Fuente: Tiempo Argentino | Foto: Martín Katz / Greenpeace.

Por: Gastón Rodríguez 

BUENOS AIRES (4/1/2025).- En la Casa Artivista La Bartolina, apenas «La Barto» para los que la conocen y frecuentan, los curacas andinos, los mburuvicha guaraníes y los caciques wichi, entre otras autoridades y jefes espirituales indígenas de Salta, elevaron la voz “ante la más cruda indiferencia estatal”, solo atenta a la rentabilidad extractivista mientras “las comunidades son despojadas, desalojadas, olvidadas a su suerte”.

La asamblea –la reacción– fue motorizada por el último atropello a los derechos constitucionales de los pueblos originarios: el nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) de la provincia de Salta que habilita desmontes en zonas que antes estaban protegidas por ley. Más de 70 mil hectáreas a tiro de las topadoras.

“Estas decisiones no solamente tienen consecuencias alarmantes a nivel provincial como la pérdida acelerada de bosques y su biodiversidad, sino que también sientan un peligroso precedente que podría replicarse en otras jurisdicciones, debilitando aún más la protección ambiental de los bosques en todo nuestro país”, explica Ana Parellada, abogada especialista en ambiente y responsable de Biodiversidad de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La sospecha de Parellada está justificada. El 11 de diciembre, la Legislatura de Chaco aprobó de manera exprés el proyecto (había ingresado el día anterior) que modifica la Ley 4005-R de Actualización del Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos. La flamante normativa, ya judicializada por tres acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Defensoría del Pueblo de la Provincia del Chaco, la organización Conciencia Solidaria y el Parlamento de Naciones Indígenas, “expone graves deficiencias legales y técnicas que han sido señaladas por la misma Autoridad Nacional de Aplicación (ANA)”.

En concreto, la recategorización arbitraria de áreas de conservación redujo significativamente la cantidad de superficies de categorías I (roja) y II (amarilla), transfiriéndolas a categoría III (verde), donde, para sorpresa de nadie, se habilita el desmonte.

Desde FARN destacan que las modificaciones carecen de “estudios técnicos sólidos ni justificaciones metodológicas” y critican “la falta de consulta previa, libre e informada con las comunidades indígenas afectadas y la ausencia de participación ciudadana efectiva”. Ambos argumentos están incluidos en las demandas.

“Las recientes modificaciones al ordenamiento territorial en Chaco y Salta, no solo son irregulares desde un punto de vista legal y técnico, sino fundamentalmente porque representan un grave retroceso en la protección ambiental de nuestros bosques nativos. La recategorización arbitraria de áreas protegidas en Chaco y la creación de categorías ambiguas como es el caso del Área de Producción y Conservación en Salta abrirían la puerta a desmontes y a cambios en el uso del suelo en zonas claves para la protección de la biodiversidad”, advierte Parellada.

Destrucción acelerada

Chaco y Salta son, junto a Santiago del Estero y Formosa, las provincias con más tierra arrasada a nivel nacional. Según datos oficiales, desde 2007 hasta 2022, Chaco perdió 556.714 hectáreas de bosque, mientras que Salta unas 918.749. Esta región, que constituye uno de los pulmones verdes más importantes del país, se encuentra entre las más amenazadas del planeta. “La deforestación en ambas provincias –insiste Parellada– ya provocó la pérdida de cientos de miles de hectáreas de bosques comprometiendo los servicios ecosistémicos y el bienestar de las comunidades locales que dependen de ellos; si la situación no es revisada por las autoridades competentes y responsables, corremos el riesgo de que se acelere la destrucción de estos ecosistemas fundamentales, comprometiendo el cumplimiento de Argentina de los pactos internacionales en esta materia”.

La Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos destaca la importancia de respetar los territorios de pueblos originarios. La “Ley de Desmontes”, como bautizó la Mesa de Derechos Indígenas de Salta al nuevo OTBN, «pone en el mercado más de 700.000 hectáreas (…), una decisión tomada por el Estado provincial sin consulta libre, previa e informada como obliga la Ley 24071 a los sujetos de derechos que son los pueblos preexistentes al Estado argentino, al provincial y a los municipios».

