MISIONES (Mayo 2026)..- En el presente artículo de opinión técnica, el autor  Samtiago Andrés Martinez (*) propone una reflexión analítica sobre la urgencia de acortar la brecha entre el conocimiento científico y la legislación vigente. A través de un abordaje que conecta la conservación biológica, el aprovechamiento sustentable de los recursos no maderables del bosque y el desarrollo de nuevos modelos de base biológica, se examinan los vacíos normativos actuales y los desafíos estratégicos necesarios para consolidar a la funga misionera como un activo clave del patrimonio natural y productivo de la provincia.

Durante muchos años, cuando se hablaba de recursos forestales, la discusión giraba principalmente en torno a la madera, las plantaciones y la industria. Sin embargo, los bosques son mucho más que árboles. Son sistemas complejos donde interactúan flora, fauna y también la funga, un componente históricamente invisibilizado dentro de las políticas ambientales y forestales.

En Misiones, esta situación comenzó a cambiar lentamente en los últimos años. Jornadas de micología, salidas de campo, capacitaciones, investigaciones científicas y nuevas iniciativas institucionales muestran que el interés por los hongos ya no pertenece únicamente al ámbito académico. La funga empezó a ocupar espacios en la discusión productiva, ambiental y social de la provincia.

Pero este proceso no surgió de un día para el otro.

Desde distintos espacios académicos y científicos, particularmente vinculados a la Facultad de Ciencias Forestales, se vienen desarrollando investigaciones relacionadas con biodiversidad fúngica, dinámica poblacional, abundancia de especies, potencial productivo y aprovechamiento sustentable de hongos asociados a sistemas forestales de Misiones.

Durante años, gran parte de ese trabajo avanzó silenciosamente, casi como el propio micelio dentro del bosque: poco visible, pero fundamental para sostener procesos ecológicos y generar conocimiento.

Hoy, ese conocimiento comienza a reflejarse en políticas públicas concretas. La creación de programas provinciales vinculados a la investigación y promoción de hongos medicinales y comestibles, junto con la articulación de actores institucionales como el IMiBio, evidencia que Misiones probablemente sea una de las provincias argentinas con mayor desarrollo emergente en materia micológica.

Sin embargo, el crecimiento de la actividad también deja expuesto un problema importante: la política pública comenzó a avanzar más rápido que la integración de la funga dentro del derecho y la política forestal tradicional.

Históricamente, el derecho forestal argentino se construyó alrededor del aprovechamiento maderero y, posteriormente, de algunos productos forestales no maderables. Pero los hongos casi nunca fueron incorporados explícitamente dentro de la planificación forestal, a pesar de su enorme importancia ecológica y de su creciente potencial productivo.

Y justamente ahí aparece uno de los mayores desafíos actuales.

La funga nativa cumple funciones fundamentales dentro de los ecosistemas forestales:

• ·        participa en el reciclado de nutrientes,
• ·        interviene en procesos de descomposición,
• ·        contribuye al equilibrio ecológico,
• ·        y mantiene relaciones complejas con numerosas especies vegetales.

A pesar de esto, históricamente quedó relegada dentro de las estrategias de conservación y manejo.

A su vez, la protección de Rickiella edulis representa un antecedente muy importante para el país y particularmente para Misiones, al tratarse de uno de los primeros hongos reconocidos legalmente dentro de instrumentos de conservación.

Más allá de su valor simbólico, este tipo de medidas muestran que la funga comienza lentamente a ser considerada como parte del patrimonio biológico que necesita manejo y protección específica.

Pero al mismo tiempo, la provincia también presenta escenarios productivos emergentes vinculados al aprovechamiento foresto-fúngico.

Uno de los casos más conocidos es el de especies ectomicorrícicas introducidas como Lactarius deliciosus y especies del género Suillus, asociadas principalmente a plantaciones de Pinus spp. Estas especies dependen directamente de la relación simbiótica con los pinares, por lo que su presencia se encuentra fuertemente condicionada por los sistemas silvícolas implantados.

Hasta el momento, no existen evidencias claras de comportamiento invasivo agresivo ni desplazamiento significativo de especies nativas en la provincia, lo que permite pensar su aprovechamiento como una alternativa complementaria dentro de sistemas forestales ya establecidos.

De esta manera, los hongos asociados a plantaciones forestales podrían interpretarse como productos forestales no maderables capaces de agregar valor económico al manejo forestal sin modificar el uso del suelo ni generar nuevas presiones sobre el bosque nativo.

A su vez, el cultivo de hongos saprofíticos utilizando residuos forestoindustriales abre otra posibilidad interesante para Misiones. Aserrín, virutas y otros subproductos generados por aserraderos podrían transformarse en sustratos para la producción de hongos comestibles, incorporando conceptos de economía circular y bioeconomía forestal dentro de una actividad que actualmente continúa en desarrollo.

Sin embargo, pese al crecimiento institucional y productivo de la temática, todavía persisten importantes vacíos regulatorios:

• ·        ausencia de integración explícita de la funga dentro de la política forestal,
• ·        falta de criterios técnicos de manejo,
• ·        escasa regulación sobre recolección silvestre,
• ·        limitaciones en el monitoreo de poblaciones nativas,
• ·        y superposición de competencias entre distintos organismos.

Mientras algunas regiones europeas ya integran el aprovechamiento micológico dentro de sus esquemas de gestión forestal, en Argentina el tema todavía se encuentra en una etapa inicial de construcción institucional y normativa.

Tal vez el verdadero desafío no consista únicamente en producir más madera, sino también en aprender a gestionar de manera integral todos los recursos biológicos que forman parte del ecosistema forestal.

Y dentro de esa discusión, la funga empieza lentamente a ocupar un lugar que durante mucho tiempo permaneció oculto bajo la superficie.

(*) Autor: 

Santiago Andrés Martínez, Técnico Agrónomo con orientación forestal, estudiante avanzado de Ingeniería Forestal (UNaM) e investigador en biodiversidad y dinámica poblacional fúngica..

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MISIONES (16/5/2026).- Como ingeniera forestal egresada de la Universidad Pública de Misiones (UNaM), trabajadora del Estado agremiada en ATE, y haciéndome eco de tantas otras voces que no se resignan, quiero expresar mi profunda preocupación ante las medidas económicas de recorte por un total de 2.200 millones de pesos.

Este ajuste afecta directamente la conservación, las actividades de mantenimiento y la seguridad de las Áreas Naturales Protected en su conjunto, las cuales componen el Patrimonio Natural de nuestro país.

En particular, estas quitas establecidas significan $41.715.900 menos para el Parque Nacional Iguazú y una reducción de $12.123.088 para el Área Silvestre Campo San Juan.

Estas áreas de excepcional valor paisajístico y superficies protegidas cuentan con el respaldo de un sólido plexo normativo, compuesto por la Ley Nacional N° 22.351 de Parques Nacionales, la Ley de Bosques Nativos N° 26.631 y la Ley Provincial XVI N.º 105 de Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN).

Esta última norma establece los mecanismos de protección, conservación y promoción del manejo sostenible de los ecosistemas forestales de la provincia. Sin embargo, este marco legal no ha sido obstáculo para que el Gobierno Nacional ejecute un ajuste sin antecedentes, disminuyendo el presupuesto destinado a las 46 áreas protegidas del país.

Al verse privadas de los recursos necesarios, se incrementa exponencialmente su vulnerabilidad y los riesgos asociados a su preservación, seguridad y desarrollo del turismo sustentable, entre otras funciones esenciales.

Consideramos que esta medida genera una crisis profunda en la administración de los parques y precariza a todo su personal, indispensable para el cuidado, el manejo sustentable y el conjunto de las operaciones territoriales.

El recorte quedó formalizado a través de la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Ministro de Economía, Luis Caputo, publicada en el Boletín Oficial el pasado 11 de mayo de 2026.

Ante esto, se hace imperioso remarcar que el Parque Nacional Iguazú es reconocido a nivel global desde 1934; sus 67.620 hectáreas incluyen una Reserva Nacional anexa en la que coexisten comunidades guaraníes, especies singulares y monumentos naturales de altísimo interés científico y económico.

Todo lo anterior define a la región como un área prioritaria de conservación y desarrollo. Su localización estratégica en el extremo norte de la provincia determina una cuenca hídrica vital, donde confluyen ríos de agua dulce que riegan y abastecen a esta matriz verde de biodiversidad económica y natural, de la cual depende directamente una población trinacional de un millón de personas.

La decisión de crear y proteger estas áreas únicas e intangibles no fue un hecho imprevisto. Por el contrario, es necesario traer a la memoria los procesos y acontecimientos históricos que promovieron los fundamentos técnicos para la creación de los Parques Nacionales y las figuras de protección específicas en nuestro país.

Traer el pasado al presente nos invita a reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde vamos; la historia nos ayuda a fortalecer nuestra identidad, costumbres y cultura, enseñándonos a valorar y preservar nuestras tradiciones, al tiempo que nos brinda lecciones para no repetir los mismos errores.

En los inicios, esta conciencia de preservación nació motivada por estudiosos, expertos y científicos que impulsaron las áreas protegidas en Argentina, bajo la visionaria iniciativa del explorador Dr. Francisco Pascacio Moreno (1852-1919), quien en 1903 donó a la Nación unas 7.500 hectáreas de su propiedad ubicadas en la región del lago Nahuel Huapi, con la clara intención de preservar el paisaje y las riquezas representativas de la región.

