Por Patricia Escobar

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MISIONES (27/5/2026).- La gestión sostenible del agua frente a los extremos climáticos globales fue el eje del debate académico y técnico que reunió a especialistas de Argentina y España en Posadas. El encuentro se dio en el marco del Seminario Internacional «Agua, Vida y Futuro: Perspectivas Jurídicas, Ambientales y Culturales Frente al Cambio Climático», organizado por la Universidad Gastón Dachary (UGD), la Universidad de Zaragoza (España) y el Instituto Misionero de Biodiversidad (Gobierno de Misiones).

La perspectiva judicial estuvo a cargo del Dr. Eduardo José Ramón Llugdar, vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero, juez y académico con una destacada trayectoria en derecho constitucional y un referente nacional en el ámbito de las magistraturas, fue expuesta en un panel junto a otro santiagueño que se perfeccionó en Derecho del Agua, el Dr. Pablo Ramón Lucatelli, quien se refirió al agua como bien común, elemento esencial para la vida y eje de gobernanza pública, con énfasis en la necesidad de fortalecer una cultura hídrica basada en la responsabilidad social, la educación ambiental y la protección del recurso para las generaciones presentes y futuras.

Asimismo, el seminario contó con una conferencia magistral del Dr. Antonio Embid Irujo, reconocido profesor y académico español que dio un enfoque jurídico sobre el cambio climático, sus impactos globales y los principales desafíos regulatorios, institucionales y judiciales que plantea, incluyendo su vínculo con la producción energética, las emisiones y el creciente impacto de la litigación climática en las políticas públicas y en las decisiones judiciales.

El agua como derecho humano

Bajo el título «El derecho humano al agua y justicia ambiental», el Dr. Eduardo José Ramón Llugdar compartió reflexiones sobre un concepto que considera polémico en la práctica global, a pesar de su reconocimiento por entidades multilaterales como las Naciones Unidas.

«El derecho al agua no ha sido, en cierto modo, acogido con agrado, sobre todo por las naciones más industrializadas», advirtió Llugdar. «Definir el agua como un derecho humano implica establecer severas limitaciones para su disposición dentro del ámbito de una moral utilitarista, entendiendo a esta última como aquella donde el fin exclusivo es obtener las mayores ganancias al menor costo posible».

Frente a este modelo, el magistrado contrapuso la moral humanista, inherente a los derechos fundamentales, cuyo eje es el respeto irrestricto a la dignidad humana. «El dilema actual de la humanidad es definir si el agua es un derecho que resignifica nuestra condición de seres humanos portadores de una dignidad invaluable que en el mundo de los fines no tiene precio, o si somos simplemente un medio valuable que sirve a un fin económico».

Para Llugdar, esta tensión es la que hoy visibiliza la crisis global de escasez hídrica. Las problemáticas del agua como derecho humano abarcan desde su necesidad biológica —al integrar más del 70% de nuestra humanidad— hasta la urgencia jurídica de garantizar un conjunto de derechos esenciales de máxima jerarquía constitucional. «Necesitamos el agua para vivir, tanto en lo individual como en lo colectivo».

El valor de la biodiversidad local y las tensiones interjurisdiccionales

Durante su intervención, el Dr. Llugdar ponderó las disertaciones de las profesionales del Instituto Misionero de Biodiversidad (IMiBio) respecto a las políticas de conservación de la provincia. Destacó que Misiones cuenta con una riqueza biológica única en el país concentrada en una pequeña extensión territorial, pero advirtió sobre la complejidad de las presiones externas.

«Si nosotros hacemos el esfuerzo de protegerla, a veces el resultado no depende exclusivamente de ese esfuerzo local. Si el vecino desequilibra los recursos y el impacto ambiental se causa en nuestro territorio, todo el trabajo que se haga internamente puede terminar siendo inútil dentro de esa visión interjurisdiccional», planteó.

Recordó que en el año 2002, el Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (incorporando la ‘A’ de ambientales) dejó en claro el carácter del agua como un elemento esencial e indiscutiblemente normado como un derecho. «Lo hace desde esa ética humanista para garantizar la dignidad actual, pero con la responsabilidad transgeneracional de asegurar la subsistencia del género humano. No hay derecho si no hay vida, y sin agua pura que brinde salud, mantenga el equilibrio ambiental y asegure ricas cosechas, la vida desaparece».

Federalismo judicial: el rol de las provincias

El magistrado analizó el papel crítico de los jueces frente a estos dilemas y reivindicó el rol del fuero ordinario. «Hablo como juez de una alta corte de justicia ordinaria. En Argentina, el 80% de las causas judiciales del país las manejamos las provincias, aunque los grandes medios nacionales nos miren a veces como una justicia de segundo grado».

Llugdar recordó la arquitectura constitucional argentina: «El fuero federal es de excepción, así lo dice la Constitución. Las provincias somos preexistentes a la Nación; la Nación existe por exclusiva decisión y voluntad de las provincias, tal como lo marca el Preámbulo. Hemos delegado potestades, no nos las han dado. Es un mandato constitucional que los gobiernos federales actuales no deben olvidar».

Bajo esta línea argumental, vinculó los artículos 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) —de jerarquía constitucional en el país— que garantizan el derecho a una vida adecuada y al disfrute del más alto nivel de salud. «¿Cómo podemos alcanzar ese estándar si no podemos disfrutar de un agua que esté libre de contaminación? El abuso de los recursos vuelve ilícitas las explotaciones irracionales».

El jurista sostuvo que el agua debe cumplir con tres condiciones internacionales: ser aceptable (en calidad), accesible y asequible. Sin embargo, aclaró que los derechos no son ilimitados y que el límite está regulado por el artículo 32.2 de la Convención Americana: el derecho de los demás, el orden público y las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. «Hablamos de visiones democráticas reales. Tener un origen democrático en las urnas no significa que se actúe como demócrata; lo estamos viendo a nivel internacional y nacional. Democracia no puede ser lo que no es democracia», reflexionó.

