Fuente: Misiones Online 

BUENOS AIRES (25/3/2026).- El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, detalló en Casa Rosada las iniciativas que se enviarán al Congreso para fortalecer la propiedad privada y atraer inversiones. Además, destinó una parte de su conferencia a responder a las denuncias sobre su patrimonio.

En lo que concierne a los principales ejes de las reformas anunciadas, Adorni detalló que el Poder Ejecutivo enviará su “primera decena de leyes” en el marco de lo que el Presidente denominó “el año calendario de la reforma”. El paquete se centra en la seguridad jurídica como pilar para el crecimiento económico. Las iniciativas se agrupan en varios ejes temáticos.

En primer lugar, se presentó un conjunto de cuatro leyes para fortalecer los derechos de propiedad. Una de ellas es una nueva Ley de Expropiaciones que busca limitar la declaración de “utilidad pública” a casos “estrictamente excepcionales” y elevar las indemnizaciones para los afectados. Según el funcionario, el objetivo es evitar que “el Estado pueda decidir unilateralmente de la noche a la mañana que lo tuyo es del Estado por un capricho del gobierno de turno”.

Dentro de este grupo se incluye una modificación a la Ley de Tierras Rurales para eliminar las restricciones a la venta de campos a extranjeros. Adorni argumentó que esta medida es necesaria para facilitar la llegada de capital global en sectores estratégicos.

“Hoy los empresarios más importantes del mundo miran a la Argentina como una oportunidad histórica de inversión. Algunas, como petróleo, minería o agro, requieren que se compren terrenos grandes para llevarse adelante. No podemos permitir que por un mero capricho ideológico estas no se realicen”, sostuvo.

Además, se enviará una Ley de Desalojo para agilizar la recuperación de inmuebles ocupados ilegalmente. La propuesta busca establecer un procedimiento de vía sumarísima que permita restituir la propiedad en un plazo inferior a los cinco días.

“Necesitamos hacernos cargo del flagelo nacional que son los okupas, con una ley de desalojo que dé vía sumarísima a los procesos, evacúe rápidamente a los infractores y restituya los inmuebles al propietario en menos de cinco días”, afirmó el jefe de Gabinete.

El paquete se completa con cambios en la Ley de Fuegos, revirtiendo una normativa que, según el Gobierno nacional, perjudicaba a productores agrícolas y a la industria forestal al incluir campos agrícolas y bosques implantados en las restricciones post-incendio.

Otras reformas anunciadas incluyen la modificación de la Ley de Glaciares para, según la versión oficial, compatibilizar la protección ambiental con la actividad minera, devolviendo a las provincias la potestad para determinar las zonas de explotación. Además, se revisarán las leyes sobre Discapacidad y Educación Superior, con el fin de endurecer los requisitos para el acceso a pensiones y hacer el sistema “sustentable”.

“Vamos a dar aumentos sólo a los que tienen incapacidad para trabajar, no a los miles de discapacitados truchos a los que el kirchnerismo les regaló un certificado”, expresó Adorni.

En materia de seguridad, se adelantará parte de la reforma del Código Penal para endurecer penas en delitos como estafas piramidales, entraderas, salideras y los cometidos por «motochorros» y “trapitos”.

De este modo, el Gobierno nacional destinará un 10% de los ingresos provenientes de futuras privatizaciones a la compra de armamento y bienes de capital para la defensa nacional. Esta medida se enmarca en una política de «reconstruir el instrumento militar». Adicionalmente, se confirmó la intención de concesionar por 30 años el complejo hotelero de Chapadmalal para atraer inversión privada. En el ámbito judicial, se informó el envío al Senado de 60 pliegos para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales, destacando que 364 de los 1002 cargos de la justicia federal están sin cubrir.

Respuesta a las denuncias sobre su patrimonio

Antes de detallar las reformas, Manuel Adorni dedicó la primera parte de la conferencia a defenderse de las denuncias en su contra. “No tengo nada que esconder, está todo impecable”, aseguró.

Afirmó que su patrimonio fue construido durante más de 25 años de trabajo en el sector privado, antes de su ingreso a la función pública. “Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten”, completó.

Durante la ronda de preguntas, varios periodistas lo interrogaron sobre su declaración jurada, propiedades y un viaje a Punta del Este. Adorni se negó a dar detalles específicos sobre sus bienes o la forma de pago del viaje y argumentó que existe una investigación judicial en curso y no quería “entorpecer la causa”.