Treinta años después de aquella histórica donación, en 1933, se instituyó la reglamentación necesaria para legislar el funcionamiento de los Parques Nacionales. A este impulso le sucedieron distinguidos estudiosos de las ciencias naturales como Cabrera, Bertoni y tantos otros, cuyos legados nos permiten contar hoy con 46 áreas naturales protegidas a nivel federal.

Este esfuerzo nacional y ciudadano se encuentra plenamente reconocido en nuestra Constitución Nacional, que pone en valor estos principios en su artículo 41: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”. Este mandato consagra la responsabilidad transgeneracional, dictaminando además que el daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley.

Es por ello, señor Presidente, que le solicitamos rever esta medida y valorar el esfuerzo centenario realizado por quienes nos precedieron. Ellos generaron este activo valor de conciencia ambiental en los ciudadanos que habitamos esta provincia respecto a la importancia de cuidar la naturaleza. Es urgente entender que estas áreas son bienes comunes, públicos e irremplazables como el agua, y representan externalidades positivas que su equipo de asesores económicos debe considerar.

Es imperioso revertir la quita de fondos implementada, porque estas áreas protegidas constituyen nuestro patrimonio natural y cultural. Son las que nos proporcionan calidad de vida a todos los misioneros, a los argentinos y a la humanidad en su conjunto. Sin una naturaleza viva, cuidada y valorada en su integralidad, la vida misma sería imposible.

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BUENOS AIRES (4/5/2026).- Con participación de representantes de las provincias forestales, técnicos y referentes del ámbito privado de la foresto-industria, se puso en marcha una mesa de trabajo orientada a definir prioridades estratégicas, superar limitaciones estructurales y transformar el potencial forestal argentino en inversión, empleo y valor agregado en el territorio en el largo plazo.

El encuentro fue convocado por Ignacio Lamothe, presidente del Consejo Federal de Inversiones (CFI) y reunió a referentes de todo el país para abordar la propuesta de “Hoja de Ruta hacia un Futuro Federal… un proceso que busca alinear prioridades entre el sector público y privado para potenciar actividades con capacidad de generar desarrollo, empleo y exportaciones”, específica para el sector forestal y foresto-industrial del país, con el objetivo de construir una agenda estratégica de largo plazo con mirada federal.

Leer más:

El CFI activa una agenda federal para reposicionar al sector forestal como motor del desarrollo productivo

Este espacio se presenta como un escenario propicio para avanzar hacia la conformación de un espacio común de planificación y gestión -propio de las provincias-, dando lugar a la creación del Consejo Federal Forestal Argentino. Esto permitiría reunir de manera estable y permanente a las jurisdicciones provinciales, el cual, claramente, podría funcionar dentro del ámbito institucional técnico-operativo que puede ofrecer, naturalmente, el Consejo Federal de Inversiones.

I. Consideraciones iniciales de la propuesta

1. La diversidad territorial

El desarrollo productivo del país difícilmente puede pensarse de manera homogénea, sino que se hace necesario abordar procesos de construcción que permitan dar lugar a la incorporación de enfoques que tomen en cuenta la perspectiva territorial.

En el caso del sector forestal, esta necesidad se hace particularmente relevante, por su propia naturaleza, dado que se estructura sobre bases geográficas, ecológicas y productivas diferenciadas, esto implica entre otros aspectos: distintas escalas de producción, diversidad de actores, heterogeneidad en capacidades tecnológicas e institucionales, en este marco el desarrollo sectorial, no depende únicamente de variables macroeconómicas, sino de la capacidad de articular políticas adaptadas a las realidades locales.

2. El federalismo como sistema de gobernanza productiva

El federalismo requiere institucionalidad activa para transformarse en una ventaja y no en una restricción, la organización federal del país no es solo un dato institucional, sino una condición estructural para la formulación de políticas públicas, esta condición clave, se ve muchas veces erosionada por la falta de mecanismos efectivos de coordinación que llevan, entre otros aspectos, a que las políticas tiendan a fragmentarse, se generan asimetrías regulatorias, se diluya el impacto de las intervenciones, superposición o vacíos en instrumentos de política, débil integración de cadenas de valor, dificultad para abordar problemas complejos (logística, financiamiento, mercados, tecnología).

3. El carácter estratégico del sector forestal.

El sector forestal adquiere centralidad no solo por su dimensión productiva, sino por su carácter de sector transversal con capacidad de articular múltiples agendas estratégicas: en lo productivo, generación de valor agregado y desarrollo industrial, en lo ambiental, amplios y diversificados servicios ecosistémicos, aportes a la diversificación de la matriz energética ofreciendo opciones de acceso a la energía en la ruralidad profunda, ampliación de las opciones para abordar la demanda habitacional, innovación en materiales  procesos, fortalecimiento del arraigo.

4. De la fragmentación a la acción colectiva

Las condiciones que tiene la actividad forestal para transformarse en uno de los ejes sectoriales estratégicos para el desarrollo de los distintos territorios, necesariamente requiere que puedan superarse las acciones unilaterales, aisladas e inconexas, para pasar al desarrollo de intervenciones que surjan de la concertación política, construcción de acuerdos, acciones de tipo colectivo, donde particularmente, la acción de los gobiernos, no solo se limite a regular o intervenir, sino que fundamentalmente se transformen en vehículos de la acción colectiva, promoviendo y facilitando, la articulación, coordinación y construcción acuerdos entre los diversos actores, desde un enfoque de gobernanza colaborativa.

II. La institucionalización como respuesta

La convergencia de todos los elementos anteriores conduce, en principio, a tomar en cuenta que uno de los principales desafíos no es de tipo conceptual, ni técnico sino institucional, en muchos casos, la ausencia de un ámbito permanente de articulación limita, la continuidad de las políticas, la construcción de consensos, así como, la implementación efectiva de estrategias.

Desde esta perspectiva, cabe tener en cuenta, que la respuesta no puede ser únicamente programática, sino que debe contemplar un abordaje organizacional e institucional, dado que, sin institucionalidad, se ve limitada la sostenibilidad de las políticas públicas.

En línea con las consideraciones planteadas y las particularidades que presenta la actividad forestal, surge como una acción pertinente, la de iniciar un proceso de construcción de un espacio institucional federal de la política forestal, el cual permita: traducir el federalismo en gobernanza efectiva, convertir la coordinación en política pública, canalizar la acción colectiva, sostener una visión estratégica de largo plazo.

La dinámica del sector forestal, con su diversidad productiva y territorial, exige un organismo que funcione como plataforma de coordinación y articulación interjurisdiccional, impulsando la integración desde los territorios para potenciar la competitividad y la sustentabilidaden cada región.

Este Consejo, estaría llamado a asumir ese papel decisivo, la dinámica productiva y ambiental de las provincias argentinas, exige un enfoque descentralizado pero articulado, para entre otros aspectos abordados por la convocatoria del CFI, avanzar en:

• ·         Promover la incorporación tecnológica y la innovación en la industria forestal, fundamental para potenciar valor agregado y competitividad.
• ·         Impulsar el desarrollo sostenible de la construcción con madera, generando empleo local y reduciendo la huella ambiental.
• ·         Fomentar mercados emergentes como los servicios ambientales y de carbono, vinculados directamente a la gestión forestal responsable.
• ·         Mejorar la gestión integral del fuego y el aprovechamiento energético de residuos, retos que requieren coordinación interjurisdiccional.
• ·         Diseñar incentivos fiscales, herramientas financieras y una logística adecuada que permitan escalar proyectos con seguridad y eficiencia.
• ·         Fortalecer los procesos territoriales, de planificación y gestión de paisajes resilientes, con integración de la diversidad productiva, promoviendo el arraigo local.

El relevo institucional, que se propone con la conformación del Consejo Federal Forestal dentro del CFI, permitiría superar las limitaciones de políticas aisladas y aislacionistas, generando consensos técnicos y políticos de largo plazo,que superen las diferencias políticas y sectoriales, estableciendo prioridades estratégicas claras y compartidas, facilitaría la articulación efectiva entre provincias, optimizando recursos y evitando la fragmentación institucional, ayudando a construir consensos duraderos, con carácter de verdaderas “Políticas de Estado”, que permitan lograr que el potencial del sector, se traduzca en desarrollo concreto, con impacto positivo en las economías regionales y a nivel nacional.

Finalmente, quizás es momento de acordar, que Argentina no puede permitirse más dilaciones, la acción coordinada, sostenida y federal es la ventaja competitiva que el sector forestal necesita para contribuir decisivamente a la seguridad productiva, ambiental y social del país.

(*) Rubén Manfredi

Ingeniero Forestal M. Sc.

Profesor Adjunto Cátedra de Economía Forestal

Carrera de Ingeniería Forestal

Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB)

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BUENOS AIRES (3/5/2026).- El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra cada 3 de mayo en conmemoración de la Declaración de Windhoek, adoptada en 1991 durante un encuentro de periodistas africanos promovido por la UNESCO. Este documento estableció principios fundamentales para la defensa de la libertad de prensa.

Tres décadas después, en 2021, se adoptó la Declaración de Windhoek + 30, que actualiza ese marco normativo ante los desafíos de la transformación digital y el creciente poder de las grandes plataformas tecnológicas sobre la libertad de expresión.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que nuclea a medios argentinos llamó a garantizar condiciones para el ejercicio libre del periodismo y advirtió que la descalificación y el hostigamiento afectan la calidad democrática.

