ARGENTINA (Junio 2026).- No es ninguna novedad decir que la foresto-industria argentina está atravesando un momento difícil. La caída del consumo, la paralización de la construcción, la menor actividad industrial, las dificultades financieras, los costos en aumento, las tarifas más altas y un mercado interno que todavía no termina de reaccionar conforman un escenario que genera preocupación en buena parte de la industria de la madera.

Frente a este panorama, es natural que aparezcan diagnósticos centrados en factores externos. La macroeconomía, el dólar, la presión tributaria, el costo financiero, la caída del consumo o las dificultades generales del país son variables reales y concretas que afectan directamente a todas las empresas.

Pero quizás, precisamente en momentos como estos, conviene además hacerse una pregunta un poco más incómoda: ¿cuánto de lo que hoy estamos viviendo responde solamente al contexto y cuánto tiene que ver con cómo fueron diseñadas nuestras propias empresas?

La historia económica muestra algo bastante interesante: cuando una industria entra en crisis, no todas las empresas recorren el mismo camino.

Algunas desaparecen, otras sobreviven con enormes dificultades durante años, y unas pocas logran fortalecerse. Y lo llamativo es que muchas veces no sobreviven necesariamente las empresas más grandes o las más antiguas; muchas veces sobreviven aquellas que logran adaptarse más rápido.

Tal vez durante demasiado tiempo buena parte del empresariado argentino se acostumbró a pensar que existe una especie de «normalidad económica» a la cual, eventualmente, vamos a volver.

Como si existiera un escenario estable donde, una vez corregidos ciertos problemas macroeconómicos, las empresas simplemente pudieran volver a funcionar como antes.

Pero el mundo actual (y real) parece estar diciendo otra cosa. La volatilidad dejó de ser una excepción; hoy la incertidumbre es parte permanente del escenario de negocios.

Y esto plantea un enorme desafío para la industria de la madera, particularmente porque estamos hablando de actividades que trabajan con horizontes de inversión de largo plazo, mientras las condiciones económicas cambian permanentemente en períodos cada vez más cortos.

Plantar, industrializar, invertir en capacidad productiva o desarrollar mercados requiere pensar en años, pero las reglas del juego pueden cambiar en cuestión de meses.

Quizás por eso este tipo de crisis obliga a revisar algunas cuestiones internas que muchas veces quedan fuera de la discusión pública: productividad, costos, eficiencia operativa, integración vertical, diversificación comercial, estructura financiera, incorporación de tecnología y profesionalización de la gestión.

Todos estos temas son menos visibles que la coyuntura macroeconómica, pero probablemente mucho más determinantes a la hora de atravesar escenarios difíciles.

Toda crisis genera dolor, eso es evidente. Pero también genera reconfiguración. La historia industrial demuestra que en estos procesos cambian las reglas del juego: algunas empresas se achican, otras venden activos, otras abandonan mercados y otras encuentran nuevas oportunidades. Y algunas logran salir fortalecidas precisamente porque entendieron antes que el resto que el mundo había cambiado.

Tal vez la salida no esté solamente en esperar que mejoren las condiciones económicas generales. Tal vez la verdadera salida al laberinto consista en empezar a preguntarnos cómo construir empresas capaces de funcionar incluso cuando el contexto deja de ser favorable.

Porque, al final del día, las crisis no siempre seleccionan a las mejores empresas; muchas veces sobreviven aquellas capaces de entender primero que el juego cambió.

Y quizás esa sea hoy la discusión más importante que debería darse dentro de la foresto industria argentina.

(*) Por Matías Gyukits. Economista Agrario, Productor Forestal y Consultor.

contacto@mgforestal.com.ar

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“Desde que el presente está oculto para nosotros, hasta el momento que se hace presente, tenemos que mirar el pasado para que él nos ilumine. Nuestra experiencia del pasado nos proporciona la única luz que puede iluminar nuestro futuro.” Arnold Toynbee – “Cambio y Hábito” – Orígenes de las Políticas Forestales- Libro: “Política y Legislación Forestal” de H. Martín Gartland.

MISIONES (17/6/2026).- El debate sobre el desarrollo forestal argentino trasciende ampliamente la discusión sobre instrumentos específicos de promoción o incentivos a la inversión. Más allá de las oportunidades y desafíos que puedan representar herramientas como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), la cuestión de fondo continúa siendo la misma: la necesidad de construir una Política Forestal Nacional de Estado que otorgue previsibilidad, dirección estratégica y visión de largo plazo al sector.

La actividad forestal posee características particulares que la diferencian de otras actividades productivas. Sus ciclos biológicos, sus procesos de inversión y sus impactos económicos, sociales y ambientales exigen pensar más allá de las coyunturas políticas y económicas, proyectando el desarrollo en horizontes de varias décadas.

Argentina dispone de recursos forestales, capacidades técnicas, conocimiento científico, experiencia empresarial y potencial industrial suficiente para consolidarse como una potencia forestal, en el marco de la bio-economía circular. Sin embargo, alcanzar ese objetivo requiere acuerdos amplios, una institucionalidad fortalecida, jerarquizada, y una visión compartida que permita articular los intereses de todos los actores público-privados involucrados.

En ese contexto, considero que existen diez aspectos fundamentales que deberían formar parte de cualquier estrategia orientada a consolidar un Desarrollo Forestal Sostenible, promoviendo simultáneamente competitividad, inclusión social, conservación de los recursos forestales e industrialización con valor agregado.

Diez aspectos para consolidar un Desarrollo Forestal Sostenible en las próximas décadas

1. Una agenda forestal común

Resulta imprescindible avanzar hacia una única Agenda Forestal Nacional, con sintonía jurisdiccional Provincial, basada en la articulación institucional y la participación de todos los actores vinculados al sector.

La dispersión de esfuerzos y la fragmentación de iniciativas dificultan la construcción de objetivos compartidos y de políticas consistentes en el tiempo. Una agenda común permitiría alinear prioridades, optimizar recursos y construir consensos duraderos en torno al futuro forestal argentino.

2. Construir una verdadera Cultura Forestal

Argentina carece de una auténtica cultura forestal, entendida como un conjunto de valores sociales, conciencia colectiva, participación ciudadana y compromiso con el desarrollo armónico entre las personas, los recursos forestales y el ambiente.

La actividad forestal no debe ser concebida únicamente como una cuestión sectorial. Por el contrario, requiere una mirada amplia que involucre al conjunto de la sociedad y permita comprender el papel estratégico de los bosques en el desarrollo sostenible, la generación de empleo, la mitigación del cambio climático y el desarrollo territorial.

3. Pensar el futuro como Forestales

Winston Churchill afirmaba que: “Cuanto más atrás puedas mirar, más adelante probablemente verás”.

La actividad forestal posee una característica singular: obliga a pensar en horizontes de largo plazo. Como señalaba el ingeniero Orlando D’Adamo en una conferencia en 1949: “los forestales son de los pocos hombres que viven ocupados en el futuro más que en el presente y el pasado”.

Pensar como forestales implica planificar, proyectar, construir escenarios futuros a fin de generar los instrumentos para gestionar el territorio de manera integral, promoviendo paisajes diversos y funcionales, asegurando la conservación de áreas de alto valor ambiental.

La planificación forestal constituye una herramienta esencial para garantizar un desarrollo sostenible y evitar que las decisiones coyunturales condicionen el futuro del sector.

Necesitamos construir hoy el futuro forestal que aspiramos alcanzar mañana.

4. Instituciones y Leyes como instrumentos de la Política

Las instituciones y las leyes son fundamentales, pero no constituyen la política en sí misma. Son instrumentos al servicio de una política previamente definida.

La experiencia demuestra que los marcos normativos e institucionales pueden ser eficientes y eficaces en determinados contextos. Sin embargo, sin una dirección estratégica clara, corren el riesgo de transformarse en herramientas desarticuladas y de impacto limitado.

La disolución del Instituto Forestal Nacional (IFONA) en 1991 y la posterior fragmentación de sus competencias entre distintos organismos nacionales constituyen un ejemplo de cómo la institucionalidad forestal perdió capacidad de conducción estratégica y peso político.

5. La necesidad de una Política Forestal de Estado

Epícteto sostenía que: “Siempre hay buenos vientos para aquel que sabe hacia dónde va”.

