Por Patricia Escobar 

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BUENOS AIRES (13/3/2026).-  En el marco del debate abierto sobre posibles modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331), el Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe (MAELA) presentó su posicionamiento ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), manifestando su preocupación por los cambios propuestos y sus potenciales impactos ambientales y sociales.

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MAELA es un movimiento de base que articula organizaciones campesinas, comunidades indígenas y agricultores familiares de la región, que promueven la agroecología como paradigma socio-productivo orientado a una sociedad más justa, equitativa y sustentable.

La organización es una de las más de 30 que presentaron ante el COFEMA su posición sobre la propuesta de modificación a la Ley de Bosqques y en un documento institucional remarcaron que «los sistemas agroecológicos y agroforestales desarrollados por familias campesinas y pueblos originarios se sustentan en la integridad del bosque nativo que los rodea».

En ese sentido, indicaron que la Ley 26.331 constituye un instrumento necesario para garantizar la protección de estos ecosistemas y para sostener modelos productivos compatibles con su conservación.

Preocupación por el impacto de las reformas

En su análisis, MAELA considera que las modificaciones planteadas para la ley implicarían un retroceso normativo en la protección de los bosques, principalmente por la posibilidad de ampliar los desmontes en áreas clasificadas como Categoría II (amarillo), que corresponden a zonas de mediano valor de conservación.

Según advierten, esta flexibilización podría incrementar la superficie potencialmente afectada por desmontes de 10 a 42 millones de hectáreas, lo que representaría cerca del 80% de los bosques nativos del país.

La organización también expresó preocupación por los cambios propuestos en los artículos 13, 17 y 18 de la normativa, que —según su interpretación— reducirían los mecanismos de control estatal al eliminar la obligatoriedad de autorizaciones previas y de fiscalización por parte de las autoridades locales de aplicación.

En ese esquema, el control quedaría principalmente en manos de profesionales privados contratados por los mismos titulares de los proyectos de desmonte.

A su vez, MAELA cuestionó la propuesta de eliminación del Registro Nacional de Infractores, contemplado en el artículo 27 de la ley vigente, al considerar que limitaría el acceso a la información pública y podría dificultar el seguimiento del cumplimiento de sanciones ambientales.

El marco actual de la ley

La organización destacó que la Ley 26.331 estableció un sistema de ordenamiento territorial de los bosques nativos, que permite definir usos compatibles con su conservación y con el desarrollo de actividades productivas sostenibles.

De acuerdo con el posicionamiento presentado, este marco normativo ha contribuido en diversas provincias a reducir conflictos socioambientales y a generar mayor previsibilidad institucional.

En este contexto, MAELA sostiene que cualquier modificación a la normativa debe respetar el principio de no regresividad ambiental, que establece que los estándares de protección y los derechos adquiridos no pueden ser disminuidos sin una justificación que implique mejoras ambientales o sociales.

“Proteger el bosque no limita la producción, sino que la sostiene”, plantearon desde la organización.

Otro de los puntos señalados por MAELA es que eventuales reformas a la ley deberían surgir de procesos participativos, federales y transparentes, en línea con los principios establecidos por la Constitución Nacional y por el Acuerdo de Escazú sobre acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales.

Asimismo, la organización remarcó que la normativa argentina debe mantenerse alineada con los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de biodiversidad, cambio climático y cadenas productivas libres de deforestación, un aspecto cada vez más relevante para la competitividad de las exportaciones agroindustriales.

Desafíos de implementación

Más allá del debate sobre las modificaciones propuestas, MAELA reconoció que la implementación de la Ley de Bosques enfrenta actualmente desafíos vinculados al financiamiento insuficiente, las limitaciones institucionales y la necesidad de fortalecer los sistemas de monitoreo.

Por ello, el movimiento considera que el enfoque de la política pública debería orientarse a mejorar la aplicación efectiva de la norma vigente, antes que a reducir sus niveles de protección.

En su posicionamiento final, MAELA reafirmó su compromiso con una política ambiental que articule producción, inclusión social y conservación, y sostuvo que los cambios propuestos a la Ley 26.331 resultan regresivos al debilitar los estándares actuales de protección de los bosques nativos sin aportar mejoras ambientales o sociales demostrables.

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