En el plano del derecho positivo nacional, Llugdar repasó la evolución normativa: «Dejamos atrás el código privatista de Vélez Sarsfield que nos rigió más de un siglo y pusimos en vigencia el Código Civil y Comercial en 2015. El artículo 235 distingue los recursos hídricos públicos de los privados. La propiedad privada también es un derecho constitucional y humano, pero no es ilimitado; hay que ponderar hasta dónde llega el poder dominial del propietario de un fundo cuando por allí pasan cursos de agua».

Asimismo, citó los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional (derechos ambientales y del consumidor) y el artículo 17, que reconoce la sabiduría ancestral de los pueblos originarios en la protección del recurso. Al respecto, recordó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de las comunidades criollas e indígenas del lote fiscal 14 y 55 (Lhaka Honat), donde se condenó al Estado argentino por violar derechos humanos vinculados, entre otros aspectos, al acceso y utilización razonable del agua tras no encontrar respuestas eficaces en los poderes judiciales internos.

Contra el modelo de los «jueces de Narnia»

En el tramo final de su disertación, el Dr. Llugdar realizó una fuerte autocrítica institucional basada en su experiencia de 21 años en la alta magistratura, haciendo referencia a una ponencia de su autoría denominada ‘Los jueces de Narnia’.

«Muchas veces los jueces no percibimos la trascendencia de estas causas cuando nos toca decidir, como si estuviéramos en Narnia, saliendo de la realidad para meternos en un mundo ideal y ajeno. Ante el riesgo ambiental, los jueces no podemos quedarnos de brazos cruzados. Somos la última instancia para hacer que el esfuerzo del Gobierno, de las ONG y de la academia se cristalice frente a los avances inescrupulosos de quienes solo buscan ventajas económicas desproporcionadas».

Para evitar esto, propuso que el ejercicio de la magistratura se alinee con los postulados de la Ley General del Ambiente (N° 25.675), una norma que obliga a los jueces a abandonar la visión procesal tradicional ante el riesgo ambiental. «Así como nos capacitamos obligatoriamente en perspectiva de género, el Poder Judicial debe capacitarse obligatoriamente en perspectiva ambiental para dejar de ser jueces de Narnia».

Finalmente, remarcó que las causas ambientales y de derechos humanos no admiten dilaciones temporales debido a la urgencia que impone el cambio climático y las presiones extractivas desmedidas. Como ejemplo de los nuevos desafíos globales de la huella hídrica, citó la refrigeración de los servidores de Inteligencia Artificial: «En Estados Unidos se están construyendo grandes centros de datos que consumen por día el equivalente de agua de una ciudad como Filadelfia solo para refrigerar los sistemas de IA que usamos a diario. En contraste, China está desarrollando servidores subterráneos o submarinos para lograr una refrigeración natural no contaminante. No debemos despreciar la tecnología, sino buscar formas equilibradas de utilizarla sin olvidar que el fin último es perdurar como seres humanos».

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Por Patricia Escobar

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Fuente y fotos: EMIPA

NUEVA YORK (23/4/2026).- Desde la selva misionera hasta el escenario global de las Naciones Unidas, la voz del pueblo Mbya Guaraní volvió a interpelar al Estado argentino frente a lo que el Pueblo Indígena reclama en sus derechos que consideran «avasallados».

En el marco de la 25ª sesión del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la joven líder Keila Zaya (18)expuso la situación que atraviesan comunidades indígenass, con foco en la defensa del territorio, el acceso al agua y el respeto a los derechos colectivos.

En representación de los pueblos indígenas de Argentina, y particularmente de la comunidad Puente Quemado II, en la provincia de Misiones – en conflicto por la territorialidad en propiedades legalmente adquiridas por la multinacional Arauco SA-, Zaya llevó un mensaje contundente sobre la realidad que enfrentan en sus territorios.

“Nosotros somos preexistentes al Estado argentino. Nuestro territorio no es una mercancía: es el espacio donde se sostiene nuestro modo de vida, nuestra espiritualidad y nuestra identidad”, expresó durante su intervención.

La joven denunció ante el organismo internacional que la falta de titulación de las tierras indígenas permite el avance de actividades extractivas, como la forestación, la minería y el agronegocio, sin respetar el derecho a la consulta previa, libre e informada.

Según explicó, esta situación vulnera compromisos internacionales asumidos por Argentina, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“El gobierno aprueba proyectos sin consultar a las comunidades, mucho menos tomar en cuenta su consentimiento. Esto no es un pedido, es una obligación del Estado”, remarcó.

Zaya también puso el foco en las consecuencias directas sobre la salud de las comunidades, en especial de niños, niñas y mujeres. La contaminación de fuentes de agua, señaló, ya impide el consumo en territorios como Puente Quemado II.

“Niñas y niños ya no pueden tomar agua del río ni de las vertientes porque están contaminadas. Esto provoca enfermedades y afecta gravemente su desarrollo”, advirtió.

“Sin territorio no hay vida”

Durante su exposición, la representante Mbya vinculó la problemática territorial con la supervivencia cultural y física de los pueblos indígenas, en línea con estándares internacionales como la Recomendación General N.º 39 del CEDAW.

“Sin territorio no hay vida. Sin agua limpia no hay salud. Sin salud no hay futuro para nuestros niños y niñas”, sostuvo, en uno de los pasajes más contundentes de su intervención.

Asimismo, denunció situaciones de criminalización, represión y estigmatización hacia las comunidades, en un contexto de creciente conflictividad social.

Reclamos al Estado, empresas y comunidad internacional

En su mensaje ante el Foro, Zaya formuló pedidos concretos:

Al Estado argentino, la titulación inmediata y colectiva de los territorios indígenas y la implementación efectiva de la consulta previa.

A las empresas, el cese de actividades que impacten sobre los territorios y la reparación de los daños ambientales.

