BUENOS AIRES (5/9/2026).- En junio de 2023, Misiones sancionó una ley que prohibía el glifosato en toda la provincia. La prohibición no era inmediata. Había dos años para reemplazarlo por bioinsumos. El plazo parecía prudente y el objetivo, ambientalmente ambicioso.

Pero el tiempo no fabrica por sí solo una alternativa.

En julio de 2024, antes de que la prohibición comenzara a regir plenamente, el Poder Ejecutivo provincial dictó una prórroga de cinco años para ciertos sectores productivos. Exigió acreditar condiciones de comercialización y presentar un plan de transición. Dos años después, el 3 de septiembre de 2026, la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una reforma más profunda: eliminó la prohibición y condicionó el uso de bioinsumos a que estuvieran autorizados por los organismos nacionales competentes y, cuando correspondiera, por los países de destino de las exportaciones.

El diputado informante resumió el problema con una claridad poco frecuente: las alternativas no se desarrollaron ni estuvieron disponibles al ritmo previsto por la ley. Para sustituir una herramienta productiva, agregó, la alternativa debe funcionar, ser eficaz, estar autorizada, estar disponible y ser económicamente viable.

La frase reconoce algo más importante que una dificultad técnica. Reconoce que el legislador había confundido una fecha con una capacidad.

Una norma puede difundirse antes de poder vivir

La teoría del fenotipo extendido, aplicada con cautela al derecho, permite mirar la ley más allá de sus artículos. Una regla no termina en el Boletín Oficial. Se prolonga en registros, laboratorios, productos aprobados, cadenas de suministro, prácticas agronómicas, sistemas de control, decisiones de inversión y expectativas de exportación. Ese conjunto forma parte de su fenotipo institucional.

La prohibición de 2023 tenía un texto y un plazo, pero no controlaba todos los componentes necesarios para producir el mundo que presuponía. La Provincia podía ordenar la transición. No podía crear mediante una cláusula legal un sustituto eficaz, autorizado, disponible y económicamente accesible. Tampoco podía decidir por los organismos nacionales ni por los mercados de destino.

Desde esta perspectiva, la reforma de 2026 no demuestra que la política ambiental fuera equivocada. Demuestra que su arquitectura institucional estaba incompleta. El mandato se había propagado antes que las capacidades requeridas para sostenerlo.

BioHerb: cuando la promesa sustituyó a la validación

BioHerb vuelve visible esa distancia de una manera casi experimental.

En mayo de 2023, antes de la sanción de la ley, el gobierno provincial presentó el producto de Agro Sustentable como un “herbicida orgánico de amplio espectro”, desarrollado en Misiones y llamado a convertirse en una solución para la chacra. Se anunció una primera entrega gratuita de 5.000 litros. El Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (IFA) informó, al mismo tiempo, que había iniciado una “distribución a prueba” y que la aplicación se realizaba de manera experimental, a la espera de la aprobación del Senasa.

Las dos descripciones convivían con dificultad. Hacia afuera se ofrecía una alternativa. En el plano regulatorio todavía se probaba si el producto podía ser autorizado como tal.

En agosto de 2024, un informe de la Dirección Nacional de Protección Vegetal del Senasa, reproducido por La Nación, señaló que Agro Sustentable no poseía registros de sustancias activas ni de productos fitosanitarios bajo su titularidad. El director técnico de la empresa reconoció que BioHerb estaba en etapa de prueba y no se encontraba registrado por el Senasa como herbicida. Explicó que se estaba evaluando precisamente esa aptitud.

Esto permite una afirmación más precisa que decir simplemente que el producto “no funcionaba”. Las fuentes examinadas no bastan para concluir que careciera de todo efecto agronómico. Sí permiten afirmar que no funcionó como el sustituto institucionalmente disponible que la transición legal requería: su aptitud herbicida no estaba aprobada, su uso seguía siendo experimental y la propia documentación oficial provincial reconocía que esperaba autorización nacional.

La diferencia importa. Una experiencia de campo puede generar una hipótesis. No convierte por sí sola esa hipótesis en una tecnología apta para sostener una prohibición general.

También hubo financiamiento público para bioinsumos. La Resolución nacional 292/2023 aprobó hasta $511.261.964,40 del Fondo Especial del Tabaco para un subcomponente denominado “Provisión de Bioinsumos para el desarrollo de una actividad tabacalera ambientalmente responsable”.

La resolución identificó como organismo ejecutor a la Fundación Asuntos Agrarios. El acto no individualiza a BioHerb ni a Agro Sustentable. Las denuncias periodísticas y penales sobre el destino concreto de esos fondos deben, por eso, presentarse como denuncias pendientes de comprobación, no como malversación ya establecida.

No está probado que el episodio BioHerb haya causado por sí solo la prórroga de 2024 o la reforma de 2026. Pero la secuencia ofrece una conexión institucional fuerte: el producto emblemático de la transición seguía sin autorización como herbicida y la Legislatura terminó reconociendo oficialmente que las alternativas eficaces, autorizadas, disponibles y económicamente viables no habían aparecido al ritmo previsto.

La Epistemología Popperiana de la Tradición agrega otra pregunta. Una tradición jurídica racional no se conserva porque nunca se equivoca, sino porque permite detectar y corregir errores sin destruir todo lo aprendido. La secuencia misionera puede leerse, entonces, como un ensayo institucional: prohibición, resistencia de la realidad productiva, prórroga, acumulación de proyectos de reforma y corrección legislativa.

Hay aprendizaje, pero llegó tarde y de un modo costoso. Durante tres años, productores, funcionarios e inversores tuvieron que organizar decisiones alrededor de una prohibición cuyo soporte material seguía siendo incierto.

El juego que la ley no podía ignorar

La teoría de juegos evolutivos ayuda a explicar por qué una norma ambientalmente deseable puede perder capacidad de orientar conductas.

Los productores no eligen entre “cuidar el ambiente” y “no cuidarlo” en abstracto. Eligen entre estrategias concretas: adoptar un sustituto, continuar usando un producto autorizado, pedir una excepción, postergar inversiones, trasladar costos, reducir producción o buscar una vía informal. Cada estrategia depende de precios, eficacia, disponibilidad, controles, sanciones y exigencias comerciales.

Si cumplir cuesta más que continuar con la práctica anterior y la alternativa no ofrece un rendimiento comparable, la mera amenaza de una sanción puede no producir transición. Puede producir evasión, litigio, presión política o cumplimiento aparente. La reforma de 2026 hizo explícita esa realidad al incorporar participación sectorial y condicionar el uso de bioinsumos a autorizaciones externas a la Provincia.

Esto no significa que el derecho deba capitular frente a todo costo. Significa que una transición seria necesita modificar el juego, no sólo declarar quién debería ganarlo. Investigación, validación técnica, disponibilidad, financiamiento, capacitación y control deben preceder o acompañar el mandato. De otro modo, la ley selecciona estrategias defensivas en vez de la conducta que buscaba promover.

La prohibición como espada de Damocles

Una norma de vigencia diferida puede modificar conductas mucho antes de ser aplicada. Para la EGT, lo relevante no es sólo la sanción presente, sino el pago esperado de cada estrategia. Si un productor o un industrial atribuye una probabilidad significativa a que el glifosato quede prohibido, recalcula el valor de comprar tierra, ampliar una plantación, instalar una planta o comprometer capital específico en Misiones. La comparación no se hace contra un mundo inmóvil, sino contra provincias y países cercanos donde esa restricción no existe.

Cuando una inversión es costosa de revertir y puede postergarse, la incertidumbre eleva el valor de esperar. No hace falta que la prohibición entre efectivamente en vigor para que un proyecto sea demorado, reducido o localizado en otra jurisdicción. La amenaza normativa puede así producir un daño económico anticipado: menor demanda de tierras, descuento en su precio, encarecimiento del financiamiento, expansión frustrada o pérdida de una oportunidad de inversión.

Conviene reservar la palabra histéresis para un fenómeno más preciso. Mientras la prohibición futura permanece vigente o es creíble, existe un efecto anticipatorio de incertidumbre regulatoria. Hay histéresis normativa en sentido estricto cuando, retirada la amenaza, el sistema no vuelve a su trayectoria anterior: el inversor ya eligió otra provincia, la cadena de proveedores se instaló en otro lugar, el proyecto perdió su ventana financiera o la reputación regulatoria de la jurisdicción continúa incorporando una prima de riesgo.

Puede llamarse histéresis normativa por amenaza a esa secuencia de dos tiempos: primero, una norma todavía no operativa modifica las estrategias por su aplicación potencial; después, las decisiones irreversibles o los costos hundidos mantienen parte del efecto aun cuando la norma sea prorrogada o derogada. El caso de Misiones permite formular la hipótesis. Probar que ocurrió exige datos sobre precios de tierras, proyectos postergados o desviados, crédito, capacidad industrial e inversión comparada. La secuencia normativa, por sí sola, no los demuestra.

¿Quién responde por el experimento?

La pregunta por la responsabilidad estatal exige más cautela que la crítica institucional.

En principio, nadie tiene un derecho adquirido a que una legislación permanezca inmutable. Una ley puede cambiar cuando cambian las circunstancias o cuando el legislador reconoce que su diseño fue defectuoso. Tampoco todo error de política pública genera automáticamente una indemnización.

Para que exista responsabilidad se necesita algo más: un daño cierto y probado, una relación causal jurídicamente suficiente y un título de imputación. Si la actividad legislativa fue legítima, la tradición argentina exige, en términos generales, un sacrificio especial y anormal, distinto de las cargas que soporta la comunidad. Si la norma fue ilegítima, todavía habría que demostrar la invalidez relevante y el daño que produjo.

La prohibición general fue prorrogada antes de operar plenamente y luego eliminada. Eso debilita cualquier pretensión basada solamente en la existencia de la ley. Podrían existir daños de confianza o inversiones específicas realizadas para anticipar la transición. Esos daños no pueden presumirse. Tendrían que probarse caso por caso, junto con su causalidad y con el régimen de responsabilidad pública aplicable en Misiones.

La misma cautela vale para la inversión que nunca se realizó. Económicamente, una venta a menor precio o un proyecto trasladado puede ser una pérdida real. Jurídicamente, no basta afirmar que la espada de Damocles desalentó al mercado. Un reclamante debería individualizar una operación, demostrar una probabilidad objetiva de concreción, medir el diferencial atribuible a la norma y separar ese efecto de precios agrícolas, tasas, infraestructura y otros riesgos. Bajo la Ley nacional 26.944, la responsabilidad por actividad legítima excluye el lucro cesante; esa ley no rige automáticamente a Misiones. La hipótesis sistémica es fuerte para evaluar el diseño legislativo, pero la pretensión indemnizatoria sigue dependiendo de prueba individual.

También debe separarse la ley de la actuación administrativa vinculada con BioHerb. Está documentada la promoción oficial y la distribución experimental mientras la aprobación del Senasa permanecía pendiente. No están acreditados en las fuentes examinadas una condena, una malversación ni daños productivos determinados. Si se probara que el Estado excedió las condiciones autorizadas para la experimentación, omitió controles exigibles o causó un daño concreto, el análisis ya no sería sólo responsabilidad por actividad legislativa: podría involucrar falta de servicio administrativa, responsabilidad de funcionarios y otras consecuencias.

Aprender antes de prohibir

El episodio misionero muestra una forma particular de fracaso normativo. La ley no fue simplemente incumplida. Fue desactivada y finalmente corregida por las mismas instituciones que la habían producido, cuando quedó expuesta la distancia entre el mandato y las capacidades disponibles.

La enseñanza no es que el Estado deba abstenerse de impulsar transiciones ambientales. Es más exigente: cuanto mayor es la transformación pretendida, mayor debe ser la responsabilidad por construir sus condiciones de posibilidad.

Una buena ley no se limita a anunciar el futuro. Diseña el camino que permite llegar a él, distribuye los costos de la transición, verifica los supuestos técnicos y conserva mecanismos de revisión. Si no lo hace, puede obtener una victoria simbólica inmediata y perder, al mismo tiempo, la capacidad de transformar la conducta.

La responsabilidad más importante quizá aparezca antes que la indemnización. Es la responsabilidad institucional de someter los supuestos de una ley a crítica, exponerlos a prueba y corregirlos cuando fracasan. No basta con que el legislador pueda cambiar de opinión. Debe aprender a diseñar normas que también puedan aprender.

Autor: Ignacio Adrián Lerer.

Es abogado (UBA), Executive MBA (IAE Business School, Universidad Austral) e investigador independiente sobre evolución jurídica, diseño institucional, inteligencia artificial y gobernanza. Cuenta con más de treinta años de experiencia en derecho corporativo, gobierno corporativo, compliance y gestión estratégica de riesgos. Es fundador y CEO de JustiIA e IntegridAI. Publica regularmente en Abogados.com.ar. ORCID: 0009-0007-6378-9749. Web: estudio.justitia.com.ar.
Fuentes:

-Cámara de Representantes de Misiones, 3 de septiembre de 2026
-Ley nacional 26.944
-IFAI, desarrollo a campo de BioHerb
-La Nación, informe del Senasa y situación de BioHerb

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (6/9/2026).- Un inaceptable episodio de intimidación y violencia verbal contra trabajadores de prensa, Rafael Cortés y Alejandro Marecos, y extensivo al director de Misiones de Misiones Online SA y Argentina Forestal, Marcelo Almada,  se vivió este viernes en Puerto Iguazú, en un claro ataque a la libertad de prensa.

Durante la cobertura periodística de la visita del presidente Javier Milei en Puerto Iguazú, el jefe de Redacción de Misiones Online, Rafael Cortés, y el cronista Alejandro Martínez Mareco fueron increpados en el hotel donde se alojaban por el empresario Fernando Clavero, propietario de la empresa de viajes y turismo «El Jesuita».

El agresor, quien se encontraba fuera de sí y sumamente exaltado, abordó a los periodistas en el establecimiento para reclamar de forma violenta por publicaciones periodísticas de meses anteriores que involucraban a su firma. La agresión derivó en graves amenazas de muerte dirigidas tanto a los profesionales presentes como al director de Misiones Online, Marcelo Almada.

Según consta en la denuncia policial realizada por el jefe de Redacción, Clavero expresó de forma furibunda: «Ese pelado de mierda, Marcelo Almada, que nos arruinó y no le importó mi familia, lo voy a cagar bien a trompadas y después lo voy a matar».

Pese a que los trabajadores de prensa le aclararon que el director no se encontraba en el lugar, el empresario avanzó físicamente contra ellos manifestando: «Te voy a cagar bien a trompadas a vos y a tu compañero porque me la banco y los voy a matar».

El episodio violento cesó únicamente tras la intervención del recepcionista del hotel, quien intercedió para alejar al agresor.