Argentina no ha logrado consolidar una Política Forestal Nacional de Estado. En distintos momentos existieron acciones de gobierno, planes, programas y medidas específicas, pero muchas veces respondieron a circunstancias coyunturales o intereses particulares, generando lo que podría denominarse políticas pendulares.

Una verdadera Política Forestal debe surgir de un acuerdo amplio entre el Estado y los actores interesados, con visión de largo plazo y objetivos claramente definidos. Debe constituirse en una política pública permanente, capaz de trascender los cambios de gobierno y las coyunturas económicas, orientando la gestión forestal de los bosques nativos e implantados, atendiendo las demandas de la sociedad y garantizando una distribución equitativa de los beneficios generados por la actividad forestal.

6. Construir una Visión Forestal compartida

Toda política requiere una visión que le otorgue sentido y dirección.

Esa visión debería proyectarse al menos a veinticinco años (2050) y construirse bajo el paradigma de la Bio-economía Forestal Circular, con una mirada federal y representativa que incorpore a todos los actores sectoriales.

Su elaboración demanda información estratégica, articulación institucional, alianzas público-privadas, generosidad de las partes, confianza y consensos. Asimismo, debe reconocer las particularidades de cada jurisdicción y de cada ecorregión forestal del país, definiendo claramente el papel que los bosques desempeñarán en el desarrollo sostenible nacional y en cada una de sus regiones.

7. Unificar, fortalecer y jerarquizar la Institucionalidad Forestal

La política forestal requiere una institucionalidad acorde con sus desafíos, entendiendo que esta última es un instrumento de la misma. Por ello resulta necesario avanzar hacia un esquema institucional unificado, fortalecido y jerarquizado, con capacidad real de decisión, coordinación y ejecución.

La dispersión actual limita la eficacia de las acciones y reduce la capacidad del sector para incidir en las grandes decisiones nacionales. Una institucionalidad sólida constituye un requisito indispensable para implementar una política forestal de largo plazo.

8. Definir el modelo de Desarrollo Forestal que queremos

El modelo de desarrollo forestal constituye una decisión estratégica.

Debe ser integrador de toda la cadena productiva, industrial y de servicios, evitando enfoques parciales o concentrados en intereses específicos.

El fortalecimiento de la actividad forestal y foresto-industrial sostenible resulta esencial para potenciar las economías regionales y consolidar al sector como una verdadera fuerza motriz del desarrollo.

Los consensos sectoriales necesitan de la confianza intrasectorial, y también generan confianza y previsibilidad para los inversores, las comunidades locales y los distintos actores económicos involucrados.

9. Innovación para las PyMEs Foresto-Industriales

La innovación constituye una condición indispensable para el fortalecimiento de las PyMEs foresto-industriales, particularmente aquellas vinculadas a la transformación mecánica de la madera.

En este sentido, resulta prioritario impulsar un Programa de Asistencia Técnica, Fortalecimiento e Innovación Tecnológica destinado a la industria de transformación mecánica de la madera.

La industrialización forestal, la incorporación de tecnología, la mejora de rendimientos y el desarrollo de productos con mayor valor agregado son elementos estratégicos para consolidar el desarrollo sostenible, sin perder de vista las demandas de los mercados forestales internos y externos.

No existe sostenibilidad posible sin bienestar y progreso económico, inclusión social y viabilidad empresarial.

10. Hacia un Pacto Sostenible con los bosques y plantaciones

Los bosques y las plantaciones forestales deben ser considerados una herramienta para transformar nuestro sistema económico y avanzar hacia una economía baja en carbono.

La silvicultura ofrece oportunidades concretas para generar soluciones renovables de base biológica, contribuir a la descarbonización de la economía y promover la creación de empleo en una transición verde.

Para ello resulta imprescindible superar la falsa dicotomía entre conservación y producción. Salvo en aquellos ecosistemas que requieren protección estricta, es posible construir paisajes integrados que sean simultáneamente resilientes, productivos y ambientalmente sostenibles.

Los bosques pueden y deben formar parte de una estrategia de desarrollo sostenible basada en la bio-economía forestal circular, capaz de generar riqueza, proteger la biodiversidad y fortalecer los ecosistemas.

Una construcción colectiva para el futuro

El gran desafío consiste en construir un Pacto Sostenible con los Bosques que permita alcanzar bosques resilientes, productivos, socialmente inclusivos, económicamente viables y ecológicamente diversos.

Ese camino requiere liderazgos, planificación, consensos, institucionalidad sólida, innovación y una clara visión de largo plazo.

Más allá de los instrumentos coyunturales, como puede ser el RIGI, el verdadero desafío sigue siendo el mismo: definir una Política Forestal Nacional de Estado capaz de orientar el desarrollo forestal argentino durante las próximas décadas.

Solamente cuando existe un rumbo claro es posible transformar el potencial forestal del país en desarrollo sostenible, bienestar social, agregado de valor y oportunidades para las generaciones futuras.

Como expresó José Ortega y Gasset: «Sólo es posible avanzar cuando se mira lejos. Sólo cabe progresar cuando se piensa en grande.»

Autor: Ing. Ftal. Jaime G. Ledesma, ex – presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (2019/2023). Mat. Prof. Nº 082

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ARGENTINA (Junio 2026).- La Hidrovía Paraná-Paraguay está constituida por el corredor fluvial de dichos ríos y que atraviesa parte de Argentina, Paraguay, Brasil, Bolivia y Uruguay con una extensión de más de 3.400 kilómetros.

En la extensión argentina de la Hidrovía existen dos tramos muy bien definidos por sus usos y características: El primer tramo desde el Río de la Plata hasta el Gran Rosario y Santa Fé, con un perfil agro exportador muy fuerte, donde se puede destacar no sólo que actualmente transporta el 80% de las exportaciones argentinas sino también que los 30 puertos del Gran Rosario (entre Villa Constitución y Timbúes) el año pasado constituyeron el principal complejo portuario agroexportador a nivel mundial, embarcando casi 76 millones de toneladas de granos, aceites y derivados.

El segundo tramo, al norte de Santa Fé, incluyendo el Paraná Medio, el Alto Paraná y el Río Paraguay, con un perfil muy enfocado en el transporte de barcazas (que suelen requirir transbordos en puertos intermedios para continuar la navegación).

La licitación de la Hidrovía

Dentro de la extensión total de la hidrovía, la pre adjudicación de la licitación por 25 años anunciada la semana pasada consiste principalmente en los servicios de dragado, balizamiento, modernización y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT) desde la Zona de Aguas Profundas Naturales en el Río de la Plata Exterior hasta la Confluencia con el río Paraguay.

En cuanto a los objetivos se establece una profundidad mínima de 42 pies en el tramo hasta Timbúes (donde actualmente es de 34 pies), 32 pies hasta Santa Fé y 15 pies hasta Confluencia (actualmente es de 10 pies), todo lo cual aumentará la competitividad de la producción local permitiendo la navegación de barcos de mayor porte a carga completa (cosa que hoy es imposible) y reduciendo consecuentemente el costo de transporte. (se calcula aproximadamente una reducción del 13 al 15% en el costo del transporte fluvial en la VNT).

La navegación aguas arriba de confluencia

La experiencia internacional demuestra que los puertos fluviales prosperan cuando forman parte de sistemas logísticos integrados. En el norte argentino, sin embargo, las condiciones de navegación y los costos operativos han dificultado históricamente ese desarrollo.

En contraste con la importancia de los trayectos de la hidrovía que fueron contemplados dentro de la licitación mencionada, la navegación de buques argentinos aguas arriba de Confluencia (tanto por el Río Paraguay como por el Paraná) y la actividad de los puertos de la región es casi inexistente.

La menor profundidad del río (7 a 10 pies de calado) demanda obligatoriamente un esquema logístico de transbordo: las mercaderías deben ser consolidadas en puertos locales, trasladadas en barcazas o remolcadores de empuje río abajo, y finalmente transbordadas a buques de ultramar en terminales portuarias como Zárate o los puertos del cordón de Rosario.

Adicionalmente el casi nulo balizamiento impide la navegación nocturna, lo cual hace aún más complejo técnica y económicamente la operatoria fluvial en la región. Esto tiene como consecuencia que más del 90% del transporte de cargas regional es realizado por medio de camiones.

La Ley de Cabotaje y la competitividad sectorial

La gran ventaja competitiva que aporta eel transporte fluvial reside en que un convoy de 20 barcazas puede transportar una carga equivalente a aproximadamente 1.000 camiones, con un consumo energético notablemente inferior. Estudios de la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata estiman que una tonelada de combustible permite transportar una tonelada de carga durante casi 1.000 kilómetros en barcaza, frente a poco más de 240 kilómetros por camión.