A la comunidad internacional, el monitoreo de la situación en Argentina y el acompañamiento a las demandas indígenas.

“Esto no es solo una cuestión de tierra. Se trata de la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas”, concluyó.

La intervención de Keila Zaya volvió a poner en la agenda internacional una problemática persistente en Argentina: el reconocimiento efectivo de los derechos de los pueblos originarios y el desafío de compatibilizar desarrollo económico con respeto por los territorios y las comunidades.

Territorio, salud y cambio climático en el centro del debate

Si bien el eje central del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas es “garantizar la salud de los pueblos indígenas, incluso en contextos de conflicto”, las distintas delegaciones coincidieron en un punto transversal: no es posible abordar la salud sin garantizar otros derechos fundamentales.

En esa línea, la abogada Roxana Rivas —apoderada de EMIPA y de comunidades Mbya, además de referente en derechos indígenas en Argentina— brindó un panorama de los primeros días del encuentro.

“Hay mucha coincidencia entre los pueblos en cuanto a las demandas hacia los Estados, vinculadas al respeto por el territorio, la preexistencia, la consulta y la libre determinación. Como el eje es la salud, todos coinciden en que es imposible abordarla de manera integral sin vincularla con el territorio, que hoy es lo más amenazado”, explicó.

Otro de los temas que atraviesa las intervenciones es el impacto del cambio climático, que afecta de manera directa a los pueblos indígenas, pese a que históricamente han sido guardianes de los ecosistemas.

“Muchos están siendo desplazados, tanto por las consecuencias del cambio climático como por la acción directa del ser humano asociada a modelos extractivos. Es una problemática global que se repite desde el Ártico hasta el sur más profundo”, agregó Rivas.

Respecto a la dinámica del Foro, destacó el compromiso y la apertura de las delegaciones: “Las jornadas son intensas y las distancias que recorremos a diario también, pero la experiencia es muy enriquecedora, tanto por el intercambio cultural como por los espacios de aprendizaje compartido”, concluyó.

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Fuente: EMIPA 

MISIONES (22/3/2026).- En el marco del Día Mundial del Agua, crecen las alertas por una problemática estructural: el acceso al agua potable sigue siendo una deuda pendiente, especialmente para las comunidades Mbya Guaraní en Misiones.

De acuerdo con estimaciones de la organización tradicional Aty Ñeychyrõ, al menos el 20% de las comunidades indígenas de la provincia no cuenta con acceso a agua segura, lo que duplica el 10% informado oficialmente el año pasado por la Dirección de Asuntos Guaraníes.

La diferencia en los números refleja, según los referentes indígenas, una subestimación del problema. Mientras los datos oficiales indicaban que unas 14 comunidades estaban afectadas, relevamientos propios identificaron inicialmente 25, cifra que luego superó las 30, en un contexto donde muchas situaciones no se denuncian formalmente.

“Numerosas comunidades siguen sin tener acceso al derecho humano del agua, consumiendo agua probadamente contaminada y, en algunos casos, sin ninguna fuente segura”, señalaron desde la organización.

Agua contaminada y riesgo sanitario

La preocupación no es solo por la falta de acceso, sino también por la calidad del agua disponible. Estudios realizados por el Laboratorio Agropecuario de la Universidad Nacional del Alto Uruguay confirmaron que muestras tomadas en comunidades como Puente Quemado II (Garuhapé) y Kokuere’i (San Ignacio) no son aptas para consumo humano.

Los análisis determinaron que el agua supera los niveles permitidos de coliformes totales establecidos por el Código Alimentario Argentino, lo que indica contaminación con microorganismos provenientes de materia fecal y aguas servidas.

A esta situación se suman comunidades como Yvy Porã y Takuapi Mirĩ, en Colonia Mado, donde incluso el funcionamiento escolar se ve afectado por la falta de agua potable.

La médica Mariana Mampaey advirtió que el consumo de agua contaminada “pone en riesgo de enfermedad a quienes la ingieran”, siendo niños, embarazadas y adultos mayores los grupos más vulnerables. Entre las enfermedades asociadas mencionó hepatitis A, fiebre tifoidea, cólera y síndrome urémico hemolítico.

Además, subrayó que esta problemática está directamente vinculada a la desnutrición infantil en zonas rurales, agravando indicadores de salud ya críticos en las comunidades Mbya.

Reclamos sin respuesta y conflicto persistente

A pesar de los reiterados reclamos, las soluciones estructurales no llegan. En comunidades como Ychongy Poty (San Ignacio), unas 35 personas permanecen sin agua desde hace más de un mes tras el corte del servicio por deudas imposibles de afrontar.

“Queremos acceder al agua segura y limpia. Tenemos derecho a hacerlo”, expresó Mario Borjas, referente del Aty Ñeychyrõ, quien reclamó mayor compromiso del Estado provincial.

El dirigente también señaló cambios ambientales profundos: “Antes las vertientes estaban protegidas dentro del monte, pero hoy se han perdido y los arroyos están contaminados”, advirtió, vinculando esta situación a modelos productivos que impactan sobre el ambiente.

El año pasado, más de 50 comunidades Mbya llevaron su reclamo a la capital provincial con una protesta de cinco días en la Plaza 9 de Julio, donde exigieron respuestas concretas, entre ellas el acceso al agua. Sin embargo, denuncian que no obtuvieron soluciones.

Una deuda en una provincia rica en agua

La paradoja es evidente: Misiones cuenta con una vasta red hídrica integrada por ríos como el Río Paraná, el Río Uruguay y el Río Iguazú, además de extensas cuencas de arroyos.

En este contexto, organizaciones indígenas y especialistas coinciden en que la falta de acceso al agua potable no responde a limitaciones naturales, sino a decisiones estructurales.

El acceso al agua fue reconocido como derecho humano por la Organización de las Naciones Unidas en 2010. Sin embargo, en Misiones, su cumplimiento sigue siendo una deuda vigente para las comunidades Mbya, que continúan esperando respuestas concretas.