El antecedente: denuncias de pasajeros e intimidaciones previas

El origen del ataque se remonta al 6 de septiembre de 2025, cuando Misiones Online informó sobre la denuncia de un contingente de pasajeros que contrató a «El Jesuita» un paquete de $510.000 para viajar a Buenos Aires y ver a Lionel Messi en el partido Argentina-Venezuela. Tras el viaje, un grupo de clientes denunciaron ante el medio que no pudieron ingresar al estadio Monumental y debieron ver el encuentro en un bar.

A partir de allí, la empresa desplegó una serie de acciones hostiles: la cronista Antonela Souza sufrió destratos por parte de la firma al requerir información, y posteriormente la agencia remitió una carta documento exigiendo la eliminación de la noticia.

La agresión en Puerto Iguazú —donde Clavero se desplazaba en una camioneta con patente brasileña— representa otro capitulo de gravedad inusitado.

Repudio absoluto y exigencia de protección judicial

Frente a la gravedad de los hechos, Misiones Online radicó la denuncia correspondiente ante la Policía y su equipo de abogados se presentará ante la Justicia para solicitar medidas de protección urgente ante el temor infundido por las amenazas.

Desde el ejercicio del periodismo, desde Argentina Forestal manifestamos nuestro repudio absoluto e intransigente a la conducta violenta y patoteril de Fernando Clavero, y expresamos una sólida solidaridad con los colegas Rafael Cortés, Alejandro Martínez Mareco, Antonela Souza, Marcelo Almada y todo el equipo de trabajo de Misiones Online.

Ninguna disconformidad empresarial justifica la violencia física ni las amenazas de muerte. Exigimos a las autoridades judiciales y policiales un rápido accionar para garantizar de forma inmediata la integridad física de los periodistas y la plena vigencia de la libertad de prensa.

La libertad de prensa no es únicamente un derecho garantizado a los periodistas para ejercer su oficio sin censura ni coacciones, sino una condición estructural e indispensable para la vigencia de la democracia, el Estado de derecho y la transparencia institucional.

Cada acto de intimidación o violencia contra los comunicadores no solo vulnera la integridad individual del trabajador de prensa, sino que atenta directamente contra el derecho colectivo de toda la sociedad a estar informada de manera veraz, libre e independiente.

En contextos donde el periodismo cumple la función esencial de visibilizar denuncias de interés público y demandar la rendición de cuentas de actores sociales, corporativos o estatales, la plena protección judicial y el repudio enérgico ante cualquier intento de amedrentamiento resultan insustituibles para evitar la autocensura y resguardar la salud republicana.

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¿Qué entendemos hoy por industria? La pregunta parece sencilla, pero la respuesta está cambiando.

Durante mucho tiempo, hablar de industria fue hablar de fábricas, máquinas, materias primas, líneas de producción y bienes físicos. Hoy, esa definición resulta incompleta. La industria también está hecha de datos, conectividad, software, automatización, inteligencia artificial y capacidad para tomar decisiones en tiempo real. La tecnología dejó de ser un soporte de la actividad industrial para convertirse en una infraestructura productiva y una fuente de competitividad.

La denominada Industria 4.0 expresa precisamente este cambio. Inteligencia artificial, Internet de las Cosas, robótica, computación en la nube y análisis de datos están modificando procesos, cadenas de valor y modelos de negocio. Ya no se trata solamente de producir más, sino de producir mejor: con mayor precisión, velocidad, flexibilidad y capacidad de adaptación.

Para la industria argentina, esta transformación representa una oportunidad, pero también un desafío. La adopción de tecnologías 4.0 continúa siendo heterogénea y está condicionada por factores como la inversión, las capacidades internas, el acceso al conocimiento y la demanda.

Un diagnóstico realizado por el INTI en 2025 sobre empresas industriales de Mendoza mostró que, si bien existe una percepción clara sobre los beneficios que pueden aportar las tecnologías 4.0, muchas compañías todavía no cuentan con planes de inversión suficientemente desarrollados para avanzar en su implementación. Esto demuestra que la transformación industrial no depende solamente de incorporar nuevas herramientas. También requiere aprender a gestionar estratégicamente la tecnología.

Y ahí aparece una dimensión de la transformación digital que todavía tiene poca presencia en la conversación.

La tecnología también tiene un ciclo de vida

Cada proceso de digitalización genera una consecuencia inevitable: cuando llegan nuevos equipos, otros quedan fuera de uso. Computadoras, notebooks, servidores, monitores, dispositivos de comunicación y equipamiento de infraestructura son reemplazados por nuevas generaciones tecnológicas. Pero que un equipo deje de ser adecuado para una organización no significa necesariamente que haya perdido todo su valor.

Durante años predominó una lógica lineal: comprar, luego usar, después reemplazar y finalmente, descartar. La aceleración tecnológica está haciendo cada vez más difícil sostener ese modelo.

El Global E-waste Monitor 2024, elaborado por UNITAR y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), estimó que en 2022 se generaron 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en el mundo. Solo el 22,3% fue formalmente recolectado y reciclado. Si la tendencia actual continúa, el volumen podría alcanzar los 82 millones de toneladas en 2030.

Pero detrás de esos residuos existe otra discusión: la del valor que se pierde. Los residuos electrónicos generados en 2022 contenían aproximadamente 31 millones de toneladas de metales, con un valor estimado de US$91.000 millones. Entre ellos se encontraban cobre, hierro y oro, entre otros materiales con valor económico.

El dato obliga a cambiar la perspectiva. El desafío del recambio tecnológico no es solamente decidir qué hacer con aquello que una empresa deja de utilizar. También es preguntarse cuánto valor económico, productivo y material todavía conserva ese activo.

Del descarte a la recuperación de valor

La economía circular introduce justamente una mirada diferente: mantener productos, componentes y materiales en uso durante el mayor tiempo posible. En tecnología, esto significa ir más allá del reciclaje. Es evaluar, clasificar, reparar, reacondicionar, reutilizar y recuperar activos antes de llegar a su disposición final y eso es una diferencia muy importante.

Un equipo que dejó de ser estratégico para una compañía puede continuar siendo útil para otra organización, otro mercado o incluso otro segmento de usuarios. Extender su vida útil permite aprovechar durante más tiempo los recursos, la energía y el conocimiento incorporados en su fabricación y primer ciclo de uso.

Por eso, la pregunta ahora debería ser ¿Cómo recuperamos el valor que todavía contiene?. Ese cambio de perspectiva puede transformar una obligación de disposición en una oportunidad de gestión. Y también puede abrir nuevos mercados y modelos de negocio vinculados con la recuperación, reutilización y reacondicionamiento de tecnología.

La próxima frontera de la competitividad

La industria del futuro va a necesitar más tecnología, pero también va a necesitar una gestión mucho más inteligente de esa tecnología. La competitividad no estará determinada únicamente por la capacidad de incorporar inteligencia artificial, automatización, IoT o nuevas herramientas digitales. También dependerá de la capacidad de las organizaciones para administrar sus activos, sus datos, sus recursos y los costos asociados a todo su ciclo de vida.

La OECD ha planteado que la transición digital y la transición ambiental deben avanzar de manera coordinada. Las tecnologías digitales pueden contribuir a mejorar la eficiencia, reducir costos y acelerar la innovación, pero también generan impactos que deben ser gestionados durante todo su ciclo de vida. Esta mirada adquiere especial relevancia para la industria.

La eficiencia tecnológica no debería comenzar cuando se instala un equipo nuevo y terminar cuando se lo reemplaza. También debería incluir lo que ocurre entre ambos momentos y después de ellos. Esto supone incorporar una nueva dimensión a la gestión empresarial: conocer qué activos tecnológicos existen, cuánto valor conservan, cuándo conviene renovarlos y qué alternativas existen cuando dejan de ser necesarios.

Una nueva definición de industria

Quizás sea necesario ampliar nuestra definición de industria. Industria es transformar, producir, innovar. Pero también es utilizar conocimiento y tecnología para generar valor de manera más eficiente. Y, cada vez más, es preguntarnos qué ocurre con los recursos después de su primer ciclo de uso.

La industria que viene tendrá que convivir con una paradoja: necesitará incorporar cada vez más tecnología para ser competitiva y, al mismo tiempo, deberá encontrar mejores maneras de gestionar el impacto y el valor residual de esa tecnología. Resolver esa tensión no es solamente una cuestión ambiental. Es una cuestión de productividad, eficiencia, innovación y competitividad.

Para la Argentina, además, representa una oportunidad. Un país que necesita mejorar su productividad industrial, desarrollar capacidades tecnológicas y fortalecer su inserción en cadenas globales de valor no puede pensar sus recursos exclusivamente bajo una lógica lineal.

La industria del futuro no será solamente más digital. Será también más eficiente en la manera en que incorpora, utiliza, recupera y vuelve a poner en circulación la tecnología.

Por eso, en el marco del Día de la Industria, quizás haya una pregunta que debamos incorporar a la agenda y es ¿Qué hacemos con todo aquello que la industria ya produjo y que todavía tiene valor?. La respuesta puede ser una de las claves para construir una industria más inteligente, competitiva y preparada para el futuro.-

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ARGENTINA (3/9/2026).- Hace muchos años que desde ProYungas participamos de los congresos de Aapresid. Puede parecer extraño que un biólogo que preside una organización de la sociedad civil dedicada a la conservación de la naturaleza, venga a estos encuentros de productores, pero para mí es justamente al revés: si queremos abordar los problemas ambientales en la magnitud que tienen, necesariamente tenemos que trabajar con el sector productivo.

El ambientalismo tiene una función importante cuando denuncia, señala y marca la cancha. Pero la denuncia por sí sola tiene un recorrido limitado. La solución, que es finalmente lo que importa, requiere trabajar con quienes producen, con quienes están todos los días en el territorio.

Ese es, en buena medida, el camino que hemos transitado desde ProYungas. Al principio no fue fácil, y probablemente nunca lo sea del todo. Pero los procesos avanzan. Hoy trabajamos con cerca de 80 empresas y hemos superado los 3 millones de hectáreas de Paisajes Productivos Protegidos.

Lo importante de este concepto no es solamente que haya producción y naturaleza en un mismo territorio. Es que quien produce se hace responsable también de la conservación del paisaje del que forma parte.

Y esto es algo que todavía no hemos sabido poner suficientemente en valor. No lo conoce la sociedad, no siempre lo conocen los gobiernos y, muchas veces, tampoco los propios productores.

Estamos acostumbrados a hablar de cuánto depende la producción de la naturaleza: del agua, de la regulación climática, de la polinización, del control de plagas o de la fertilidad de los suelos. Todo eso es cierto. Pero hay otra relación que necesitamos empezar a reconocer: la naturaleza también necesita de la producción.

Una buena producción genera empleo, arraigo, tecnología, recursos económicos y gobernabilidad. Genera las condiciones para que una sociedad pueda conservar sus territorios. Por eso puede resultar provocador decirlo, pero creo que tenemos que empezar a discutirlo: la naturaleza necesita de más y mejor producción. No de cualquier producción, sino de una producción que incorpore la conservación como parte de su propia gestión.

Esto también cambia la manera en que debemos mirar las exigencias ambientales que llegan desde otros mercados. Muchas veces el productor argentino ve a la Unión Europea como un adversario que impone reglas desde una realidad muy diferente a la nuestra. Hay razones para discutir esas regulaciones, pero también tenemos que verlas como una oportunidad.

El desafío es mostrarle al mundo cómo se produce en la Argentina. Cuando llevamos visitantes europeos a recorrer el Norte Grande y conocen directamente nuestros territorios, muchas de las imágenes simplificadas con las que llegan empiezan a cambiar. Tenemos que ser capaces de mostrar lo que hacemos bien y, al mismo tiempo, reconocer aquello que todavía tenemos que mejorar.

Por eso en ProYungas preferimos trabajar sobre los aspectos positivos. Reconocer y poner en valor lo que el sector productivo ya hace bien permite construir un diálogo diferente, basado en la confianza. Y desde allí es mucho más fácil discutir lo que falta.

Hay un dato que resume buena parte de esta discusión: hoy existe más naturaleza conservada en territorios productivos privados que en todo el sistema de parques y áreas protegidas provinciales. Sin embargo, casi nadie lo sabe. Ni la sociedad, ni los gobiernos, ni siquiera muchos de los propios productores.

Quizás tengamos que abandonar definitivamente la idea de que conservar significa dejar todo quieto. La conservación del futuro va a necesitar territorios productivos, productores comprometidos y mejores formas de gestionar los paisajes.

A eso venimos a Aapresid: a buscar socios para esa conversación. Porque la conservación no se construye desde afuera del territorio. Se construye trabajando con quienes lo habitan, lo producen y tienen también la responsabilidad de cuidarlo.

Producción y conservación no son una falsa grieta. Son parte de un mismo desafío.

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MISIONES (3/9/2026).- El pasado miércoles 26 de agosto participé de la sesión en las Comisiones de Hacienda, Ambiente y Legislación General del Senado de la Nación en la que se discutieron aspectos fundamentales del proyecto de ley para el desarrollo del mercado de carbono en nuestro país.

En dicha oportunidad mencioné cómo la Provincia de Misiones logró certificar más de 10 millones de créditos de carbono bajo el escenario 2 de la metodología jurisdiccional JNR del estándar VERRA.

Se trata de un programa jurisdiccional REDD+ que admite la anidación de proyectos privados de reducciones de emisiones. Es decir, se trata de un programa que invita a proyectos privados a “anidarse”, no los excluye ni los limita.

A efectos prácticos, sólo requiere que se usen los mismos datos y se informen las reducciones que dichos proyectos privados certificarán a efectos de llevar una correcta contabilidad.

Con la venta de este primer lote de créditos de carbono, correspondiente al primer reporte de monitoreo (2017-2022), la Provincia de Misiones podría obtener recursos por más de US$100 millones. Al actual tipo de cambio, dicho monto equivale a 8 veces el presupuesto nacional asignado en 2026 para cumplir con la Ley de Protección Ambiental de Bosques Nativos (Ley 26.331) para todo el país.

El programa fue auditado durante dos años por la empresa española AENOR y recibió una calificación de A-AA, lo que lo sitúa entre los 50 mejores proyectos en el mundo sobre una base de más de 20.000 proyectos evaluados.

En un programa de estas características, la adicionalidad queda demostrada cuando el proponente, en este caso el Gobierno de la Provincia de Misiones, demuestra a la organización administradora del estándar (VERRA), que a través de sus políticas y de sus programas de gobierno logró reducir la tasa de deforestación contra una línea de referencia, lo que conlleva una reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, equivalente a la cantidad de créditos de carbono que se recibirán.

Vale decir, que, si el Gobierno de la Provincia de Misiones no hubiera tomado dichas medidas, no se habría registrado la reducción de emisiones, y por consiguiente no se hubieran certificado los citados créditos de carbono.

El programa jurisdiccional no interviene sobre una parcela específica, como sí ocurre con otras metodologías. Por este motivo, no es necesario el consentimiento por parte del propietario del bosque nativo.