Ante esta ventaja y el gran potencial de carga existente, surge la duda acerca de las razones por las cuales no es utilizado el transporte fluvial.

En este sentido, más allá del menor calado y la inexistencia de balizamiento aguas arriba de confluencia, los costos logísticos fluviales están relacionados con el marco normativo que regula la navegación: la Ley de Cabotaje Nacional (ley 19.492 del año 1944).

Esta legislación establece que el transporte de mercaderías y pasajeros entre puertos argentinos está estrictamente reservado a buques de bandera nacional, operados y tripulados por personal argentino. Consecuentemente el régimen tributario (aplicable al sector y a sus principales insumos), regulatorio y laboral serán los vigentes dentro del país, así como los convenios colectivos vigentes de los sindicatos existentes (entre los cuales podemos nombrar al SOMU -Sindicato de Obreros Marítimos Unidos-, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Centro de Capitanes de Ultramar y de la Marina Mercante, AAEyBPFM – Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante-, SICONARA -Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina- y al Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales).

La pérdida de competitividad de la bandera nacional asociada a esta alta presión fiscal y a los costos derivados del extenso marco regulatorio generó una escasez de bodegas argentinas disponibles aguas arriba de Santa Fe. Como consecuencia, trasladar un contenedor por vía fluvial interna puede resultar significativamente más costoso que hacerlo en camión, desvirtuando los beneficios económicos naturales del río.

Una muestra de lo complejo de este entorno regulatorio es que los pocos puertos de la región actualmente transportando carga (Barranqueras, Corrientes, Ituzaingó y Posadas), funcionan con buques containeros, buques remolcadores y barcazas de bandera extranjera habilitadas especialmente por medio de “Certificados de Excepción a la Ley de Cabotaje” otorgados por el gobierno nacional de forma excepcional y por un período máximo de 6 meses (si bien pueden ser renovados, evidentemente esto impide la planificación logística a largo plazo en la región).

Escenarios que hagan viable el transporte fluvial aguas arriba de Confluencia (y que implicarán reducción de costos logísticos cercanos al 32% con respecto al transporte terrestre según estimaciones del sector) tiene efectos directos sobre la competitividad de las economías regionales, fortaleciendo el proceso de inserción internacional de las mismas y permitiendo aprovechar las oportunidades de mercado que representan los acuerdos internacionales suscritos recientemente por nuestro país.

A partir de allí, surge la pregunta… ¿Cómo aprovechar el enorme potencial del transporte fluvial para potenciar la competitividad de las economías regionales que rodean a la hidrovía? ¿qué políticas públicas pueden generar los cimientos para el crecimiento a largo plazo del sector?

Actualmente existen varios proyectos de modificación de la ley de cabotaje, donde se plantea la necesidad de medidas principalmente enfocadas a facilitar las excepciones (especialmente en casos de insuficiencia de oferta de transporte de bandera nacional), permitiendo la operación mediante tripulación extranjera y facilitando la regularización de buques argentinos que han adoptado banderas extranjeras.

El potencial productivo y de cargas del Alto Paraná

Complementariamente, para estimar el potencial de carga de la región en primer lugar debemos analizar las exportaciones ya existentes en la región. Durante 2025 las exportaciones de las provincias del NEA ascendieron a 1.133 millones de dólares, con un crecimiento del 20,9% en el último año.

A su vez, como fue mencionado en el artículo de noviembre “La apertura al comercio internacional y las oportunidades de integración en la frontera con Brasil”, considerando sólo los municipios brasileños ubicados a 200 km (o menos) de los puertos argentinos de esta región (Posadas, Ituzaingó, Santa Ana y Eldorado), nos encontramos con una región de frontera compuesta por municipios de los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná, que exportan en su conjunto anualmente un monto acumulado de 3.300 millones de dólares (principalmente cargamentos de soja y productos derivados de la carne en el sur de la zona de frontera analizada y Carne, Productos Alimenticios y Maquinaria en los municipios ubicados al norte de dicha región).

Complementariamente, a todo lo anterior deberíamos también sumar la carga transportada por carretera entre las provincias del NEA y los principales centros urbanos de Santa Fé y Buenos Aires, las cuales según relevamientos realizados por el Ministerio de Transportes de la Nación explicaban ya en 2018 aproximadamente 6,7 millones de viajes de camión al año (483 mil toneladas al año). Los principales productos que explicaron dicha carga fueron Yerba Mate, Té, Productos Forestales, Pasta Celulósica, Naranjas, Tabaco y Carbón Vegetal.

En este sentido, más allá del puerto de Posadas que ya está en funcionamiento, podemos destacar el potencial del puerto de Ituzaingó (Corrientes) se destaca por su ubicación estratégica le permite captar cargas forestales (entre ellas las generadas por las grandes inversiones del sector recientemente anunciadas) y agroindustriales de Corrientes y parte de Misiones.

Del mismo modo, los puertos misioneros de Santa Ana y Eldorado podrían transformarse en nodos logísticos relevantes tanto para la industria forestal misionera como para la oferta exportable brasileña si logran consolidar volúmenes regulares y contar con condiciones de navegación previsibles.

Ante este potencial enorme (que a su vez podemos complementar con las oportunidades comerciales existentes a partir de los acuerdos comerciales firmados recientemente por nuestro país) que no es aprovechado debido a los problemas y rigideces regulatorias antes mencionados, resulta relevante identificar los factores que permitieron a Paraguay el crecimiento de su flota mercante y actividad fluvial.

¿Cómo hizo Paraguay para desarrollar la tercera flota mercante más grande del mundo?

Actualmente Paraguay canaliza el 70% de sus exportaciones y el 50% de sus importaciones (transportando 25 millones de toneladas y 18 mil TEUs anuales) a través de la Hidrovía a pesar de sufrir las mismas limitaciones de calado existentes en esa sección de los ríos. Adicionalmente también la flota paraguaya transporta Hierro desde las minas ubicadas en Corumbá (Mato Grosso Do Sul – Brasil).

Paraguay cuenta con 55 puertos fluviales en operación, 47 de los cuales son privados y actualmente la marina mercante de este país es la tercera más importante a nivel mundial (solamente superada por Estados Unidos y China) y está compuesta por un total de 3.850 embarcaciones (2.430 de transporte internacional y 1.420 de cabotaje nacional), existen 15 astilleros en operación (5 destinados a la construcción de embarcaciones y el resto a la reparación/mantenimiento).

¿Cómo ha logrado esto sin una política activa de subsidios o compras públicas?

Referentes del sector mencionan que no existe una sino varias claves a considerar: el denominado régimen “10-10-10”, que se refiere a una alícuota del 10% en el impuesto a las ganancias, 10% en Impuesto al Valor Agregado y 10% de cargas sociales/patronales, las Leyes de promoción eximiendo de aranceles la importación de bienes de capital, la mayor flexibilidad de los regímenes laborales (en contraposición con los convenios colectivos vigentes en Argentina) y, finalmente, la inversión privada en infraestructura portuaria, remolcadores, barcazas y astilleros. Esta combinación de incentivos facilitando la inversión y el desarrollo del sector permitió captar cargas de Brasil.

Una agenda de competitividad a futuro

Sin dudas, la licitación de la Hidrovía es una gran noticia para todo el sector, generando menores costos y mayor competitividad para los principales puertos de exportación de nuestro país. A su vez, y en base a todo lo anterior, queda claro no solo el enorme potencial del desarrollo del transporte fluvial fuera de la Vía Navegable Troncal (aguas arriba de Confluencia) sino también la posibilidad de alcanzarlo teniendo en cuenta la experiencia paraguaya.

En este sentido el primer paso sin dudas está ligado a la modificación de la ley de cabotaje, que hoy prácticamente impide el uso del río como vía de transporte en el NEA, de manera tal que facilite el funcionamiento de barcazas y buques que hoy necesitan permisos especiales de excepcionalidad que deben ser renovados periódicamente.

No obstante, la clave a largo plazo estará en generar las condiciones para desarrollar el transporte fluvial de bandera nacional mediante la inversión en buques, remolcadores, barcazas y astilleros. En este sentido, la experiencia paraguaya nos muestra no solo que es viable, sino que también posible sin recurrir a programas de compras públicas o subsidios sectoriales.