La asamblea de referentes indígenas insistió en multiplicar los esfuerzos para comunicar e informar en todos los territorios que se deben tomar recaudo frente a “tiempos retrógrados que ponen nuevamente al Estado y a la sociedad nacional como simple productora de materias primas, y una población disciplinada, y obligada a consumir bienes, tecnologías, no tan solo a precios exorbitantes, sino manufacturados con nuestros propios recursos mal pagados, producto de la entrega de la soberanía”.

La peor crisis sobre los derechos y garantías

La preocupación y el repudio de las comunidades indígenas de Salta va más allá del nuevo Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) aprobado de espaldas a las comunidades por la Legislatura al considerar que están afrontando la “peor crisis sobre los derechos y garantías constitucionales” por las decisiones del gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y la gestión provincial”.

En este sentido, las comunidades convocadas en asambleas alertaron que como representantes de pueblos indígenas están sufriendo un “ataque a la legitimidad de las voces de los territorios” en todo el país, al igual que lo viene padeciendo el conocimiento científico, los trabajadores y la política, de parte una “nueva derecha populista que irrumpe a la sombra del malestar general sobre la ética y la moral de algunos actores políticos”.

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ARGENTINA (Agosto 2024).- El presente artículo, lleva por objetivo informar sobre la problemática actual de los bosques nativos argentinos. Para ello se recurre a un lenguaje sencillo (no técnico), para mejor comprensión de personas interesadas en conocer la realidad sobre este importante recurso natural.

A los destinatarios se invita a informarse con precisión, para una mejor toma de conciencia de la población sobre el tema. Lograda la misma, podrán participar y contribuir a la formación de una política consensuada, que proteja eficazmente nuestro patrimonio forestal nativo, hoy en riesgo de desaparición o degradación total.

De hecho al sugerirles participación, se busca una toma de posición, cualquiera fuere, donde lo primordial no es la posición personal lo que interesa, sino la participación ciudadana consciente sobre el destino de los bosques, para no dejarlo en manos de personas inescrupulosas, grupos de interés, o de dirigentes diversos que toman decisiones y ejercen presión sobre el pueblo para favorecer a grupos poderosos.

Nos moviliza explicar la problemática que enfrentan en la actualidad los bosques, en un escenario que, a juzgar por artículos periodísticos difundidos por distintos medios informativos, aportan muy poco sobre la situación real de este valioso recurso natural. Donde además, algunos expresan la posición de voces interesadas, y otros confunden conceptos técnicos por ignorancia o por malas intenciones.

En paralelo, vemos incrementarse las denuncias de organizaciones ambientalistas y especializadas, por ilícitos sobre los bosques, que en varias provincias “quedaron o quedan fuera de control”. Agravadas a veces por la participación de funcionarios, pasados y actuales, por considerarlos comprometidos con las reiteradas contravenciones acaecidas sobre los bosques.

Servicios ecosistémicos de los bosques

En primer término queremos dejar en claro a las personas en general y gente común, qué se entiende por “Bienes y Servicios Ecosistémicos de los Bosques Nativos”.

Los primeros (bienes), comprenden la madera en sus diversos usos; las resinas y sustancias tintóreas; las esencias y curtientes; los pastos para el ganado; las especies medicinales; los comestibles como los frutos, hongos y raíces; entre otra gran variedad de productos que nos ofrece la biodiversidad natural vegetal y animal.

En tanto los servicios ecosistémicos consisten en mitigaciones, que por su sola existencia, ofrecen los bosques, como la regulación del bosque sobre el agua de lluvia, evitando la erosión del suelo y controlando escorrentías excesivas e inundaciones; la morigeración del clima y de los impactos destructivos del viento y huracanes; la retención de carbono en el suelo y en las estructuras vegetales existentes, las que contribuyen grandemente aminorando el cambio climático; la absorción de contaminaciones diversas producidas por el hombre; entre otros tantos beneficios.

A los anteriores se agregan otros servicios sociales, como solaz para el espíritu, ante un paisaje natural variado, y para quienes disfrutan del avistaje de la fauna autóctona de mamíferos, aves, pájaros y mariposas, o la observación de plantas ornamentales y floraciones; y en fin, el turismo y la recreación que brinda la existencia del bosque.