La propiedad de los créditos de carbono corresponde a aquella persona física o jurídica que registró el proyecto ante la organización administradora del estándar. Cuando se consulta en el registro de VERRA, el proyecto identificado con el ID 4648, se observará que el titular de los créditos de carbono es la Provincia de Misiones.

En el Decreto 2179/24, el Poder Ejecutivo provincial aclaró que el programa respeta los derechos de propiedad de los propietarios de bosques nativos, permitiéndoles o bien desarrollar sus propios proyectos de reducciones de emisiones sobre sus parcelas, o bien excluirse del mecanismo de distribución de beneficios (sea que realicen o no sus propios proyectos) o no pronunciarse.

A la fecha, sólo se han excluido del programa 10 propietarios, con titularidad de 32 parcelas, que representan el 0,3% del territorio provincial con bosque nativo.

Con los fondos que se obtienen de la venta de los créditos de carbono, se financian tres cuentas en un fideicomiso regulado por el Banco Central de la República Argentina.

Los propietarios de bosques nativos reciben el 30% de dichos fondos, los que a su vez se distribuyen utilizando una fórmula polinómica que pondera clasificación de ordenamiento territorial de bosque nativo, ubicación sobre corredor biológico, tamaño de la parcela y clasificación como reserva privada.

Dicho porcentaje es mayor al que se propuso distribuir a propietarios en los programas similares de los estados de Acre y Toncantins en la República Federal de Brasil.

Por cierto, los propietarios de bosques nativos no recibieron fondos en el pago de la prueba piloto que se hizo para el período 2014-2016 con el Fondo Verde del Clima, por el que la Argentina recibirá US$82 millones por 18 millones de toneladas de gases de efecto invernadero evitadas.

Un 40% de los fondos se destinarán a financiar actividades de la estrategia REDD+ de la Provincia. A modo de ejemplo, si un municipio necesita comprar una motoniveladora para despejar caminos por los que circula madera extraída legalmente o equipamiento para poda y tareas de mantenimiento, podrá aplicar a estos fondos.

Del mismo modo, una cooperativa de servicios públicos puede acceder a fondos para mejorar el tendido eléctrico o la provisión de agua potable o la conectividad de datos en un municipio que demuestre su compromiso con el programa y el control de la deforestación.

Por último, un 30% de los fondos se destinarán a financiar proyectos que pueden ir desde economía circular, energías renovables, tecnologías aplicadas a la conservación, ecoturismo, apoyo a comunidades de pueblos originarios, certificación de producción libre de deforestación, formación de docentes y profesionales en temáticas vinculadas a los mercados de carbono y finanzas climáticas, entre otros.

Por cierto, los propietarios de bosques nativos, beneficiarios de la cuenta 2, como se les ha informado en numerosas oportunidades en las distintas actividades de difusión del programa, pueden presentar proyectos en las cuentas 1 y 3.

En mi opinión, la mayor contribución al desarrollo de un mercado de créditos de carbono en nuestro país por parte de la Provincia de Misiones ha sido sostener a lo largo de 5 años un proyecto que certificó la mayor cantidad de créditos reconocidos por el principal estándar del mundo y siendo el primer programa mundial con estas características, marcando el camino para otras provincias de la Argentina y del resto del continente que desean seguir los pasos de Misiones.

Los interesados en conocer más acerca del programa pueden visitar https://programajnr.misiones.gob.ar/es/home

(*) Maximiliano Galli es asesor del Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones

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CHILE (31/8/2026).- En el debate público se ha vuelto habitual hablar del sector forestal chileno desde una narrativa de agotamiento. Incendios, tensiones territoriales y la estabilización de la superficie plantada han contribuido a esa percepción. Sin embargo, cuando se observa el desarrollo completo del sector -su evolución, sus ciclos y su capacidad de adaptación- aparece una realidad distinta: una industria que ha construido una base sólida y que hoy está en condiciones de abrir un nuevo ciclo de crecimiento.

Según cifras de INFOR y CONAF (2023), Chile consolidó una base forestal productiva de más de 2,2 millones de hectáreas, duplicó la producción de madera aserrada y triplicó la producción de celulosa en las últimas décadas.

El sector genera más de 100.000 empleos directos y aporta alrededor de US$ 6.300 millones en exportaciones, aunque estas cifras fluctúan según el ciclo de la celulosa y la demanda internacional. Este recorrido no habla de estancamiento: habla de madurez, experiencia y capacidad instalada.

Internacionalización: una expansión estratégica que fortaleció al sector

Frente a la estabilización de la superficie plantada en Chile, las empresas forestales comenzaron a mirar hacia el exterior. Desde los años 90, grupos forestales, equipos de ingeniería y profesionales especializados llevaron su conocimiento a Argentina, Brasil, Uruguay y Venezuela.

Esta expansión no fue una salida ni una fuga de activos: fue la evolución natural de un sector que ya operaba con estándares capaces de competir internacionalmente.

La internacionalización permitió replicar modelos de gestión silvícola, operación industrial y planificación estratégica que habían demostrado su eficacia en Chile. También abrió espacio para liderar proyectos de celulosa, tableros y desarrollo forestal en distintos contextos productivos.

El resultado fue claro: el sector chileno se consolidó como un referente regional, capaz de operar plantas de escala mundial y de gestionar activos complejos con altos niveles de eficiencia.

El próximo salto: madera de ingeniería y construcción sustentable

El mundo avanza hacia la construcción en madera de ingeniería: CLT, vigas laminadas y paneles estructurales. Chile tiene condiciones para liderar ese cambio: base forestal productiva, infraestructura, logística y talento técnico.

Lo relevante es que existen oportunidades concretas para quienes quieran participar en este nuevo ciclo. Hay proyectos y capacidades que ya están en movimiento, y el desafío es impulsar la inversión que permita transformar estas soluciones en una industria moderna, escalable y exportadora.

La incorporación de soluciones en madera en proyectos como el nuevo Aeropuerto de Concepción muestra el potencial del país en diseño y construcción con materiales renovables. El siguiente paso es convertir ese talento en capacidad industrial instalada, capaz de abastecer tanto la demanda local como mercados internacionales de construcción sustentable.

Un sector que aporta más de lo que se suele reconocer

Las plantaciones forestales, cuando se desarrollan bajo planificación territorial, manejo sostenible y resguardo de los ecosistemas nativos, pueden contribuir a estabilizar suelos degradados, generar biomasa renovable y abastecer cadenas productivas de menor intensidad de carbono.

La biomasa seca de la madera contiene aproximadamente un 50% de carbono, por lo que los productos madereros de larga vida útil pueden desempeñar un rol relevante en estrategias de mitigación climática.

Este beneficio depende de factores como la permanencia del carbono, el manejo forestal, la sustitución de materiales intensivos en emisiones y la reducción del riesgo de incendios.

Un nuevo ciclo forestal: más valor, más resiliencia, más sofisticación

El potencial de incorporar nuevos suelos a usos forestales y dendroenergéticos existe, pero debe evaluarse con criterios ambientales, hídricos, sociales y económicos rigurosos. El objetivo no es simplemente aumentar hectáreas, sino desarrollar paisajes productivos más resilientes, diversificados y compatibles con la conservación y las comunidades locales.

Certificaciones como FSC y PEFC reflejan capacidades ya instaladas en materia de trazabilidad, manejo responsable y acceso a estándares ambientales reconocidos internacionalmente.

Chile tiene condiciones para un nuevo ciclo forestal, basado menos en expandir volumen y más en aumentar valor agregado, trazabilidad, resiliencia territorial y sofisticación industrial. Este enfoque conecta directamente con la madera de ingeniería, la bioeconomía y la economía circular.

Una mirada hacia el futuro

El desarrollo del sector forestal chileno muestra que aún existen espacios amplios para crecer, innovar y fortalecer cadenas de valor que combinan productividad, sostenibilidad y resiliencia territorial.

En un contexto global que avanza hacia materiales renovables, eficiencia energética y economía circular, el sector tiene la oportunidad de consolidar un rol estratégico en el desarrollo del país.

Para capitalizar este escenario, resulta crucial trascender el sesgo de la coyuntura y poner en valor las variables estructurales que mueven a esta industria.

Una discusión pública informada, junto con espacios de análisis especializado, puede ayudar a visibilizar las oportunidades, ordenar el debate y entregar mayor claridad a inversionistas, comunidades y tomadores de decisión ante este nuevo ciclo de desarrollo.

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MISIONES (29/8/2026).- El glifosato mata. Los antibióticos, la aspirina y hasta la sal también pueden provocar daños graves e incluso la muerte cuando se utilizan o consumen de manera inadecuada o en cantidades excesivas.

La frase puede resultar provocadora, pero sirve para abrir un debate que Misiones necesita dar: ¿debemos discutir la prohibición absoluta del glifosato o debemos discutir cómo, dónde, cuánto y bajo qué condiciones se utilizan los productos fitosanitarios?.

Después de tres años de sancionada la Ley VIII N.º 103 de Promoción de la Producción de Bioinsumos, que establece en su artículo 7 la prohibición del uso del glifosato, considero que tenemos una oportunidad para debatir seriamente sobre esta política y, fundamentalmente, para sacarnos las caretas.

No se trata de defender a ultranza un producto ni de demonizarlo. Se trata de construir una posición consensuada entre el Estado, los profesionales, los productores, los trabajadores y la sociedad.

Es cierto que existen evidencias científicas sobre los riesgos asociados a determinados productos fitosanitarios y que se han detectado residuos de estas sustancias en personas, cursos de agua y alimentos. También es cierto que una utilización incorrecta puede generar consecuencias reales sobre la salud de los aplicadores, terceros y el ambiente.

Pero si realmente queremos abordar el problema, debemos analizar los distintos contextos productivos.

En Misiones, por ejemplo, existe una problemática histórica vinculada al uso de fitosanitarios en determinadas actividades, particularmente en el sector tabacalero, donde las condiciones de aplicación y exposición merecen especial atención.

El sector forestal presenta una realidad diferente. La provincia cuenta con aproximadamente 400.000 hectáreas de bosques cultivados, y una parte importante de esa superficie se encuentra bajo sistemas de certificación forestal, entre ellos PEFC/CERFOAR y FSC.

En este sector, la utilización de productos fitosanitarios se concentra principalmente durante los primeros tres o cuatro años desde la preparación del terreno para la plantación, dentro de ciclos de rotación que pueden extenderse aproximadamente entre 13 y 15 años. Es decir, que durante gran parte del crecimiento de los árboles no se realizan aplicaciones.

Esto no significa que el sector forestal esté exento de impactos ambientales ni que la certificación sea una garantía absoluta. Significa que existen protocolos, controles y criterios de manejo que permiten reducir y ordenar el uso de estos productos.

Además, el sector forestal es actualmente la actividad productiva de Misiones que ocupa la mayor superficie cultivada, por encima de la yerba mate. Por eso, cualquier decisión sobre el uso de fitosanitarios en nuestra provincia debe contemplar necesariamente su impacto sobre esta actividad, sobre el empleo y sobre la competitividad de las empresas y productores.

El glifosato, como muchos otros productos utilizados en la producción agropecuaria y forestal, es una herramienta. Utilizado correctamente puede contribuir a reducir determinados costos y facilitar labores productivas; utilizado incorrectamente puede generar impactos sobre los aplicadores, terceros y el ambiente.

Por eso, no se trata de hacer apología de su utilización. Tampoco de convertirlo en el responsable de todos los problemas ambientales. Se trata de reconocer que estamos frente a una herramienta tecnológica que debe estar sometida a reglas claras, capacitación, controles y responsabilidad.

También debemos discutir el origen y la historia de esta tecnología. El desarrollo de los herbicidas modernos estuvo fuertemente vinculado al crecimiento de grandes empresas multinacionales y a un modelo de producción agrícola que generó enormes transformaciones económicas y tecnológicas, pero que también recibió fuertes cuestionamientos por sus impactos ambientales, por la concentración empresarial y por sus efectos sobre la soberanía alimentaria y la diversidad genética de las semillas.

No debemos ignorar esa discusión. Pero tampoco debemos permitir que nos impida analizar con racionalidad la realidad concreta de Misiones.

Nuestra condición de provincia de frontera agrega otro elemento que no puede ser ignorado.

Cuando se prohíbe un producto que continúa siendo utilizado legalmente en países vecinos y existe una demanda productiva para utilizarlo, también debemos preguntarnos qué ocurre cuando la prohibición no está acompañada de controles efectivos.

El riesgo es que aparezca un mercado ilegal, sin trazabilidad, sin capacitación, sin control sobre las dosis, sin fiscalización sobre las aplicaciones y, especialmente, sin una correcta gestión de los envases vacíos.

Una política de prohibición que no pueda ser controlada puede terminar generando exactamente el efecto contrario al buscado: mayores riesgos ambientales y sanitarios.

Por eso, antes de tomar decisiones definitivas, necesitamos estudios serios e integrales.

¿Sabemos cuánto empleo podría verse afectado? ¿Cuánto aumentarían los costos de producción? ¿Qué impacto tendría sobre la competitividad de nuestras empresas y productores frente a Brasil, Paraguay y otros mercados? ¿Qué alternativas técnicas existen para cada cultivo? ¿Cuál sería el costo de reemplazar determinadas prácticas? ¿Y qué beneficios ambientales concretos obtendríamos?

Hasta el momento, el debate económico necesita mayor evidencia.

Muchos actores del sector productivo advierten que una prohibición absoluta podría generar aumentos significativos de los costos de producción y afectar la competitividad. Puede que algunas de estas advertencias sean exageradas y puede que otras sean reales.

La única manera responsable de saberlo es estudiarlo.

Prohibir o regular: ese es el verdadero debate.

Creo que debemos abandonar las posiciones extremas.

Misiones ya cuenta con un marco normativo que puede ser una herramienta fundamental para avanzar en este sentido: la Ley XVI N.º 144 de Productos Fitosanitarios y Domisanitarios, que establece mecanismos vinculados con la utilización responsable de estos productos, incluyendo la obligatoriedad de la receta y la intervención de profesionales, junto con la responsabilidad técnica.

El problema, entonces, no es solamente qué dice la ley, sino cómo hacemos para que la ley se cumpla efectivamente en todo el territorio provincial.

Para eso hacen falta recursos. Recursos humanos, técnicos, tecnológicos y económicos que permitan fiscalizar, capacitar, registrar aplicaciones, controlar la comercialización y verificar el cumplimiento de las recetas profesionales.

También es necesario fortalecer los organismos responsables del control y generar mecanismos de trazabilidad que permitan saber qué producto se utiliza, dónde, cuánto, quién lo prescribe y quién lo aplica.

Una política de regulación sin recursos para fiscalizar corre el riesgo de convertirse simplemente en una norma escrita.

Por eso, si realmente queremos proteger la salud y el ambiente, debemos fortalecer la aplicación de la Ley XVI N.º 144 y utilizar todas las herramientas disponibles antes de avanzar hacia prohibiciones que pueden resultar difíciles de controlar.

