daños severos y duraderos al medio ambiente».

A través de una carta abierta a la ciudadanía, elaborada por su Comisión Forestal, la entidad manifestó su posición institucional respecto de los argumentos difundidos tanto en la sentencia del tribunal como en publicaciones en medios nacionales que abordaron el tema.

“Compartimos la preocupación genuina por la conservación de los ecosistemas nativos y el bienestar de las comunidades rurales. No obstante, entendemos que algunas afirmaciones contenidas tanto en los fundamentos de la sentencia como en artículos publicados en Perfil bajo el título «Los monocultivos forestales al banquillo» merecen ser contextualizadas o directamente corregidas a la luz de la evidencia científica disponible y del marco legal vigente”, señalaron desde el CPIA.

La institución remarcó que el debate ambiental requiere ser abordado con rigor técnico, fuentes verificables y una comprensión integral de la complejidad territorial, social y productiva de regiones como Corrientes.

“El CPIA no defiende modelos productivos irresponsables ni la ausencia de regulación. Defiende la necesidad de construir soluciones sustentables basadas en conocimiento, evidencia y participación”, señalaron.

La Ley 25.080 y el marco regulatorio de la actividad forestal

Uno de los primeros puntos abordados por el CPIA refiere al cuestionamiento realizado sobre la Ley Nacional 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, normativa que desde hace más de dos décadas promueve el desarrollo forestal en Argentina.

Desde la entidad señalaron que las críticas suelen omitir aspectos centrales de la legislación, entre ellos la exigencia de presentar proyectos técnicos aprobados por autoridades competentes, la realización de evaluaciones ambientales y la clara diferenciación jurídica entre plantaciones forestales y bosques nativos.

Recordaron además que los bosques nativos cuentan con una normativa específica de protección a través de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.

“Lejos de habilitar un escenario de descontrol, la actividad forestal cultivada opera bajo un esquema regulatorio nacional y provincial que contempla evaluaciones de impacto ambiental, planes de manejo y mecanismos de fiscalización”, sostuvieron.

Para el Consejo Profesional, cualquier análisis sobre políticas públicas vinculadas al sector debe considerar el contenido efectivo de las normas que regulan la actividad.

Producción, empleo y desarrollo regional

Otro de los aspectos cuestionados por el CPIA se relaciona con la interpretación de los indicadores socioeconómicos asociados a la actividad forestal.

La entidad reconoció que Corrientes posee más de 500 mil hectáreas forestadas, pero consideró que vincular directamente esa realidad con los índices estructurales de pobreza de la región resulta una simplificación que no contempla múltiples factores históricos.

“El sector forestal genera empleo genuino y actividad económica en regiones donde existen escasas alternativas productivas. Municipios como Gobernador Virasoro, Ituzaingó y Santo Tomé sustentan una parte significativa de su economía en la cadena foresto-industrial”, indicaron.

Asimismo, remarcaron que las condiciones de pobreza en el Nordeste Argentino responden a causas estructurales vinculadas a infraestructura, conectividad, acceso a servicios y brechas educativas acumuladas durante décadas.

En el caso particular de Corrientes, recordaron que la provincia concentra aproximadamente el 50% de las plantaciones forestales del país y que la actividad representa más del 35% de las exportaciones provinciales.

Más de 15.000 personas dependen directamente de la cadena forestal, sin contabilizar el empleo indirecto asociado a transporte, logística, servicios e industrias de transformación.

A ello se suman las inversiones realizadas durante los últimos años en nuevas plantas industriales destinadas al procesamiento de madera, celulosa y biomasa, con impacto en la generación de valor agregado local.

Agua, incendios y biodiversidad: la necesidad de evitar generalizaciones

Uno de los capítulos centrales de la declaración institucional aborda las afirmaciones relacionadas con los impactos ambientales atribuidos a las plantaciones forestales.

Desde el CPIA señalaron que varios de los cuestionamientos planteados continúan siendo objeto de investigación científica y requieren análisis específicos para cada territorio.

En ese sentido destacaron el trabajo desarrollado por la Red Forestal Argentina del CONICET (REDFOR.Ar), integrada por investigadores que estudian los efectos de las plantaciones sobre el ciclo hidrológico, los suelos y la biodiversidad.