Ante la insistencia de los periodistas sobre la presunta falta de correspondencia entre sus ingresos declarados y sus gastos, el jefe de Gabinete calificó las acusaciones como una “operación política y mediática que se armó en pos de dañar al Gobierno”. Sostuvo que cada funcionario tiene su renuncia a disposición del Presidente desde el primer día de gestión.

Respecto a la consulta sobre si consideraba antiético que su viaje fuera pagado por una productora contratada por la Televisión Pública, Adorni negó cualquier irregularidad. “La dádiva está en tal caso cuando yo no pago por… cuando hubiese sido un regalo. Yo estoy cansado de decirles que, efectivamente, el viaje lo pagué”, respondió, sin ofrecer comprobantes y remitiendo cualquier prueba a la instancia judicial. “Usted no es juez”, repitió a uno de los periodistas.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest

MISIONES (14/5/2021).- En abril la Justicia de San Pedro inició con la notificación de cédulas para proceder a una acción civil de juicio de Reivindicación de Inmueble, comunicando a una veintena de personas el inminente desalojo en tierras ocupadas ilegalmente de propiedad de Puente Alto SA, en Bernardo de Irigoyen, municipio que limita con Brasil, en lo que se conoce como «frontera seca». Dos ciudades brasileñas comparten la zona de frontera, Dionisio Cerqueira (estado de Santa Catarina) y Barracão (estado de Paraná).

Puente Alto SA es una de las propiedades que tiene un histórico conflicto de ocupación de tierras e intrusión que no logró resolverse en Misiones con la subastas públicas ni la expropiación ejecutada sobre lo que fue la ex Intercontinental SA, por lo que avanza con los nuevos administradores desde el año 2003 entre acuerdos de partes para recuperar sus tierras o por medio de acciones judiciales de desalojo en los casos que corresponde según la legislación vigente.

En 2020, en conjunto con organismos del Estado, se determinó que son unas 100 familias las que se encuentran ocupando tierras dentro de los lotes de Puente Alto, y que por diferentes vías institucionales se deberá lograr la regularización de su situación y garantizar hacia adelante la seguridad jurídica para el privado.

La propiedad abarca unas 18.600 hectáreas en la actualidad, pertenecía a la ex Intercontinental SA que  en total contaba con unas 36.000 hectáreas antes de la expropiación para ordenar problemas de intrusión a través de la Ley Prov. de Colonización y Arraigo, pero aún hoy los nuevos propietarios tienen judicializado el conflicto en un tercio de las tierras adquiridas y frustrados sus proyectos de inversión.

En las últimas semanas se reavivó la tensión social en la zona, y desde la empresa aseguran que es provocada por organizaciones delictivas que están detrás de la toma ilegal de tierras, con usurpaciones, intrusiones, infracciones a las leyes ambientales vigentes sobre la quema y desmonte de áreas con bosques nativos, contrabando de ganado, plantación de marihuana y otros hechos que se registraron en el último año. (Ver Noticia Relacionada)

El conflicto de tierras que afectó a varias propiedades entre Pozo Azul, San Pedro y Bernardo de Irigoyen data de más de 30 años, y aún se encuentran sin poder poner freno a nuevas usurpaciones e intrusiones de brasileños en la mayoría de los casos en zona de frontera seca.

“Tras sancionarse la Ley de Colonización y Arraigo a la fecha no logró resolverse ni con la expropiación promovida en su momento por sectores políticos ni tampoco con la ordenación territorial para frenar el proceso de intrusión ilegal sobre la propiedad privada y avanzar en el desarrollo local”, sostienen representantes de la empresa.

El negocio de la usurpación: el ministro de Ecología de Misiones ratificó que “la toma de tierras es un delito”, y pidió a la justicia que actúe con más celeridad

Organizaciones criminales

Recientemente trascendió una denuncia realizada el 4 de mayo  ante la Comisaria de Dos Hermanas, de la UR XII de Bernardo de Irigoyen, en la que un empleado de la empresa Puente Alto SA manifestó que fue amenazado de muerte. Fue interceptado de salida de su trabajo en la compañía, en un camino sobre Ruta Prov. 18, cuando conducía la camioneta que pertenece a uno de los administradores. Eran tres hombres desconocidos y fue amenazado de muerte con un arma sobre su rostro: “Pensaron que era otra persona, eran tres los que me rodearon y uno de ellos me decía que me dispararía, hubo una discusión y cuando se dieron cuenta que se equivocaron y que no era la persona que estaban esperando, me dejaron ir”, asentó en la denuncia realizada en sede policial.