Desde la entidad señalaron que el ejercicio del periodismo libre, sin presiones ni restricciones, constituye un pilar central del sistema democrático. En ese sentido, remarcaron que el acceso a la información pública, la posibilidad de investigar y difundir hechos de interés general forman parte de estándares esenciales para garantizar la transparencia institucional.

ADEPA advirtió que el respaldo al trabajo de la prensa no debe limitarse a declaraciones formales, sino que debe traducirse en conductas concretas por parte de todos los actores sociales, en particular de quienes ocupan cargos públicos.

En el documento, la organización expresó preocupación por situaciones de descalificación y agresión verbal hacia periodistas y medios, al considerar que estos comportamientos no solo afectan a quienes ejercen la profesión, sino que también deterioran el debate público y debilitan la calidad de la democracia.

Asimismo, destacó la importancia de promover el respeto por la diversidad de opiniones, la convivencia en el disenso y la aceptación del escrutinio periodístico como valores fundamentales en una sociedad democrática.

“El acceso a la información y la libertad de expresión no son prerrogativas sectoriales, sino derechos fundamentales de la ciudadanía”, remarcaron desde ADEPA, al tiempo que subrayaron la necesidad de garantizar un entorno donde el periodismo pueda desarrollarse con independencia.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y convocó a todos los sectores a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la pluralidad y la libertad.

La SIP advierte sobre un escenario crítico en las Américas

El panorama en las Américas obliga a una reflexión profunda y, sobre todo, urgente, frente al deterioro sostenido de la libertad de expresión que se manifiesta en una preocupante normalización de la hostilidad contra la prensa.

Desde la Sociedad Interamericana de Prensa compartieron un mensaje, ya que la libertad de expresión -pilar esencial de toda democracia- enfrenta hoy un deterioro sostenido que ya no se manifiesta únicamente en hechos aislados, sino en una preocupante normalización de la hostilidad contra la prensa.

Los mensajes recientes del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, de la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, y las conclusiones presentadas por el primer vicepresidente Carlos Jornet convergen en una misma advertencia: el hemisferio atraviesa una etapa crítica en la que el ejercicio del periodismo se ve asediado por múltiples frentes, desde el poder político hasta estructuras criminales, el creciente hostigamiento judicial, pasando por dinámicas digitales que amplifican la desinformación y el descrédito.

Hoy, la violencia contra periodistas no solo persiste, sino que se diversifica. A los asesinatos, amenazas y agresiones físicas se suman mecanismos más sofisticados y, en muchos casos, igual de eficaces para silenciar: campañas de estigmatización, acoso judicial, uso arbitrario de la legislación penal y presiones económicas que asfixian la sostenibilidad de los medios.

Esta convergencia de factores configura un ecosistema hostil en el que informar implica, cada vez más, asumir riesgos extraordinarios.

Uno de los aspectos más inquietantes señalados por la SIP es precisamente esa “normalización” de la agresión. Lo que antes generaba condena generalizada hoy, en demasiadas ocasiones, pasa inadvertido o es minimizado. Este cambio cultural erosiona las bases mismas de la convivencia democrática, al debilitar la capacidad de la sociedad para reconocer y rechazar los abusos contra la prensa.

En este contexto, la narrativa autoritaria avanza con renovada fuerza. Gobiernos de distintos signos ideológicos recurren a estrategias similares: desacreditar a los medios independientes, erosionar la confianza pública en el periodismo y concentrar el control sobre la información. La consecuencia es un progresivo cierre del espacio cívico, donde la crítica se castiga y la transparencia se convierte en excepción.

Como afirmó el presidente de la SIP, es necesario reconocer un hecho sin precedentes: Estados Unidos enfrenta hoy presiones sistémicas sobre la libertad de prensa que reflejan patrones históricamente observados en otras partes del continente.

La escalada de la retórica hostil, el uso de herramientas legales y regulatorias, las restricciones de acceso y el aumento de incidentes de violencia contra periodistas marcan un punto de inflexión que no puede ser ignorado.

Esto tiene implicaciones profundas para todo el hemisferio. Cuando la libertad de prensa se debilita en Estados Unidos, se envía una señal que puede ser interpretada por otros gobiernos como una validación para replicar prácticas restrictivas.

Pero también abre una oportunidad: la experiencia, resiliencia y aprendizaje acumulado por periodistas en América Latina pueden hoy servir como referencia, apoyo y guía en un contexto que exige mayor cooperación regional.

Asimismo, enfrentamos crecientes restricciones al acceso a la información pública. Gobiernos que limitan datos, manipulan sistemas de transparencia, restringen acreditaciones o condicionan el acceso a fuentes oficiales no solo debilitan el trabajo periodístico, sino que vulneran el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada.

En algunos casos, estas prácticas se traducen en decisiones concretas que restringen el acceso de periodistas a sedes gubernamentales o conferencias oficiales, afectando directamente la cobertura informativa.

Sin embargo, el diagnóstico no se limita a la denuncia. Las conclusiones de la SIP también subrayan la necesidad de una respuesta articulada y decidida. Defender la libertad de prensa hoy exige fortalecer los mecanismos de protección para periodistas, combatir la impunidad en los crímenes en su contra y promover marcos regulatorios que garanticen un entorno digital más transparente y equitativo. Implica, además, reafirmar el valor del periodismo de interés público, esencial para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Frente a este escenario, la SIP reafirma la importancia de la incidencia como herramienta de cambio. Nuestras misiones, el diálogo con autoridades y la promoción de estándares internacionales siguen siendo mecanismos fundamentales para generar compromisos concretos y promover la rendición de cuentas.

No obstante, si hay un desafío que exige atención prioritaria, es la impunidad. La gran mayoría de los crímenes contra periodistas en las Américas permanece sin resolución. Esta realidad constituye una falla estructural que debilita el Estado de derecho y pone en riesgo la libertad de expresión.

Por ello, la SIP intensificará sus esfuerzos para combatir la impunidad mediante mecanismos de investigación, acompañamiento legal y visibilización internacional. La reactivación de iniciativas orientadas a esclarecer casos emblemáticos y apoyar a las víctimas y sus familias es un paso necesario para avanzar hacia la justicia.

LA IMPUNIDAD NO ES INEVITABLE: ES EL RESULTADO DE LA INACCIÓN. Y PUEDE REVERTIRSE MEDIANTE COMPROMISO, COORDINACIÓN Y PRESIÓN SOSTENIDA.

El desafío es colectivo. No recae únicamente en los medios o en los periodistas, sino en toda la sociedad. Porque cuando se debilita la libertad de prensa, lo que está en juego no es solo el derecho a informar, sino el derecho de todos a estar informados.

En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, la SIP convoca a renovar el compromiso con estos principios fundamentales. No se trata solo de resistir las amenazas, sino de reconstruir las condiciones que permitan al periodismo cumplir su función sin miedo ni restricciones indebidas.

En tiempos en que la verdad es disputada y el silencio se impone por distintas vías, informar sigue siendo —más que nunca— un acto de valentía. Y defender ese derecho, una responsabilidad impostergable.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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MISIONES (28/4/2026).-En un contexto económico marcado por la incertidumbre, la retracción del consumo y la apertura comercial, el presidente del INFOPRO, Hugo Escalada, traza un diagnóstico crítico sobre la situación de la industria foresto-industrial argentina. Advierte sobre la pérdida de competitividad, la falta de incentivos y el impacto directo en el entramado productivo, al tiempo que pone en duda la consistencia de recientes anuncios de inversión en el sector.

A continuación, su columna de opinión, para ArgentinaForestal.com: 

El marco económico no es alentador para la industria nacional y en particular para el sector foresto-industrial. Sin políticas nacionales que impulsen la inversión, en un contexto de estanflación con un dólar en torno a los 1.400 pesos y una inflación del 30%, el Gobierno nacional no muestra acciones claras que apoyen al sector forestal.

Con aciertos y errores, anteriores administraciones mostraron interés manifiesto desde la “Mesa Forestal” impulsada por el ex presidente Mauricio Macri, a la declaración de “actividad esencial” en pandemia en la presidencia de Alberto Fernández; desde la Casa Rosada se visibilizo a la foresto-industria en el panorama productivo.

La llegada del gobierno de Javier Milei con su impronta libertaria, giró el rumbo y la apuesta decantó en una apertura económica y de importaciones convirtiéndose en el verdugo de un sector que basa su actividad en el mercado interno.

La estrepitosa caída del poder adquisitivo de la población, producto de la devaluación de salarios y el aumento del costo de vida por la suba de servicios, llevó a un estancamiento en el consumo de madera.

El abrupto parate del sector de la construcción fue el determinante a la hora de hundir el flujo de dinero que se motorizaba en torno a los bosques implantados.

La falta de políticas habitacionales que incorporen el consumo de madera sumado a la caída de la capacidad industrial instalada que hoy ronda el 40%, a la desaparición de 25.000 Pymes, la pérdida de 300.000 puestos de trabajos formales y la declaración de concurso preventivo de acreedores de Celulosa Argentina, el principal productor de celulosa y papel del país, por una cifra que ronda entre los 120 y 140 millones de dólares, según la empresa en un contexto de fuerte caída de ingresos, márgenes deteriorados y dificultad para trasladar la inflación a precios.