Respecto al consumo de agua, explicaron que si bien determinadas especies forestales pueden presentar demandas hídricas superiores a las de los pastizales naturales, los efectos dependen de múltiples variables, entre ellas la especie implantada, la densidad de plantación, las características del suelo y el régimen de precipitaciones.

Por ello, consideraron que las generalizaciones sin datos específicos pueden conducir a conclusiones erróneas.

En cuanto a los incendios forestales ocurridos en Corrientes durante 2022, recordaron que se desarrollaron en el contexto de una sequía extraordinaria asociada al fenómeno climático La Niña, documentada por organismos científicos y meteorológicos nacionales.

“Atribuir esos incendios principalmente a las plantaciones forestales sin considerar el factor climático resulta científicamente insuficiente”, sostuvieron.

Sobre biodiversidad, la entidad reconoció que existe abundante literatura científica que documenta impactos negativos cuando las plantaciones reemplazan ecosistemas naturales de alto valor de conservación.

Sin embargo, también señalaron que numerosos estudios demuestran que, mediante una adecuada planificación territorial, corredores biológicos, zonas de amortiguamiento y áreas de conservación, es posible compatibilizar producción y conservación.

Para el CPIA, la herramienta central para evitar conflictos de uso del suelo sigue siendo el ordenamiento territorial basado en criterios científicos y ambientales.

El alcance del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza

La institución también realizó una aclaración respecto al alcance jurídico del tribunal que emitió la sentencia sobre Corrientes. Según explicaron, se trata de un organismo impulsado por organizaciones de la sociedad civil que no posee reconocimiento formal dentro del sistema jurídico argentino ni en el derecho internacional público.

Por ello, sostienen que sus resoluciones tienen valor ético, político y simbólico, pero no constituyen fallos judiciales vinculantes ni reemplazan las competencias de los organismos estatales de control.

“El CPIA reconoce el aporte de los espacios de activismo ambiental y de los tribunales de opinión para visibilizar problemáticas socioambientales. Sin embargo, las decisiones de política pública deben sustentarse en evidencia científica revisada por pares y en el marco del Estado de Derecho”, expresaron.

Lejos de plantear una defensa irrestricta de cualquier modelo productivo, desde el Consejo Profesional remarcaron que su posición se basa en cuatro principios fundamentales:

-Impulsar un ordenamiento territorial riguroso que impida la forestación sobre ecosistemas de alto valor de conservación.

-Fortalecer los mecanismos de fiscalización provincial y nacional para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental.

-Promover la investigación científica independiente como base para la toma de decisiones públicas.

-Favorecer el diálogo permanente entre productores, comunidades locales, investigadores, organizaciones sociales y organismos del Estado.

“El CPIA no defiende modelos productivos irresponsables ni la ausencia de regulación. Defiende la necesidad de construir soluciones sustentables basadas en conocimiento, evidencia y participación”, señalaron.

Finalmente, desde la entidad manifestaron su disposición a contribuir al debate público mediante el aporte técnico de sus profesionales matriculados y convocaron a consultar fuentes oficiales y científicas antes de arribar a conclusiones definitivas sobre una problemática de alta complejidad.

“La Argentina necesita debates ambientales de calidad, basados en datos, respetuosos de la diversidad de actores involucrados y orientados a construir políticas públicas sólidas. A ese debate, el CPIA concurre con voluntad, información y las herramientas que brinda el conocimiento agronómico y forestal”, concluyeron.

Recomendaciones de lectura y fuentes mencionadas:

• Ley 25 080| https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25080-55596/texto
• Programa Nacional de Estadística Forestal del Ministerio de Ambiente y la ex-Secretaría de Agroindustria permiten una lectura más completa: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/bosques/estadistica-forestal

https://datos.gob.ar/dataset/agroindustria-forestales—inventario-nacional-plantaciones-por-superficie

• REDFORAr | https://redforestal.conicet.gov.ar
• Inventario Nacional de Plantaciones Forestales: https://datos.gob.ar/dataset/agroindustria-forestales—inventario-nacional-plantaciones-por-superficie
• Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26331-136125/texto

Más allá del «ecocidio» | «La protección de pastizales y humedales debe acelerarse, pero la producción y la conservación pueden coexistir», destacan desde PEFC Argentina  

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest

ARGENTINA (8/6/2026).- El reciente fallo del denominado Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que calificó al modelo forestal basado en plantaciones de pino y eucalipto en grandes extensiones en Corrientes como un supuesto «ecocidio», abrió nuevamente el debate sobre la sustentabilidad de las forestaciones con destino comercial, la conservación de los ecosistemas de pastizales y humedales, y el rol de las certificaciones internacionales en la gestión forestal en el territorio.