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Fuente: EMIPA

MISIONES (12/10/2025).- En un contexto donde resurgen discursos discriminatorios y negacionistas, Eva Okulovich invita a pensar lo indígena no como un vestigio del pasado, sino como una presencia viva y constitutiva de nuestra identidad latinoamericana.

Hija y nieta de inmigrantes europeos, recuerda con gratitud la generosidad del pueblo Mbya que acogió a sus antepasados en la selva misionera. Su tesis doctoral “Sociedad Guaraní-Mbya en Argentina.

Arte, identidad y supervivencia”, defendida en la Universidad de Granada (España), marcó el inicio de un trabajo académico comprometido con la visibilización de una cultura que durante siglos fue silenciada.

A continuación, comparte su mirada sobre la espiritualidad, la lengua y la resistencia del Pueblo Mbya frente a los desafíos contemporáneos, en el marco del Día Internacional del Respeto por la Diversidad Cultural, que se recuerda cada 12 de octubre.

La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas. Sin embargo, existen discursos que continúan negándolo. ¿Cómo explicarías la importancia de reivindicar esa preexistencia en el caso del Pueblo Mbya?

La Constitución Nacional reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas, aunque los discursos negacionistas persisten. En el caso del pueblo Mbya, reivindicar esa preexistencia es fundamental para contrarrestar la invisibilización y el despojo histórico, y para fortalecer su lucha por derechos esenciales.

La preexistencia no es un dato histórico, sino parte de su cosmovisión y espiritualidad: la conexión con el territorio, el kaaguy (monte), es vital para su identidad. Negar su preexistencia es negar su ser y su relación con el entorno.

El pueblo Mbya habitaba Misiones antes de la formación del Estado argentino; reconocer esto avala su reclamo por la propiedad comunitaria de sus tierras, como establece el artículo 75 inciso 17 de la Constitución.

Sus conocimientos ancestrales sobre el uso del espacio y la conservación de la biodiversidad son inseparables de su historia. Reivindicar su preexistencia es también valorar ese conocimiento frente al extractivismo y la deforestación.

Los discursos que la niegan tienen un trasfondo ideológico que busca justificar la expropiación de tierras y la vulneración de derechos. Reivindicar la preexistencia es confrontar esa narrativa y reconocer la injusticia histórica sufrida.

Reconocer al Pueblo Mbya fortalece el pluralismo cultural argentino y defiende la plena vigencia de los derechos indígenas consagrados en la Constitución de 1994 y en los tratados internacionales.

Reivindicar la preexistencia Mbya es un acto político y de justicia histórica que reafirma su identidad, cultura y derechos territoriales, y garantiza su participación en las decisiones que afectan su vida y su territorio.

El Pueblo Mbya conserva saberes únicos en torno a la espiritualidad, el cuidado del ambiente y la medicina tradicional. ¿Qué enseñanzas de esta cosmovivencia crees que resultan más urgentes para nuestra sociedad actual?

La más inexcusable de sus enseñanzas es su inteligente y recíproca relación con la naturaleza. No comprenden el entorno como un recurso a explotar, sino como un ser del que son parte, lo que los convierte en verdaderos guardianes del bosque y su biodiversidad.

La visión Mbya sobre la producción de alimentos y el uso de los recursos es interiormente sostenible, en contraposición al modelo consumista occidental, que destruye el entorno. Dicha visión conecta la espiritualidad con la conservación de la naturaleza: los líderes espirituales y los sabios transmiten el conocimiento ancestral sobre el cuidado del monte.

El valor comunitario de la cultura Mbya ofrece un modelo para contrarrestar la desintegración social.

Por otra parte, su medicina no se limita a tratar síntomas, sino que aborda la salud de manera integral, sanando el espíritu y manteniendo el equilibrio con la naturaleza. Poseen un vasto conocimiento sobre las propiedades curativas de las plantas, transmitido oralmente de generación en generación.

En síntesis, las enseñanzas Mbya son esenciales para enfrentar la crisis climática actual. Su ejemplo de relación sostenible con el ambiente muestra cómo revertir el daño causado por la explotación desmedida, mientras que su sentido de comunidad contrarresta el individualismo. Su enfoque holístico de la salud ofrece una alternativa a la medicina occidental centrada en lo físico.

La sabiduría Mbya demuestra que es posible vivir priorizando el bienestar colectivo y espiritual sobre la acumulación material. En un mundo al borde del colapso ecológico y social, su cosmovivencia señala un camino hacia un futuro más equilibrado.

La lengua Mbya sigue viva, situación que no ocurre en otros pueblos indígenas. ¿Qué lugar ocupa el idioma en la permanencia de una cultura?

La lengua ocupa un lugar central y fundamental en la permanencia de una cultura. Para los Mbya, no es solo un medio de comunicación, sino el recipiente y transmisor de su cosmovisión, historia y saberes ancestrales. Su vitalidad es una señal de resiliencia y continuidad cultural.

El idioma Mbya-Guaraní posee una estructura y vocabulario que reflejan su forma particular de entender el mundo, la naturaleza y la espiritualidad. Existen conceptos intraducibles, como ñande reko (nuestro modo de ser) o yvy marãe’y (tierra sin mal), que expresan la profundidad de su relación con el territorio.

El idioma es guardián de la memoria del pueblo Mbya, transmitida oralmente a través de canciones, relatos y discursos rituales. La oralidad es sagrada, y el idioma es su vehículo.

La conservación del idioma permite mantener su identidad cultural y resistir la asimilación. En un contexto de presiones externas, la lengua se convierte en símbolo de orgullo y acto de afirmación cultural.

La vitalidad del Mbya-Guaraní es una de las razones por las que su cultura persiste: es el tejido profundo que conecta su pasado, su presente y su futuro.