Las regulaciones legales vigentes sobre los bosques nativos

La regulación actual sobre los bosques nativos argentinos viene dada por la Ley Nacional 26.331. Esta norma, fue sancionada por el Congreso de la Nación en el año 2007. Lleva el nombre de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos”. Su basamento, se desprende en lo preceptuadopor el art. 41 de la Constitución Nacional y la Ley Nacional 25.675 conocida como “Ley General del Ambiente”.

La Ley 26.331 cuenta con 44 artículos, y un Anexo que establece los criterios que habrán de orientar cada Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN) en las respectivas provincias forestales. En tanto la Ley Nacional N° 25.675 establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sostenible. Ambas rigen actualmente en todo el territorio nacional.

Ello implica, que los presupuestos mínimos, de la ley, no pueden legalmente ser disminuidos por las provincias con ecosistemas de bosques nativos; aunque sí se obligan a adoptarlos o complementarlos por leyes provinciales. En este último caso, en materia forestal. El “complementar” significa que pueden ser acrecentados por cada jurisdicción provincial.

Volviendo a la ley, en origen tuvo como objetivo primordial, limitar el avance de la “frontera agropecuaria” (desmontes), manteniendo una cierta superficie de bosques nativos, cualquiera fuere su dominio, la que debiera ser establecida en consulta pública por ley especial de cada provincia. Como hemos adelantado, su resultado se denomina: Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).

Para lograr sus objetivos, la ley en cuestión, crea un fondo conformado por el 0,3% de cada presupuesto nacional anual, más el 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias y forestales. Dicho fondo se distribuiría a cada provincia con bosques nativos de la siguiente manera: un 30% para el fortalecimiento de los organismos forestales de cada provincia y el 70% restante para subsidiar a los propietarios de bosques que presenten y obtengan la aprobación de los planes técnicos que la ley exige para otorgar subsidios por zona del OTBN (Roja; Amarilla; y Verde).

Los planes mencionados podrán ser: Planes de Conservación, en zona Roja; Planes de Ordenación o Manejo, en Amarilla o Verde; y Planes de Cambio de Uso del Suelo, para zona Verde (desmonte y uso posterior agrícola, forestal (forestación), o ganadero).

La problemática actual de los bosques nativos

Puesta en aplicación la Ley 26.331 y concluidos los OTBN provinciales, varios son los problemas que ponen en riesgo la existencia de los bosques nativos en la actualidad. Un resumen de los mismos se expone a continuación:

1.- Hasta la fecha, en cada ejercicio anual, el Gobierno Nacional nunca cumplió con la integración del Fondo en las proporciones indicadas por la ley. Es decir el 0,3% y 2% anteriormente señalados. En general lo hizo en proporciones ínfimas. Todo lo cual generó desinterés y frustración y fuerte caída de las expectativas que se crearon con esta norma;

2.- Algunos OTBN de provincias modificaron arbitrariamente las zonas definidas por la ley, agregando colores fuera de la norma y que por razones y circunstancias no constatadas (aunque sospechadas), no fueron cuestionadas por las autoridades nacionales. Recientemente una provincia agrego otro color a su revisión del OTBN, corriendo por el momento una suerte similar a las trasgresiones más antiguas.

3.- Tales frustraciones, se manifestaron en pérdidas de cobertura forestal por desmontes ilegales, “fuera del control de las provincias” en complicidades múltiples, que dañaron fuertemente los OTBN y dieron como consecuencia que Argentina fuera uno de los países con mayor pérdida relativa de superficies boscosas del continente;

4.-Organizaciones ambientalistas, foros de abogados y de ingenieros forestales, señalaron y/o denunciaron y denuncian las transgresiones a la Ley 26.331 en al menos cuatro provincias del Parque Chaqueño, donde la pérdida de cobertura forestal ha resultado la más severa;

5.- Históricamente se ha demostrado que las provincias, desde la organización del país, dudaron y aún hoy dudan, que los bosques nativos contribuyeran de alguna forma al desarrollo económico de sus respectivas jurisdicciones.