Destrabar este sector no sólo implica una reducción de costos de transporte a las empresas que hoy existen, sino que la mayor competitividad regional resultante también permitirá aprovechar oportunidades que comienzan a aparecen a partir de los acuerdos comerciales firmados por nuestro país recientemente.

(*) Gerardo Alonso Schwarz
Economista Jefe del IERAL NEA

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BUENOS AIRES (4/6/2026).- Durante años, la sustentabilidad y la tecnología avanzaron por caminos paralelos dentro de las empresas. Mientras las áreas ambientales impulsaban políticas de reducción de impacto, las decisiones sobre infraestructura tecnológica seguían respondiendo casi exclusivamente a variables operativas y presupuestarias.

Ese escenario cambió.

Hoy, la gestión de los activos tecnológicos ya no pertenece únicamente al área de sistemas: también forma parte de la agenda financiera, de gobernanza y de competitividad de las organizaciones.

Y ello se debe  a que cada computadora, servidor o dispositivo que una empresa descarta incorrectamente representa no solo un problema ambiental, sino también una pérdida económica concreta.

La dimensión del problema ya es imposible de ignorar. Según el Global E-waste Monitor 2024 de Naciones Unidas, el mundo generó 62 millones de toneladas de residuos electrónicos en un solo año, una cifra récord que podría crecer otro 32% hacia 2030. Detrás de ese volumen hay materiales reutilizables, recursos desaprovechados y emisiones evitables derivadas de fabricar nuevos equipos desde cero.

Pero también hay otra discusión menos visible: el impacto presupuestario.

En un contexto donde las empresas buscan optimizar costos sin resignar productividad, el modelo lineal de “comprar, usar y descartar” empieza a mostrar señales de agotamiento. Especialmente en América Latina, donde las PyMEs enfrentan mayores restricciones financieras y necesitan maximizar cada inversión tecnológica.

Es en este punto donde la economía circular deja de ser solamente una conversación ambiental para transformarse en una estrategia de negocio.

La gestión responsable de infraestructura informática en desuso —conocida como ITAD (IT Asset Disposition)— permite auditar, recuperar, reacondicionar y reinsertar equipos tecnológicos en el mercado bajo exhaustivos procesos de verificación técnica que aseguran su perfecto funcionamiento y rendimiento. Lo que antes era considerado descarte hoy puede convertirse nuevamente en un activo productivo.

Y el cambio de mentalidad ya comenzó.

Cada vez más compañías incorporan criterios ESG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza) no solo por reputación corporativa, sino porque inversores, clientes y mercados empiezan a exigir métricas concretas sobre eficiencia de recursos, reducción de huella ambiental y trazabilidad operativa.

En este nuevo escenario, la tecnología reacondicionada gana protagonismo como una solución que combina tres variables que hasta hace poco parecían difíciles de equilibrar: rendimiento, ahorro e impacto positivo.

Para miles de PyMEs, acceder a equipamiento corporativo reacondicionado representa una oportunidad de reducir hasta un 50% los costos de infraestructura tecnológica sin resignar performance operativa. Pero además, implica extender la vida útil de equipos que todavía conservan valor productivo y evitar nuevas emisiones asociadas a procesos de fabricación.

La discusión ya no pasa únicamente por “comprar más barato”. Pasa por comprar de manera más inteligente.

Existe todavía el mito de que las políticas sostenibles son costosas, complejas o exclusivas de grandes empresas o multinacionales. Sin embargo, la experiencia del mercado demuestra lo contrario: cuando la economía circular se integra de forma estratégica, se convierte en una herramienta concreta de eficiencia financiera y competitividad empresarial.

Por eso, una de las preguntas más relevantes que hoy deberían hacerse los líderes, empresarios, CIO´s y CFO´s no es únicamente cuánto cuesta incorporar tecnología nueva, sino qué valor están perdiendo cada vez que actualizan su parque y descartan activos tecnológicos sin una gestión adecuada.

La sustentabilidad dejó de ocupar un espacio periférico dentro de las organizaciones. Hoy participa directamente de las decisiones operativas y presupuestarias más importantes.

Y probablemente ese sea el verdadero cambio de paradigma: entender que gestionar responsablemente la tecnología ya no es solamente una cuestión ambiental. Es, cada vez más, una decisión inteligente de negocios.

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MISIONES (1/6/2026).- Después de varios años trabajando dentro de la cadena foresto-industrial y en mercados internacionales, mi visión es que Argentina posee una oportunidad extraordinaria de desarrollo.

Nada que muchos de nosotros no hayamos analizado, concluido o dicho anteriormente. Pero cada tanto vale la pena volver a ordenar las ideas, resumirlas y ponerlas nuevamente sobre la mesa.

Tal vez así logremos encontrarnos todos en la misma página y, sobre todo, acelerar la lectura que hacemos desde el sector privado hacia quienes tienen la responsabilidad de generar las condiciones necesarias desde el Estado.

Porque sin ese acompañamiento muchas veces las ideas quedan solamente en análisis.

La competitividad no depende de un único punto. Es la suma eficiente de toda una cadena: bosque manejado, cosecha, transporte, industria, energía, logística y llegada competitiva al mercado mundial.

No voy a enfocarme esta vez en lo tantas veces mencionado sobre presión impositiva. Mi intención es concentrarme en lo técnico, productivo y estructural.

El bosque: nuestra ventaja natural

La región NEA, especialmente Misiones y Corrientes, posee una de las mejores condiciones del mundo para el desarrollo de Pinus taeda, con crecimientos aproximados entre 25 y 35 m3/ha/año.

Pero una gran fábrica biológica necesita dirección. La velocidad de crecimiento sola no alcanza.

El manejo forestal mediante raleos y podas realizados en tiempo y forma es lo que permite transformar volumen en valor, generando madera sólida de calidad clear para productos superiores.

Una frase que me jacto de haber creado en estos últimos tiempos resume mi pensamiento:
Siempre será más fácil en tiempos difíciles vender buena calidad a precios ajustados que intentar vender productos inferiores a cualquier precio.

Cosecha y transporte forestal

La cosecha moderna requiere escala, tecnología y financiamiento.

La incorporación de harvesters, forwarders y equipos eficientes necesita líneas de crédito de desarrollo con tasas comparables internacionalmente.

También necesitamos infraestructura acorde: caminos productivos, mantenimiento permanente y rutas preparadas para una actividad que genera valor regional.

Aquí aparece un rol inevitable del Estado: entender que acompañar infraestructura productiva no es gasto, es comprar un proyecto de agregado de valor y crecimiento del PBI regional.

Industria y agregado de valor

El aserradero es donde ocurre la primera gran transformación: convertir una troza en un producto comercial.

Ahí empieza la magia industrial.

El futuro requiere tecnología, escaneo, automatización, clasificación precisa, secado correcto y capacidad de repetir calidad.

La madera aserrada seca es el primer producto industrial. Desde allí debemos avanzar hacia blocks, finger joint blanks, molduras, molduras primed, componentes de puertas, ventanas y muebles.

Más adelante, con una cadena madura y consolidada, llegará naturalmente la producción de bienes terminados de mayor complejidad.

Energía de fuente forestal

La biomasa debería ser la solución energética natural de una región forestal.

Resulta casi contradictorio disponer de subproductos industriales permanentes y no transformarlos eficientemente en energía local.

Hoy muchas soluciones quedan limitadas por inversiones de capital demasiado altas para industrias medianas y pequeñas. Allí también se necesita una visión estratégica: proyectos regionales que integren industrias cercanas, generando energía para complejos productivos y comunidades vecinas.

Producir energía donde se genera la materia prima reduce costos y mejora competitividad.

Logística: el gran desafío competitivo

Argentina tiene una fábrica biológica excepcional de madera, pero parte de esa ventaja se pierde camino al barco.

Actualmente llevar un contenedor desde una planta industrial argentina hasta condición FOB Buenos Aires cuesta aproximadamente USD 3.200:

– Flete terrestre: USD 1.400

– Despacho de aduana y relacionados: USD 1.200

– Forwarding: USD 610

– B/L y documentación: USD 70

Brasil logra condiciones significativamente más competitivas:

– Flete planta a puerto: USD 400 a 800

– Puerto completo hasta contenedor arriba del barco: aproximadamente USD 900

El costo total brasileño ronda USD 1.800 por contenedor.