En un contexto político de desfinanciamiento y derogación de normativas clave, ¿qué riesgos consideras que enfrenta hoy el Pueblo Mbya en relación con sus derechos y territorios?

Hoy enfrentan riesgos significativos, especialmente relacionados con sus derechos territoriales, el avance de proyectos extractivistas y la vulneración de sus derechos sociales básicos.

También enfrentan dificultades para acceder a la justicia: el desmantelamiento de organismos estatales y la falta de recursos para asistencia legal dejan a las comunidades en una situación de indefensión.

A ello se suma el aumento de la intolerancia racial y los discursos de antipatía, que buscan deslegitimar sus derechos. Esto incrementa el riesgo de violencia y criminalización hacia los Mbya por defender sus territorios ancestrales.

La protesta social es muchas veces criminalizada, con acciones legales que intentan silenciar sus reclamos legítimos.

A pesar de la violencia y la desidia del Estado, vemos comunidades unidas y organizadas. ¿Cómo observas hoy esa capacidad de resistencia del Pueblo Mbya y cuáles son, a tu criterio, los principales desafíos que enfrentan hacia adelante?

La resistencia del Pueblo Mbya es un testimonio de fortaleza y sabiduría, sostenido por su conexión con el territorio y su identidad.

En la actualidad, esa resistencia combina la defensa activa del territorio con la preservación cultural y espiritual. Las comunidades se fortalecen mediante la organización interna, estrategias de litigio y visibilidad apoyadas por organizaciones de derechos humanos y ambientales.

Más allá de lo político, la resistencia Mbya es cultural y espiritual. Mantener sus ceremonias, su lengua, sus producciones plásticas y sus saberes ancestrales es una forma de reafirmar su existencia frente a la asimilación.

Los principales desafíos son la protección legal de sus territorios, frenar las actividades extractivistas, acceder a servicios básicos, visibilizar sus luchas y lograr que los jóvenes se involucren en la defensa de su cultura, idioma y territorio.

Finalmente, ¿crees que las raíces del Pueblo Mbya son lo suficientemente fuertes como para sostenerse frente a este escenario de invisibilización y olvido? ¿Qué nos enseñan sus luchas históricas en cuanto a memoria e identidad?

Sí, las raíces del Pueblo Mbya son extraordinariamente fuertes, forjadas en siglos de resistencia frente a la colonización, la opresión y la desidia estatal. La persistencia de su lengua, su espiritualidad y su vínculo con el monte lo demuestran.

Su cultura no es una reliquia, sino una fuerza viva. La defensa de sus tierras no es solo una lucha material, sino una defensa de su existencia cultural y espiritual.

La memoria es su herramienta de resistencia: no es un recuerdo pasivo, sino un acto activo para contrarrestar los relatos dominantes que buscan invisibilizarlos.

La resistencia Mbya no es solo una respuesta a la opresión, sino una expresión intrínseca de su identidad. Se manifiesta en su lengua, sus tradiciones, sus expresiones artísticas y su vida comunitaria.

Sus luchas nos enseñan que la memoria y la identidad son fuerzas vivas que, lejos de ser vulnerables, constituyen la fuente más profunda de resistencia.

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ARGENTINA (5/9/2025).- Cada 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, una fecha para honrar la memoria de Bartolina Sisa, una valiente mujer Aymara que, en 1780, lideró la rebelión de su pueblo contra la opresión española en el Alto Perú.

Su legado, sin embargo, trasciende el tiempo, inspirando la lucha incansable de las mujeres indígenas de hoy.

Desde una edad temprana, Sisa fue testigo del sometimiento de su pueblo, lo que la motivó a defender con firmeza la autodeterminación y el derecho de las comunidades a decidir sobre su propio destino.

Hoy, esta misma lucha continúa, con mujeres que reclaman el cumplimiento de sus derechos y defienden activamente sus territorios, su cultura y su identidad.

Guardianas de la cultura y la naturaleza

Las mujeres indígenas son guardianas de sus territorios y de los bienes naturales, que son la base de sus culturas y su riqueza ancestral. Su compromiso se refleja en la protección del medio ambiente, un legado que transmiten a las futuras generaciones.

Además de su papel en la conservación, crean y sostienen espacios de debate sobre educación, cultura y economía. Levantando la voz contra el racismo y la discriminación, rechazan toda forma de violencia que las afecta tanto física como cultural y espiritualmente.

Como lideresas espirituales, portadoras de saberes y guardianas de la memoria, su rol es esencial para la vida de sus comunidades.

Un pilar para sociedades más justas

Las mujeres indígenas son el corazón de los procesos colectivos de sus pueblos. Su bienestar repercute en el de toda la comunidad, y su trabajo diario es un pilar fundamental para la construcción de sociedades más fuertes, justas y resistentes ante los complejos desafíos actuales.

Garantizar sus derechos humanos exige de los Estados acciones concretas para reconocer su liderazgo y proteger su rol central en la lucha por la justicia y la dignidad de los pueblos originarios.

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Fuente: ENDEPA, UNESCO, REDES CHACO

ARGENTINA (9/8/2025).- Cada 9 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1994 para recordar la primera reunión del Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas en 1982.

Sin embargo, más allá de la celebración, esta jornada es un recordatorio de los desafíos que estas comunidades ancestrales enfrentan a diario.

Los pueblos originarios, presentes en todos los continentes, no solo son portadores de culturas e identidades únicas, sino también los guardianes de gran parte de la biodiversidad del planeta.

Según estudios de organismos internacionales, sus territorios son los menos contaminados. Pese a ello, se enfrentan a amenazas constantes, como el avance del extractivismo, la deforestación y el desplazamiento forzado, una realidad que en América se arrastra desde hace más de cinco siglos.