Tampoco se ocuparon de conservar bajo el dominio público reservas forestales, permitiendo que se intruyeran y consolidando la usurpación regularizando legalmente la misma. Así Argentina es uno de los pocos países que no informa estadísticas de bosques fiscales en las que periódicamente publica Naciones Unidas (FAO). Mientras las estadísticas de FAO señalan que el promedio mundial de bosques públicos alcanzan un promedio del 73% de la superficiemundial de bosques.

Por ello, los representantes provinciales en el Congreso, resistieron la aprobación de la Ley 26.331, argumentando que se limitaba a las provincias con bosques, al uso de sus tierras para otros destinos. Al tiempo que sus jurisdicciones cargaban con el resguardo ambiental del país, mientras las provincias sin bosques, en su desarrollopodían seguían contaminando el ambiente nacional. (Ver las actas de Comisión del Congreso Nacional para verificar lo expuesto).

Creemos que si finalmente se logró la sanción de la Ley 26.331, fue por los ingentes recursos dinerarios que prometía proporcionarel Fondo creado por la ley;

6.- Las desconfianzas señaladas y visiones contradictorias, definieron la conducta que tomaron algunas provincias cuando realizaron sus respectivos OTBN. Fácil fue colocar la zona Roja sobre las zonas preexistentes en las provincias declaradas como áreas protegidas (parques, monumentos naturales, reservas estrictas, reservas privadas, etc.). En tanto varias provincias establecieron como zona Verde, una superficie que superaba el umbral aceptable de sostenibilidad ambiental, generando hacia el futuro, graves consecuenciassobre la persistencia de los bosques y suelos comprendidos;

7.- Entre otros comportamientos reprochables a las provincias, fue documentado por auditorías nacionales, que revelaron la falta de rendiciones, en tiempo y forma, sobre el destino del dinero proporcionado por el Fondo forestal de la ley. Así, una mayoría de ellas dilató información sobre el destino que tuvo el 30% del fortalecimiento institucional, como así también sobre el 70% de las transferencias correspondientes a los proyectos aprobados a titulares privadosque subsidiaba el Estado Nacional.

Asimismo, una mayoría entro en mora para en rendir dichosfondos. Al momento de la auditoría señalada, algunos pidieron hasta 18 solicitudes consecutivas de prórroga para cumplir con las rendiciones. Si bien se trata de un caso extremo, la inmensa mayoría reiteró la solicitud de prórroga en varias oportunidades. Tales conductas, admiten sospechar que los fondos podrían haberse destinado a fines distintos a lo preceptuado por la ley.

8.- Otro de los graves problemas, no resuelto hasta la fecha, que afectan a la ordenación forestal en la mayoría de las regiones forestales del país, es la ausencia de desarrollos aquilatados de sistemas silviculturales para los diferentes tipos de bosques existentes. Ello impacta la calidad y resultados de los Planes de Ordenación. Como hemos descripto ya, dichos planes se basan, entre otros, en un inventario forestal, que cada proyecto debe realizar sobre el bosque a subsidiar. El art. 4º de la ley, establece que el mismo debe tener un nivel de detalle tal que: […]“permita la toma de decisiones en cuanto a la silvicultura a aplicar en cada una de las unidades de bosque nativo y a la estimación de su rentabilidad”.

Ante esa carencia, es altamente probable, que ningún plan de ordenación puede garantizar la persistencia y calidad de un bosque en cuestión, bajo un régimen policíclico de producción y prestación de servicios ambientales.

El Ordenamiento Territorial de los Bosques Nativos (OTBN)

El OTBN es un proceso técnico participativo y político-institucional jurisdiccional (Provincial), actualizable periódicamente, para establecer la zonificación territorial de los bosques nativos existentes en las provincias forestales. Como hemos visto dicha zonificación se enmarca en tres categorías de conservación: Roja, Amarilla y Verde:

1)                 Categoría I Roja: Alto Valor de Conservación – Áreas intangibles que quedarán vedadas a cualquier tipo de aprovechamiento;

2)                 Categoría II Amarilla: Mediano Valor de Conservación – Áreas pasibles de aprovechamiento racional del bosque, manteniendo la persistencia del mismo y su potencial productivo; y,

3)                 Categoría III Verde: Bajo Valor de Conservación – Áreas donde se permite el “Cambio de Uso del Suelo (CUS)” bajo ciertas restricciones, o mantenimiento del bosque bajo ordenación forestal si así lo decidiera cada propietario actual.