El ecocidio se define como «el daño grave, masivo o prolongado a los ecosistemas, que afecta negativamente a la biodiversidad, el clima y la salud humana. Internacionalmente, se define como cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una alta probabilidad de causar daños severos y duraderos al medio ambiente».

El Dr. Gustavo Zurita es integrante de la Junta Directiva de PEFC Internacional, Licenciado y Doctor en Biología, investigador del CONICET, docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Misiones e integrante de la ONG Centro de Investigación del Bosque Atlántico (CEIBA), y consideró que el fallo difundido representa una oportunidad para profundizar una discusión necesaria sobre el futuro de los ecosistemas y los sistemas productivos.

«El fallo se debería entender como un llamado de atención de diferentes sectores de la sociedad civil preocupados por la sustentabilidad y el futuro. Nos invita a tener una mirada más amplia sobre la naturaleza y la producción, entendiendo que los bosques nativos son vitales para nuestra supervivencia, pero que no son los únicos ecosistemas importantes que existen», expresó en la entrevista con ArgentinaForestal.com.

Desde su experiencia en investigación y certificación forestal, Zurita considera que la discusión actual se aborda a escala de paisaje, integrando producción, conservación y restauración de ecosistemas.

«La mayoría tenemos un interés genuino en el desarrollo sustentable, donde el bienestar humano y la naturaleza puedan convivir a largo plazo. Este es el objetivo último de los sistemas de certificación que, como todo, no son perfectos, pero tienen espacios de discusión abierta que permiten una mejora continua. La protección de los pastizales ocupa un lugar de debate en la agenda global. Espero que este fallo derive en nuevas discusiones constructivas que conduzcan en esa dirección», señaló.

«El sector forestal es uno de los más controlados de Argentina»

ArgentinaForestal.com (AF): El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza sostiene que los monocultivos forestales constituyen un «ecocidio». ¿Cuál es la posición de PEFC sobre las plantaciones, los bosques y los ecosistemas de pastizales?

Gustavo Zurita: Entre los sistemas de producción primaria, sean agropecuarios, agrícolas y pecuarios, el sector forestal es probablemente uno de los más controlados y “observados” en Argentina.

Casi la mitad de la superficie forestal implantada del país cuenta con certificaciones PEFC, FSC o ambas, lo que implica auditorías permanentes y controles nacionales e internacionales sobre aspectos ambientales y sociales. (NdR: en el país se registran cerca de 1,3 millones de hectáreas de bosques implantados).

Es difícil encontrar otro sector productivo que esté sometido a un nivel de exigencia similar.

Sin embargo, hay tres aspectos que considero importantes destacar cuando se analiza la realidad forestal de Corrientes.

El primero es que existe un fuerte sesgo hacia la conservación, mantenimiento y restauración de los bosques nativos. Esto ocurre no solo en las certificaciones, sino también en las políticas públicas y en la normativa internacional.

Un ejemplo es el Reglamento Europeo contra la Deforestación (EUDR), que prohíbe expresamente la deforestación y degradación de bosques nativos. Las empresas forestales que exportan a Europa deben demostrar que no han afectado bosques desde 2020.

Sin embargo, no existe una normativa equivalente para ecosistemas abiertos como los pastizales o humedales. Por eso considero fundamental ampliar la mirada hacia la protección de todos los ecosistemas nativos y no exclusivamente de los bosques.

Esta situación es particularmente relevante en la provincia de Corrientes, donde predominan justamente los pastizales y humedales.

Un segundo aspecto es que este sesgo también se refleja en las áreas protegidas. Históricamente, la conservación se concentró en los bosques, mientras que los pastizales y humedales recibieron mucha menor atención.