Son más de 58 millones de personas que habitan América Latina y el Caribe. A pesar de su rol vital como guardianes de la biodiversidad, que resguardan el 60% de los mamíferos terrestres, siguen enfrentando una marginación socioeconómica que demanda una revalorización urgente de sus saberes ancestrales para construir soluciones sostenibles frente a la crisis climática

En Argentina, la Constitución Nacional, en su artículo 75 inciso 17, reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y garantiza la propiedad comunitaria de sus tierras. No obstante, desde la Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA), se denuncia que la legislación es ignorada o incumplida, y que las comunidades siguen sufriendo amenazas y desalojos.

En Argentina presiste el reclamo por el territorio y una lucha por la sobrevivencia

En este contexto, la voz de Santiago Ramos, miembro del pueblo Mbya Guaraní y autoridad de la Comunidad Puente Quemado II en Misiones, se alza con una demanda clara y contundente. «Para nosotros, los pueblos indígenas, es fundamental recuperar los territorios que hemos perdido durante muchos años. Tenemos problemas territoriales y sabemos que tenemos derecho a la tierra, porque la Constitución Nacional lo dice», afirmó.

Ramos enfatiza que el territorio no es solo un pedazo de tierra, sino el pilar de su supervivencia cultural: «Si contamos con grandes hectáreas de monte, podemos vivir de acuerdo a nuestras costumbres, practicar nuestra educación propia y nuestra medicina tradicional. El territorio es vida para nuestros hijos y para las generaciones futuras».

A pesar de los atropellos que sufren por empresas privadas, Ramos reafirma la resiliencia de su pueblo: «Los pueblos indígenas nunca vamos a desaparecer, por eso seguimos luchando. Hemos sufrido atropellos y amenazas, y nuestros recursos naturales están desapareciendo. Perdemos biodiversidad, frutos nativos y agua pura».

«Somos pueblos preexistentes, no intrusos. La sociedad no indígena llegó después y el Estado tiene una gran deuda con nosotros. Queremos que se reconozca y se respete nuestro derecho territorial», concluyó, dejando en claro que la lucha por el territorio es una razón de supervivencia cultural, ambiental y comunitaria que sigue vigente y necesaria.

La lucha por el territorio en América Latina

Esta jornada sirve también para visibilizar a los más de 800 pueblos indígenas que viven en América Latina y el Caribe, una población de alrededor de 58 millones de personas que representa el 10% del total regional.

A pesar de ser los creadores y custodios de una gran proporción de la diversidad lingüística, cultural y biológica del continente, los pueblos indígenas siguen enfrentando una profunda marginación socioeconómica.

Organizaciones internacionales, como la UNESCO, y diferentes proyectos de desarrollo coinciden en que reconocer y valorar el conocimiento indígena es fundamental para construir soluciones sólidas que protejan la biodiversidad y el clima.

Durante generaciones, estos pueblos han resguardado territorios que albergan más de 2,500 especies de mamíferos, incluyendo el 60% de todos los mamíferos terrestres. Su rol como guardianes de la naturaleza es vital para conservar bosques, salvaguardar ecosistemas y enfrentar los grandes desafíos globales. La unión del conocimiento indígena con la ciencia moderna, insisten, genera soluciones más sólidas, inclusivas y sostenibles para el planeta.

Innovar es volver a la tierra: saberes ancestrales lideran la transformación

Desde iniciativas como Impacto Verde, financiada por la Unión Europea, se impulsa la innovación en cadenas productivas que parten de los conocimientos ancestrales. El proyecto busca integrar la visión de las comunidades, que sostienen prácticas de producción sustentable, organización colectiva y cuidado del monte, para responder a los desafíos climáticos actuales. La premisa es clara: la sostenibilidad se construye con memoria, respeto y territorio.

Lita González y las Cholitas Escaladoras: rompiendo techos de cristal

La UNESCO destaca la inspiradora historia de Lita González, fundadora del colectivo de las Cholitas Escaladoras de Bolivia. «Mujeres, indígenas y montañistas, decidimos que la cima también nos pertenece», dice Lita, cuya historia de herencia, coraje y transformación inspira a nuevas generaciones a romper prejuicios.

Lita, nacida en el Valle de Zongo, miraba los cerros como un destino inevitable. Su padre era guía de alta montaña y su madre, cocinera en refugios. La pregunta infantil «¿A dónde va mi padre cuando escala?» la llevó a convertir la escalada en una travesía de vida.

«Subir con pollera fue una decisión que cambió mi vida», afirma. Esa prenda, símbolo de lucha y dignidad, que alguna vez fue motivo de burla, hoy ondea en lo más alto del Aconcagua, a casi 7,000 metros de altura, como estandarte de una nueva narrativa.

El colectivo se formó en 2015 con 11 mujeres indígenas aymaras que decidieron ir más allá de su rol tradicional. «No sabíamos si podríamos, pero fue allí donde descubrí que tenía la fuerza dentro mío, en la sangre», recuerda Lita.

Esa primera cumbre fue un despertar que las llevó a conquistar muchas más, demostrando que en lo más alto de las montañas del Cono Sur, la fuerza de las mujeres indígenas resuena con la fuerza del viento.

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Por Patricia Escobar

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COSTA RICA (4 de julio de 2025).– En una decisión histórica que marca un antes y un después en la relación entre cambio climático y derechos humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) publicó este jueves su Opinión Consultiva OC-32/25, en la que establece que los Estados deben tratar la crisis climática como una obligación jurídica vinculada a la protección de los derechos humanos.

El pronunciamiento, solicitado por Chile y Colombia en 2023, tiene carácter vinculante para los más de 30 países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) y constituye el primer reconocimiento explícito del derecho humano a un clima sano, basado en la ciencia del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

La Corte definió el clima sano como “aquel derivado de un sistema climático libre de interferencias antropogénicas peligrosas para los seres humanos y la Naturaleza como un todo”. Este derecho se considera independiente, aunque derivado del derecho a un ambiente sano, y servirá de base para exigir el cumplimiento de obligaciones específicas a los Estados, incluso de forma autónoma respecto de otras normativas ambientales.