Haciendo un alto en la descripcióndel OTBN, hemos observado una suerte de confusión en diversas informaciones periodísticas, sobre los mensajes que llegan a conocimiento público sobre su significado. En varios de los artículos mencionados, se intenta dar una mismavaloración,a la zonificación territorial (OTBN), y la ordenación forestal; cuando no, lo manifiestan en forma confusa o ambigua.

Mientras el primero zonifica las categorías de conservación en cada provincia; la segunda, mediante métodos técnicos específicos, propios de la ingeniería forestal, lleva por objeto el aprovechamiento racional del bosque. Es decir tanto el OTBN como la ordenación forestal conforman el núcleo central de la estrategia de conservación de los bosques. De tal forma, que por medio de un plan técnico de esa naturaleza, el ecosistema forestal se mantenga en un flujo continuo en producción de bienes y servicios, en tiempo y espacio, sin degradación de los componentes del bosque y de los servicios ambientales.

La ciencia que se ocupa de establecer el marco teórico de tales planes se denomina “Ordenación Forestal” (término que la RAE reconoce en español), aunque en la legislación, también es llamada como “Manejo Forestal”.

La ordenación forestal ayuda, entonces, a construir un mundo más saludable para las generaciones presentes y futuras, contribuyendo a conservar la biodiversidad, ya su vez, que permita prolongar los servicios ambientales anteriormente descriptos.

La conservación, la ordenación forestal y el aprovechamiento forestal

Se trata de tres aspectos sobre los bosques que conviene aclarar. Es común que la gente crea que la conservación de un bosque significa que el mismo no debe ni puede aprovecharse. Nada más erróneo. Por conservación debe entenderse el aprovechamiento racional de un bosque. Es decir extraer sus productos o gozar de sus servicios, sin degradarlo de acuerdo con las técnicas de la ordenación forestal. Su contrario es la preservación, lo que implica el no aprovechamiento. Ello también se denomina “intangible”, término que significa “intocable”.

Aclarado esos términos, ahora la “Ordenación Forestal”, es una ciencia cuyo objeto es describir y adoptar los métodos racionales a que pueden y deben someterse los distintos tipos de bosques existentes en el mundo. Así, más allá de características comunes que presentan lo que se conoce bajo el nombre de bosque, existen diferencias notables entre los europeos y en general los de climas templados, con los de zonas áridas, o los tropicales y subtropicales.

Por ello, para cada uno de esos tipos, existen métodos alternativos de ordenación. En definitiva, tales métodos se apoyan en ciencias biológicas como la ecología forestal y la silvicultura y los inventarios, para luegoplanificar la producción de una empresa forestal. Esa planificación remata en un Plan de Ordenación, en el cual el “aprovechamiento”, es uno de los “planes especiales” dentro del Plan de Ordenación, es decir una parte del mismo, pero no su equivalente. Dentro del cual están comprendidas las cortas correspondientes a la madera y leña, y demás bienes del bosque. El volumen a extraer y su localización física.

Hemos abundado en diferenciar estas cuestiones porque observamos que muchas de ellas, no tienen en lo público, un concepto acertado.

Iniciemos señalando, que las leyes forestales de antes y de ahora, siempre fueron reguladoras de los aprovechamientos forestales señalados, cualquiera fuere el dominio del bosque (público-privado). El aprovechamiento racional de un bosque requiere técnicamente de un plan forestal, que es exigible por ley. Para su aprobación, requiere la intervención de los organismos encargados de la administración forestalde cada provincia. Otro tanto ocurre, si los propietarios privados desean hacer un desmonte para un cambio de uso del suelo forestal. De tal manera que ambos trabajos: ordenación o desmonte, deben ser aprobados por la autoridad forestal de cada provincia.

Estas exigencias no son privativas de Argentina, en general, casi todos los países tienen regulaciones y estímulos de algún tipo, para aprovechar sus respectivos recursos forestales.