Este fue el último de los tantos mensajes mafiosos de advertencia para los administradores de la empresa que recibieron en las últimas semanas, pero que tomó mayor gravedad cuando el empleado manifestó que reconoció a dos de ellos el pasado 10 de mayo: los dos peligrosos presos brasileños que se fugaron de la cárcel de Chapecó y fueron capturados en Irigoyen por la Policía de Misiones.

“Este dato es lo que viene a demostrar que hay sicarios involucrados que responden a los mafiosos que están detrás de la toma ilegal de tierras. Hay una organización criminal que no solo pone en riesgo nuestra propiedad sino nuestras propias vidas. Las amenazas e intimidaciones tomaron mayor gravedad en las últimas semanas y coinciden con las notificaciones de desalojo que dio curso el Juzgado que lleva adelante nuestra demanda de reivindicación”, expresó uno de los apoderados de Puente Alto en contacto con ArgentinaForestal.com.

El daño al bosque nativo no se detiene, tampoco las quemas, como se puede ver en las imágenes del registro de diciembre de 2020. Los intrusos avanzan sobre las tranqueras, tumban cercos, postes, alambrados, y confrontan con el personal. Destruyen todo y dejan mensajes mafiosos”.

En la comunicación explicó que los intrusos a los que ellos intentan desalojar de su propiedad “no son justamente  pequeños colonos de la chacra que ocupan tierras para agricultura familiar y subsistir como muchos imaginan, sino que hay que entender que estamos tratando con personas indocumentados que ingresan a la provincia, en su mayoría brasileños, y que responden a mafias, a organizaciones delictivas, que tienen poder económico, se mueven en camionetas de alta gama, con equipos y maquinarias para desmontar y robar la madera  de nuestra propiedad. Estas personas utilizan la necesidad de otras para meter gente nueva a nuestra propiedad y esto es lo que pretendemos que se detenga de alguna manera a través de la Justicia. En forma diaria, amenazan a nuestros trabajadores, provocan daños materiales y actos vandálicos, rompen alambrados, queman bosques, y nos dejan mensajes mafiosos de que atentarán contra nuestras vidas”, detalló la fuente.

Todas estas situaciones afectan la seguridad física y jurídica de las personas que trabajan en la empresa Puente Alto SA, provocan un daño ambiental irreversible sobre los bosques nativos en el área  y  postergan la oportunidad de llevar adelante cualquier tipo de emprendimiento privado para  un desarrollo local con la comunidad de Irigoyen y Pozo Azul, graficó por su parte el abogado patrocinante de la empresa que lleva adelante la demanda legal de reivindicación, el Dr. Carlos Kozik.

Intrusos “terratenientes”

En una entrevista con este medio, el profesional de Derecho explicó que todos los resortes institucionales del Estado Provincial están en conocimiento de la situación de Puente Alto SA y se encuentran con un canal de diálogo permanente entre los empresarios, sus apoderados y los organismos correspondientes, porque “tenemos claro que estamos frente a una organización ilícita que promueve las tomas ilegales de tierras”.

El Dr. Kozick indicó que “en forma conjunta, con el resorte de la Justicia y la Policía de la Provincia de Misiones, con el acompañamiento a través de la Subsecretaria de Tierras y del Ministerio de Ecología, llevamos adelante desde la empresa este proceso complejo y conflictivo para encontrar una solución de fondo. Lo único que se pretende es resolver la ocupación irregular de tierras ajustado a derecho que asiste al privado y en el marco de las herramientas institucionales vigentes para restituir, acordar o desalojar si corresponde el caso. También hay un gran problema ambiental que trae aparejado el avance indiscriminado de intrusos sobre la propiedad”, dijo el abogado.

La acción judicial de Reivindicación de Inmueble presentada ante el Juzgado de Primera Instancia con competencia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar, a cargo de la Dra. Mariangel Koziarski, siguió su curso y a la fecha ya fueron notificados todos los involucrados de la demanda de desalojo, precisó Kozick.