Otro punto innovador de la OC-32 es que reconoce a la Naturaleza como sujeto de derechos, lo que habilita litigios no solo contra Estados, sino también contra empresas cuyos actos contribuyan a dañar el clima. Este precedente podría tener repercusiones globales e influir en futuras decisiones de la Corte Internacional de Justicia.

La Corte desarrolló un análisis fáctico y normativo sobre el cambio climático, sus causas, consecuencias y los riesgos que este implica para el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Asimismo, analizó los avances internacionales, regionales y comparados en la materia.

ArgentinaForestal.com accedió al informe que detalla las conclusiones del Tribunal, que, de acuerdo con la mejor ciencia disponible, la situación actual constituye una emergencia  climática que se debe al aumento acelerado de la temperatura global, producto de diversas  actividades de origen antropogénico, producidas de manera desigual por los Estados de la  comunidad internacional, las cuales afectan de manera incremental y amenazan gravemente a la humanidad y, especialmente, a las personas más vulnerables.

El aumento de la temperatura es producido de manera desigual por los Estados de la comunidad internacional. Esta emergencia climática solo puede ser atendida adecuadamente a través de acciones urgentes y eficaces, articuladas, con perspectiva de derechos humanos, y bajo el prisma de la resiliencia.

En respuesta a la consulta, la Corte determinó el alcance de las obligaciones generales de los Estados en materia de respeto y garantía de los derechos humanos, así como de los deberes de asegurar el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; adoptar disposiciones de derecho interno y cooperar de buena fe teniendo en cuenta sus responsabilidades diferenciadas frente a las causas del cambio climático, sus capacidades respectivas y sus necesidades particulares para alcanzar un desarrollo sostenible.

De igual forma, el Tribunal interpretó los derechos cuyo disfrute es particularmente vulnerable a los impactos de la emergencia climática. Entre ellos, destacó el alcance del derecho al ambiente sano.

Al respecto, se refirió al reconocimiento de la Naturaleza y sus componentes como sujetos de derechos, así como a la naturaleza de jus cogens de la prohibición de generar daños masivos e irreversibles al ambiente.

La Corte reconoció la existencia de un derecho humano a un clima sano derivado del derecho a un ambiente sano y se refirió al contenido del deber correlativo de los Estados de actuar contra las causas del cambio climático, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, regular y supervisar el comportamiento de los particulares, determinar el impacto climático de los proyectos y actividades que así lo requieran; así como definir y avanzar progresivamente hacia el desarrollo sostenible.

El tribunal se refirió igualmente a las obligaciones de los Estados en materia de adaptación climática y a los deberes específicos orientados a proteger derechos amenazados por los impactos climáticos como la vida, la salud, la integridad personal, la libertad de residencia y de circulación, el agua, la alimentación, el trabajo y la educación, entre otros.

En la OC-32/25, la Corte también resaltó la necesidad de fortalecer el Estado Democrático de Derecho y de garantizar que, en el marco de la emergencia climática, las decisiones sean adoptadas en forma participativa, abierta e inclusiva. En tal sentido, se pronunció sobre el contenido de los derechos a la ciencia y al reconocimiento de los saberes locales, tradicionales e indígenas; al acceso a la información; al acceso a la justicia; a la participación y sobre el deber especial de proteger a las personas defensoras del ambiente.

Finalmente, el Tribunal constató los riesgos extraordinarios generados por el cambio climático para personas y grupos en situaciones de especial vulnerabilidad como las derivadas de factores estructurales e interseccionales y de circunstancias dinámicas y contextuales. Al respecto, se refirió a la obligación de los Estados de adoptar medidas diferenciales para garantizar la igualdad real en el goce de los derechos en el contexto de la emergencia climática y facilitar procesos de adaptación sostenibles que promuevan el bienestar de las personas y la resiliencia.

Seis ejes de la Opinión Consultiva OC-32/25

1. Reconocimiento de la crisis climática como una crisis de derechos humanos
La Corte afirma que el derecho a un clima sano debe entenderse como un derecho autónomo, cuya protección debe ser garantizada por los Estados para las generaciones presentes y futuras.

2. Obligaciones estatales reforzadas
Los Estados deben:

• Prevenir y mitigar daños climáticos.
• Adaptar políticas para proteger los derechos afectados.
• Garantizar reparación integral por daños.
• Evitar medidas regresivas.
• La Corte subraya que la cooperación internacional es esencial para una respuesta eficaz a la emergencia climática.

3. Justicia climática y equidad
Se reafirma el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, exigiendo mayores compromisos a los países históricamente más emisores. También se establece la obligación de proteger a poblaciones en situación de vulnerabilidad, como pueblos indígenas, mujeres, infancias, personas con discapacidad y defensores ambientales.

4. Participación, acceso a la información y justicia climática

Los Estados deben:

• Garantizar la participación pública en decisiones ambientales.
• Asegurar acceso libre a información científica y ambiental veraz.
• Evitar obstáculos en el acceso a la justicia ante daños climáticos.

Además, se reconoce el “derecho a la ciencia”, entendido como el acceso universal al conocimiento científico y a sus beneficios, incluyendo la obligación estatal de promover entornos que lo fomenten.

5. Base jurídica para el litigio climático

La OC-32 ofrece fundamentos sólidos para futuras demandas legales, tanto en tribunales nacionales como internacionales, frente a violaciones climáticas. Enfatiza el vínculo entre crisis climática, debilidad democrática y conflictos sociales, especialmente en contextos de desigualdad y desinformación.

6. Hacia una transición energética justa

Aunque sin nombrarlos directamente, el fallo obliga a los Estados a iniciar una transición energética que deje atrás los combustibles fósiles. Deben limitar sus emisiones, proteger los sumideros de carbono, realizar estudios de impacto ambiental y regular las actividades económicas con potencial de daño climático.