Necesitamos una política provincial que involucre a profesionales especializados, productores, trabajadores, organismos técnicos y un verdadero organismo de contralor.

Una política que establezca:

• receta agronómica obligatoria y efectiva;

• intervención y responsabilidad de profesionales habilitados;

• capacitación obligatoria para los aplicadores;

• registro y trazabilidad de las aplicaciones;

• protocolos claros de aplicación;

• distancias y condiciones de seguridad;

• correcta gestión de envases vacíos;

• monitoreo de suelo y agua;

• protección de las personas expuestas;

• fortalecimiento presupuestario de los organismos de fiscalización;

• controles efectivos en todo el territorio, especialmente en zonas rurales y de frontera;

• y multas severas y ejemplares para quienes incumplan y provoquen daños a las personas o al ambiente.

Pero esta política no debería terminar ahí.

Promover alternativas, no solamente prohibir

La propia Ley VIII N.º 103 de Promoción de la Producción de Bioinsumos nos brinda una herramienta para avanzar en esa dirección. La norma no solamente establece un marco regulatorio para los bioinsumos, sino que plantea entre sus objetivos promover su desarrollo tecnológico, impulsar su utilización, mejorar la fertilidad del suelo, fortalecer el control biológico de plagas y enfermedades y fomentar técnicas vinculadas con sistemas de producción orgánica.

Por eso, en lugar de pensar únicamente en términos de prohibición, deberíamos poner en valor esa herramienta y darle los recursos necesarios para que pueda cumplir con sus objetivos.

Misiones puede avanzar hacia una producción con menor dependencia de productos sintéticos, pero esa transición debe estar acompañada por investigación, desarrollo tecnológico, capacitación, asistencia técnica, financiamiento e incentivos económicos para productores y empresas que adopten alternativas.

La producción de bioinsumos también puede convertirse en una oportunidad para generar conocimiento, empleo y agregado de valor dentro de nuestra propia provincia. Pero esa oportunidad debe construirse mirando hacia adelante y aprendiendo de las experiencias anteriores.

No podemos reemplazar un modelo de dependencia por otro.

Si vamos a promover los bioinsumos, debemos hacerlo generando las condiciones para que puedan surgir múltiples empresas, emprendimientos y desarrollos tecnológicos, con reglas claras, competencia y transparencia, independientemente de su origen o vinculación con el Estado.

El objetivo debe ser crear un verdadero mercado de bioinsumos, donde diferentes actores puedan investigar, producir, comercializar y competir en igualdad de condiciones.

El Estado debe tener un rol fundamental, pero como promotor, regulador, fiscalizador y generador de conocimiento.

La producción orgánica requiere un esfuerzo adicional. Requiere más manejo, conocimiento, planificación y, muchas veces, mayores costos.

Si como sociedad queremos que ese modelo crezca, no alcanza con prohibir el producto opuesto: hay que incentivar la alternativa.

Podemos pensar en reducciones impositivas significativas para quienes produzcan bajo sistemas certificados, programas de asistencia técnica, financiamiento diferencial, promoción comercial y, fundamentalmente, políticas que ayuden a encontrar mercados dispuestos a pagar por productos diferenciados.

La transición hacia sistemas productivos más sustentables no debería construirse desde la prohibición, sino desde la promoción y la generación de alternativas viables.

En definitiva, no se trata de elegir entre glifosato u orgánico.

Se trata de construir una política productiva que permita reducir progresivamente la dependencia de los productos sintéticos, promover alternativas biológicas y orgánicas y, al mismo tiempo, garantizar que mientras determinadas herramientas continúen siendo necesarias, su utilización se realice bajo las condiciones más estrictas de seguridad, profesionalización y control.

Misiones no necesita una discusión basada en consignas.

Necesita ciencia, profesionales, productores, controles, incentivos y datos.

Y, sobre todo, necesita una política que proteja la salud y el ambiente sin destruir la producción, el empleo y la competitividad de quienes trabajan y producen en nuestra provincia.

Ese debería ser el verdadero debate.

Ing. Ftal. Nicolás Ocampo

Mat. Prof. 302

Presidente de la Asociación Forestal y Ambiental de Misiones

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I. El candidato no cambió; cambió la redacción

Imaginemos dos currículums con la misma experiencia, la misma educación, las mismas competencias y los mismos logros. En uno, el resumen profesional fue escrito por el candidato. En el otro, esas mismas credenciales fueron reformuladas por un modelo de lenguaje. Si un sistema de selección prefiere la segunda versión porque reconoce en ella patrones semejantes a los que él mismo produce, la empresa cree estar comparando candidatos, pero el filtro está comparando estilos.

Ése es el nudo. La calificación profesional permanece constante. Lo único que cambia es la forma de narrarla. Sin embargo, esa diferencia puede alterar el puntaje, el orden de mérito o el acceso a una entrevista. El sistema transforma así una afinidad lingüística que nadie definió como requisito del puesto en una ventaja competitiva oculta.

El problema aparece porque la inteligencia artificial ya puede intervenir en los dos extremos de la selección. Un candidato utiliza un modelo para redactar o mejorar su currículum. La empresa emplea otro para extraer antecedentes, asignar puntajes o recomendar una lista corta. El resultado no depende solamente de la calidad del evaluador. También puede depender de la compatibilidad entre el modelo que escribió y el modelo que juzga. La herramienta elegida por el postulante empieza a influir sobre una decisión que debería referirse a su idoneidad.

Xu, Li y Jiang aislaron experimentalmente ese efecto. Utilizaron un dataset público de 2.484 currículums humanos anteriores a la difusión masiva de la inteligencia artificial generativa. Después de extraer los resúmenes ejecutivos, eliminar artefactos de formato y excluir los casos vacíos o incompletos, obtuvieron una muestra final de 2.245. Para cada candidato conservaron la experiencia, la formación y las competencias, pero reemplazaron el resumen por versiones redactadas por distintos modelos. Luego hicieron que esos mismos modelos actuaran como evaluadores. Varios seleccionaron con mayor frecuencia la versión producida por ellos mismos. En simulaciones correspondientes a 24 ocupaciones, esa preferencia modificó quién ingresaba en la lista corta.[1]

El experimento no demuestra que todas las empresas ni todos los sistemas de seguimiento de candidatos se comporten así. Tampoco observó contrataciones reales: estudió decisiones de modelos dentro de un diseño controlado. Pero precisamente ese control vuelve visible el problema. Si los antecedentes permanecen iguales y cambia la evaluación cuando cambia solamente la redacción, el filtro está reaccionando a algo distinto de la experiencia, la formación o las competencias del postulante. No sabemos todavía con qué frecuencia sucede en el mercado. Sí sabemos que el mecanismo existe y que puede medirse.

Propongo llamar homofilia sintética a esa afinidad funcional. No porque el modelo tenga conciencia, identidad o espíritu de tribu, sino porque el resultado se parece a una preferencia por los propios: el evaluador recompensa las formas lingüísticas de su mismo origen o familia. La categoría no describe una intención de la máquina. Describe un mecanismo institucionalmente relevante: una oportunidad laboral puede depender de la cercanía estadística entre dos sistemas que el candidato quizá ni siquiera conoce.

La pregunta jurídica, entonces, no es si la inteligencia artificial “reconoce a los suyos”. Es otra: ¿puede una empresa excluir a una persona mediante un procedimiento que confunde familiaridad de estilo con idoneidad para el puesto? Y, si eso ocurre, ¿qué debe probar el postulante, qué debe explicar el empleador y qué controles debieron existir antes de usar el filtro?

II. Irregularidad procedimental y discriminación jurídicamente relevante

La respuesta exige evitar dos atajos. El primero sería llamar discriminación a cualquier diferencia de puntaje. El segundo, considerar jurídicamente irrelevante todo sesgo que no mencione de manera expresa una categoría protegida. Entre ambos extremos existe una secuencia que importa distinguir. Un filtro puede ser técnicamente inestable antes de causar un perjuicio; puede causar un perjuicio arbitrario antes de configurar discriminación; y puede convertirse en discriminatorio cuando esa desventaja se conecta con un motivo protegido.

El modelo utilizado para redactar un currículum no constituye, por sí mismo, una categoría protegida. Pero una regla que premie ciertos estilos puede distribuir de manera desigual una oportunidad laboral, favorecer a quienes acceden a determinados sistemas o funcionar como proxy de nacionalidad, edad, discapacidad, condición social u otras características jurídicamente relevantes. La falta de intención explícita no resuelve esa cuestión.

Conviene separar tres niveles.

El primero es la inconsistencia técnica. El sistema modifica el resultado ante cambios de redacción que no alteran los antecedentes. Esto puede revelar falta de confiabilidad, aunque no produzca un perjuicio individual.

El segundo es la injusticia procedimental. La inconsistencia interviene en una decisión real y perjudica a un postulante por una característica de la representación que no había sido definida como requisito del cargo. Aquí existe una razón seria para impugnar el procedimiento, aunque todavía no se haya establecido un motivo discriminatorio protegido.

El tercero es la discriminación jurídicamente relevante. La regla, aparentemente neutral, perjudica a una persona o grupo por un motivo alcanzado por la Constitución, los tratados o la legislación aplicable. El vínculo puede ser directo, cuando el sistema utiliza la categoría, o indirecto, cuando una variable de estilo, acceso o procedencia funciona como proxy y produce una desventaja conectada con sexo, nacionalidad, edad, discapacidad, condición social u otro motivo protegido.

La homofilia sintética no es una nueva categoría jurídica autónoma. Es un posible mecanismo causal o probatorio. Puede explicar cómo una práctica neutral en su formulación produce un resultado desigual, pero la calificación jurídica exige reconstruir el perjuicio, el motivo protegido, la comparabilidad y la ausencia de una justificación objetiva vinculada con el empleo.

III. El marco argentino protege también el acceso al empleo

El punto de partida constitucional está en los artículos 16 y 14 bis de la Constitución Nacional, leídos junto con los instrumentos internacionales incorporados por el artículo 75, inciso 22. En el plano laboral internacional, el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo define la discriminación en materia de empleo y ocupación y comprende el acceso a la formación profesional, la admisión en el empleo y las condiciones de trabajo. Argentina lo ratificó en 1968 y continúa en vigor.[2]

La Ley de Contrato de Trabajo contiene dos reglas relevantes. El artículo 17 prohíbe cualquier discriminación entre trabajadores por motivos de sexo, raza, nacionalidad, religión, política, actividad gremial o edad. El artículo 81 exige igualdad de trato en identidad de situaciones y admite diferencias sustentadas en razones objetivas, como mayor eficacia, laboriosidad o contracción a las tareas.[3]

Sin embargo, el tenor literal de ambas disposiciones se refiere a “trabajadores” y al trato dispensado por el empleador. Su aplicación directa a quien todavía no celebró un contrato merece un análisis cuidadoso. La protección del postulante se apoya con mayor claridad en la garantía constitucional de igualdad, el Convenio 111, la Ley 23.592 y la doctrina de la Corte Suprema sobre discriminación en el acceso al empleo

El artículo 1 de la Ley 23.592 obliga a dejar sin efecto o hacer cesar el acto discriminatorio y a reparar el daño moral y material cuando alguien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o menoscabe el ejercicio igualitario de derechos fundamentales. La enumeración de motivos utiliza la fórmula “tales como”, por lo que no está redactada como un catálogo cerrado. Ello no convierte cualquier decisión injusta en discriminatoria: continúa siendo necesario acreditar un menoscabo arbitrario relacionado con un motivo jurídicamente relevante.[4]

En Sisnero, la Corte Suprema examinó directamente la imposibilidad de una mujer de acceder a un puesto de chofer pese a reunir los requisitos de idoneidad. El Tribunal encuadró la controversia en el derecho a elegir libremente una profesión o empleo y a no ser discriminado por género durante el proceso de selección. También cuestionó que las empresas hubieran respondido con explicaciones dogmáticas sin destruir los indicios surgidos de la prueba.[5]

Ese precedente impide reducir la igualdad laboral al período posterior a la contratación. También muestra por qué un sistema automatizado no puede ser evaluado únicamente por la neutralidad formal de sus instrucciones. Si el patrón de resultados y las circunstancias del proceso aportan indicios suficientes de un impacto discriminatorio, la empresa deberá ofrecer una explicación objetiva y respaldada por evidencia.

IV. La intención no es presupuesto necesario, pero el impacto tampoco basta

La discriminación algorítmica suele describirse como “discriminación sin intención”. La fórmula es útil para mostrar que un sistema puede distribuir oportunidades de manera desigual sin que exista una orden humana dirigida a excluir. Jurídicamente debe utilizarse con precisión.

En Pellicori, la Corte Suprema estableció que, cuando la parte actora acredita hechos prima facie idóneos para inducir la existencia de discriminación, corresponde al demandado demostrar que el acto tuvo un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. No se elimina la carga inicial del reclamante ni se presume discriminación ante cualquier diferencia. Se adapta la prueba a una conducta que normalmente no deja evidencia directa de su motivación.[6]

En Sisnero, la Corte aplicó ese estándar probatorio a una controversia sobre acceso al empleo. Para una controversia algorítmica, y ya como aplicación propuesta a un supuesto distinto, los indicios podrían incluir diferencias persistentes entre grupos comparables, sensibilidad del resultado ante transformaciones irrelevantes del currículum, ausencia de una rúbrica previa, falta de validación para el puesto o explicaciones contradictorias sobre el funcionamiento del filtro.

Un resultado estadístico aislado no determina automáticamente la responsabilidad. Deben examinarse la calidad de los datos, el universo comparado, la magnitud y persistencia de la diferencia, las exigencias reales del cargo y las alternativas explicativas. La empresa, por su parte, no debería satisfacer su carga con la afirmación genérica de que “decidió el algoritmo” o que el proveedor no utiliza categorías sensibles. Necesitará mostrar qué variables intervinieron, por qué eran pertinentes y qué controles se aplicaron.

V. Currículums, perfiles y protección de datos personales

Un currículum contiene información referida a una persona determinada o determinable y, por tanto, datos personales en los términos de la Ley 25.326. Cuando los currículums y perfiles integran un conjunto organizado y son objeto de operaciones de recolección, extracción, comparación o conservación, existe tratamiento de datos y puede configurarse una base alcanzada por la ley. El análisis debe abarcar la calidad y pertinencia de los datos, el deber de información, el consentimiento o la excepción aplicable, las cesiones o prestaciones por terceros, la seguridad y los derechos de acceso, rectificación o supresión.[7]

El artículo 4 exige que los datos sean ciertos, adecuados, pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad para la que fueron obtenidos. Una inferencia producida por IA, como “capacidad de liderazgo”, “ajuste cultural” o “claridad”, no debería confundirse con un dato aportado por el postulante. Es una valoración derivada, cuya exactitud y pertinencia necesitan justificación.