Estos datos son una realidad insoslayable a la hora de analizar la película completa, la pregunta sería ¿quién invierte con estas condiciones?

“El clavo en el ataúd” que decía el Presidente pareciera no haber sido para una facción política, sino para la industria forestal argentina.

Datos de la CEPAL muestran el retroceso de la cadena forestal argentina en comparación con la realidad que se vive en el resto del Mercosur.

Brasil y Uruguay se presentan como la vanguardia en la producción, tanto en lo que refiere a productos celulósicos como los resultantes del aserrío.

El crecimiento de plantaciones y la inversión de multinacionales en los países vecinos plantean cuestiones que se basan en la solidez de acuerdos públicos (políticas de Estado) y una alta ventaja competitiva respecto a la disponibilidad de tierra y materia prima.

Este último punto es crucial porque se pueden tener muchas forestaciones, pero es determinante para la concreción de grandes inversiones saber cuántas de esas  hectáreas están disponibles.

Si bien desde el gobierno de Milei impulsaron el RIGI, el sector forestal no fue unos de los beneficiados por éste régimen.

Los números de la CEPAL no mienten, son dato y no relato. Los índices de inversión extranjera directa se focalizaron  principalmente en el sector de la minería, donde Argentina figura como uno de los cuatro países que concentraron más del 80% en anuncios de inversión.

Un dato que deja fuera al sector forestal y demuestra que las grandes inversiones extranjeras no tienen a nuestro país como objetivo a corto y mediano plazo.

En este contexto adverso llama poderosamente la atención el anuncio de instalación de una planta de celulosa fluff en Parque Industrial de Ituzaingó por parte de Arpulp SA, presentado por el gobernador correntino Juan Pablo Valdés y Alejandra Aranda, cabeza de la compañía.

Todo el panorama descrito me hace dudar de la verosimilitud de este rimbombante anuncio, al cual coloco dentro de las necesidades de “mostrar inversiones”, avances y generación de empleo, en una región donde en realidad ocurre todo lo opuesto.

Si recordamos proyectos de inversiones millonarias que no se llevaron adelante tenemos el antecedente de Bosques del Plata de CMPC, empresa de capitales chilenos que ingresó a la Argentina en los años 90, y su proyecto celulósico de nivel internacional.

No se trata de estar a favor o en contra de las celulósicas, toda inversión siempre es necesaria para potenciar el desarrollo, pero generar falsas expectativas nunca dio buenos resultados.

No puedo pasar por alto la situación de las 400 familias de operarios de empresa Forestadora Tapebicuá –del Grupo Celulosa Argentina-, un hecho que podría tornarse, como lo avizoran desde las asociaciones forestales, como el inicio de un efecto dominó.

El futuro es desafiante aún si queremos ver el vaso medio lleno.

*Presidente del Instituto Forestal Provincia (Infopro)

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ARGENTINA (20/4/2026).- La actual discusión sobre la “responsabilidad” de los pinos en los incendios de la Patagonia es como discutir qué combustible tiene la mayor responsabilidad ante un posible incendio en una estación de servicio dentro de un centro urbano.

Seguramente la inflamabilidad del gas oil, la nafta común y la nafta súper sean diferentes. Pero es indudable que todos son buenos combustibles para iniciar, propagar y destruir una estación de servicio, incluido todo el vecindario. En un incendio forestal, el problema no es el “octanaje”, en este caso la presencia de ciertos compuestos (resinas, aceites), sino la cantidad de combustible y como incide en el comportamiento del fuego.

Para prevenir los incendios forestales, la clave está en el combustible y en cómo manejar el mismo antes del incendio.

En el caso de las estaciones de servicio un incendio es posible, pero hay innumerables medidas de seguridad que hacen poco probable este tipo de situaciones por la forma en que se maneja el combustible.

En el caso del bosque el fuego es posible, y probable, porque el combustible se incrementa año tras año y manejarlo implica un cambio de paradigma. Comenzar a ver el bosque nativo e implantado, no sólo como paisaje o producción, sino como combustible.

Para el bosque, el secreto también está en el manejo del combustible. Manejo que tiene sus técnicas, basadas en los conocimientos generados por la Ciencia Forestal.

Básicamente son: disminuir la continuidad del material leñoso con poda y raleo, educando a los habitantes que conviven con el bosque de los riesgos ambientales. También permitir la extracción de leña, chipear, fomentar el uso de las quemas prescriptas y mejorar la accesibilidad. En lugares donde es necesario resguardar infraestructura estas medidas son esenciales y de fácil aplicación. Fácil pero no barato.

Aunque comparado con las pérdidas y el gasto poco planificado efectuado en cualquier incendio de gran magnitud, el aspecto económico se pone en duda.

El manejo en lugares de bosque nativo continuo, sin interfase, sin accesos, tiene soluciones más difíciles, sin olvidar que el fuego es parte de los factores que modelan en el tiempo el Bosque Andino Patagónico.

Acá el verdadero problema es la recurrencia del fuego por acción del hombre (negligencia, intencionalidad), que acorta el tiempo entre dos incendios para un mismo lugar, en un contexto de mayor temperatura y menor humedad.

¿Una plantación de pino es más peligrosa que una masa boscosa de especie nativa? Puede ser que sí, puede ser que no. La respuesta está en el manejo, no en la especie. Hay combustible disponible listo para propagar el fuego, entonces no importa la especie.

Por algo el Bosque Andino Patagónico, sin la presencia de un solo pino en kilómetros a la redonda, puede quemarse de manera incontrolable en un parque nacional.

El radal, el espino negro, el ciprés de la cordillera, por nombrar algún ejemplo de especie nativa (latifoliada y conífera), seguramente son igual o más inflamables que los pinos. Tener un bosque sin manejar de ciprés de la cordillera junto a una población, es más preocupante que tener pino manejado.

Los pinos tienen su presencia en la región para dar respuesta a diversos problemas socioeconómicos.

• Pueden ser una alternativa para devolver la productividad a miles de hectáreas degradadas por más de 100 años de desmanejo de la ganadería extensiva.
• Pueden generar riqueza genuina, mano de obra, arraigando población en lugares en donde el hombre ha generado pobreza.
• La presencia del pino en la estepa asegura la protección del suelo contra la erosión (último estado antes de la nada) en donde otras especies nativas no lo pueden lograr por no tener un rol recolonizador.
• El pino puede favorecer la expansión del bosque nativo al recuperar el ambiente de bosque en una primera rotación.
• El pino puede disminuir el aprovechamiento del bosque nativo por proveer productos madereros y no madereros.
• El pino puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático al capturar carbono.

También puede complementar las actividades agropecuarias, brindando protección contra las condiciones climáticas adversas. Puede mejorar la calidad de vida de la población con reparo y leña. El pino puede otras tantas cosas.

La Ciencia Forestal en la Región Andino Patagónica siempre estuvo preocupada por generar conocimiento para mitigar los aspectos no deseados de las plantaciones de pino y potenciar sus beneficios. Durante los últimos 30 años ha generado innumerables documentos puestos a disposición de la sociedad y los decisores políticos.

No hay ningún otro sector que se sustente en el aprovechamiento de los recursos naturales (ganadería, agricultura, pesca, turismo) que haya realizado el ejercicio de pensar en estas cosas antes de proponer su implementación a escala. Lo más habitual es siempre ir detrás de los problemas generados buscando soluciones.

El problema no es el pino, el problema es el hombre que no sabe manejar una herramienta que le permite corregir sus errores del pasado. En definitiva, el pino no es el culpable.

(*) Carlos Guillermo Buduba

Ingeniero Forestal y Doctor en Ciencias Agrarias.

ESTE ARTÍCULO FORMA PARTE DEL ESPACIO MENSUAL DE LA REDFOR.AR, EN ARGENTINAFORESTAL.COM, QUE BUSCA DIVULGAR Y GENERAR DEBATE SOBRE LA PROBLEMÁTICA FORESTAL DEL PAÍS. LAS OPINIONES PERTENECEN A LOS AUTORES.

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MISIONES (12/4/2026).- Cuando el precio real de la hoja verde cae 58,2% en catorce meses mientras el precio en góndola baja apenas 29,1% en el mismo período, algo está profundamente mal. No en el clima, no en la cosecha, no en el mercado internacional. Está mal en la estructura misma de la cadena productiva de la yerba mate en Misiones y Corrientes.

Los datos son contundentes: en diciembre de 2024, el productor primario capturó apenas el 4,5% del precio de góndola de la yerba elaborada. Un producto que el consumidor paga ~$4.842 por kilo le deja al hombre que lo cultivó, cosechó y entregó apenas unos pesos.

En el período 2020–2023, esa participación promediaba el 24,3%. La caída es brutal, sostenida y no es casualidad.

4,5%

Fue la participación del productor primario en el precio de góndola (dic. 2024, mínimo histórico). Fuente: CEPA / INYM.

Una cadena con asimetría de poder estructural

La cadena yerbatera argentina funciona así: aproximadamente 12.000 pequeños productores atomizados —el 62% con menos de 10 hectáreas— producen la hoja verde y la venden a 228 secaderos.

Esos secaderos procesan y venden yerba canchada a 105 molinos fraccionadores, de los cuales apenas 10 empresas concentran el 77% del mercado. Las tres primeras —Las Marías, Liebig y Santa Ana— explican por sí solas casi el 49% de la producción salida de molino.