La diferencia aproximada de USD 1.400 significa cerca de USD 50/m3 adicionales de desventaja argentina.

Y en mercados internacionales donde USD 10 o USD 20/m3 pueden definir una operación, esta diferencia resulta determinante.

El cliente internacional no paga nuestras ineficiencias internas. Simplemente compara precios finales.

Acciones necesarias

• Corto plazo:

– Implementación eficiente de bitrenes

– Rutas adecuadas para cargas forestales.

– Mejora de corredores productivos.

• Mediano plazo:

– Desarrollo real del transporte fluvial utilizando el Río Paraná como ventaja estratégica.

• Largo plazo:

– Recuperación ferroviaria para consolidar contenedores cerca del origen productivo y conectarlos con puertos internacionales.

La mejora logística equivale a crear valor industrial sin cortar un árbol adicional.

El momento internacional: oportunidad 2027-2028

Durante los últimos años las altas tasas hipotecarias en Estados Unidos redujeron significativamente la construcción residencial, especialmente viviendas familiares, uno de los mayores motores mundiales de consumo de madera.

Pero la necesidad estructural de viviendas no desapareció. La demanda quedó contenida.

Una reducción gradual de tasas puede generar una recuperación importante hacia 2027-2028. Cuando Estados Unidos vuelve a consumir genera un efecto multiplicador global: construcción, remodelación, comercio e industrialización relacionada en Europa y otros mercados vinculados.

El crecimiento americano impulsa cadenas globales completas.

• China, Vietnam y Asia industrial:

China está cambiando su modelo económico, pero seguirá siendo un actor fundamental.

Vietnam, Cambodia y otros países asiáticos aparecen como grandes centros industriales que compran madera, la transforman y exportan productos terminados hacia Estados Unidos, Europa, Australia y otros destinos.

La recuperación del consumo occidental generará nuevamente demanda de madera como materia prima industrial.

La oportunidad es ahora

Los ciclos internacionales no esperan a que los países estén preparados. Llegan.

La diferencia está entre quienes hicieron los deberes durante los años difíciles y quienes empiezan a reaccionar cuando el mercado ya cambió.

Invertir hoy en infraestructura, tecnología y eficiencia logística es prepararse para capturar el próximo ciclo.

Conclusión

Argentina posee el recurso forestal, la capacidad industrial y la oportunidad internacional.

La competitividad futura no se construye cuando aparece la demanda; se construye antes.

Tenemos una de las mejores fábricas biológicas de madera del mundo. El desafío argentino es no perder esa ventaja trasladando ineficiencias al camino entre el árbol y el barco.

No perdamos el rumbo, el enfoque y las ganas de sostener lo que elegimos como trabajo e inversión.

Como dije al inicio, nada que no sepamos… pero intento ayudar a resumirlo claramente una vez más.

Como picoteo infinito de un colega, el pica pau.

Saludos,

Guido.

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MISIONES (Mayo 2026)..- En el presente artículo de opinión técnica, el autor  Samtiago Andrés Martinez (*) propone una reflexión analítica sobre la urgencia de acortar la brecha entre el conocimiento científico y la legislación vigente. A través de un abordaje que conecta la conservación biológica, el aprovechamiento sustentable de los recursos no maderables del bosque y el desarrollo de nuevos modelos de base biológica, se examinan los vacíos normativos actuales y los desafíos estratégicos necesarios para consolidar a la funga misionera como un activo clave del patrimonio natural y productivo de la provincia.

Durante muchos años, cuando se hablaba de recursos forestales, la discusión giraba principalmente en torno a la madera, las plantaciones y la industria. Sin embargo, los bosques son mucho más que árboles. Son sistemas complejos donde interactúan flora, fauna y también la funga, un componente históricamente invisibilizado dentro de las políticas ambientales y forestales.

En Misiones, esta situación comenzó a cambiar lentamente en los últimos años. Jornadas de micología, salidas de campo, capacitaciones, investigaciones científicas y nuevas iniciativas institucionales muestran que el interés por los hongos ya no pertenece únicamente al ámbito académico. La funga empezó a ocupar espacios en la discusión productiva, ambiental y social de la provincia.

Pero este proceso no surgió de un día para el otro.

Desde distintos espacios académicos y científicos, particularmente vinculados a la Facultad de Ciencias Forestales, se vienen desarrollando investigaciones relacionadas con biodiversidad fúngica, dinámica poblacional, abundancia de especies, potencial productivo y aprovechamiento sustentable de hongos asociados a sistemas forestales de Misiones.

Durante años, gran parte de ese trabajo avanzó silenciosamente, casi como el propio micelio dentro del bosque: poco visible, pero fundamental para sostener procesos ecológicos y generar conocimiento.

Hoy, ese conocimiento comienza a reflejarse en políticas públicas concretas. La creación de programas provinciales vinculados a la investigación y promoción de hongos medicinales y comestibles, junto con la articulación de actores institucionales como el IMiBio, evidencia que Misiones probablemente sea una de las provincias argentinas con mayor desarrollo emergente en materia micológica.

Sin embargo, el crecimiento de la actividad también deja expuesto un problema importante: la política pública comenzó a avanzar más rápido que la integración de la funga dentro del derecho y la política forestal tradicional.

Históricamente, el derecho forestal argentino se construyó alrededor del aprovechamiento maderero y, posteriormente, de algunos productos forestales no maderables. Pero los hongos casi nunca fueron incorporados explícitamente dentro de la planificación forestal, a pesar de su enorme importancia ecológica y de su creciente potencial productivo.

Y justamente ahí aparece uno de los mayores desafíos actuales.

La funga nativa cumple funciones fundamentales dentro de los ecosistemas forestales:

• ·        participa en el reciclado de nutrientes,
• ·        interviene en procesos de descomposición,
• ·        contribuye al equilibrio ecológico,
• ·        y mantiene relaciones complejas con numerosas especies vegetales.

A pesar de esto, históricamente quedó relegada dentro de las estrategias de conservación y manejo.

A su vez, la protección de Rickiella edulis representa un antecedente muy importante para el país y particularmente para Misiones, al tratarse de uno de los primeros hongos reconocidos legalmente dentro de instrumentos de conservación.

Más allá de su valor simbólico, este tipo de medidas muestran que la funga comienza lentamente a ser considerada como parte del patrimonio biológico que necesita manejo y protección específica.

Pero al mismo tiempo, la provincia también presenta escenarios productivos emergentes vinculados al aprovechamiento foresto-fúngico.

Uno de los casos más conocidos es el de especies ectomicorrícicas introducidas como Lactarius deliciosus y especies del género Suillus, asociadas principalmente a plantaciones de Pinus spp. Estas especies dependen directamente de la relación simbiótica con los pinares, por lo que su presencia se encuentra fuertemente condicionada por los sistemas silvícolas implantados.

Hasta el momento, no existen evidencias claras de comportamiento invasivo agresivo ni desplazamiento significativo de especies nativas en la provincia, lo que permite pensar su aprovechamiento como una alternativa complementaria dentro de sistemas forestales ya establecidos.

De esta manera, los hongos asociados a plantaciones forestales podrían interpretarse como productos forestales no maderables capaces de agregar valor económico al manejo forestal sin modificar el uso del suelo ni generar nuevas presiones sobre el bosque nativo.

A su vez, el cultivo de hongos saprofíticos utilizando residuos forestoindustriales abre otra posibilidad interesante para Misiones. Aserrín, virutas y otros subproductos generados por aserraderos podrían transformarse en sustratos para la producción de hongos comestibles, incorporando conceptos de economía circular y bioeconomía forestal dentro de una actividad que actualmente continúa en desarrollo.

Sin embargo, pese al crecimiento institucional y productivo de la temática, todavía persisten importantes vacíos regulatorios:

• ·        ausencia de integración explícita de la funga dentro de la política forestal,
• ·        falta de criterios técnicos de manejo,
• ·        escasa regulación sobre recolección silvestre,
• ·        limitaciones en el monitoreo de poblaciones nativas,
• ·        y superposición de competencias entre distintos organismos.

Mientras algunas regiones europeas ya integran el aprovechamiento micológico dentro de sus esquemas de gestión forestal, en Argentina el tema todavía se encuentra en una etapa inicial de construcción institucional y normativa.

Tal vez el verdadero desafío no consista únicamente en producir más madera, sino también en aprender a gestionar de manera integral todos los recursos biológicos que forman parte del ecosistema forestal.