Afortunadamente esto está empezando a cambiar. La creación del Parque Nacional Iberá y otras iniciativas recientes muestran una evolución positiva. También muchas empresas forestales mantienen áreas privadas de conservación que incluyen estos ecosistemas y realizan monitoreos permanentes.

Creo que estamos atravesando un cambio de paradigma respecto a la valoración de los ecosistemas no boscosos y espero que se traduzca en medidas concretas de conservación y restauración.

El tercer aspecto es la diferencia que existe entre grandes empresas forestales y pequeños productores. Uno de los grandes desafíos para PEFC es lograr que la certificación llegue también a estos últimos.

Los costos y la complejidad administrativa suelen dificultar su incorporación. Los esquemas de certificación grupal están ayudando a revertir esta situación, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer.

Bosques, plantaciones y una discusión que va más allá de las definiciones

AF: ¿Cómo definen bosques y plantaciones? ¿Por qué muchas veces todo es definido como bosque?

Gustavo Zurita: Las definiciones varían mucho según los países y los contextos. Pero nuevamente reflejan ese sesgo histórico hacia la protección de los bosques más que hacia los ecosistemas en general.

Personalmente, considero que la discusión «bosques versus plantaciones» no siempre resulta productiva porque no se trata de categorías completamente opuestas. Lo que existe es un gradiente ambiental.

En un extremo podemos encontrar plantaciones altamente intensificadas y en el otro, bosques nativos bien conservados. Entre ambos hay innumerables situaciones intermedias.

Tomando como referencia la normativa europea, aunque no necesariamente refleje nuestra realidad de manera perfecta, podríamos diferenciar:

• Bosques nativos: ecosistemas forestales que mantienen sus atributos ecológicos, biodiversidad y funciones naturales.
• Bosques plantados: ecosistemas implantados que, con el tiempo, recuperan atributos ecológicos y funciones similares a los bosques naturales.
• Plantaciones forestales: ecosistemas implantados con fines predominantemente productivos.

Pero la pregunta clave es otra: ¿dónde entran los pastizales y humedales en esta discusión?

La sustentabilidad hoy se analiza a escala de paisaje. Desde esa perspectiva es posible compatibilizar producción y conservación dentro de territorios privados mediante áreas de alto valor de conservación, corredores ecológicos y otras herramientas de manejo.

AF: ¿Una empresa certificada PEFC puede generar los impactos denunciados? ¿Qué controles ambientales y sociales exige la certificación?

Gustavo Zurita: Las empresas certificadas están sujetas a auditorías periódicas y rigurosas sobre todos los aspectos de sus operaciones.

Por supuesto, ningún sistema productivo está libre de impactos y ninguna auditoría es perfecta. La sustentabilidad no es una condición que se alcanza de una vez y para siempre.

Las certificaciones funcionan como sistemas dinámicos de mejora continua. Detectan falencias, corrigen procesos y actualizan sus estándares a medida que surge nueva evidencia científica.

También es importante aclarar que la certificación, por sí sola, no garantiza la sustentabilidad absoluta.

Se trata de una herramienta muy poderosa que debe complementarse con legislación, políticas públicas, incentivos económicos y participación de la sociedad civil.

La sustentabilidad es un proceso gradual que requiere monitoreo permanente y capacidad de adaptación.

AF: ¿Qué controles ambientales y sociales exige una certificación?

Gustavo Zurita: El estándar forestal de PEFC Argentina establece un modelo de gestión con criterios de desempeño que le permiten al productor manejar sus recursos forestales de forma sostenible, en camino a la sostenibilidad, entendiendo que la sostenibilidad es un proceso de gestión constante.

Este modelo de gestión incluye la verificación sistemática del cumplimiento de esos criterios de desempeño ambientales, sociales y también productivos y legales. Estos son desde el mantenimiento de la salud y la vitalidad de los ecosistemas; mantenimiento y fomento de las funciones productivas de los bosques; mantenimiento, conservación y/o mejora adecuada de la diversidad biológica en la unidad de gestión; mantenimiento o mejora adecuada de las funciones protectoras de los bosques en la gestión forestal, en particular, suelo y agua, y mantenimiento o mejora adecuada de las funciones y condiciones socioeconómicas.