El artículo 20 dispone que las decisiones judiciales o los actos administrativos que valoren conductas humanas no pueden tener como único fundamento un perfil informatizado. Su texto se refiere al poder público. No establece por sí solo una prohibición general equivalente para toda selección privada. Extenderlo sin aclarar esa limitación sería incorrecto.[8]

Existe una pauta administrativa más amplia. La Resolución 4/2019 de la Agencia de Acceso a la Información Pública aprobó criterios orientadores e indicadores de mejores prácticas para la aplicación de la Ley 25.326. Su artículo 1 dispone que son de observancia obligatoria para los sujetos alcanzados por esa ley. El Criterio 2 de su Anexo I establece que, frente a decisiones basadas únicamente en tratamiento automatizado que produzcan efectos jurídicos perniciosos o afecten significativamente de manera negativa, el titular podrá solicitar al responsable una explicación sobre la lógica aplicada, de conformidad con el artículo 15, inciso 1, de la Ley 25.326.[9]

La resolución no equivale a una reforma legislativa ni resuelve todas las dudas sobre el encuadre de una relación precontractual privada. Tampoco consagra expresamente, en ese apartado, un derecho a revisión humana. Sí fija el criterio interpretativo de la autoridad de aplicación sobre explicación de la lógica aplicada cuando concurren sus presupuestos.

Como propuesta de gobernanza, la revisión humana debe ser sustancial. Si una persona se limita a confirmar el orden producido por el modelo sin acceso a los antecedentes, a la rúbrica y a las razones de inestabilidad, la intervención puede ser formal y no una salvaguarda real. Esta recomendación no se atribuye al texto de la Resolución 4/2019.

VI. Atribución de la decisión: empleador y proveedor

La contratación de un proveedor de IA no excluye por sí sola la eventual responsabilidad de la empresa que define el puesto y utiliza la recomendación para admitir o excluir candidatos. Su atribución dependerá del régimen invocado, los hechos, el control efectivo y la intervención de cada sujeto. El proveedor puede diseñar el modelo, alojar datos o establecer parámetros por defecto, mientras que el empleador suele determinar la finalidad del proceso, decidir si automatiza y atribuir consecuencias al resultado.

Esto no significa que el proveedor carezca siempre de responsabilidad. Puede haber incumplimientos contractuales, infracciones al régimen de datos, información técnica engañosa o defectos en el servicio. La distribución concreta dependerá del contrato, del control efectivo, de las representaciones efectuadas y de la causa del daño. Lo imprudente sería convertir la tercerización en una defensa automática frente al postulante.

La empresa tampoco debería contratar un sistema cuya arquitectura le impida explicar o auditar decisiones que utilizará para excluir personas. La opacidad comercial puede limitar la divulgación pública de secretos técnicos, pero no elimina la necesidad de conservar evidencia suficiente para una revisión interna, administrativa o judicial.

Un contrato prudente debería contemplar documentación del modelo y sus versiones, finalidad autorizada, categorías de datos, métricas de validación, registro de cambios, conservación de logs, asistencia frente a derechos de los titulares, notificación de incidentes, auditorías, subcontratistas, cooperación probatoria y terminación cuando el proveedor no pueda demostrar controles mínimos.

VII. La prueba que falta: invariancia frente a la procedencia generativa

Los controles tradicionales comparan tasas de selección entre grupos protegidos. Ese análisis sigue siendo indispensable, pero puede no detectar una preferencia relacional entre generador y evaluador. Dos modelos pueden mostrar tasas agregadas semejantes y, al mismo tiempo, favorecer sistemáticamente las formas de redacción que cada uno produce.

Para ese problema propongo un estándar complementario: invariancia frente a la procedencia generativa. La prueba conserva experiencia, fechas, formación, responsabilidades, competencias y resultados. Luego genera versiones equivalentes mediante redacción humana, diferentes familias de modelos y convenciones lingüísticas diversas. El evaluador procesa esas variantes sin conocer su procedencia.

La pregunta es si la puntuación, el orden o la recomendación cambia materialmente cuando solamente cambia el modo de expresar los mismos antecedentes.

No se trata de una obligación legal expresamente formulada hoy bajo ese nombre. Es una propuesta de diligencia y gobernanza derivada de deberes existentes: pertinencia respecto del puesto, igualdad, explicabilidad, validación y capacidad de demostrar una justificación objetiva.

Tampoco exige ignorar toda diferencia de lenguaje. La comunicación puede ser una competencia genuina para un abogado, periodista, vendedor o redactor. En esos casos, la empresa debería definirla antes de evaluar candidatos, describir cómo se mide y demostrar que el criterio guarda relación con tareas reales. Lo que debe evitarse es que la semejanza con el estilo del proveedor opere como sustituto inadvertido de la capacidad profesional.

VIII. Un estándar operativo de cumplimiento

Como estándar de diligencia y preparación probatoria, una organización que utilice IA para seleccionar personal debería procurar documentar, como mínimo:

• Finalidad y necesidad: qué decisión asiste el sistema y por qué la automatización es adecuada.
• Rúbrica previa: antecedentes y competencias vinculados con el puesto, definidos antes de observar candidatos.
• Separación entre evidencia e inferencia: datos aportados, datos verificados y valoraciones producidas por el modelo.
• Validación contextual: pruebas para la ocupación, idioma y población en que será utilizado.
• Auditoría de impacto: comparación de tasas y errores entre grupos protegidos cuando los datos sean lícitos y adecuados.
• Prueba contrafáctica: invariancia frente a versiones equivalentes y modelos de distinto origen.
• Trazabilidad: versión del modelo, rúbrica, entradas relevantes, resultados, cambios y decisiones humanas.
• Información y derechos: comunicación comprensible de la automatización decisiva y vías de acceso, corrección e impugnación.
• Abstención y revisión: suspensión de la recomendación cuando sea inestable o falte evidencia.
• Gobernanza del proveedor: documentación, auditoría, cooperación y mecanismos de salida.

Ningún punto garantiza por sí solo la licitud. El valor del conjunto está en que transforma una promesa abstracta de imparcialidad en evidencia verificable.

IX. Derecho comparado: referencia, no derecho argentino

El Reglamento de Inteligencia Artificial de la Unión Europea clasifica como de alto riesgo, con las condiciones y excepciones del artículo 6, ciertos sistemas destinados al reclutamiento y selección, especialmente los utilizados para publicar anuncios, filtrar solicitudes y evaluar candidatos. Su aplicación es escalonada. La fecha general prevista por el artículo 113 es el 2 de agosto de 2026, mientras que otras disposiciones tienen fechas diferentes. La exigibilidad concreta debe analizarse según la obligación y el rol de proveedor, responsable del despliegue, importador o distribuidor. El régimen de alto riesgo comprende requisitos del sistema y obligaciones diferenciadas relativas, entre otros elementos, a gestión de riesgos, gobernanza de datos, documentación técnica, registros, información, supervisión humana, precisión, robustez y ciberseguridad.[10]

Estas obligaciones no deben presentarse como derecho vigente argentino. Pueden funcionar como referencia de diligencia para organizaciones internacionales, contratos con proveedores y programas internos. Su utilidad radica en mostrar que la selección algorítmica ya es tratada regulatoriamente como una actividad capaz de afectar significativamente el acceso al trabajo.

X. Conclusión

El riesgo de que un modelo favorezca textos semejantes a los que él mismo produce no crea, por sí solo, una nueva categoría de discriminación. Revela un mecanismo que puede volver inestable la selección y, bajo determinadas condiciones, transmitir o amplificar desigualdades jurídicamente protegidas.

La ausencia de intención humana explícita no convierte el resultado en jurídicamente neutro. Tampoco todo desvío estadístico prueba discriminación. El análisis exige identificar antecedentes equivalentes, perjuicio, motivo protegido, indicios, justificación vinculada con el puesto y control efectivo de la organización sobre el proceso.

Para el empleador, el punto decisivo es probatorio. Si una herramienta interviene en el rechazo de una candidatura, la empresa debería estar en condiciones de demostrar qué evaluó, por qué era pertinente y si el resultado se mantiene cuando sólo cambia la redacción. Si no puede hacerlo, la complejidad del proveedor deja de ser una ventaja operativa y se convierte en un riesgo jurídico.

La pregunta regulatoria no es qué “siente” el algoritmo ni si pertenece a una tribu. Es si quienes delegan en él una decisión sobre oportunidades pueden probar que evaluó idoneidad y no familiaridad.

Nota de alcance

Análisis doctrinario general basado en fuentes públicas consultadas al 24 de agosto de 2026. No constituye asesoramiento para un caso determinado. La aplicación de las normas depende de los hechos, la prueba y la jurisdicción. “Homofilia sintética” e “invariancia frente a la procedencia generativa” son propuestas analíticas, no categorías de la legislación vigente.

Citas

[1] Jiannan Xu, Gujie Li y Jane Yi Jiang, “AI Self-preferencing in Algorithmic Hiring: Empirical Evidence and Insights”, preprint, arXiv:2509.00462v4, 6 de junio de 2026, especialmente sección 4.1. La página de arXiv informa aceptación como contribución no archivística en EAAMO 2025 y AIES 2025; esa referencia no se presenta aquí como publicación de revista arbitrada. Véase también Ignacio Adrián Lerer, Discrimination Without Intent in Generator-Evaluator Systems, Zenodo, 2026, DOI: 10.5281/zenodo.22087043.

[2] Convenio 111 de la OIT sobre discriminación en el empleo y la ocupación, ratificado por Argentina el 18 de junio de 1968: texto e información de ratificación.

[3] Ley 20.744 de Contrato de Trabajo, texto actualizado, arts. 17 y 81: Argentina.gob.ar.

[4] Ley 23.592, art. 1: Argentina.gob.ar.

[5] CSJN, Sisnero, Mirtha Graciela y otros c/ Taldelva SRL y otros s/ amparo, 20 de mayo de 2014, Fallos 337:611: reseña oficial.

[6] CSJN, Pellicori, Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ amparo, 15 de noviembre de 2011, Fallos 334:1387: sentencia oficial.

[7] Ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, especialmente arts. 2, 4 a 6, 9, 11 y 14 a 16: texto actualizado.

[8] Ley 25.326, art. 20, sobre decisiones judiciales y actos administrativos basados exclusivamente en perfiles informatizados.

[9] Agencia de Acceso a la Información Pública, Resolución 4/2019, art. 1, y Anexo I, Criterio 2, “Tratamiento automatizado de datos”: texto oficial y archivo anexo.

[10] Reglamento (UE) 2024/1689, arts. 6, 9 a 15, 16, 26 y 113, y Anexo III, punto 4: EUR-Lex.

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Los bosques son la salvaguarda de la humanidad. Y, como expresa una reflexión inspirada en Séneca: “Siempre hay buenos vientos para aquel que sabe hacia dónde va”. 

Cada 16 de agosto, los Ingenieros e Ingenieras Forestales argentinos celebramos nuestra profesión y conmemoramos una fecha que forma parte de la historia de las Ciencias Forestales de nuestro país.

El 16 de agosto de 1963, Aníbal Dalmacio Costa y Héctor Rodolfo Reuter se convirtieron en los primeros Ingenieros Forestales graduados de una universidad argentina, en la entonces Facultad de Ingeniería Forestal de Santiago del Estero, por entonces dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba. Ese mismo año, el 10 de septiembre, Olga Marsiglia obtenía su título y se convertía en la primera mujer Ingeniera Forestal de Argentina y Latinoamérica.

Son ya más de seis décadas de ejercicio profesional y 68 años de institucionalidad académica forestal universitaria en la Argentina. Una historia que tiene una de sus bases fundacionales en Santiago del Estero, con la creación en 1958 de la primera Facultad de Ingeniería Forestal del país, y que posteriormente se expandió hacia distintas regiones forestales.

Entre ellas se encuentra nuestra querida Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM, en Eldorado, cuya historia comenzó en 1974 con la creación de la Escuela de Ingeniería Forestal, que inició sus actividades académicas en 1975 y que en diciembre de 1980 se constituyó formalmente como Facultad de Ciencias Forestales. Desde entonces, ha formado generaciones de profesionales comprometidos con los bosques, la ciencia y el desarrollo regional.

Esta trayectoria no es solamente motivo de celebración. También es una responsabilidad.

La ciencia forestal

“Gracias a la ciencia forestal tenemos historia y cultura”, dijo el Dr. Ing. Ftal. Víctor Resco de Dios en la Conferencia – Webinar: “Innovar para Resistir: Ciencia Forestal para la Adaptación de los Bosques a la Crisis Ambiental Global” – InFoPro/CoIForM/FAIF/CPIA – (3/04/2024).

La Ciencia Forestal, con más de dos siglos de desarrollo moderno, nació vinculada a una preocupación que hoy adquiere una vigencia extraordinaria: cómo utilizar los recursos forestales sin comprometer su continuidad y su capacidad de brindar bienes y servicios a las generaciones futuras.

La CIENCIA FORESTAL, conceptualmente, es el estudio científico de los árboles y los bosques en cuanto a sus características distintivas, formación, manejo, reproducción y aprovechamiento de sus productos; teniendo su origen en la Europa Sajona, hace más de dos siglos buscando la sostenibilidad de los bosques como recurso energético (la devastación que sufrían los bosques, por ese tiempo, provocó la aparición de la enseñanza de la silvicultura), a finales del siglo XVIII y principios del XIX, cuando se consolidó en su acepción moderna.

El principio de la SOSTENIBILDAD nace con la CIENCIA FORESTAL

La Dasonomía nos enseñó —y nos sigue enseñando— que producir, conservar y utilizar los bosques no son necesariamente objetivos contrapuestos cuando existen conocimiento científico, planificación, ordenación, silvicultura y una visión integral del territorio.

Esto último hace que la Ciencia Forestal se desenvuelva dentro de una visión de intereses y objetivos mucha más amplia, compleja e integral del funcionamiento del bosque, con una clara conciencia del futuro sobre el rol que los mismos tienen en las distintas regiones del planeta, del continente y, en particular, de nuestro País y en sus diferentes ecosistemas forestales.

La DASONOMIA es sinónimo de CIENCIA FORESTAL, es un neologismo creado del griego: “dasos” bosque, “nomos” ley y el sufijo “ía” cualidad, lo que significa literalmente “leyes que rigen la cualidad el bosque”.

Conceptualmente: es el conjunto de disciplinas que estudian los bosques respecto de su formación, manejo, reproducción y aprovechamiento, buscando la máxima renta del capital forestal en calidad y cantidad, pero garantizando su perpetuidad. Se aplican a los complejos suelo – vuelo forestal: nativos o implantados, y a sus ambientes bio-ecológicos para la máxima producción y conservación de bienes y servicios (ecosistémicos) con un sentido universal, integral y de permanencia en el tiempo.

El rol de los profesionales

Hoy, el rol del Ingeniero y de la Ingeniera Forestal trasciende ampliamente la producción de madera. Somos profesionales que actuamos en la interfaz entre la ciencia, el territorio y la sociedad, interviniendo en bosques nativos, plantaciones forestales y arbolado urbano; cuencas hidrográficas; biodiversidad; servicios ecosistémicos; restauración; bioeconomía; industrias forestales y estrategias de adaptación y mitigación frente al cambio climático.