Y dentro de esa discusión, la funga empieza lentamente a ocupar un lugar que durante mucho tiempo permaneció oculto bajo la superficie.

(*) Autor: 

Santiago Andrés Martínez, Técnico Agrónomo con orientación forestal, estudiante avanzado de Ingeniería Forestal (UNaM) e investigador en biodiversidad y dinámica poblacional fúngica..

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MISIONES (16/5/2026).- Como ingeniera forestal egresada de la Universidad Pública de Misiones (UNaM), trabajadora del Estado agremiada en ATE, y haciéndome eco de tantas otras voces que no se resignan, quiero expresar mi profunda preocupación ante las medidas económicas de recorte por un total de 2.200 millones de pesos.

Este ajuste afecta directamente la conservación, las actividades de mantenimiento y la seguridad de las Áreas Naturales Protected en su conjunto, las cuales componen el Patrimonio Natural de nuestro país.

En particular, estas quitas establecidas significan $41.715.900 menos para el Parque Nacional Iguazú y una reducción de $12.123.088 para el Área Silvestre Campo San Juan.

Estas áreas de excepcional valor paisajístico y superficies protegidas cuentan con el respaldo de un sólido plexo normativo, compuesto por la Ley Nacional N° 22.351 de Parques Nacionales, la Ley de Bosques Nativos N° 26.631 y la Ley Provincial XVI N.º 105 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).

Esta última norma establece los mecanismos de protección, conservación y promoción del manejo sostenible de los ecosistemas forestales de la provincia. Sin embargo, este marco legal no ha sido obstáculo para que el Gobierno Nacional ejecute un ajuste sin antecedentes, disminuyendo el presupuesto destinado a las 46 áreas protegidas del país.

Al verse privadas de los recursos necesarios, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y los riesgos asociados a su preservación, seguridad y desarrollo del turismo sustentable, entre otras funciones esenciales.

Consideramos que esta medida genera una crisis profunda en la administración de los parques y precariza a todo su personal, indispensable para el cuidado, el manejo sustentable y el conjunto de las operaciones territoriales.

El recorte quedó formalizado a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, publicada en el Boletín Oficial el pasado 11 de mayo de 2026.

Ante esto, se hace imperioso remarcar que el Parque Nacional Iguazú es reconocido a nivel global desde 1934; sus 67.620 hectáreas incluyen una Reserva Nacional anexa en la que coexisten comunidades guaraníes, especies singulares y monumentos naturales de altísimo interés científico y económico.

Todo lo anterior define a la región como un área prioritaria de conservación y desarrollo. Su localización estratégica en el extremo norte de la provincia determina una cuenca hídrica vital, donde confluyen ríos de agua dulce que riegan y abastecen a esta matriz verde de biodiversidad económica y natural, de la cual depende directamente una población trinacional de un millón de personas.

La decisión de crear y proteger estas áreas únicas e intangibles no fue un hecho imprevisto. Por el contrario, es necesario traer a la memoria los procesos y acontecimientos históricos que promovieron los fundamentos técnicos para la creación de los Parques Nacionales y las figuras de protección específicas en nuestro país.

Traer el pasado al presente nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos; la historia nos ayuda a fortalecer nuestra identidad, costumbres y cultura, enseñándonos a valorar y preservar nuestras tradiciones, al tiempo que nos brinda lecciones para no repetir los mismos errores.

En los inicios, esta conciencia de preservación nació motivada por estudiosos, expertos y científicos que impulsaron las áreas protegidas en Argentina, bajo la visionaria iniciativa del explorador Dr. Francisco Pascacio Moreno (1852-1919), quien en 1903 donó a la Nación unas 7.500 hectáreas de su propiedad ubicadas en la región del lago Nahuel Huapi, con la clara intención de preservar el paisaje y las riquezas representativas de la región.

Treinta años después de aquella histórica donación, en 1933, se instituyó la reglamentación necesaria para legislar el funcionamiento de los Parques Nacionales. A este impulso le sucedieron distinguidos estudiosos de las ciencias naturales como Cabrera, Bertoni y tantos otros, cuyos legados nos permiten contar hoy con 46 áreas naturales protegidas a nivel federal.

Este esfuerzo nacional y ciudadano se encuentra plenamente reconocido en nuestra Constitución Nacional, que pone en valor estos principios en su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Este mandato consagra la responsabilidad transgeneracional, dictaminando además que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Es por ello, señor Presidente, que le solicitamos rever esta medida y valorar el esfuerzo centenario realizado por quienes nos precedieron. Ellos generaron este activo valor de conciencia ambiental en los ciudadanos que habitamos esta provincia respecto a la importancia de cuidar la naturaleza. Es urgente entender que estas áreas son bienes comunes, públicos e irremplazables como el agua, y representan externalidades positivas que su equipo de asesores económicos debe considerar.

Es imperioso revertir la quita de fondos implementada, porque estas áreas protegidas constituyen nuestro patrimonio natural y cultural. Son las que nos proporcionan calidad de vida a todos los misioneros, a los argentinos y a la humanidad en su conjunto. Sin una naturaleza viva, cuidada y valorada en su integralidad, la vida misma sería imposible.

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BUENOS AIRES (4/5/2026).- Con participación de representantes de las provincias forestales, técnicos y referentes del ámbito privado de la foresto-industria, se puso en marcha una mesa de trabajo orientada a definir prioridades estratégicas, superar limitaciones estructurales y transformar el potencial forestal argentino en inversión, empleo y valor agregado en el territorio en el largo plazo.

El encuentro fue convocado por Ignacio Lamothe, presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y reunió a referentes de todo el país para abordar la propuesta de “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal… un proceso que busca alinear prioridades entre el sector público y privado para potenciar actividades con capacidad de generar desarrollo, empleo y exportaciones”, específica para el sector forestal y foresto-industrial del país, con el objetivo de construir una agenda estratégica de largo plazo con mirada federal.

Leer más:

El CFI activa una agenda federal para reposicionar al sector forestal como motor del desarrollo productivo

Este espacio se presenta como un escenario propicio para avanzar hacia la conformación de un espacio común de planificación y gestión -propio de las provincias-, dando lugar a la creación del Consejo Federal Forestal Argentino. Esto permitiría reunir de manera estable y permanente a las jurisdicciones provinciales, el cual, claramente, podría funcionar dentro del ámbito institucional técnico-operativo que puede ofrecer, naturalmente, el Consejo Federal de Inversiones.

I. Consideraciones iniciales de la propuesta

1. La diversidad territorial

El desarrollo productivo del país difícilmente puede pensarse de manera homogénea, sino que se hace necesario abordar procesos de construcción que permitan dar lugar a la incorporación de enfoques que tomen en cuenta la perspectiva territorial.

En el caso del sector forestal, esta necesidad se hace particularmente relevante, por su propia naturaleza, dado que se estructura sobre bases geográficas, ecológicas y productivas diferenciadas, esto implica entre otros aspectos: distintas escalas de producción, diversidad de actores, heterogeneidad en capacidades tecnológicas e institucionales, en este marco el desarrollo sectorial, no depende únicamente de variables macroeconómicas, sino de la capacidad de articular políticas adaptadas a las realidades locales.

2. El federalismo como sistema de gobernanza productiva

El federalismo requiere institucionalidad activa para transformarse en una ventaja y no en una restricción, la organización federal del país no es solo un dato institucional, sino una condición estructural para la formulación de políticas públicas, esta condición clave, se ve muchas veces erosionada por la falta de mecanismos efectivos de coordinación que llevan, entre otros aspectos, a que las políticas tiendan a fragmentarse, se generan asimetrías regulatorias, se diluya el impacto de las intervenciones, superposición o vacíos en instrumentos de política, débil integración de cadenas de valor, dificultad para abordar problemas complejos (logística, financiamiento, mercados, tecnología).

3. El carácter estratégico del sector forestal.

El sector forestal adquiere centralidad no solo por su dimensión productiva, sino por su carácter de sector transversal con capacidad de articular múltiples agendas estratégicas: en lo productivo, generación de valor agregado y desarrollo industrial, en lo ambiental, amplios y diversificados servicios ecosistémicos, aportes a la diversificación de la matriz energética ofreciendo opciones de acceso a la energía en la ruralidad profunda, ampliación de las opciones para abordar la demanda habitacional, innovación en materiales  procesos, fortalecimiento del arraigo.