Del lado del comprador, hay concentración extrema. Del lado del vendedor —el productor— hay atomización extrema. Eso tiene nombre en economía: oligopsonio. Y el oligopsonio garantiza que el ajuste, siempre, recaiga sobre el más débil.

Clave estructural: La producción primaria opera en competencia perfecta mientras la industria opera en oligopolio. Esa asimetría estructural —y no la coyuntura— es la causa directa de la distribución inequitativa del ingreso en la cadena

El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 del gobierno nacional eliminó el único mecanismo institucional que actuaba como contrapeso: el INYM fijando precios mínimos de referencia para la hoja verde y la yerba canchada.

La historia argentina ya vivió este experimento entre 1991 y 2001, cuando la desregulación del sector llevó al precio real de la hoja verde a caer 80% en una década.

La recuperación sólo fue posible con la creación del INYM en 2002. Hoy, sin regulación efectiva y con importaciones de materia prima desde Brasil y Paraguay que crecieron 80,1% en 2024, el productor yerbatero enfrenta el mismo escenario sin ninguna herramienta para defenderse.

Y mientras tanto, las mismas empresas que exportan récords históricos —45.109 toneladas por USD 100 millones en 2024— son exactamente las que importaron yerba elaborada a precios CIF de entre USD 1,54 y USD 2,09 por kilogramo, según datos del INDEC-COMEX (posiciones arancelarias 09030010 y 09030090, año 2024).

En varios tramos del año, esos valores estuvieron por debajo del costo equivalente de producción local certificado por el propio INYM. El mecanismo actuó deprimiendo el precio pagado al productor al ampliar el stock disponible sin recurrir a materia prima nacional.

USD 1,54 – 2,09/kg CIF

Fue el precio CIF de importación de yerba mate desde Brasil y Paraguay, año 2024. Total: 11,85 millones de kg · USD 22,67 millones. NCM 09030010 (canchada, Paraguay): USD 1,31/kg · NCM 09030090 (molida, Brasil): USD 2,09/kg · NCM 09030090 (molida, Paraguay): USD 1,54/kg. Fuente primaria: INDEC-COMEX, consulta directa, actualización 16 de abril de 2025.

¿Corresponde hablar de competencia desleal? Los datos de fuente primaria lo respaldan. Según la consulta directa realizada al sistema INDEC-COMEX (última actualización: 16 de abril de 2025), las importaciones de yerba mate en 2024 totalizaron 11,85 millones de kilogramos por USD 22,67 millones (valor CIF, que incluye costo, seguro y flete hasta puerto argentino).

El precio implícito por kilogramo varía según producto y origen: USD 1,31/kg para la canchada simple de Paraguay (NCM 09030010); USD 2,09/kg para la yerba elaborada de Brasil (NCM 09030090); y USD 1,54/kg para la yerba elaborada de Paraguay (NCM 09030090).

El 99% del volumen importado correspondió al producto con mayor valor agregado —yerba ya molida, lista para empaquetar— lo que indica que las importaciones no solo presionaron el precio de la materia prima, sino que compitieron directamente con la producción de los molinos locales.

En paralelo, el propio INYM certificó en febrero de 2025 —mediante resolución oficial de su Subcomisión de Costos— que el costo de producción bruto del kilogramo de hoja verde puesta en secadero ascendía a $355,41, sin incluir margen de utilidad.

Con un margen razonable del 30%, el precio mínimo para la viabilidad económica del productor local superaba los $462 por kilogramo de hoja verde. Para comparar ese valor con el precio CIF de la yerba importada (expresado en kg de producto elaborado) es necesario aplicar el ratio de conversión hoja verde → canchada.

Ese ratio surge de fuente regulatoria primaria: la Resolución INYM 2004 (Infoleg N° 98854) estableció el rendimiento de hoja verde a yerba canchada en el 35% en peso, lo que equivale a una relación de 2,86:1.

Este valor es consistente con los precios históricos de la materia prima fijados por el INYM a lo largo de veinte años: la relación entre el precio de la canchada y el precio de la hoja verde se ha mantenido sistemáticamente en torno a 3,8:1 (por ejemplo: $210/kg HV y $798/kg canchada en enero 2024; $15,25/kg HV y $58,10/kg canchada en oct. 2019; $20/kg HV y $76/kg canchada en abr. 2020 — Fuente: INYM). Aplicando ese ratio al costo certificado con margen ($462/kg HV × 3,8), el costo equivalente del kilogramo de canchada local con rentabilidad mínima ascendía a $1.756/kg.

La yerba canchada producida en Misiones y Corrientes se comercializaba en secaderos a $1.400–$1.800/kg (CEPA, dic. 2024) — es decir, el productor vendía en el límite o por debajo de su costo de producción con rentabilidad mínima —, mientras que la yerba molida importada ingresaba a valores CIF de USD 1,54–2,09/kg.

El precio efectivamente pagado al productor durante ese período: entre $180 y $250 por kilogramo de hoja verde, equivalente a $684–$950/kg de canchada: menos de la mitad del costo de producción viable.

El mecanismo es transparente. Según datos de la Dirección General de Aduanas*, Las Marías y La Cachuera concentraron el 70% de las importaciones del primer trimestre de 2024, con Las Marías explicando el 49% de los embarques y La Cachuera el 20,5%.

Este dato fue posteriormente citado por CEPA en múltiples informes del complejo yerbatero (dic. 2024, ene. y jun. 2025) como referencia para el año completo, aunque su base empírica directa corresponde al primer trimestre.

La misma fuente confirma que la yerba importada no era mayormente canchada sino yerba molida —dato que el INDEC-COMEX corrobora para 2024 y 2025, con el 99% del volumen en posición NCM 09030090 (excluida simplemente canchada). Estas firmas utilizaron la yerba importada para recomponer stocks sin recurrir al precio local, eliminando toda presión de compra sobre el mercado doméstico.

El resultado estructural es incontestable: el productor financió con su pérdida el margen industrial de quienes al mismo tiempo exportaban yerba elaborada a récord histórico.

En cifras: La materia prima importada costaba entre un 40% y un 60% menos que producirla localmente. Un diferencial de esa magnitud, utilizado deliberadamente o no,  presiona el precio doméstico a la baja, y eso se parece a algo que en comercio internacional podría “asemejarse” a la definición económica de dumping: venta por debajo del costo de referencia del mercado receptor, con efecto directo de expulsión o pauperización (empobrecimiento progresivo) de los productores locales. Fuentes: INDEC, CEPA (dic. 2024), La Nación (may. 2024), INYM (feb. 2025)

El superávit comercial del sector —USD 77 millones en 2024— no llegó al campo. Quedó en los eslabones que concentran el poder.

Los datos de 2025 confirman que no se trató de un fenómeno puntual sino de una tendencia estructural consolidada.

Según la consulta actualizada al sistema INDEC-COMEX (última actualización: 19 de marzo de 2026), las importaciones de yerba mate acumuladas en 2025 totalizaron 11,24 millones de kg por USD 22,25 millones CIF — prácticamente el mismo volumen que en 2024 (11,85 M kg).

El fenómeno lejos de revertirse se consolidó: el 99,6% de lo importado en 2025 es yerba ya molida y lista para empaquetar (NCM 09030090), que compite directamente con la producción de los molinos locales. El precio de la yerba elaborada paraguaya descendió de USD 1,54 a USD 1,29/kg CIF —su valor mínimo registrado—, lo que al tipo de cambio oficial promedio del primer semestre 2025 (~$1.100–1.200/USD, Banco Nación Argentina) equivalía a $1.420–$1.550/kg puesto en planta: dentro del rango de precio local de secadero ($1.400–1.800/kg) y por debajo del costo de producción viable con rentabilidad mínima ($1.756/kg).

La presión competitiva fue más intensa durante el primer semestre, cuando el tipo de cambio bajo favorecía las importaciones; fue cediendo gradualmente en el segundo semestre a medida que el peso se depreció (el dólar BNA cerró diciembre 2025 a $1.480).

El patrón es inequívoco: mientras el productor misionero recibía entre $180 y $305 por kg de hoja verde —equivalente a $684–$1.159/kg de canchada—, la industria reponía stocks con yerba elaborada importada a valores similares o inferiores al costo local. Fuente: INDEC-COMEX, posiciones NCM 09030010 y 09030090, origen Brasil y Paraguay; tipo de cambio BNA histórico 2025.

II . El Estado como actor estratégico: más allá del precio de referencia

Frente a este diagnóstico, la primera tentación de la política pública es volver al precio de referencia. Es comprensible: es simple, es visible, es inmediato. Pero es insuficiente.

Mientras la estructura de mercado no cambie —mientras el productor siga siendo un tomador de precio sin organización ni poder de negociación—, cualquier precio de referencia que se fije sin mecanismos de cumplimiento efectivo se convierte en letra muerta ante la primera cosecha abundante o la primera importación conveniente.

El Estado —y en particular el Ministerio del Agro y la Producción de Misiones— tiene un rol que trasciende la fijación de precios.

Su función más valiosa es modificar las condiciones estructurales en que operan los actores más débiles de la cadena. Eso implica actuar sobre la organización de la oferta primaria, el acceso a financiamiento, la capacidad de procesamiento y la integración de los eslabones 1, 2 y 3.