Para ello, los productores establecen de sistemas de monitoreo de las variables que le permitan evaluar su nivel de desempeño vinculados a esos criterios. A este procedimiento se le suman, otra vez, las auditorías internas, las auditorías externas anuales y las consultas a las partes interesadas.

AF: ¿Cómo se auditan temas como agua, biodiversidad y relación con comunidades?

Gustavo Zurita: Las auditorías comienzan con la documentación de la empresa, plan de gestión, procedimientos, registros de monitoreo, identificación de las partes interesadas, cartografía, continúan en el campo, en el terreno y con entrevistas a las partes interesadas.

Importante, estas partes interesadas no es un conjunto anónimo, tienen nombre y apellido, una relevancia, un entendimiento por parte del equipo auditor de cómo son afectadas por lo bueno y por lo malo por esa gestión forestal en particular. Van desde el vecino inmediato, la maestra, el bombero, el representante de la comunidad indígena vecina, el técnico del INTA, el investigador del CONICET, la ONG, el gendarme, y demás.

Luego, toda esa evidencia recolectada es validada y verificada y con todo eso se arriba a conclusiones de auditoría, cumple o no cumple cada requisito del estándar. En el caso que corresponda, se analiza si hay desvío, si es grave y debe ser resuelto de inmediato.

Y acá volvemos a los controles del proceso, la acreditación del organismo de certificación es clave para evaluar la competencia del equipo auditor que participa en cada auditoria, si requiere o no aparte de los auditores expertos ambientales y sociales. Y la acreditación en la certificación PEFC es obligatoria, y de todo ello existen registros públicos. Y todo este proceso, todos los años.

Otra vez, la certificación no es infalible, es una muy buena herramienta, que sistemáticamente se revisa, se discute públicamente, se corrige y mejora.

Pastizales, humedales y áreas de alto valor de conservación

AF: ¿La certificación PEFC permite plantar pinos o eucaliptos sobre humedales o pastizales de alto valor de conservación?

Gustavo Zurita: Como señalé anteriormente, históricamente hubo una mayor atención hacia los bosques que hacia otros ecosistemas.

Sin embargo, las empresas certificadas tienen la obligación de identificar áreas de alto valor de conservación mediante criterios técnicos objetivos.

Una vez identificadas, estas áreas no pueden ser afectadas por las operaciones forestales. Además, deben ser protegidas y monitoreadas para garantizar que sus atributos ecológicos se mantengan en el tiempo.

Creo que en los próximos años veremos avances importantes en relación con la valoración y protección específica de pastizales y humedales.

AF: ¿Qué diferencia existe entre una plantación certificada y una plantación sin estos estándares?

Gustavo Zurita: La diferencia es significativa.

La certificación obliga a las empresas a cumplir estándares ambientales y sociales mucho más exigentes que los requeridos en muchas operaciones no certificadas.

Pero además funciona como una guía para avanzar hacia modelos productivos cada vez más sustentables.

Estamos atravesando un cambio de paradigma que busca dejar atrás sistemas enfocados exclusivamente en la rentabilidad económica para avanzar hacia modelos que integren también objetivos sociales y ambientales.

Ese proceso lleva tiempo, pero las certificaciones son un aliado fundamental para lograrlo.

El fallo y el debate sobre el «ecocidio»

AF: ¿La certificación reconoce límites ambientales para la expansión forestal? ¿Cómo interpreta este alerta de «ecocidio» en Corrientes?

Gustavo Zurita: La certificación exige el cumplimiento de toda la legislación vigente y la conservación de áreas de alto valor ambiental.

Los límites claros para la expansión forestal son: la no conversión y no degradación forestal, y también no realizar forestación sobre sitios identificados como prioritarios para la conservación.

Personalmente interpreto este fallo como un llamado de atención sobre la necesidad de acelerar los procesos de protección y restauración de pastizales y humedales.

También hay otros temas relevantes que deben abordarse, como la invasión de especies forestales hacia ecosistemas nativos y el papel que pueden desempeñar las plantaciones en los escenarios de incendios.

Los sistemas de certificación no son perfectos. Su principal objetivo es equilibrar la sustentabilidad económica, ambiental y social.