Los desafíos son enormes: fortalecer la conciencia y la cultura forestal; prevenir y gestionar los incendios; conservar la biodiversidad; restaurar ecosistemas; promover la gestión forestal sostenible; desarrollar mecanismos de financiamiento y mercados vinculados a los servicios ecosistémicos y al carbono; impulsar la bioeconomía circular; ordenar las cuencas hidrográficas y avanzar hacia un modelo forestal basado en la coexistencia, la cooperación y la articulación entre productores, industriales, profesionales, universidades, organismos públicos y privados e instituciones de investigación y desarrollo.

Necesitamos una mirada integral del paisaje, donde producción, conservación y preservación puedan convivir bajo criterios de planificación, responsabilidad, conocimiento científico y sostenibilidad.

Porque los bosques no son solamente una fuente de bienes. Son proveedores de servicios esenciales para la vida, el ambiente, el bienestar y progreso de las generaciones presentes y futuras.

Ocupados por nuestro futuro

El Ing. Orlando D’Adamo, en una conferencia pronunciada el 11 de abril de 1949 en el Colegio de Ingeniería de Buenos Aires, expresaba que los forestales son de los pocos hombres —agregaría: y mujeres— que viven ocupados en el futuro más que en el presente y el pasado. (Fuente: H. Martín Gartland, Política y Legislación Forestales).

Esa definición conserva una enorme vigencia.

Quienes abrazamos la profesión forestal estamos preocupados y, al mismo tiempo, profundamente ocupados por el futuro común. En la génesis de nuestra profesión existe una particular manera de mirar el tiempo: pensar, planificar plurianualmente y construir.

Construir un futuro verde, saludable y resiliente con los bosques significa pensar mucho más allá de los ciclos políticos y de las urgencias coyunturales. Significa comprender que los bosques vivos son una garantía para el futuro de nuestros pueblos, como lo afirman los colegas españoles, y que en ellos se encuentran valores ambientales, económicos, sociales y culturales esenciales para el bienestar, progreso y la calidad de vida de la humanidad.

Esa garantía no se logra solamente conservando. Tampoco solamente produciendo.

Se logra mediante conocimiento, planificación, gestión, ordenación, silvicultura, conservación y uso sostenible, de acuerdo con las características y objetivos de cada ecosistema y territorio. Y allí el trabajo profesional de los Ingenieros e Ingenieras Forestales resulta estratégicamente relevante, complementándose con el aporte de nuestros colegas de las industrias forestales y de la madera.

Son tiempos de asumir mayores roles protagónicos y mayores compromisos, muchos de los cuales van más allá de lo estrictamente técnico.

ORDENACIÓN FORESTAL, CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN Y PODUCCIÓN

Los profesionales de la Ingeniería Forestal necesitamos certezas sobre qué rol queremos asignar a los bosques argentinos durante los próximos decenios.

Necesitamos definir qué pretendemos territorialmente y como paisaje para cada una de nuestras regiones forestales, con una visión de largo plazo que contemple la persistencia de los ecosistemas, su resiliencia, su capacidad de adaptación al cambio climático y los múltiples bienes y servicios que proporcionan.

Y necesitamos discutir y consensuar qué modelo de desarrollo forestal sostenible queremos alcanzar en cada ecorregión.

Se trata de un debate técnico, académico y también político, que debe involucrar a gobiernos, propietarios, pueblos originarios, comunidades locales, sociedad civil, universidades, científicos, técnicos, productores, industriales y demás actores vinculados al territorio.

Un debate que va más allá de las normas vigentes, aunque estas deben sostenerse y fortalecerse en su implementación, con instituciones capaces de hacerlas cumplir y con un claro y definido norte político, sustento indispensable para la formulación y ejecución de una política forestal de Estado.

En este marco, la ordenación forestal recupera toda su importancia.

El Ing. de Montes Enrique Mackay Monteverde (1876-1974), referente histórico de la ordenación forestal española, expresó que “ordenar un monte es organizarlo conforme a las leyes económicas, sin infringir las biológicas que la investigación selvícola y la epidometría revelan”.

La idea central continúa siendo extraordinariamente actual: administrar el bosque dentro de sus límites biológicos, ecológicos, dasonómicos, territoriales, económicos y socio-culturales, con planificación y visión de largo plazo.

La ordenación forestal debe orientarse a garantizar la persistencia del ecosistema y de su capacidad productiva, prever los aprovechamientos y optimizar los beneficios que pueden obtenerse del bosque, sin comprometer su continuidad.

Por eso, la ordenación forestal de los bosques nativos debe constituir un desafío permanente de la Ciencia Forestal y de nuestra profesión.

Los bosques son mucho más que producción maderera. Eso nadie debería cuestionarlo. Pero también debemos ser conscientes de que la silvicultura y la gestión forestal sostenible, cuando resultan técnica y ecológicamente apropiadas, son herramientas fundamentales para garantizar la persistencia de los bosques y su utilización responsable en el tiempo.

La sostenibilidad es multidimensional. Incluye dimensiones biológicas, ecológicas, dasonómicas, territoriales, económicas y socio-culturales.

El verdadero desafío consiste en equilibrarlas: conservar biodiversidad y salud ecosistémica; mantener la capacidad de producción; generar beneficios económicos sostenibles; reconocer valores culturales y sociales; garantizar participación; y asegurar múltiples beneficios —madera, agua, suelo, alimentos, energía, cultura, recreación, regulación ambiental y otros servicios ecosistémicos— para las generaciones presentes y futuras.

LA CIENCIA FORESTAL ARGENTINA FRENTE AL DESAFÍO DE LA INNOVACIÓN

Uno de los grandes desafíos de la Ciencia Forestal Argentina es responder una pregunta estratégica: ¿Cómo conservamos y garantizamos técnicamente la persistencia y sostenibilidad de nuestros bosques frente a la crisis global?

El desafío también alcanza a la implementación de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, que requiere instituciones públicas fortalecidas, capacidades técnicas y los recursos presupuestarios necesarios.

Pero existe una cuestión que debemos abordar con mayor profundidad: cómo gestionar sosteniblemente los distintos tipos de bosques y territorios contemplados por la normativa, particularmente en aquellos donde se permiten modalidades de aprovechamiento sostenible o, según la zonificación y las evaluaciones correspondientes, procesos de transformación.

No existe un único modelo silvicultural para todos los ecosistemas forestales argentinos.

Cada región requiere conocimiento específico.

Necesitamos saber cómo crecen nuestros bosques, cómo se regeneran, cómo responden a las intervenciones particulares, cómo evolucionan sus estructuras, cuáles son sus límites ecológicos, dasonómicos y productivos y cómo interactúan las dimensiones ambientales, económicas y socio-culturales.

Por eso debemos decirlo con claridad:“Sin investigación e innovación silvícola, nacional y jurisdiccional, no hay ordenación forestal técnicamente sólida que pueda garantizar la persistencia y sostenibilidad de nuestros bosques.”  (H. Martín Gartland).

“La silvicultura debe ser un derecho esencial del hombre pues, además de cumplir una función primordial proveedora, incorpora un principio fundamental: el de conservación y mejora de los recursos naturales sobre los que se sustenta.” (…) “La silvicultura sostenible crea empleos sostenibles.”

Aquí se encuentra uno de los grandes desafíos y, al mismo tiempo, una de las grandes oportunidades de la Ciencia Forestal.

La investigación académico-científica, la innovación y el desarrollo, la transferencia tecnológica y el extensionismo deben ocupar un lugar central en la agenda forestal argentina.

El siglo XXI demandará cada vez más productos forestales madereros y no madereros, biomateriales, bioenergía y servicios ecosistémicos.

La Ciencia Forestal, con una trayectoria de más de dos siglos, tiene conocimientos y capacidades para estar a la altura de esas circunstancias. Pero deberá profundizar su capacidad de innovar, anticiparse y ofrecer respuestas a problemas cada vez más complejos.

BOSQUES Y BIOECONOMÍA: UNA OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA

También debemos trabajar fuertemente, desde la política forestal, para comunicar una idea que considero fundamental:“La aspiración a una bioeconomía global baja en emisiones puede ser plenamente compatible con una estrategia positiva de conservación de los bosques cuando se sustenta en su gestión sostenible, en salvaguardas ambientales, conocimiento científico, planificación y control.”

No se trata de contraponer producción y conservación. Se trata de comprender que una bioeconomía forestal responsable necesita bosques gestionados de manera sostenible. Los forestales sabemos lo que implica gestionar nuestros bosques.

La bioeconomía circular puede convertirse en una herramienta transformadora de nuestro sistema económico, generando valor agregado, empleo, innovación y desarrollo territorial sostenible.

Pero para ello necesitamos un modelo económico que valore adecuadamente los bosques nativos, implantados y urbanos, incentive la inversión sostenible en paisajes, fortalezca las cadenas de valor y promueva el crecimiento y el desarrollo regional.

La industrialización forestal integrada debe formar parte de esta estrategia.

No podemos limitarnos a producir materia prima. Necesitamos generar mayor valor agregado, innovación, empleo de calidad y desarrollo tecnológico, integrando producción forestal, industria, investigación y desarrollo territorial.

HACIA UN PACTO SOSTENIBLE CON LOS BOSQUES 2050

Ante este escenario, considero estratégicamente necesario y oportuno propiciar un:PACTO SOSTENIBLE CON LOS BOSQUES 2050.No como una consigna más, sino como una visión estratégica de largo plazo para la política forestal argentina.

Un pacto que permita construir certezas sobre el rol de los bosques en nuestro desarrollo y que articule preservación, conservación, producción, ciencia, industria, territorio, bienestar y progreso social.

Un pacto para alcanzar bosques resilientes, económicamente viables, ecológicamente diversos, ambientalmente sostenibles, socialmente inclusivos y culturalmente respetuosos, poniendo especialmente en valor a los pueblos originarios y a las comunidades vinculadas a los territorios forestales.

Un pacto que tenga entre sus pilares: a) la persistencia y sostenibilidad de los bosques; b) la gestión forestal sostenible; c) la conservación de la biodiversidad; d) la adaptación y mitigación frente al cambio climático; e) la ordenación forestal; f) la investigación y la innovación; g) la bioeconomía circular; h) la industrialización forestal integrada; i) la generación de empleo y valor agregado; y j) el desarrollo territorial sostenible.Y que sea, fundamentalmente, un compromiso intergeneracional.

Una hoja de ruta que trascienda gobiernos y coyunturas, construida mediante participación, conocimiento científico, diálogo y consensos entre los actores públicos, privados, académicos, productivos, sociales, étnicos y territoriales.

GOBERNANZA, DIÁLOGO Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Para avanzar necesitamos fortalecer el diálogo permanente, abierto, plural, respetuoso y tolerante, entre colegas y con los distintos actores políticos, institucionales, académico-científicos, técnico-productivos, empresariales y sindicales del sector.

Necesitamos generar espacios de debate participativos, amplios, plurales y democráticos. Necesitamos fortalecer nuestro espíritu de cuerpo profesional.

Necesitamos propiciar los consensos necesarios para unificar, fortalecer y jerarquizar la política y la institucionalidad forestal nacional.

Y necesitamos, particularmente en nuestras regiones, construir una verdadera Alianza Forestal Público-Privada para un desarrollo foresto-industrial sostenible, basada en la cooperación, la complementariedad y la confianza entre los actores sectoriales.

La gobernanza forestal debe permitir precisamente eso: que las decisiones sobre los bosques sean construidas y ejecutadas con participación, transparencia, conocimiento y responsabilidad.

Es un gran reto.Pero también es una oportunidad histórica.

REVALORIZAR LA PROFESIÓN ES PENSAR EN EL FUTURO

 “El futuro de los bosques es también el futuro de la educación forestal” – Dr. Ing. Ftal. Francisco A. Carabelli – Ex Decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco.

Revalorizar la Ingeniería Forestal significa reconocer que el futuro de nuestros bosques está estrechamente ligado al futuro de la educación, la investigación, la innovación, la gestión, la ordenación forestal y la formación de nuevas generaciones de profesionales.

La visión forestal es necesariamente de largo plazo. Implica pensar más allá de 2030, implica pensar en 2050. Implica garantizar la persistencia de los ecosistemas forestales, promover su uso sostenible, conservar sus servicios ecosistémicos, fortalecer las economías regionales, generar empleo y valor agregado, integrar producción y conservación, y asegurar que las decisiones que tomemos hoy no comprometan las posibilidades de las generaciones futuras.

Ese es nuestro desafío.Y también nuestra enorme oportunidad.

En este Día del Ingeniero/a Forestal Argentino/a, mi reconocimiento y especial saludo a todos los Ingenieros e Ingenieras Forestales que, desde distintos ámbitos y territorios, aportan conocimiento, compromiso y trabajo para construir un desarrollo forestal sostenible.

Sigamos fortaleciendo la Ciencia Forestal; sigamos jerarquizando nuestra profesión; sigamos defendiendo el valor estratégico de nuestros bosques.Y construyamos los consensos necesarios para que ocupen el lugar que merecen en el desarrollo sostenible de nuestro país y, particularmente, en cada una de sus regiones forestales.

Porque, como decía D’Adamo, los forestales somos profesionales ocupados por el futuro.Y si algo nos enseña nuestra profesión es que ese futuro no se improvisa.Se piensa, se planifica, se investiga, se gestiona y se construye.

Plantamos, manejamos, conservamos, investigamos, ordenamos y transformamos pensando en quienes vendrán después de nosotros.Ese es, quizás, uno de los mayores valores de la Ingeniería Forestal: trabajar hoy para garantizar los bosques del mañana.

Fortaleciendo el diálogo, construyendo consensos, jerarquizando la profesión, impulsando una política forestal de Estado y trabajando por un futuro forestalmente sostenible.

UN RECONOCIMIENTO ESPECIAL A QUIENES DEJARON HUELLA

En este Día del Ingeniero/a Forestal Argentino/a, quiero también detenerme especialmente para expresar mi reconocimiento público, gratitud y afecto a tres profesores que dejaron una huella profunda en mi formación y, estoy seguro, en la de numerosas generaciones de Ingenieros e Ingenieras Forestales: H. Martín Gartland, Raúl A. González y Juan Carlos Kozarik (en su memoria).

Tres maestros que, desde distintos saberes, experiencias y maneras de enseñar, contribuyeron a formar profesionales, pero también a transmitir una manera de comprender y valorar la Ciencia Forestal, el territorio y la responsabilidad que implica trabajar en equipos con los bosques.

Sus enseñanzas trascendieron las aulas y los contenidos académicos. Fueron parte de una formación que nos permitió comprender que ser Ingeniero Forestal no consiste solamente en adquirir conocimientos técnicos, sino también en aprender a observar, pensar, planificar, investigar, tomar decisiones y asumir responsabilidades frente al presente y, especialmente, frente al futuro.