4. De la fragmentación a la acción colectiva

Las condiciones que tiene la actividad forestal para transformarse en uno de los ejes sectoriales estratégicos para el desarrollo de los distintos territorios, necesariamente requiere que puedan superarse las acciones unilaterales, aisladas e inconexas, para pasar al desarrollo de intervenciones que surjan de la concertación política, construcción de acuerdos, acciones de tipo colectivo, donde particularmente, la acción de los gobiernos, no solo se limite a regular o intervenir, sino que fundamentalmente se transformen en vehículos de la acción colectiva, promoviendo y facilitando, la articulación, coordinación y construcción acuerdos entre los diversos actores, desde un enfoque de gobernanza colaborativa.

II. La institucionalización como respuesta

La convergencia de todos los elementos anteriores conduce, en principio, a tomar en cuenta que uno de los principales desafíos no es de tipo conceptual, ni técnico sino institucional, en muchos casos, la ausencia de un ámbito permanente de articulación limita, la continuidad de las políticas, la construcción de consensos, así como, la implementación efectiva de estrategias.

Desde esta perspectiva, cabe tener en cuenta, que la respuesta no puede ser únicamente programática, sino que debe contemplar un abordaje organizacional e institucional, dado que, sin institucionalidad, se ve limitada la sostenibilidad de las políticas públicas.

En línea con las consideraciones planteadas y las particularidades que presenta la actividad forestal, surge como una acción pertinente, la de iniciar un proceso de construcción de un espacio institucional federal de la política forestal, el cual permita: traducir el federalismo en gobernanza efectiva, convertir la coordinación en política pública, canalizar la acción colectiva, sostener una visión estratégica de largo plazo.

La dinámica del sector forestal, con su diversidad productiva y territorial, exige un organismo que funcione como plataforma de coordinación y articulación interjurisdiccional, impulsando la integración desde los territorios para potenciar la competitividad y la sustentabilidaden cada región.

Este Consejo, estaría llamado a asumir ese papel decisivo, la dinámica productiva y ambiental de las provincias argentinas, exige un enfoque descentralizado pero articulado, para entre otros aspectos abordados por la convocatoria del CFI, avanzar en:

• ·         Promover la incorporación tecnológica y la innovación en la industria forestal, fundamental para potenciar valor agregado y competitividad.
• ·         Impulsar el desarrollo sostenible de la construcción con madera, generando empleo local y reduciendo la huella ambiental.
• ·         Fomentar mercados emergentes como los servicios ambientales y de carbono, vinculados directamente a la gestión forestal responsable.
• ·         Mejorar la gestión integral del fuego y el aprovechamiento energético de residuos, retos que requieren coordinación interjurisdiccional.
• ·         Diseñar incentivos fiscales, herramientas financieras y una logística adecuada que permitan escalar proyectos con seguridad y eficiencia.
• ·         Fortalecer los procesos territoriales, de planificación y gestión de paisajes resilientes, con integración de la diversidad productiva, promoviendo el arraigo local.

El relevo institucional, que se propone con la conformación del Consejo Federal Forestal dentro del CFI, permitiría superar las limitaciones de políticas aisladas y aislacionistas, generando consensos técnicos y políticos de largo plazo,que superen las diferencias políticas y sectoriales, estableciendo prioridades estratégicas claras y compartidas, facilitaría la articulación efectiva entre provincias, optimizando recursos y evitando la fragmentación institucional, ayudando a construir consensos duraderos, con carácter de verdaderas “Políticas de Estado”, que permitan lograr que el potencial del sector, se traduzca en desarrollo concreto, con impacto positivo en las economías regionales y a nivel nacional.

Finalmente, quizás es momento de acordar, que Argentina no puede permitirse más dilaciones, la acción coordinada, sostenida y federal es la ventaja competitiva que el sector forestal necesita para contribuir decisivamente a la seguridad productiva, ambiental y social del país.

(*) Rubén Manfredi

Ingeniero Forestal M. Sc.

Profesor Adjunto Cátedra de Economía Forestal

Carrera de Ingeniería Forestal

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

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BUENOS AIRES (3/5/2026).- El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra cada 3 de mayo en conmemoración de la Declaración de Windhoek, adoptada en 1991 durante un encuentro de periodistas africanos promovido por la UNESCO. Este documento estableció principios fundamentales para la defensa de la libertad de prensa.

Tres décadas después, en 2021, se adoptó la Declaración de Windhoek + 30, que actualiza ese marco normativo ante los desafíos de la transformación digital y el creciente poder de las grandes plataformas tecnológicas sobre la libertad de expresión.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que nuclea a medios argentinos llamó a garantizar condiciones para el ejercicio libre del periodismo y advirtió que la descalificación y el hostigamiento afectan la calidad democrática.

Desde la entidad señalaron que el ejercicio del periodismo libre, sin presiones ni restricciones, constituye un pilar central del sistema democrático. En ese sentido, remarcaron que el acceso a la información pública, la posibilidad de investigar y difundir hechos de interés general forman parte de estándares esenciales para garantizar la transparencia institucional.

ADEPA advirtió que el respaldo al trabajo de la prensa no debe limitarse a declaraciones formales, sino que debe traducirse en conductas concretas por parte de todos los actores sociales, en particular de quienes ocupan cargos públicos.

En el documento, la organización expresó preocupación por situaciones de descalificación y agresión verbal hacia periodistas y medios, al considerar que estos comportamientos no solo afectan a quienes ejercen la profesión, sino que también deterioran el debate público y debilitan la calidad de la democracia.

Asimismo, destacó la importancia de promover el respeto por la diversidad de opiniones, la convivencia en el disenso y la aceptación del escrutinio periodístico como valores fundamentales en una sociedad democrática.

“El acceso a la información y la libertad de expresión no son prerrogativas sectoriales, sino derechos fundamentales de la ciudadanía”, remarcaron desde ADEPA, al tiempo que subrayaron la necesidad de garantizar un entorno donde el periodismo pueda desarrollarse con independencia.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y convocó a todos los sectores a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la pluralidad y la libertad.

La SIP advierte sobre un escenario crítico en las Américas

El panorama en las Américas obliga a una reflexión profunda y, sobre todo, urgente, frente al deterioro sostenido de la libertad de expresión que se manifiesta en una preocupante normalización de la hostilidad contra la prensa.

Desde la Sociedad Interamericana de Prensa compartieron un mensaje, ya que la libertad de expresión -pilar esencial de toda democracia- enfrenta hoy un deterioro sostenido que ya no se manifiesta únicamente en hechos aislados, sino en una preocupante normalización de la hostilidad contra la prensa.

Los mensajes recientes del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, de la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, y las conclusiones presentadas por el primer vicepresidente Carlos Jornet convergen en una misma advertencia: el hemisferio atraviesa una etapa crítica en la que el ejercicio del periodismo se ve asediado por múltiples frentes, desde el poder político hasta estructuras criminales, el creciente hostigamiento judicial, pasando por dinámicas digitales que amplifican la desinformación y el descrédito.

Hoy, la violencia contra periodistas no solo persiste, sino que se diversifica. A los asesinatos, amenazas y agresiones físicas se suman mecanismos más sofisticados y, en muchos casos, igual de eficaces para silenciar: campañas de estigmatización, acoso judicial, uso arbitrario de la legislación penal y presiones económicas que asfixian la sostenibilidad de los medios.

Esta convergencia de factores configura un ecosistema hostil en el que informar implica, cada vez más, asumir riesgos extraordinarios.

Uno de los aspectos más inquietantes señalados por la SIP es precisamente esa “normalización” de la agresión. Lo que antes generaba condena generalizada hoy, en demasiadas ocasiones, pasa inadvertido o es minimizado. Este cambio cultural erosiona las bases mismas de la convivencia democrática, al debilitar la capacidad de la sociedad para reconocer y rechazar los abusos contra la prensa.

En este contexto, la narrativa autoritaria avanza con renovada fuerza. Gobiernos de distintos signos ideológicos recurren a estrategias similares: desacreditar a los medios independientes, erosionar la confianza pública en el periodismo y concentrar el control sobre la información. La consecuencia es un progresivo cierre del espacio cívico, donde la crítica se castiga y la transparencia se convierte en excepción.

Como afirmó el presidente de la SIP, es necesario reconocer un hecho sin precedentes: Estados Unidos enfrenta hoy presiones sistémicas sobre la libertad de prensa que reflejan patrones históricamente observados en otras partes del continente.