Una de sus fortalezas es precisamente la capacidad de incorporar nuevos conocimientos científicos y responder a los reclamos legítimos de la sociedad.

Hoy el manejo sustentable se piensa a escala de paisaje. Pretender que cualquier sistema productivo mantenga exactamente los mismos atributos que un ecosistema natural es poco realista.

Lo importante es construir paisajes donde coexistieran áreas productivas, espacios de conservación, corredores ecológicos y mecanismos efectivos de restauración.

Quiero creer que estamos avanzando en esa dirección.

Un debate que también llega a PEFC Internacional

AF: ¿El sistema PEFC analiza este tipo de cuestionamientos en sus instancias internacionales?

Gustavo Zurita: Absolutamente.

PEFC cuenta con un consejo internacional integrado por representantes de distintos sectores: productores, organizaciones ambientales, académicos, investigadores y otros actores vinculados al sector forestal.

Es un espacio ad honorem que trabaja a escala global y donde la mayor parte de las discusiones están vinculadas justamente a cuestiones ambientales y sociales.

Cuando surgen conflictos o cuestionamientos relacionados con la certificación, son analizados seriamente y se buscan respuestas concretas.

Este tipo de planteos reciben especial atención y seguramente también serán debatidos en esos ámbitos.

AF: ¿Hay evidencia científica que indique que los monocultivos de pino y eucalipto producen «ecocidio»?

Gustavo Zurita: La ciencia no utiliza el término «ecocidio». Es un concepto que pertenece más al ámbito jurídico, político o de la sociedad civil.

Lo que hace la ciencia es medir impactos ambientales y sociales, evaluar sus consecuencias y proponer formas de mitigarlos.

Como ocurre con cualquier sistema productivo, los impactos dependen en gran medida del manejo que se realice.

Y vuelvo a insistir en un punto central: la certificación forestal constituye una herramienta concreta para avanzar hacia mejores prácticas ambientales y sociales.

Implica cambios profundos dentro de las empresas y de los sistemas productivos. Son transformaciones que ocurren gradualmente, pero que permiten avanzar hacia modelos cada vez más sustentables.

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Video | Presentación de la Sentencia 13º Tribunal Local de Derechos de la Naturaleza sobre el rechazo al modelo de monocultivo forestal en Corrientes

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

ARGENTINA (8/6/2026).- El debate sobre el modelo de monocultivo forestal en Corrientes ha sumado un nuevo capítulo ambiental, técnico y político. El pasado 27 de mayo de 2026, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza emitió un veredicto final en el que calificó la actividad forestal de especies exóticas en la provincia de Corrientes como un «ecocidio». Desde la perspectiva de este organismo civil, las grandes extensiones de árboles implantados atentan contra la biodiversidad y la sustentabilidad regional, bajo la premisa de que «los monocultivos de pino y eucaliptos no son bosques».

El ecocidio se define como «el daño grave, masivo o prolongado a los ecosistemas, que afecta negativamente a la biodiversidad, el clima y la salud humana. Internacionalmente, se define como cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una alta probabilidad de causar daños severos y duraderos al medio ambiente».

Esta resolución surge precisamente en un contexto de fuerte promoción pública, donde el Estado correntino viene anunciando inversiones industriales de escala histórica para el procesamiento de madera y producción de celulosa fluft. Frente a esta polarización entre las demandas de los sectores ecologistas y campesinos, y la expansión económica del sector, la ciencia forestal global ofrece un enfoque integrador que derriba el antagonismo superficial entre bosque nativo y bosque cultivado.

En diálogo exclusivo con ArgentinaForestal.com, el Dr. Roberto Hosokawa, destacado académico de la Universidad Federal de Paraná (Brasil) y Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), analizó oportunamente las leyes físicas y biológicas que sustentan la actividad, aportando una mirada superadora basada en décadas de modelación matemática y termodinámica global.

Por qué todo árbol cuenta

La base científica que esgrime el Dr. Hosokawa para respaldar la coexistencia de ambos sistemas se apoya en la Segunda Ley de la Termodinámica (la entropía), un área de investigación macrocósmica que le fue legada por su co-referente de doctorado en Alemania, el célebre científico rumano Michael Prodan (pionero en calcular los límites del crecimiento de la humanidad para las Naciones Unidas).