El principio rector: Ningún productor yerbatero debería estar fuera de una cooperativa. La integración cooperativa no es una opción entre otras: es la única vía probada para que el pequeño productor gane poder de mercado sin depender de la regulación de precios.

III. La cooperativa yerbatera como respuesta estructural

Misiones tiene ejemplos concretos de que el modelo cooperativo funciona. Cooperativa Piporé (Santo Pipó), Cooperativa Las Tunas (Apóstoles), Cooperativa Andresito (Andresito), Cooperativa Montecarlo y CAFICLA (Aristóbulo del Valle) son organizaciones que integran producción, secado, molienda y comercialización, y que pagan al productor precios sistemáticamente más altos que los que recibe quien vende su hoja verde de manera independiente a un secadero privado.

No es casualidad: es economía. Cuando el productor entrega su hoja verde a la cooperativa, no la vende —la transforma en participación en el valor final.

La cooperativa seca, canchea, muele, fracciona, marca y vende. El productor deja de ser tomador de precio en el eslabón más débil para convertirse en partícipe del valor generado en los eslabones 2, 3 y hasta la góndola.

Los beneficios concretos de la integración cooperativa para el pequeño productor son múltiples y verificables:

• Poder de negociación colectivo

Un productor de 8 hectáreas que vende 40.000 kg de hoja verde por año al precio que le impone el secadero privado no tiene ningún poder de negociación. Diez mil productores integrados a cooperativas que mueven millones de kilos de yerba elaborada tienen poder frente a la gran distribución, frente a los supermercados y frente a los mercados de exportación.

• Economías de escala en el procesamiento

La inversión en infraestructura de secado, estacionamiento y molienda es inaccesible para el productor individual. La cooperativa la hace posible distribuyendo el costo entre todos sus asociados. El resultado es acceso a tecnología que de otro modo solo tienen las grandes empresas concentradas.

• Mejora de márgenes y distribución del excedente

Cuando la cooperativa muele y vende yerba elaborada bajo su propia marca —Piporé, Amanda, Guaraní— captura el margen que hoy se queda en el molino concentrado. Ese margen, distribuido entre los asociados, puede representar dos a tres veces el precio que reciben por la hoja verde. Es la diferencia entre subsistencia y rentabilidad.

• Acceso a financiamiento y mercados

Las cooperativas tienen mayor acceso al crédito institucional que el productor individual. Pueden calificar para líneas del Banco de la Nación Argentina, del Fondo de Crédito de la Provincia de Misiones, del FONTAR u otro que pudiera existir o crearse a los efectos. Pueden también acceder a mercados de exportación —el 77% de las exportaciones de yerba mate va a Siria, hay mercados en Europa y EE.UU. en crecimiento— que están vedados al productor atomizado.

• Planificación productiva y mejora tecnológica

La cooperativa puede articular con el INTA Cerro Azul programas de mejoramiento genético de yerbatales, cosecha mecanizada, fertilización racional y manejo integrado de plagas. Puede planificar siembras, escalonar cosechas y estandarizar calidades. El productor aislado no puede hacer nada de eso.

• Mejoras ambientales y certificaciones de calidad

La certificación FSC de manejo forestal (la yerba mate es una especie arbórea nativa de la Selva Misionera domesticada), la producción orgánica certificada y los sistemas de trazabilidad para cumplir con el Reglamento de Deforestación de la UE (EUDR) son hoy requisitos crecientes para acceder a mercados de mayor valor. Una cooperativa puede absorber el costo de estas certificaciones y beneficiar a todos sus asociados. Para el productor individual, es económicamente imposible.

• Impacto socioeconómico territorial

Las cooperativas arraigan al productor a la tierra. Reducen el éxodo rural. Financian escuelas, dispensarios, caminos rurales. Generan empleo genuino en el territorio. Construyen comunidad. Son, en definitiva, la única forma probada de que la renta de una economía regional se quede en la región.

Dato clave: Las cooperativas yerbateras que integran todos los eslabones —secado, molienda y comercialización— pagan sistemáticamente entre 30% y 80% más que el precio de mercado spot al productor, según relevamientos del INYM. La diferencia no es subsidio: es la distribución del valor generado aguas arriba.

IV. Algunos aportes sobre lo que el Ministerio del Agro y la Producción podría evaluar de accionar hoy

Si el objetivo es que ningún productor yerbatero quede fuera de una cooperativa, el Estado provincial —y el INYM cuando recupere su pleno funcionamiento institucional— tienen instrumentos concretos para impulsar ese proceso. No son precios de referencia. Son políticas de fortalecimiento estructural:

1. Programa de capitalización cooperativa

El Ministerio del Agro y la Producción puede articular con el Ministerio de Hacienda provincial y con el Banco de la Nación Argentina líneas de crédito blando a tasa subsidiada para que las cooperativas yerbateras existentes amplíen su capacidad de secado y molienda. Una cooperativa que no puede procesar toda la producción de sus asociados pierde poder de retención y de negociación. La infraestructura es la base.

2. Incentivos fiscales para la integración

La provincia puede establecer alivios impositivos en ingresos brutos para los productores que entreguen su producción a cooperativas, y beneficios en las contribuciones sociales para las cooperativas que incorporen nuevos asociados. El costo fiscal es marginal comparado con el impacto socioeconómico de retener productores en el campo.

3. Asistencia técnica a través del INTA y la UNaM

El INTA Cerro Azul tiene décadas de investigación en manejo agronómico de yerbatales, mejoramiento genético y rendimientos por hectárea.

La Facultad de Ciencias Forestales de la UNaM tiene capacidad de formación en gestión cooperativa, legislación forestal y agraria, y certificaciones de calidad. El Estado debe financiar programas de extensión rural que conecten ese conocimiento con los pequeños productores y sus cooperativas.

4. Apoyo a la certificación y el acceso a mercados de valor

El Estado provincial puede financiar —a través de fondos no reintegrables del Ministerio— la obtención de certificaciones de producción orgánica, FSC o trazabilidad EUDR para cooperativas que quieran acceder a mercados premium de exportación. Un kilo de yerba orgánica certificada vale entre 2 y 3 veces más que la yerba convencional en los mercados europeos y norteamericanos.

5. Mercado Consignatario: reactivarlo con protagonismo cooperativo

La Ley 25.564 creó el Mercado Consignatario de Yerba Mate bajo la órbita del INYM para consignar el 40% de la producción de yerba canchada.

Ese instrumento —diseñado específicamente para proteger a los eslabones más débiles— nunca funcionó plenamente. Reactivarlo, con participación obligatoria de las cooperativas y con financiamiento provincial vía fideicomiso, es la política de corto plazo más eficaz para recuperar poder de fijación de precios sin necesidad de intervención directa.

6. Registro de proveedores de hoja verde y transparencia de precios

El Ministerio puede instrumentar un sistema de declaración jurada mensual de precios pagados por secadero, con publicación pública en tiempo real.

La información es poder: cuando el productor sabe cuánto paga cada secadero, puede elegir. Cuando la cooperativa conoce los precios del mercado, puede competir. La transparencia de precios no es regulación: es corrección de una falla de mercado por información asimétrica.

7. El rol de nuestros representantes

Y por supuesto que en este análisis no deberían quedar exentos de responsabilidades y compromiso  con los Misioneros que los eligieron,  nuestros Representantes Nacionales y Provinciales.

Este conjunto de ideas pueden transformarse en acciones concretas  que ayudarían a resolver el problema que enfrenta el primer eslabón de la cadena yerbatera, como por ejemplo Crear un Programa de Asistencia Financiera para la creación y fortalecimiento de las Cooperativas en Misiones, entre otros.

V. El secadero independiente: el aliado olvidado

En el análisis de la cadena suele olvidarse que el secadero independiente —no el integrado a los grandes molinos— comparte en parte la vulnerabilidad del productor. Comprimido entre un productor que ofrece hoja verde a bajo precio y un molino concentrado que le compra la canchada a lo que quiere, el secadero PyME misionero es también un actor débil frente al poder industrial.

La integración de secaderos independientes a cooperativas existentes —o la formación de nuevas cooperativas de segundo grado que articulen varios secaderos pequeños— es una política que fortalece simultáneamente los eslabones 1 y 2.

El Estado provincial puede facilitar esos procesos con asistencia técnica en gestión, mediación institucional y financiamiento para la reconversión tecnológica.

VI. Conclusión: sin estructura, no hay precio justo

La crisis del productor yerbatero no se resuelve con un precio de referencia. Se resuelve cambiando la estructura de poder dentro de la cadena. Y eso solo es posible de dos maneras: con regulación estatal efectiva —que hoy no existe— o con organización colectiva de la oferta primaria a través del cooperativismo.

Misiones tiene la historia, tiene los modelos concretos, tiene el conocimiento institucional y tiene los instrumentos legales para impulsar esa transformación. Lo que falta es voluntad política para usarlos.

El Ministerio del Agro y la Producción, el INYM cuando recupere su plena conducción, el INTA, la UNaM y las propias organizaciones de productores, como la Federación de Cooperativas Agrícolas de Misiones LTDA., y la Federación de Asociaciones rurales y forestales de Misiones FARM, entre otros,  tienen roles complementarios y urgentes.

Que ningún productor yerbatero quede fuera de una cooperativa no es una consigna romántica. Es la política pública más eficaz, más duradera y más consistente con la economía política de una cadena estructuralmente asimétrica.