La escalada de la retórica hostil, el uso de herramientas legales y regulatorias, las restricciones de acceso y el aumento de incidentes de violencia contra periodistas marcan un punto de inflexión que no puede ser ignorado.

Esto tiene implicaciones profundas para todo el hemisferio. Cuando la libertad de prensa se debilita en Estados Unidos, se envía una señal que puede ser interpretada por otros gobiernos como una validación para replicar prácticas restrictivas.

Pero también abre una oportunidad: la experiencia, resiliencia y aprendizaje acumulado por periodistas en América Latina pueden hoy servir como referencia, apoyo y guía en un contexto que exige mayor cooperación regional.

Asimismo, enfrentamos crecientes restricciones al acceso a la información pública. Gobiernos que limitan datos, manipulan sistemas de transparencia, restringen acreditaciones o condicionan el acceso a fuentes oficiales no solo debilitan el trabajo periodístico, sino que vulneran el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada.

En algunos casos, estas prácticas se traducen en decisiones concretas que restringen el acceso de periodistas a sedes gubernamentales o conferencias oficiales, afectando directamente la cobertura informativa.

Sin embargo, el diagnóstico no se limita a la denuncia. Las conclusiones de la SIP también subrayan la necesidad de una respuesta articulada y decidida. Defender la libertad de prensa hoy exige fortalecer los mecanismos de protección para periodistas, combatir la impunidad en los crímenes en su contra y promover marcos regulatorios que garanticen un entorno digital más transparente y equitativo. Implica, además, reafirmar el valor del periodismo de interés público, esencial para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Frente a este escenario, la SIP reafirma la importancia de la incidencia como herramienta de cambio. Nuestras misiones, el diálogo con autoridades y la promoción de estándares internacionales siguen siendo mecanismos fundamentales para generar compromisos concretos y promover la rendición de cuentas.

No obstante, si hay un desafío que exige atención prioritaria, es la impunidad. La gran mayoría de los crímenes contra periodistas en las Américas permanece sin resolución. Esta realidad constituye una falla estructural que debilita el Estado de derecho y pone en riesgo la libertad de expresión.

Por ello, la SIP intensificará sus esfuerzos para combatir la impunidad mediante mecanismos de investigación, acompañamiento legal y visibilización internacional. La reactivación de iniciativas orientadas a esclarecer casos emblemáticos y apoyar a las víctimas y sus familias es un paso necesario para avanzar hacia la justicia.

LA IMPUNIDAD NO ES INEVITABLE: ES EL RESULTADO DE LA INACCIÓN. Y PUEDE REVERTIRSE MEDIANTE COMPROMISO, COORDINACIÓN Y PRESIÓN SOSTENIDA.

El desafío es colectivo. No recae únicamente en los medios o en los periodistas, sino en toda la sociedad. Porque cuando se debilita la libertad de prensa, lo que está en juego no es solo el derecho a informar, sino el derecho de todos a estar informados.

En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, la SIP convoca a renovar el compromiso con estos principios fundamentales. No se trata solo de resistir las amenazas, sino de reconstruir las condiciones que permitan al periodismo cumplir su función sin miedo ni restricciones indebidas.

En tiempos en que la verdad es disputada y el silencio se impone por distintas vías, informar sigue siendo —más que nunca— un acto de valentía. Y defender ese derecho, una responsabilidad impostergable.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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MISIONES (28/4/2026).-En un contexto económico marcado por la incertidumbre, la retracción del consumo y la apertura comercial, el presidente del INFOPRO, Hugo Escalada, traza un diagnóstico crítico sobre la situación de la industria foresto-industrial argentina. Advierte sobre la pérdida de competitividad, la falta de incentivos y el impacto directo en el entramado productivo, al tiempo que pone en duda la consistencia de recientes anuncios de inversión en el sector.

A continuación, su columna de opinión, para ArgentinaForestal.com: 

El marco económico no es alentador para la industria nacional y en particular para el sector foresto-industrial. Sin políticas nacionales que impulsen la inversión, en un contexto de estanflación con un dólar en torno a los 1.400 pesos y una inflación del 30%, el Gobierno nacional no muestra acciones claras que apoyen al sector forestal.

Con aciertos y errores, anteriores administraciones mostraron interés manifiesto desde la “Mesa Forestal” impulsada por el ex presidente Mauricio Macri, a la declaración de “actividad esencial” en pandemia en la presidencia de Alberto Fernández; desde la Casa Rosada se visibilizo a la foresto-industria en el panorama productivo.

La llegada del gobierno de Javier Milei con su impronta libertaria, giró el rumbo y la apuesta decantó en una apertura económica y de importaciones convirtiéndose en el verdugo de un sector que basa su actividad en el mercado interno.

La estrepitosa caída del poder adquisitivo de la población, producto de la devaluación de salarios y el aumento del costo de vida por la suba de servicios, llevó a un estancamiento en el consumo de madera.

El abrupto parate del sector de la construcción fue el determinante a la hora de hundir el flujo de dinero que se motorizaba en torno a los bosques implantados.

La falta de políticas habitacionales que incorporen el consumo de madera sumado a la caída de la capacidad industrial instalada que hoy ronda el 40%, a la desaparición de 25.000 Pymes, la pérdida de 300.000 puestos de trabajos formales y la declaración de concurso preventivo de acreedores de Celulosa Argentina, el principal productor de celulosa y papel del país, por una cifra que ronda entre los 120 y 140 millones de dólares, según la empresa en un contexto de fuerte caída de ingresos, márgenes deteriorados y dificultad para trasladar la inflación a precios.

Estos datos son una realidad insoslayable a la hora de analizar la película completa, la pregunta sería ¿quién invierte con estas condiciones?

“El clavo en el ataúd” que decía el Presidente pareciera no haber sido para una facción política, sino para la industria forestal argentina.

Datos de la CEPAL muestran el retroceso de la cadena forestal argentina en comparación con la realidad que se vive en el resto del Mercosur.

Brasil y Uruguay se presentan como la vanguardia en la producción, tanto en lo que refiere a productos celulósicos como los resultantes del aserrío.

El crecimiento de plantaciones y la inversión de multinacionales en los países vecinos plantean cuestiones que se basan en la solidez de acuerdos públicos (políticas de Estado) y una alta ventaja competitiva respecto a la disponibilidad de tierra y materia prima.

Este último punto es crucial porque se pueden tener muchas forestaciones, pero es determinante para la concreción de grandes inversiones saber cuántas de esas  hectáreas están disponibles.

Si bien desde el gobierno de Milei impulsaron el RIGI, el sector forestal no fue unos de los beneficiados por éste régimen.

Los números de la CEPAL no mienten, son dato y no relato. Los índices de inversión extranjera directa se focalizaron  principalmente en el sector de la minería, donde Argentina figura como uno de los cuatro países que concentraron más del 80% en anuncios de inversión.

Un dato que deja fuera al sector forestal y demuestra que las grandes inversiones extranjeras no tienen a nuestro país como objetivo a corto y mediano plazo.

En este contexto adverso llama poderosamente la atención el anuncio de instalación de una planta de celulosa fluff en Parque Industrial de Ituzaingó por parte de Arpulp SA, presentado por el gobernador correntino Juan Pablo Valdés y Alejandra Aranda, cabeza de la compañía.

Todo el panorama descrito me hace dudar de la verosimilitud de este rimbombante anuncio, al cual coloco dentro de las necesidades de “mostrar inversiones”, avances y generación de empleo, en una región donde en realidad ocurre todo lo opuesto.

Si recordamos proyectos de inversiones millonarias que no se llevaron adelante tenemos el antecedente de Bosques del Plata de CMPC, empresa de capitales chilenos que ingresó a la Argentina en los años 90, y su proyecto celulósico de nivel internacional.

No se trata de estar a favor o en contra de las celulósicas, toda inversión siempre es necesaria para potenciar el desarrollo, pero generar falsas expectativas nunca dio buenos resultados.

No puedo pasar por alto la situación de las 400 familias de operarios de empresa Forestadora Tapebicuá –del Grupo Celulosa Argentina-, un hecho que podría tornarse, como lo avizoran desde las asociaciones forestales, como el inicio de un efecto dominó.

El futuro es desafiante aún si queremos ver el vaso medio lleno.

*Presidente del Instituto Forestal Provincia (Infopro)

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