La ordenación forestal garantía de perpetuidad de los bosques

Como conclusión de todo lo explicitado, los OTBN no garantizan per sé a la conservación de los bosques. En sí, es una parte valiosa en la estrategia de conservar en el presente y el futuro, una superficie de bosques que permanezca estable en el tiempo. En cambio la ordenación forestal es la que técnicamente, pone freno a la degradación forestal y la deforestación.

De tal forma, debe entenderse que al OTBN debe seguir el Plan de Ordenación tal se ha descripto. Solo través del mismo se podrá garantizar la persistencia del bosque, su máxima producción en bienes y servicios ambientales y subsiguientemente su rentabilidad para la empresa forestal y la comunidad en general. Brindando a ésta beneficios directos como el empleo, ingresos diversos y los beneficios indirectos que la sola existencia del bosque le brinda a la población.

En conclusión, la ciudadanía debe tomar conciencia sobre los beneficios que ofrecen los bosques bajo uso racional. En tanto su pérdida, acarrea miseria y desarraigo.

La Ordenación Forestal asegura la vitalidad de los bosques, y los bosques racionalmente tratados aseguran el bienestar comunitario.

Acompañando a los ingenieros forestales españoles, hacemos nuestra la consigna: “Bosques vivos, Pueblos con futuro”.

Por: H. Martín Gartland y  Jaime G. Ledesma

(*)–(**) Ingenieros Forestales.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest 

ARGENTINA (5/5/2024).- La Federación Argentina de Ingeniería Forestal (FAIF) –que nuclea a cinco colegios de profesionales del país- se puso a disposición del ejecutivo provincial para el asesoramiento técnico necesario que permita entender la gestión forestal sostenible y mejorar la gobernanza ambiental de la provincia.

Desde la Federación se apoyó el trabajo técnico-político que ha realizado oportunamente el Consejo Profesional de Ciencias Forestales de la Provincia de Chaco (CPCFCH), con respecto al Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos de la provincia del Chaco y, también las advertencias planteadas en distintos ámbitos institucionales sobre las inconsistencias técnico-normativas con respecto a la actualización del OTBN que se analizó y aprobó en la Legislatura provincial el pasado lunes.

“La aprobada, la Ley 4005R no cumple con el principio de no regresividad ambiental al modificar, en un nivel menor de categoría de conservación, a cientos de miles de hectáreas de bosques nativos que pasan de la categoría II (Amarilla) a categoría III (Verde), quedando así habilitadas al cambio de uso de suelos (CUS) para actividades agropecuarias con sus consecuentes impactos en el territorio”, remarcaron desde la FAIF, en un comunicado en el que marcan su posición de rechazo a la norma aprobada.

Fortalecer el diálogo y fomentar la gestión sostenible

La ampliación de las áreas boscosas a la categoría de conservación III (verde) generan la reducción de las áreas boscosas susceptibles de manejo sostenible (industria forestal) y a perpetuidad, con la disminución consecuente de la provisión de servicios ecosistémicos, para su goce, no solo para los chaqueños, sino también para toda la sociedad, entienden los profesionales nucleados en la FAIF.

“Los bosques recategorizados a un nivel inferior de conservación (verde), se asientan sobre un sistema de corredores biológicos regionales que dan conectividad a las distintas áreas protegidas para la conservación de flora y fauna, dónde la conectividad forestal es imprescindible. También, junto con la actividad forestal (industria forestal), estos bosques sostienen producciones asociadas como la ganadería y apicultura que son muy importantes en la economía de la región”, explican en el comunicado.

De esta manera, remarcaron la necesidad de mejorar la gestión forestal sostenible, garantizando la gobernanza ambiental en esos territorios. “En este sentido, reivindicamos la necesidad de fortalecer el diálogo institucional, destacando la buena predisposición colaborativa de nuestros colegas chaqueños, para abordar de manera mancomunada los diferentes aspectos que merecen resolución asertiva en la actualidad, que se ha evidenciado en la Mesa Técnica de la Unidad Ejecutora provincial durante el año 2021”, agregaron.

Por otra parte, ante el incumplimiento del Punto 4 Anexo I, Resolución 236/2012 del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), solicitaron al Poder Ejecutivo de la Provincia del Chaco “el veto de la Ley 4005R, manifestando nuestra colaboración para el proceso de actualización”.