Es, en definitiva, la única forma de que la renta de la yerba mate —el producto más misionero de todos— se quede donde se genera: en el campo, en las familias, en las comunidades rurales de Misiones y Corrientes.

El análisis es claro. Los instrumentos existen. La historia ya demostró qué pasa cuando se desregula sin organizar. La pregunta que queda es si los actores políticos del sector están dispuestos a actuar antes de que el daño sea, una vez más, irreversible.

(*) Por Mario Antonio Ochoa Ferreyra

 Ingeniero Forestal . MP008

 MSc. en Economía y Política Forestal.

Eldorado, Misiones · Abril de 2026

Fuentes y referencias

• Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Análisis sobre la evolución reciente del complejo yerbatero. Informes ene., nov. y dic. 2024; ene., ago. y oct. 2025. centrocepa.com.ar
• Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Estadísticas de producción, precios y comercio exterior 2024–2025. inym.org.ar
• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Base COMEX — Sistema de consulta de comercio exterior de bienes. Importaciones de yerba mate, posiciones NCM 09030010 y 09030090, origen Brasil y Paraguay, año 2024. Consulta directa, actualización 16 de abril de 2025. comex.indec.gob.ar
• Bolsa de Comercio de Rosario. ‘La yerba mate en cifras: consumo, producción y comercio exterior en 2024–2025.’ Marzo 2025. bcr.com.ar
• Secretaría de Política Económica (SPE) — Ministerio de Hacienda. ‘Informes de cadena de valor: yerba mate.’ 2018. argentina.gob.ar
• Consejo Federal de Inversiones (CFI). ‘Cadena logística de la yerba mate.’ Módulo análisis de cadenas logísticas. cfi.org.ar
• Sena, Aníbal. ‘El circuito productivo de la yerba mate: transformaciones, desigualdades y desafíos.’ Tesis MDR, UNaM, 2017. rid.unam.edu.ar
• ‘Yerba mate: los productores reciben menos del 15% del precio de góndola.’ Febrero 2025. economis.com.ar
• Revista Huellas (UNILPAM). ‘Desigualdades y desafíos: análisis de las asimetrías en el sector yerbatero de Misiones.’ 28, N°2, 2024. dialnet.unirioja.es
• Ley 25.564/2002. Creación del Instituto Nacional de la Yerba Mate. Boletín Oficial, 15 de marzo de 2002.
• Plan B Misiones. ‘Cuáles son las empresas que más yerba mate están importando en 2024.’ 8 de mayo de 2024. Fuente primaria: Dirección General de Aduanas. planbmisiones.com/2024/05/08/nota/cuales-son-las-empresas-que-mas-yerba-mate-estan-importando-en-2024/
• Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). Resolución de precio de materia prima oct. 2004 – mar. 2005 (Infoleg N° 98854). Establece rendimiento técnico HV → canchada en 35% en peso (ratio 2,86:1). servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/95000-99999/98854/norma.htm
• (*) Datos publicados en Plan B Misiones (nota del 8 de mayo de 2024)

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“…masas informes, entre negras y pardas, que luchan entre sí con la rabia de los torrentes que chocan en la pendiente”. Las vio “asirse, separarse, volver a chocar y confundirse en furioso torbellino, preñado de serpientes de fuego”. Vio cómo estallaba el rayo, “quebrándose en relámpagos que enrojecen el espacio”. Luego, “el estampido del trueno alternando con el rugido de los vientos que hacen crujir la montaña”. Finalmente, venía la lluvia, que formaba ríos copiosos, torrentes y cascadas.

El texto de don Lucas Córdoba (1841-1913) dos veces Gobernador de Tucumán, concluía afirmando que crecía su amor por el valle cuando fabricaba “esas borrascosas tempestades que, descendiendo de cerro en cerro hasta la llanura, como por las gradas de un templo, y tornándose en mansa lluvia, llevan a las campiñas la abundancia y la bendición de Dios”.

Como todos los veranos, quienes vivimos en el noroeste de Argentina, solemos mirar hacia las montañas fascinados por ese espectáculo de las nubes creciendo profusamente sobre la cima de las montañas yungueñas. La fascinación va dando lugar muchas veces a la preocupación cuando los colores se van opacando o ennegreciendo, anticipándose a lo que probablemente será una tormenta de dimensiones preocupantes.

El grueso de la población del noroeste argentino vive en el pedemonte, ese espacio que es una bisagra o punto de inflexión geográfico entre la llanura chaqueña al Este y las montañas yungueñas y más atrás andinas, en el Oeste. Esta conformación hace que durante el verano, los vientos húmedos procedentes del NE se encuentren con las montañas, asciendan, se enfríen y precipiten toda la humedad acumulada en forma de vapor de agua, un lago sobre nuestras cabezas…que cae cada verano con mayor o menor intensidad.

Y luego, dependiendo de la magnitud de las lluvias vendrán las inundaciones, los evacuados, las pérdidas materiales y también muchas veces los muertos…y todos miramos hacia las montañas y nos preguntamos qué pasó allá arriba, que “desequilibró” a las montañas?, la deforestación?, la explotación hidrocarburífera o minera?, o quizás la explotación forestal intensa?.

Sin duda estas actividades humanas pueden y muchas veces potencian los problemas derivados de estos eventos climáticos severos, pero en la mayor parte de los ejemplos, la planificación incorrecta, la imprevisión, la construcción de barrios donde no se debe, los puentes y rutas que minimizaron los eventos climáticos y obstaculizan el drenaje natural de las aguas, los campings y recreos ubicados en las playas de inundación de los ríos, son los responsables directos.

Ejemplos que se multiplican año tras año, porque a medida que las poblaciones crecen se invaden cada vez con mayor extensión áreas inadecuadas. Muy pocas veces los núcleos urbanos antiguos son afectados, en general las mayores dificultades ocurren en las áreas ocupadas en las últimas décadas. Y no es necesariamente que llueva más, sino que se planifica y se prevé menos…

Conservar la selva (Yungas) en las montañas es importante y el NOA preserva cerca del 90% de la vegetación boscosa original por encima de los 500 msnm, que es donde ocurren las máximas precipitaciones anuales. En el pedemonte, por encima del 5% de pendiente, la situación es similar con muy poca superficie transformada.

En las áreas planas colindantes la caña primero y luego los cítricos, arándanos y crecimiento urbano, transformaron casi el 100% de su superficie, reduciendo la percolación o infiltración y favoreciendo el escurrimiento superficial, lo que sin obras hidráulicas adecuadas agrava el problema.

Las montañas del NOA presentan una cobertura forestal similar e incluso posiblemente superior a la que encontrábamos varias décadas atrás. Zonas como las Lomas de Imbaud en Tucumán, y las sierras de los alrededores de Salta y de San Salvador de Jujuy, se cubrieron de bosques estás últimas décadas e incluso los bosques ascendieron en todo el NOA un par de cientos de metros en altitud. Los primeros como consecuencia del abandono de prácticas agrícolas en las montañas y los segundos por una combinación de abandono gradual de la ganadería en la montaña y mayor humedad regional.

Cuando uno mira el panorama de deforestación de las montañas de América tropical, el noroeste argentino en general, son un ejemplo de conservación. Las montañas aún no son utilizadas intensamente como ocurre en otras partes del mundo y ello es una bendición ligada a la enorme superficie de tierras planas aptas para la agricultura y la ganadería intensivas que posee nuestro país.

Sin embargo, esta ventaja no la supimos asociar a un esfuerzo importante de planificación, esfuerzo que sin duda generaría muchos menos problemas durante el verano y nos permitiría dormir más tranquilos (y seguros) durante las tormentosas noches estivales, a quienes habitamos el pedemonte del noroeste argentino.

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ARGENTINA (Marzo 2026).- Basado en la proyección de crecimiento de la industria en los años ’70, la creencia general indicaba que para esta época los países “ABC” (Argentina, Brasil y Chile) serían los proveedores de celulosa y papel del mundo. Sin embargo, esta industria ha sufrido un estancamiento en el país desde hace más de 30 años debido a diversos factores, entre ellos, los incontables vaivenes económicos a los que no escapa el sector y a la debilidad estructural de la industria forestal.

Mientras Brasil fabrica alrededor de 21 millones t/año de pulpa y 10,5 millones t/año de papel (FAO, 2018), Argentina produce menos de 1 millón t/año pulpa y 1,7 millón t/año papel.

Se esperan inversiones por 20.000 millones USD en Brasil, 8.000 millones USD en Chile y 3.500 millones USD en Uruguay, en tanto hace más de 30 años que Argentina no cuenta con un emprendimiento papelero importante y no presenta proyectos de inversión en el sector.

Sumado a lo anterior, la producción de pulpa celulósica, salvo raras excepciones, presenta un retraso tecnológico respecto al mundo y a la región.

No obstante, en los últimos años han surgido movimientos importantes para revertir la situación, como la generación de la Mesa Nacional de Competitividad de la Cadena Foresto-Industrial, la elaboración del Plan Estratégico Forestal y Foresto Industrial Argentina 2030 y los incontables esfuerzos de la provincia de Corrientes por captar inversiones.

En medio de esta reciente alteración del status quo, organismos como la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP) y el Programa de Celulosa y Papel (PROCYP) han decidido participar activamente de estos desafíos mediante apuestas a la capacitación y a la innovación.

