El reglamento afecta principalmente a la comercialización de las cadenas de la soja, del sector bovino y del sector forestal. El gobierno argentino manifiesta su rechazo a esta decisión que considera «injustificada» porque, de acuerdo con los tres criterios principales establecidos en el Artículo 29 del mencionado Reglamento, la Argentina debe ser considerada un país de «riesgo bajo».