A ellos, mi reconocimiento y profundo agradecimiento por el conocimiento compartido, por la dedicación, por las enseñanzas y, fundamentalmente, por la huella que dejaron en quienes tuvimos el privilegio de ser sus alumnos.

Los buenos maestros permanecen en sus discípulos mucho después de haber terminado una clase. Sus ideas, sus ejemplos y sus valores continúan acompañando nuestro ejercicio profesional y, de alguna manera, siguen presentes cada vez que enseñamos, investigamos, gestionamos, ordenamos, conservamos o trabajamos por nuestros bosques.

Gracias, profesores Gartland, González y Kozarik, por haber sido parte de ese camino y por haber contribuido, desde la docencia y el ejemplo, a construir la Ingeniería Forestal en nuestra región que hoy celebramos y que tenemos la responsabilidad de seguir fortaleciendo.

En tiempos en los que hablamos de futuro, innovación y nuevas generaciones, también es justo mirar hacia atrás y reconocer a quienes ayudaron a construir los cimientos sobre los cuales seguimos avanzando.Porque ninguna profesión se construye solamente con instituciones, normas y conocimientos.

También se construye con maestros que dejan huellas. Y en estos 36 años de ingeniero forestal, sin dudas, H. Martín Gartland, Raúl A. González y Juan Carlos Kozarik han dejado una profunda impronta en mi formación y en mi manera de ejercer y comprender la profesión forestal.

Sus enseñanzas, conocimientos, valores y, fundamentalmente, sus ejemplos, forman parte de ese camino recorrido y de lo que hoy soy como profesional.

Por ello, este reconocimiento no es solamente institucional o académico. Es también profundamente personal: es mi manera de agradecer a tres maestros que, desde distintos lugares y con sus propias formas de enseñar, contribuyeron a forjar mi profesionalismo y dejaron una huella que permanece a lo largo del tiempo.

¡Feliz Día del Ingeniero/a Forestal Argentino/a! ¡Feliz Día Colegas!

(*) – Ex-Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (CoIForM).

– Primer Vocal Titular de la Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF).

– Miembro del Consejo Asesor del Instituto Forestal Provincial (InFoPro), en representación del CoIForM.

– Mat. Prof. 082.

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BUENOS AIRES (7/8/2026).- El miércoles 5 de agosto de 2026 el oficialismo retiró del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que reformaba la Ley de tierras rurales. No lo perdió en el recinto: lo retiró antes de votarlo, porque los votos no estaban. Tres gobernadores aliados instruyeron a sus senadores en contra, al menos cuatro dialoguistas se bajaron, y el proyecto llevaba cuatro postergaciones acumuladas.

Al día siguiente el Senado le dio media sanción al resto del proyecto, 37 votos contra 33, en la madrugada del 7 de agosto. Media sanción: pasó a Diputados, todavía no es ley. Vuelvo sobre eso al final, porque lo que pasó esa noche dice más sobre el mecanismo que el episodio del miércoles.

La lectura inmediata fue la previsible: apertura contra soberanía, y ganó la soberanía. Es una lectura cómoda y describe mal lo que pasó.

Lo que pasó es más interesante, y para verlo hay que mirar quince años en lugar de tres días.

Entre 2011 y 2026 el régimen de titularidad extranjera de tierras rurales fue objeto de cuatro operaciones normativas. Puestas en orden de cuánto se vieron:

Operación Año Cómo se hizo ¿Sigue en pie? Sanción de la Ley 26.737 2011 Ley, con debate público Sí Decreto 820/2016 2016 Reglamentación técnica Sí Artículo 154 del DNU 70/2023 2023 Un artículo dentro de un decreto ómnibus No Capítulo III del proyecto de 2026 2026 Ley, con debate público No

El patrón salta a la vista y ordena perfecto: la supervivencia de cada intento de modificar el régimen es inversa a cuánto se vio.

El que sobrevivió es el que nadie discutió. Y no fue el más tímido. Fue el más profundo.

Lo que hizo el decreto de 2016

El Decreto 820/2016 no subió ningún tope. El 15% siguió siendo 15%. Las mil hectáreas siguieron siendo mil hectáreas.

Hizo algo mucho más eficaz: cambió la definición de qué es un titular extranjero.

Estableció que una sociedad se presume extranjera cuando extranjeros tienen más del 51% del capital, con prueba en contrario. Precisó el criterio de formación de voluntad mayoritaria. Excluyó del cómputo a las obligaciones negociables y los debentures hasta que se notifique la conversión. Acotó qué es un cuerpo de agua de envergadura a los efectos de la prohibición absoluta.

Nada de eso es un titular de diario. Todo eso determina, en los hechos, si una operación concreta queda adentro o afuera del régimen.

Hay un detalle que redondea el punto. El mismo decreto encomendó al Consejo Hídrico Federal confeccionar el mapa que identifica los cuerpos de agua de envergadura, que son justamente los que activan la prohibición absoluta. Ese mapa nunca se hizo. La prohibición más categórica de la ley de tierras, la única que no admite excepción ni autorización, quedó sin el instrumento que dice a qué se aplica.

La ley conservó su texto, su nombre, su prestigio simbólico y su capacidad de ser defendida en el Senado. Y perdió una porción sustantiva de su capacidad restrictiva.

Es la diferencia entre discutir el número y controlar quién cuenta. El número es lo que se ve. Quién cuenta es lo que importa.

La clandestinidad la ejerce el Estado

James Scott escribió un libro entero sobre cómo los débiles resisten al poder sin enfrentarlo de frente: el cumplimiento fingido, el arrastre de pies, el discurso que se dice puertas adentro y se calla puertas afuera. Lo llamó infrapolítica, y lo construyó para explicar a campesinos frente a terratenientes.

El caso de tierras invierte el esquema, y la inversión es exacta.

El discurso público lo controlan los que resisten la reforma. La consigna es simple, moralmente cargada, y no requiere organización ni presupuesto: la tierra no se vende. Circula gratis, por todos lados, en el peronismo y en el nacionalismo y en la izquierda y en el ruralismo y en la tradición militar. No hay derrota electoral que la apague porque no pertenece a nadie.

El discurso oculto lo ejecuta el Estado reformador. Los tres intentos de modificación comparten una técnica de ocultamiento, y el gradiente de ocultamiento predice el gradiente de éxito.

Una reglamentación técnica sobre cómputo de control societario: nadie que no sea especialista podía leer ahí una flexibilización. Diez años en pie.

Un artículo entre cientos, dentro de un decreto de necesidad y urgencia de alcance general: legible, pero solo para quien recorriera el articulado completo. Lo leyeron, y lo frenaron judicialmente en unos sesenta días.

Un capítulo sobre tierras alojado dentro de un proyecto rotulado “inviolabilidad de la propiedad privada”, que es un rótulo que no anuncia tierras: la misma técnica, aplicada al único canal donde no puede funcionar. Lo leyeron de inmediato, lo tradujeron a “están entregando el territorio”, y se cayó.

La traducción es el mecanismo, no el adorno. El capítulo decía: subir del 15% al 25% por provincia, con autorización provincial y nacional, prohibición a Estados extranjeros, registración especial. Dicho así no activa nada. Dicho como entrega del territorio, adopta exactamente el formato en el que la consigna se replica sin costo.

Eso es lo que la elección del rótulo buscaba impedir. Y por eso el rótulo era, en sí mismo, la confesión.

El techo que nunca tocó el piso

Ahora el dato que casi no apareció en la discusión de esas semanas, y que la vuelve todavía más extraña.

Según el Registro Nacional de Tierras Rurales, en agosto de 2026 la titularidad extranjera es de unos 13,3 millones de hectáreas: alrededor del 5% de la superficie rural. El tope es 15%. Es decir: durante quince años se discutió un techo que nunca tocó el piso. La variable regulada está a un tercio del límite. Ninguna provincia lo excede. No hay registro de una operación relevante denegada por exceder el cupo agregado.

En el margen donde el debate se concentró, la modificación propuesta era regulatoriamente vacía. Subir de 15 a 25 un límite que la realidad ubica en 5 no cambia nada, porque el límite no está operando.

Y donde el régimen sí opera, opera mal. Treinta y un departamentos exceden el 15%. Catorce exceden incluso el 25% que la reforma proponía como nuevo techo. San Carlos, en Salta, está al 59,8%. Molinos, al 57,8%. Lácar en Neuquén, General Lamadrid en La Rioja y Campana en Buenos Aires pasan el 50%.

¿Qué hace la ley con esos departamentos? Nada. No prevé expropiación, ni venta forzosa, ni plazo de adecuación. Lo único que pasa cuando un departamento supera el tope es que el Registro deja de habilitar operaciones nuevas ahí.

La ley que se defendió con tanta energía no tiene nada para ofrecerle a San Carlos.

Y no son departamentos que se pasaron el año pasado. En 2018, Chequeado ya los tenía en la misma lista y con los mismos números: San Carlos al 58%, Molinos al 57%, General Lamadrid al 57%, Lácar al 53%, Campana al 50,7%. Ocho años arriba del límite, sin que pase nada, porque no hay nada previsto para que pase.

La auditoría que nadie leyó

Hasta acá todo es lectura de normas y de registros. Ahora la Auditoría General de la Nación, que es el órgano de control externo del Estado.

La AGN auditó al Registro Nacional de Tierras Rurales y encontró esto:

Los expedientes tramitados entre 1989 y 2006 están archivados sin haber sido incorporados a la base de datos. Diecisiete años de antecedentes fuera del sistema que tiene que decir cuánta tierra hay en manos extranjeras.

No existe un registro consolidado de propietarios en zonas de seguridad de frontera. Es decir: el régimen que exige conformidad previa del Ministerio del Interior para comprar en frontera no tiene la base que le diría quién ya compró.

No se confeccionó el mapa hídrico federal. El mismo que el Decreto 820/2016 había encomendado.

Los sistemas catastrales provinciales no son homogéneos, algunos digitales y otros manuales, con riesgo de superposición de títulos.

Y el hallazgo que ordena a todos los demás:

“Se aprueba el 100% de los proyectos de inversión presentados sin que se realice una evaluación técnica.”
Cien por ciento. Sin evaluación técnica ni análisis de viabilidad.

De trece recomendaciones que la AGN había formulado, el seguimiento posterior encontró una cumplida, una parcialmente cumplida, nueve incumplidas y dos no aplicables.

Guarde ese 100% para dos secciones más abajo, porque es el dato que decide la discusión sobre el screening.

La apuesta

Eduardo Levy Yeyati escribió la mejor explicación disponible del fracaso, y conviene tomarla en serio porque es la que va a organizar la discusión de los próximos meses. Su diagnóstico: el proyecto identificó bien el problema, que una cuota uniforme es un instrumento tosco y ciego que trata igual a una forestación de largo plazo que a una compra especulativa de un fondo opaco, pero resolvió mal la salida. Desmontó un mecanismo imperfecto sin construir antes uno mejor: sin screening federal caso por caso, sin identificación del beneficiario final, sin piso nacional para fronteras y cuencas.

Como descripción del proyecto es correcta. Como explicación del fracaso, creo que no.

Si la falta de screening hubiera sido la razón del rechazo, sería esperable que los que rechazaron hubieran ofrecido incorporarlo. No lo hicieron. Ningún gobernador reclamó un régimen de screening federal: reclamaron que no se tocara el régimen. Ningún senador condicionó su voto a que se agregara beneficiario final: se bajó. El contenido de la resistencia fue la consigna, no el diseño.

De ahí sale una apuesta con fecha, que hago pública ahora justamente porque todavía no se resolvió:

Si mañana se presenta por ley un proyecto que incorpore las tres cosas que faltaban, screening federal, beneficiario final y piso nacional, va a fracasar igual.

Levy Yeyati predice que conseguiría los votos. Yo predigo que no. El diseño no era la restricción operativa. Lo era el canal.

Es una discrepancia con resolución empírica disponible, no una discusión de escuelas. Uno de los dos se va a equivocar en público, y eso es exactamente lo que hace que valga la pena escribirlo.

Y hay algo peor: el remedio tampoco funcionaría

Acá está el punto que menos se dice, y es el que más me preocupa.

Supongamos que la apuesta anterior la pierdo. Supongamos que el screening federal se sanciona. ¿Qué instalaríamos?

Los regímenes que se citan como modelo son reales y funcionan. Australia abre y revisa las operaciones sensibles a través de un organismo con capacidad de análisis caso por caso. Uruguay combina apertura amplia con prohibición de compra a Estados extranjeros y con la exigencia, anterior, de acciones nominativas, para que siempre se sepa quién controla. Brasil mantiene topes con control administrativo centralizado.

De paso, una corrección: el tope brasileño es del 25% por municipio, no del 15%. Es más alto que el argentino, e igual al que la reforma retirada proponía. Brasil no es más restrictivo en el número. Es más restrictivo en la arquitectura de control.

Y hay una coincidencia de fechas que vale la pena mirar. El 23 de abril de 2026, cuatro meses antes del episodio argentino, el Supremo Tribunal Federal de Brasil resolvió por unanimidad, en la ADPF 342 y la ACO 2.463, mantener el régimen restrictivo de la Lei 5.709/1971. Confirmó que las empresas brasileñas con capital extranjero mayoritario se equiparan a personas jurídicas extranjeras, y que las restricciones alcanzan también al arrendamiento.

Es exactamente la misma pregunta que resolvió el Decreto 820/2016 en Argentina: ¿cuándo una sociedad local se considera extranjera? Brasil la contestó en abril de 2026 por vía judicial y en sentido expansivo, extendiéndola al arrendamiento para cerrar la vía que transfiere el uso económico sin transferir el título. Argentina la contestó en junio de 2016 por decreto reglamentario y en sentido restrictivo, fijando un umbral del 51% con prueba en contrario, y dejó el arrendamiento afuera del régimen.

Ninguno de los dos países tocó su porcentaje. Los dos tocaron, o se negaron a tocar, la definición que decide a quién se le aplica el porcentaje. Diez años después la respuesta argentina sigue en pie y nunca se discutió; la brasileña llegó al tribunal supremo y se decidió en público.

Pero ahora viene la parte que cambia la discusión, y que salió de ir a leer la normativa australiana en vez de repetir lo que se dice de ella.

Argentina tiene el número más estricto y la definición más permisiva de los tres.

País Tope que se anuncia ¿Cuándo una sociedad local se considera extranjera? ¿Alcanza el arrendamiento? Australia Sin tope porcentual. Umbral de screening de 15 millones de dólares australianos, acumulativo 20% de participación de un extranjero, o 40% agregado entre varios, con reglas legales de trazabilidad a través de asociados, holdings y fideicomisos Sí Brasil 25% por municipio, 40% de ese cupo por nacionalidad Empresas brasileñas con capital extranjero mayoritario se equiparan a extranjeras (STF, 23/4/2026) Sí, el STF lo extendió expresamente Argentina 15%, nacional, provincial y departamental Más del 51%, y la presunción admite prueba en contrario (Decreto 820/2016) No

Léala por columna y no por fila. El país del tope más bajo es el que tiene, por lejos, la definición más ancha de a quién se le aplica ese tope. Y es el único de los tres que deja el arrendamiento afuera, que es justamente la vía que transfiere el uso económico sin transferir el título.