«Para la humanidad, tanto los bosques naturales como los monocultivos son importantes, pues ambos forman parte del único proceso existente en el Planeta Tierra para revertir cualquier desequilibrio, y mantener con planificación un ambiente ecológico y económico a través de los árboles», sentenció Hosokawa.

El especialista explicó que tanto las masas nativas como las plantaciones comerciales resultan del proceso de la fotosíntesis, el cual actúa como el único mecanismo planetario capaz de capturar energía y mitigar el calentamiento global, la saturación de dióxido de carbono y el agotamiento de recursos.

Desde esta perspectiva macro, la famosa frase que el Prof. Prodan le transmitió en su juventud cobra total vigencia en el escenario correntino: «En el equilibrio del ambiente económico y ecológico a través del bosque, sólo no valen árboles de plástico».

Funciones diferenciadas: preservación genética vs. eficiencia productiva

Para el académico, el error del debate recurrente radicaría en evaluar las plantaciones industriales bajo los mismos parámetros funcionales que un bosque nativo, cuando en realidad cumplen roles complementarios en el tejido de la biosfera:

Los bosques naturales (Preservación): Deben ser considerados fuentes intangibles de información y biodiversidad. «Deben ser preservados y tocados solamente para fines de investigación», detalló Hosokawa. Aquellos que se encuentren degradados deben ser recuperados con urgencia, ya sea para conformar reservas legales o para ser manejados exclusivamente hacia la obtención de maderas de alto valor agregado.

Las reforestaciones (Sustentabilidad económica y química): Los cultivos puros o mixtos operan como eficientes fábricas biológicas destinadas a la producción de madera, resinas, celulosa, energía y al almacenamiento masivo de carbono. «Ellos son sustentables si fueran instalados en estructuras de base forestal en rendimiento sostenido», acotó, desmitificando el concepto de que la producción planificada sea inherentemente destructiva.

La ciencia económica-forestal demuestra que si el 100% de la madera, el papel y la celulosa del mundo debieran extraerse de los bosques nativos, estos ya habrían desaparecido. Los monocultivos concentran la producción industrial, funcionando como «fábricas de madera» para que se reduzca la tala de los bosques naturales con fines comerciales a escala.

La ordenación territorial guiada por la ciencia, no por la polémica

Lejos de convalidar visiones alarmistas ambientales o posiciones corporativas extremas, el Dr. Hosokawa propuso como salida al conflicto entre el desarrollo industrial con monocultivos forestales y la protección ambiental que la misma «no se logra anulando la actividad, sino mediante una rigurosa gestión de ordenación forestal».

La propuesta técnica consiste en diseñar una zonificación espacial estricta que delimite con claridad las áreas urbanas, los polos industriales, las redes logísticas, los bosques naturales de preservación, los pastizales, los cultivos agrícolas y los macizos de producción forestal.

«La proporción de cada espacio debe ser definida por la sociedad, en su ordenamiento territorial, pero basada firmemente en conocimientos técnicos y científicos bajo la coordinación de académicos multidisciplinarios», concluyó el profesor, dejando en claro que la forestación planificada, lejos de ser un «ecocidio», es una aliada biológica indispensable para la supervivencia de la especie humana.

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Las cifras de la investigación científica forestal
El marco teórico y los antecedentes que respaldan las conclusiones del Dr. Roberto Hosokawa se sintetizan en los siguientes datos de referencia académica:

Año 2001 (Vol. 31): Fecha y edición de la revista científica Floresta (ISSN 0015-3826) donde el investigador publicó por primera vez la fórmula matemática estadística orientada a calcular los efectos de la entropía en los sistemas vivos.

4ª Masa más significativa: La posición que ocupa el recurso boscoso global en el Planeta Tierra en términos de impacto macrocósmico, ubicándose inmediatamente después de la atmósfera, la hidrosfera y la litosfera, según los estudios físicos citados por el especialista.

2 Sistemas complementarios: El esquema de manejo integrado (Preservación permanente para nativos y rendimiento sostenido para bosques cultivados) requerido para equilibrar la economía regional con la estabilidad ecológica del NEA.

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