La problemática de la capacitación del personal

Una forma de avanzar por sobre este panorama y mejorar la competitividad es comenzar por capacitar al personal de las fábricas. Entre otros beneficios, la capacitación de los empleados produce actitudes más positivas, eleva la moral del personal, mejora el conocimiento de los diferentes puestos y, por lo tanto, el desempeño, ayuda a solucionar problemas y facilita las promociones.

Sin embargo, esta capacitación no es sencilla, debido a varios motivos:
a) El sector involucra disciplinas muy complejas y abarcativas.
b) Los recursos humanos especializados se encuentran espacialmente alejados de las fábricas.
c) La demanda de alumnos es no masiva y dispersa.
d) Los potenciales alumnos son adultos, cuya problemática personal genera necesidades y características de enseñanza peculiares:
– No pueden desplazarse grandes distancias para aprovechar programas existentes.
– Muchas veces carecen de conocimiento de idioma inglés y hay quienes nunca han tenido experiencia con computadoras o sistemas online.
– Poseen otras prioridades (familia, trabajo), lo cual les impide cumplir con clases y fechas fijas.
– Precisan de un gran apoyo por parte de sus superiores.

Se plantea entonces la necesidad de contar con programas de gran flexibilidad, que permitan a los alumnos tener contacto bidireccional con un gran número de profesores y tutores del mejor nivel, y multidireccional con sus compañeros, con un bajo-nulo grado de desplazamiento (no abandono de las actividades cotidianas), pero con contacto obligatorio, aunque limitado en el tiempo.

Los antecedentes

Frente al panorama planteado, durante los años 2014 y 2015 el PROCYP y la AFCP realizaron el primer ensayo de dictado de cursos a distancia para personal de las fábricas. Estos fueron “Introducción a la fabricación de celulosa y papel”, “Fabricación de papel: preparación del stock y formación de la hoja” y “Prevención y control de la contaminación”, que fueron aprobados por 12, 12 y 10 alumnos, respectivamente.

Esta experiencia resultó tan exitosa que ambas partes resolvieron aumentar la apuesta. Es así que, durante los años 2016 y 2017 tuvo lugar el “Programa de Capacitación en Celulosa y Papel” mediante el Convenio específico de prestación de servicios de administración y capacitación firmado entre la AFCP y la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales de la Universidad Nacional de Misiones (FCEQYN-UNaM) para el dictado de cursos de Celulosa y Papel.

Este Programa de Capacitación, con una duración total de 340 horas distribuidas en 2 años de actividad académica, incluyó nueve cursos teóricos a distancia (equivalentes a 280 horas) y dos de 60 horas de capacitación práctica presencial en laboratorio y planta piloto del PROCYP, dictados en una semana al final del primer año y otra al final del segundo año. Finalizaron el Programa profesionales de las empresas Celulosa Argentina, Papelera Entre Ríos, Papelera Rosato, Papelera Berazategui, Quimtia (Perú) y del INTI.

Los cursos podían además tomarse en forma individual. En ese lapso realizaron cursos más de 80 miembros de empresas de celulosa y/o papel del país. La empresa de mayor participación en cursos individuales fue Ledesma, con 18 miembros aprobados. El curso con mayor cantidad de alumnos que aprobaron en total fue “Fabricación de pulpa y papel”, con 21 participantes.

La nueva Capacitación e-learning

Sobre esta base y con el propósito de ampliar las posibilidades de los potenciales alumnos de realizar estos estudios, dio inicio la “Capacitación e-learning en Celulosa y Papel” mediante un segundo Convenio firmado por las mismas instituciones en 2019. Esta nueva propuesta es un programa de 200 horas reloj y 30 semanas de duración, que involucra el dictado de 7 cursos, abarcando: Introducción a la fabricación de pulpa y papel; Materias primas, procesos de pulpado y blanqueo; Reciclado del papel; Fabricación de papel y cartón; Control de calidad del proceso y del producto; Control de la contaminación y Biorrefinerías e Innovación. Las características distintivas de la Capacitación e-learning en Celulosa y Papel son su dictado totalmente a distancia y la inclusión de un nuevo curso acerca de las nuevas tendencias mundiales en la industria de pulpa y papel.

Como en el Programa anterior, los participantes pueden realizar la Capacitación completa o bien tomar los cursos en forma independiente, si demuestran poseer los conocimientos previos necesarios para la comprensión del contenido en cada caso. Los estudiantes que hayan realizado cursos en ocasiones anteriores y no hayan finalizado el Programa 2016-2017, pueden acreditar lo ya aprobado en la nueva Capacitación. Durante el año 2019 se han concretado los 3 primeros cursos.

Al ser totalmente a distancia, esta nueva opción de gran flexibilidad presenta varias ventajas, como la posibilidad de tomar los cursos desde cualquier lugar del país o del mundo y de aprobarlos fuera de las fechas oficiales establecidas.

Los docentes

El Programa de Celulosa y Papel (PROCYP) del Instituto de Materiales de Misiones (UNaM-CONICET) posee recursos humanos con la formación requerida para concretar este desafío. El PROCYP está formado por 20 miembros, contando con 6 investigadores, 6 becarios doctorales, 4 becarios posdoctorales, 3 becarios alumnos y 1 administrativo. Sus actividades de Investigación involucran biorrefinerías; materias primas fibrosas; tecnologías limpias de pulpado y blanqueo; química de la madera; compuestos de madera y plástico y reciclado de papel. En forma permanente realiza servicios técnicos y trabajos de desarrollo para la industria. En Enseñanza, además de los cursos virtuales de capacitación, dicta cursos en el posgrado (Doctorado en Ciencias Aplicadas; Maestría en Ciencia y Tecnología de Materiales Fibrosos); grado (cursos correspondientes a la Orientación en Tecnología de Pulpa y Papel de Ingeniería Química); pregrado (Tecnicatura Universitaria en Celulosa y Papel) en la FCEQYN, UNaM.

Con esta experiencia enriquecedora para todas las partes, el PROCYP y la AFCP, en articulación público-privada, están colaborando en la formación de jóvenes profesionales de la industria celulósico papelera del país.

* María Cristina Area es Investigadora Principal de CONICET; Profesora Titular de la FCEQYN, UNaM; Miembro del CD de la REDFOR.ar; Presidente de la Fundación Ambiente y Desarrollo (FAyD); Directora del Instituto de Materiales de Misiones (IMAM) UNaM-CONICET.

Contacto: cristinaarea@gmail.com

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BUENOS AIRES (30 de marzo de 2026).- Grupo Gestión, compañía referente en la prestación de servicios profesionales de búsqueda, selección y gestión de capital humano, destaca que la estrategia de federalización del talento se consolida como una tendencia clave en el mercado laboral argentino.

La digitalización de procesos, el trabajo híbrido, junto con el fortalecimiento de economías regionales, impulsan nuevas oportunidades en cada rincón del país para perfiles técnicos y profesionales.

Algunas provincias y localidades hoy experimentan una nueva etapa de crecimiento. Un ejemplo es el fenómeno de Vaca Muerta: en 2024 se crearon en Neuquén 30.000 empleos directos, además de otros 60.000 asociados a actividades complementarias como obra civil, mantenimiento o servicios de comedor.

Este dinamismo impulsó un marcado crecimiento demográfico y una mayor demanda de vivienda en localidades como Añelo y la ciudad de Neuquén. Más aún, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG) estima que el desarrollo pleno de la formación podría demandar entre 180.000 y 240.000 trabajadores en los próximos 15 años, con un impacto aún mayor en el empleo indirecto en todo el país.

En simultáneo, el sector minero es fuente de unos 40.000 puestos de trabajo, según el último dato disponible de la Secretaría de Minería y CAEM (Cámara Argentina de Empresarios Mineros). Proyectos como Los Azules y Josemaría (San Juan), Mara (Catamarca) o la reactivación planificada en Mendoza pueden incrementar esa cifra en decenas de miles más.

En particular, la industria del litio permite un crecimiento sostenido de oportunidades en provincias como Salta, Jujuy y la mencionada Catamarca, las más beneficiadas por esta industria en términos de puestos laborales según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Otro mercado emergente que podría disparar la empleabilidad es el de las energías renovables, especialmente en provincias con fuentes eólicas (Chubut, Santa Cruz), solar (San Juan, Catamarca, Salta, La Rioja y Mendoza) o biomasa y biogás (Santa Fe y Misiones).

La industria del conocimiento, favorecida por las mejoras de la conectividad y la consolidación de la cultura del trabajo remoto, ofrece alternativas en cada rincón de la Argentina. Algo similar ocurre con el segmento del turismo, favorecido por la diversificación de la oferta de destinos en el país y la mejora continua de la conectividad terrestre y aérea, entre otros factores.

En este escenario, el empleo temporario cumple un rol estratégico. Permite a las empresas ampliar su alcance territorial, cubrir picos de demanda y evaluar talento en contextos reales, mientras que para muchas personas representa una primera experiencia laboral formal o una oportunidad de inserción en sectores dinámicos de su región.

“La federalización del talento reduce brechas geográficas, contribuye al desarrollo económico local, fomenta la capacitación y fortalece los ecosistemas productivos regionales”, explicó Fernando Ciarmatori, Gerente de Desarrollo Comercial de Grupo Gestión.

“La clave está en conectar la demanda de las organizaciones con el talento local disponible, respetando las particularidades productivas y culturales de cada región”, agregó Ciarmatori.

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