Los tres países se diferencian mucho menos en el número que anuncian que en la definición que decide a quién obliga ese número. La definición argentina la fijó un decreto reglamentario en junio de 2016 que nadie discutió. La brasileña llegó al tribunal supremo y se decidió en público en abril de 2026.

Y los resultados confirman que manda la definición y no el número. Al 30 de junio de 2025, la tierra agrícola australiana con algún grado de propiedad extranjera era el 13%, unos 50,3 millones de hectáreas, de las cuales alrededor de un cuarto son tenencias indirectas de inversores australianos a través de entidades clasificadas como extranjeras. Argentina, con el régimen nominalmente mucho más restrictivo, está en 5%.

El sistema abierto está más extranjerizado que el cerrado, por un factor de dos. Sea lo que sea que hizo el régimen argentino durante quince años, restringir la cantidad agregada de tierra en manos extranjeras frente a un comparador permisivo no fue.

Lo que el régimen australiano realmente es

Acá está el hallazgo que más me sorprendió, y que da vuelta la lectura estándar.

Lo que se copiaría de Australia si mañana se redactara un proyecto es lo que se ve: un organismo de revisión, umbrales, tratamiento diferenciado del capital estatal. Todo eso existe y está verificado. El Foreign Investment Review Board es un órgano asesor y no estatutario: la decisión es del Tesorero, solo. El umbral para tierra agrícola es de 15 millones acumulativos. Para los inversores vinculados a Estados extranjeros el umbral es cero: toda operación se notifica, sin importar el monto.

Ahora los tres datos que no aparecen en ninguna versión argentina de este debate.

Primero: el test de interés nacional no está definido en la ley. Sus factores figuran en guías administrativas, y la lista es abierta. El propio comité de economía del Senado australiano lo dijo con todas las letras: el término “interés nacional” está “inadecuadamente definido, si es que está definido, por la Act”, y el marco deja el juicio final al Tesorero sin exigirle fundamentos claros.

Segundo: la decisión está excluida de la revisión judicial de mérito. Las decisiones bajo la Foreign Acquisitions and Takeovers Act están expresamente excluidas del régimen de la Administrative Decisions (Judicial Review) Act 1977, por el Schedule 1, párrafo (h). Queda solo la jurisdicción constitucional residual, que alcanza la legalidad y el debido proceso, no el mérito de una apreciación de interés nacional.

Tercero: el Tesorero no tiene deber general de publicar fundamentos. Se publican estadísticas agregadas. Los fundamentos individuales aparecen cuando el caso es políticamente ruidoso, como cuando en noviembre de 2015 se bloqueó la venta de S. Kidman & Co. por razones de seguridad nacional vinculadas al polígono de Woomera.

Junte los tres y la lectura argentina de Australia se da vuelta. Australia no es un régimen de discrecionalidad acotada por la ley. Es un régimen de discrecionalidad amplísima y prácticamente irrevisable, moderada por cosas que no están en la ley.

El dato que cierra el argumento

Y ahora el número más útil de todo el relevamiento.

Entre 2012-13 y 2015-16 el régimen australiano dictó entre 12.700 y 41.500 decisiones por año. Los rechazos formales fueron entre tres y cinco por año. En 2017-18 hubo dos rechazos en total, uno de ellos una compra de tierra agrícola destinada a desarrollo residencial.

Un sistema que rechaza formalmente cinco solicitudes sobre decenas de miles no está filtrando en el momento de la decisión. El filtro ocurre antes: en la negociación informal previa sobre condiciones, en el retiro de las solicitudes que se sabe que van a fracasar, y en el moldeado de las propuestas a lo que se sabe que los funcionarios aceptan. Kidman siguió exactamente ese patrón: después del anuncio del Tesorero, los postulantes retiraron sus solicitudes en lugar de ser rechazados formalmente.

Eso no es una crítica a Australia. Es una descripción de cómo funciona cualquier régimen de screening caso por caso. Pero es decisivo para la pregunta del trasplante, porque lo que se estaría trasplantando resulta ser una práctica de negociación privada y condicionada entre funcionarios y solicitantes, sobre decisiones de altísimo valor, sin fundamentos publicados y sin revisión de mérito.

En Australia esa práctica está disciplinada por un ecosistema: una auditoría general independiente con historial de publicar hallazgos críticos, comités parlamentarios con capacidad real de escrutinio, una administración tributaria con capacidad técnica para operar un registro de activos y cruzarlo con datos catastrales y financieros, una prensa activa, y tribunales cuya jurisdicción residual de legalidad encarece el desvío de poder manifiesto aunque no revisen el mérito.

Saque esos soportes y la misma práctica, ejecutada bajo el mismo texto legal, es otra cosa completamente distinta.

No estoy diciendo que el screening australiano sea corrupto. Estoy diciendo algo más incómodo: que lo que lo hace funcionar no está en su ley, y por lo tanto no se puede copiar leyendo su ley. El instrumento es el mismo; el fenotipo que expresa, no.

Los kioscos

Ahora traigamos esto a la Argentina, que es donde importa.

Una cuota es ciega, y la ceguera es su defecto: trata igual lo que es distinto. Pero la ceguera es también una propiedad, porque una regla ciega no se vende.

Un régimen de screening ve, y ver es su virtud. Pero ver requiere que alguien mire, y ese alguien ejerce discrecionalidad sobre una decisión de altísimo valor privado en un mercado de oferta fija.

Contemos los puntos de aprobación discrecional que crearía acá el diseño recomendado. El capítulo retirado ya exigía conformidad de la provincia y autorización del Ejecutivo nacional, y además dejaba a las provincias su propia potestad regulatoria. Agréguele screening federal, un dictamen sobre beneficiario final, una determinación de sensibilidad sobre frontera, cuenca o infraestructura estratégica, y una verificación periódica de compromisos de inversión y empleo que se puede otorgar o retacear.

Veintitrés provincias ejerciendo la conformidad, más un organismo federal, más un dictamen de beneficiario final, más una determinación de sensibilidad, más una verificación periódica. Cada uno de esos puntos es una decisión de alto valor privado, baja visibilidad pública, contenido técnico que encarece el control externo, y sin un parámetro objetivo contra el cual medir si el dictamen fue correcto.

Eso no es una puerta. Son muchas, dispersas, y cada una vale por separado para el que tiene la llave.

Hay una palabra argentina para eso, y es más precisa que la literatura técnica: kioscos.

Y acá vuelve el dato de la auditoría. La objeción obvia a todo esto sería: bueno, se construye la capacidad, se profesionaliza el organismo, se estabilizan los criterios. Pero Argentina ya tiene un punto de aprobación discrecional en este régimen, el de los proyectos de inversión, y la AGN encontró que aprueba el cien por ciento de lo que se le presenta sin evaluación técnica.

Eso no es una capacidad de screening subutilizada. Es un sello. Agregarle cuatro sellos más no produce escrutinio: produce cuatro lugares más donde hay que pasar.

Lo que vi desde adentro

Acá tengo que complicar mi propio argumento, porque sería deshonesto no hacerlo.

Entre 1997 y 2011 trabajé catorce años en la mayor empresa forestoindustrial de la Argentina, con plantas industriales en Misiones, una provincia que a esos efectos era zona de seguridad de frontera en la práctica totalidad de su territorio. Cada adquisición de inmuebles exigía presentar un plan de negocio, y ese plan lo analizaba la Dirección Nacional de Zonas de Seguridad.

Es decir: el screening caso por caso que hoy se propone como el remedio que falta existió y funcionó. Yo operé dentro de él durante más de una década. No era un sello. Había que explicar qué se iba a hacer con la tierra, y alguien lo leía.

Eso debilita la versión fuerte del argumento de los kioscos, y corresponde decirlo. Un régimen de aprobación discrecional puede funcionar en la Argentina, porque funcionó.

Pero mirando qué lo hacía funcionar, aparece la distinción que importa. Era un punto de decisión, no cinco. Tenía una competencia territorial definida, la zona de seguridad, y no una lista abierta de sensibilidades. Tenía un criterio identificable, la defensa nacional, y no un interés general a completar en cada caso. Y tenía un dueño institucional con continuidad técnica: mismos funcionarios de carrera, profesionales, a lo largo de distintos gobiernos.

El diseño que se propuso en 2026 no se parece a eso. Se parece a lo contrario: veintitrés conformidades provinciales más un organismo federal más un dictamen de beneficiario final más una determinación de sensibilidad más una verificación periódica, sin criterio definido en la ley y sin un dueño institucional único.

La lección no es que la discrecionalidad no sirva. Es que una puerta con criterio y con dueño funciona, y cinco puertas sin criterio y sin dueño son otra cosa.

Y hay un detalle que cierra el círculo. Entre los hallazgos de la AGN está que no existe un registro consolidado de propietarios en zonas de seguridad de frontera. O sea: la función existió, yo la usé, y nunca se convirtió en dato. Se ejerció durante décadas sin dejar una base que hoy permita saber quién compró qué.

La secuencia completa

Póngalos en orden y aparece algo que ninguno de los cuatro episodios muestra por separado.

Antes de 2011: para comprar en zona de seguridad había que presentar un plan de negocio y alguien lo evaluaba.

2011: llega la Ley 26.737, celebrada como la ley de la soberanía, y reemplaza la evaluación sustantiva por un cupo numérico. Un instrumento que ve por uno que cuenta.

2016: el decreto reglamentario afloja la definición de quién cuenta como extranjero y encomienda un mapa que nunca se hace.

2026, según la AGN: el punto de aprobación que queda aprueba el cien por ciento sin evaluación técnica.

Cada paso redujo el escrutinio efectivo. Y en el mismo período el discurso público sobre la soberanía territorial se volvió más fuerte, no más débil, hasta llegar a voltear un capítulo de ley en el Senado.

Ese es exactamente el punto del artículo. La consigna y el instrumento se soltaron uno del otro. La consigna nunca estuvo más fuerte. El instrumento nunca estuvo más vacío.

Y conviene ser honesto sobre el alcance del argumento, porque llevado al límite probaría demasiado: aconsejaría contra toda discrecionalidad administrativa, y eso no es defendible. El argumento aplica a decisiones con cuatro rasgos juntos: alto valor privado, baja visibilidad pública, contenido técnico que encarece el control externo, y ausencia de un parámetro objetivo de corrección. Las cuatro se dan acá.

El día después

La sesión del jueves 6 de agosto se extendió casi doce horas y terminó de madrugada. El proyecto obtuvo media sanción por 37 votos contra 33 y pasó a Diputados. Conviene la precisión, porque se confundió mucho esos días: media sanción no es ley. Falta la Cámara de Diputados.

Pero en el tramo final pasó algo que conviene mirar con atención: el oficialismo retiró un segundo capítulo, el IV, sobre manejo del fuego. Buscaba derogar los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quáter de la Ley 26.815, incorporados en 2020, que prohíben cambiar el uso del suelo por hasta sesenta años en bosques nativos, áreas protegidas y humedales afectados por incendios, y por treinta años en zonas agropecuarias y de interfaz urbano-rural. El senador informante lo detalló antes de la votación en general.

Dos capítulos retirados en cuarenta y ocho horas. Ninguno de los dos perdió una votación. Los dos se sacaron antes de exponerlos.

Y acá aparece algo que el resto del artículo no puede mostrar, porque el resto compara operaciones separadas por años.

Esa sesión es un experimento con una sola variable. Cinco capítulos, el mismo día, el mismo gobierno, los mismos senadores, la misma visibilidad, el mismo canal. Lo único que cambiaba entre ellos era de qué hablaban.

Los tres que obtuvieron aprobación y pasaron a Diputados: la interpretación restrictiva de la utilidad pública para expropiar, con los desalojos de ejecución anticipada y el lucro cesante con tope del 30%, y la digitalización del Registro de la Propiedad Inmueble. Todos son propiedad privada frente al Estado.

Los dos que se retiraron: tierras a extranjeros y uso del suelo después de un incendio. Los dos son territorio.

Ese contraste vale más que los cuatro casos que vengo contando. En mi serie el canal cambia y la consigna se mantiene fija. En esa sesión el canal se mantiene fijo y la consigna cambia. Puestos juntos, los dos ejes quedan identificados: no es que el Senado no vote nada, y no es que este gobierno no pueda aprobar nada. Es que hay una clase de contenidos que no pasa por el canal visible, y esa clase no se define por lo que hace la norma sino por lo que la norma toca.

Fíjese además en el título del proyecto. Se llamaba “inviolabilidad de la propiedad privada”. Lo que sobrevivió refuerza la propiedad frente al Estado. Lo que cayó habría abierto la propiedad a extranjeros y habría liberado el uso del suelo después del fuego. En una sola noche, la propiedad y el territorio se separaron, y el Senado le dio media sanción a una sin la otra.

Un detalle final que no es menor: el oficialismo necesitaba 37 votos y sacó exactamente 37, después de desprenderse de los dos capítulos. No los retiró por prolijidad legislativa. Los retiró porque no los tenía, y no estaba dispuesto a averiguar por cuánto.

Ninguno de los dos fue rechazado. Los dos pueden volver como proyectos separados, y organizaciones sociales y ambientales ya lo venían advirtiendo durante el debate. Si vuelven, la pregunta no es si el diseño mejoró. Es por qué canal vuelven.

La ruta angosta

Junte las dos objeciones y el resultado es incómodo: el remedio institucionalista no conseguiría los votos si va por ley, y si los consiguiera instalaría en un entorno de baja confianza administrativa exactamente la arquitectura que ese entorno convierte en renta.

Queda una ruta, y no es épica. Es administrativa y aditiva: fortalecer la identificación del beneficiario final dentro del Registro que ya existe, apoyándose en la infraestructura de beneficiario final que ya está disponible en materia tributaria y de prevención de lavado; publicar los datos del Registro con granularidad departamental; y construir la capacidad de análisis antes, no después, de tocar ningún tope.

Tiene tres propiedades que la hacen viable. Va por un canal de baja visibilidad. Opera sobre el artefacto de medición, que es donde efectivamente se decide. Y no activa

la consigna, porque agregar control no contradice que la tierra no deba pasar a manos extranjeras: la ejecuta.

Eso último es lo que la distingue de los cuatro intentos anteriores, que buscaban todos reducir control.

Su debilidad es simétrica a su fuerza, y hay que decirla: lo que se construye por vía administrativa se desarma por vía administrativa. La misma opacidad que protege una reforma de la resistencia protege también su derogación. Un cliente que difiera una decisión de inversión esperando una apertura por decreto debería saber que compra un activo con vida media corta.

(*) Adrián Lerer .

Abogado de Empresas. CEO de IntegradAI

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