Para llegar a esta instancia se utilizó una metodología de relevamiento previo, a los efectos de conocer la situación de los ocupantes, registrar su grupo familiar, su conformación, de qué viven, indagar sobre quién o quienes habrían autorizado a estar en esa chacra, si tienen algún documento que los avale como dueños de la tierra o permiso de ocupación. “Fue un proceso del que participó un oficial de Justicia e incluso un Juez de Paz. Hay gente pacífica y de escasos recursos, que vive desde hace varios años en el lugar, pero hay otras agresivas, irrespetuosas y violentas, en la que se ha demostrado que se trata de nuevas intrusiones y que desconocen todo tipo de autoridad. La tecnología hoy también es una herramienta que permite corroborar los cambios en el territorio. Todo este trabajo llevó a situaciones de tensión, por lo tanto, a partir de la experiencia de octubre de 2020 donde se dieron hechos de violencia, el juzgado de San Pedro adoptó otras medidas que eviten los enfrentamientos, pero continua promoviendo la acción judicial y dando traslado a la demanda de reivindicación”, sostuvo el abogado.

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Notificación por desalojos 

En ese contexto, en las últimas semanas se dieron hechos de intimidación y amenazas a los trabajadores de la empresa, inscripciones en algunos vehículos contra los administradores y nuevamente sectores políticos han decidido intervenir en “defensa de la gente, promoviendo por ejemplo un concejal del PAyS un pedido para que el Estado intervenga y entregue tierras del privado como solución. Esto confunde a la sociedad, porque no estamos hablando de pequeños intrusos, sino de gente que tiene donde vivir, tienen vehículos de alta gama, tienen poder adquisitivo, toman 300 o 400 hectáreas y tienen un problema de ocupación ilegal con Puente Alto. Podríamos decir que son «intrusos terratenientes», que son organizados para cometer ilícitos y apropiarse de tierras en la frontera de Misiones”, definió Kozick en la descripción detallada del problema que se enfrenta.

En los procesos de ocupación de tierras en la provincia, cuando se estableció la expropiación con la Ley 4093 del Plan de Colonización y Arraigo que pretendía entregar tierras de cuatro  empresas (Intercontinental, hoy Puente Alto SA;  Colonizadora Misionera, Ferbuel SA, y Guaraní) a familias asentadas en las propiedades privadas, se generó previo a su sanción mucha especulación, provocando más intrusión para intentar abarcar mas tierras privadas para repartir. “Tenemos hoy personas identificadas que fueron asistidas con viviendas por el Estado después de esta ley, fueron adjudicadas con viviendas del Iprodha que fueron construidas sobre tierras que fueron expropiadas a  Colonizadora SA –dentro de la misma ley de Arraigo-, y sin embargo las estamos demandando nuevamente porque ocupan tierras sobre Ruta 18 cuando tienen donde vivir, pero toman otros campos en otros lugares. Esta es la verdad del problema que se enfrenta”, remarcó el abogado de Eldorado.

“Hay que separar la paja del trigo. Hay que entender el problema del que se está intentando abordar. No es la misma situación, por ejemplo, la de aquellos productores de subsistencia que se encuentran asentados en propiedad de Puente Alto sobre Ruta 17. Allí tenemos relevados ocupantes de media hectáreas o una hectárea, que solo tiene cultivos para vivir. En este caso, estamos en conversación con Sonia de Melo, la subsecretaria de Tierras, analizando qué solución social, política, económica y ambiental se puede encontrar para esta población de gente”, relató el profesional.

Pero en otros términos se aborda el conflicto con los “intrusos terratenientes”, que fueron identificados como los que generan las situaciones de conflicto y no permiten dar solución a este tema de toma ilegal de tierras. “Queman bosques nativos, roban la madera, toman grandes extensiones para meter gente, más de 200 o 300 hectáreas. Tienen capacidad económica, vehículos para trasladarse en la zona, equipos forestales y transporte para llevarse la madera, para todo esto se requiere capital. En la mayoría son brasileños que manejan a supuestos ocupantes, son organizaciones que tienen negocios ilegales. Meses atrás se encontró una plantación de marihuana en la propiedad. También hay ingreso ilegal de ganado desde Brasil, otro tema en el que debiera intervenir activamente el SENASA por el control sanitario. Esta gente cruza el ganado para la pastura y engorde del lado argentino y lo regresa para comercializarlo del otro lado de la frontera.  Es toda una organización ilícita pero esto nadie lo ve”, concluyó Kozick.

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Fuente: La Nación

SAN CARLOS DE BARILOCHE (28/8/2020).- «Estamos muy preocupados por esta situación de intrusión de tierras. Donde están hoy estas familias es un espacio que no cumple ninguna condición para que a futuro se puedan llevar servicios, es un lugar turístico y una reserva forestal con cipresales muy antiguos», confirmó a La Nación el intendente de El Bolsón, Bruno Pogliano (Juntos Somos Río Negro). Se mostró sorprendido por la falta de intervención de las autoridades nacionales y afirmó que pudieron frenar que más familias se instalaran en la zona producto de los retenes que hicieron desde el municipio, junto a personal de la Provincia y de policía rionegrina.