#Es necesario frenar la deforestación y poner en valor a los bosques nativos de Argentina, pues en ellos está la garantía de salvaguarda a futuro de nuestras comunidades. Para esto, es necesario tomar medidas técnico-políticas eficaces, donde los ingenieros forestales tienen un rol muy importante por su formación para la gestión forestal sostenible”, remarcaron.

Por otro lado, consideraron que “es necesario debatir y consensuar una visión forestal con los distintos actores institucionales y territoriales, que posibiliten avanzar y mejorar la formulación e implementación de una política forestal de Estado para los próximos años en provincia de Chaco y las provincias que comparten territorialmente el ecosistema forestal nativo del Parque Chaqueño. La FAIF y CPCFCH están comprometidos con la gobernanza forestal sostenible para garantizar el desarrollo del Parque Chaqueño”, concluyeron.

La federación está conformada por el Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones, el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero; la Asociación de Ingenieros Forestales de Chubut,; el Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco; y el Colegio de Ingenieros Forestales de Formosa.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest

CHACO (27/4/2024).- La Cámara de Diputados de Chaco se reunirá este lunes 29 de abril en una sesión extraordinaria para deliberar sobre la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN).

Diversos sectores coinciden en que el proyecto, tal como está planteado, carece de respaldo técnico adecuado. La controversia se centra en el interés del gobierno de incorporar 400 mil hectáreas adicionales, que actualmente no están protegidas, dentro de la Categoría Verde para actividades de desmonte.

El Consejo Profesional de Ciencias Forestales del Chaco reiteró la necesidad de analizar cuidadosamente un proyecto que garantice la actualización del OTBN bajo el principio de no regresión ambiental. Han expresado su posición a las autoridades pertinentes y han instado a los legisladores a velar por la sostenibilidad de los recursos forestales de la provincia, respetando los principios ambientales y productivos fundamentales.

Por otro lado, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas advertió sobre las posibles «consecuencias nefastas de aprobar el proyecto en su forma actual», calificándolo de inconstitucional y señalando que permitiría la destrucción de vastas extensiones de bosques nativos. «Llamamos a la sociedad a defender el patrimonio natural del Chaco contra los intereses de las industrias tanineras y del agronegocio», manifestaron.

Además, investigadores del sistema científico argentino expresaron su preocupación por el proceso gubernamental para la actualización del OTBN en Chaco. Niegan que el proyecto cuente con respaldo científico y ambiental y señalan irregularidades en el procedimiento legislativo.

Entre las críticas al proyecto se destacan su carácter regresivo, su incumplimiento de normativas nacionales e internacionales, y la falta de consulta adecuada a la sociedad y comunidades locales e indígenas afectadas.

De esta forma, el tratamiento el lunes llegará con diversos sectores que expondrán serias preocupaciones respecto al proyecto de actualización del OTBN en Chaco, señalando deficiencias técnicas y procedimentales, así como posibles consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las comunidades locales.

La deforestación en el Chaco Argentino enfrentó una serie de desafíos relacionados con el desmonte de sus bosques nativos. Algunos de los principales problemas fueron:

Pérdida de biodiversidad: El desmonte indiscriminado resultó en la pérdida de hábitats naturales y la disminución de la diversidad biológica, afectando a numerosas especies de plantas y animales que dependen de los bosques nativos para sobrevivir.

Degradación del suelo: La deforestación contribuyó a la erosión del suelo y a la pérdida de su fertilidad, lo que afectó negativamente la productividad agrícola y ganadera de la región a largo plazo.

Cambio climático: La eliminación de bosques nativos liberó grandes cantidades de carbono almacenado en la vegetación, contribuyendo significativamente al calentamiento global y exacerbando los efectos del cambio climático.

Impacto en las comunidades indígenas y locales: El desmonte afectó los medios de vida y la cultura de las comunidades indígenas y locales que dependen de los recursos naturales de los bosques para su subsistencia.

Pérdida de servicios ecosistémicos: Los bosques nativos proporcionan una amplia gama de servicios ecosistémicos, como la regulación del ciclo del agua, la protección contra la erosión y la polinización de cultivos. La pérdida de estos bosques redujo la disponibilidad de estos servicios, afectando tanto a las comunidades locales como a la sociedad en general.

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