Consultado sobre quienes serían los organizadores, el intendente descartó que se trate de un reclamo de pueblos originarios y que, si bien evidenciaron algunos referentes de sectores políticos, no obedecerían a una única agrupación.

«Tuvimos que hacer una zanja para evitar que se desmadre, sino tendríamos hoy más de 500 familias. No actuó ni la Justicia ni las fuerzas federales, nadie ordenó el inmediato desalojo«, expresó el mandatario local.

Y advirtió que se cayó el primer intento de acuerdo. «Les ofrecimos que se retiren del lugar y esperar a un loteo en el que estamos trabajando de un 370 hectáreas en Lomas del Medio que también son del INTA, pero como no llegaron a hablar con todos los ocupantes, finalmente se rechazó el acta», expresó.

Falta de tierras

En la ocupación inicial, hace unos 10 días, se instalaron primero en unas dos hectáreas unas 29 familias. Quince de ellas, sobre un predio usado como cancha de fútbol, que el INTA cedió al Club El Refugio. En la segunda toma que comenzó el viernes último llegaron a instalarse 133 familias en una zona de 60 hectáreas en el camino a la denominada Cabeza del Indio y Mirador del Azul. En tanto, de acuerdo al municipio muchas más personas intentaron llegar al lugar, incluso provenientes desde la provincia de Chubut.

«Es la segunda vez que nos pasa esto, hace 30 años que estamos pidiendo tierras para dar respuesta a esta problemática habitacional y la misma burocracia del Estado Nacional no has impedido acceder a terrenos como los de Gendarmería para que puedan ser loteados, nunca hemos logrado que se transfiera y no podemos avanzar», reclamó Pogliano.

Y resaltó que, si no fuera por la intervención local y de la policía provincial, hoy la toma sería aún mayor. «Tuvimos que hacer una zanja para evitar que esto se desmadre, sino tendríamos más de 500 familias», expresó preocupado el mandatario local. Indicó que se cerraron todos los ingresos al pueblo y que el mismo viernes secuestraron 18 autos que «traían mosotosierras y palas», algunos violando la restricción de circulación al venir de otras ciudades.

Acuerdo fallido

Ayer, hubo un encuentro entre referentes de las familias que están en la toma y diversas instituciones, entre las que se encontraba el municipio, el Concejo Deliberante, el INTA, la Dirección de Bosques y la Fiscalía interviniente. Luego de dos horas de debate se propuso el armado de un listado de familias, en un plazo de 10 días, con el objetivo de tenerlos en cuenta para un loteo social en un sector cercano. A cambio, los ocupantes debían retirarse y evitar cualquier tipo de intervención sobre el medio ambiente.

«Les ofrecimos que se retiren del lugar y esperen un loteo en el que estamos trabajando en la misma zona, pero como no llegaron a hablar con todos los ocupantes, finalmente, esta mañana se rechazó el acta», expresó.

La propuesta del municipio era justamente que algunas de estas familias, así como otras de la comunidad de El Bolsón, pudieran sumarse a un proyecto de loteo en unas 370 hectáreas que, a la brevedad, el INTA va a ceder al Estado local. Se trata de otro predio ocupado en 2011 en Lomas del Medio, donde ya hay unas 1500 familias. «Allí seguramente tendremos un remanente de unas 20 o 30 hectáreas para cubrir esta otra situación», precisó el intendente. Y aclaró que es importante hacer una evaluación, porque muchas de las familias que están en el conflicto actual «no tienen verdadera necesidad o están especulando».

Áreas protegidas

El área donde se realizó la nueva ocupación es un pulmón verde de la ciudad, con cipreses que tienen más de 100 años y un punto turístico de referencia, que hoy no es visitado debido a las restricciones por la cuarentena. Por eso, el mismo intendente instó a los vecinos a unirse para evitar que la toma continúe. Hay un petitorio virtual donde ya se habrían recolectado unas 4000 firmas y para el sábado próximo se está organizando una movilización.

La reserva natural del Mirador del Azul es un área protegida contemplada en el artículo 178 de la Carta Orgánica Municipal. Allí se especifica que «son áreas no urbanizables y de dominio público». Al amparo ambiental, el intendente indicó que se sumará otro también por la situación de los menores de edad que permanecen en el lugar.

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