Un fallo con proyección global

El dictamen de la Corte IDH es celebrado como un hito jurídico por organizaciones de derechos humanos, ambientales y por numerosos Estados del Sur Global. También se espera que influya en la próxima Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre Cambio Climático, en elaboración.

La OC-32/25 no solo redefine el papel del derecho internacional frente a la emergencia climática, sino que también posiciona a América Latina y el Caribe como regiones pioneras en la defensa jurídica del planeta y de sus pueblos más vulnerables.

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Por Patricia Escobar

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Fuente: Periodistas por el Planeta 

ROMA (8/5/2025).- El cardenal Robert Francis Prevost fue elegido el jueves como nuevo Papa con el nombre de León XIV, despertando elogios de líderes religiosos, ecologistas y figuras políticas por su firme postura sobre la crisis climática y los derechos humanos.

De profunda fe y compromiso pastoral, León XIV llega al pontificado en un momento de urgencia ambiental y creciente negacionismo climático, especialmente en Estados Unidos, su país de origen.

Durante un seminario celebrado en Roma en noviembre de 2024, el entonces cardenal Prevost advirtió que ha llegado la hora de actuar frente a la crisis ecológica global.

Basado en la Doctrina Social de la Iglesia, denunció los efectos nocivos del desarrollo tecnológico sin responsabilidad ambiental y recordó que el mandato divino de “dominar la naturaleza” no debe transformarse en una “tiranía”, sino en una relación de reciprocidad con el planeta.

Entre los compromisos asumidos por el Vaticano, mencionó la instalación de paneles solares y el uso de vehículos eléctricos.

A sus 69 años, León XIV es el primer Papa de nacionalidad norteamericana. Nació en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, y desarrolló gran parte de su misión pastoral en Perú, donde fue obispo de Chiclayo.

En el Vaticano, presidió la Pontificia Comisión para América Latina y se desempeñó como Prefecto del Dicasterio para los Obispos.

Su trayectoria y sensibilidad latinoamericana despiertan esperanzas de una continuidad del legado de Francisco, especialmente en cuanto al cuidado de la creación.

Reacciones internacionales

Lorna Gold, directora ejecutiva del Movimiento Laudato Si’, celebró su elección como «un momento kairos» que abre una etapa de unidad y acción audaz. «El Papa León XIV es el Papa que se necesita en este momento… continuará el camino iniciado por León XIII con la doctrina social», sostuvo.

Desde Brasil, Ana Toni, presidenta de la COP30, destacó la coincidencia del nuevo Papa con los objetivos de la próxima cumbre climática en Belém. «Esperamos recibirlo en noviembre para impulsar un acuerdo global que marque un punto de inflexión hacia un futuro justo y sostenible», expresó.

Laurence Tubiana, directora de la Fundación Europea del Clima, remarcó que el nuevo pontífice puede ser «el líder inspirador para la paz y la solidaridad que necesitamos», recordando que los 10 años desde Laudato Si’ han sido los más calurosos registrados.

Manuel Pulgar Vidal, de WWF, valoró su cercanía con el Papa Francisco y su compromiso con los pobres y migrantes. «Su elección llega en un momento difícil ante el avance del negacionismo climático, particularmente desde EE.UU.», dijo.

Kumi Naidoo, líder global en justicia climática, deseó sabiduría y coraje al nuevo Papa. «Heredará un mundo en crisis, donde el cambio climático cataliza conflictos y obstaculiza el desarrollo justo», advirtió.

Francisco Mena, académico costarricense, vinculó su elección del nombre León XIV con la defensa del trabajo digno. «Será clave cómo articule el tema laboral con el ambiental, apostando por un desarrollo que no dependa del petróleo», explicó.

Por su parte, el presidente de Brasil, Luiz Inácio “Lula” da Silva, saludó al nuevo Papa y expresó su deseo de que «continúe el legado del Papa Francisco», destacando su defensa del medio ambiente y la justicia social.

Desde Colombia, Gustavo Petro señaló que el nuevo Papa «es más que un estadounidense», destacando sus raíces latinas y su extensa labor pastoral en Perú. «Ojalá sea el gran líder de los pueblos migrantes», expresó.

Con su mirada puesta en la justicia climática, los derechos humanos y los desafíos sociales de nuestra era, el Papa León XIV promete renovar el liderazgo moral de la Iglesia Católica ante las crisis globales, en continuidad con el camino iniciado por Francisco. Su elección marca un nuevo capítulo para el Vaticano, donde la ecología integral ocupará un lugar central.

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Por Patricia Escobar

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BUENOS AIRES Y MISIONES (28/8/2024).- Los conflictos de convivencia con la Comunidad Mbya Guaraní Mbokajatí 2  y el propietario de la reserva privada Monte Adentro, en San Ignacio, han incluido enfrentamientos, situaciones de violencia, amenazas, usurpaciones y daños ambientales reiterados, y fueron denunciados ante la justicia y la policía de la localidad.

Esta situación de enfrentamientos cotidianos culminó en una presentación ante el Ministerio de Justicia de la Nación, en la que el propietario solicitó una investigación, la nulidad del relevamiento técnico territorial y una auditoría de todo lo actuado en el marco de la Ley Nacional 26.160, cuya autoridad de aplicación era el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

Si bien los Pueblos Indígenas están amparos en la Constitución Nacional, la Ley 26.160 de Emergencia Territorial vigente y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también colisiona con los derechos constitucionales de propiedad privada y hay “grises” en la normativa que los propietarios consideran que urge ser revisados ante los reiterados conflictos entre partes que se generan por la territorialidad indígena, donde se requiere la intervención del Estado y organismos para mediar en la solución de los mismos.

En Misiones se registran aproximadamente 120 comunidades Mbya Guaraní, con una población cercana a 12 mil personas, pertenecientes a más de 2.300 familias, según fuentes oficiales de la provincia y organizaciones como EMIPA y ENDEPA.

El emprendedor de ecoturismo y conservacionista Roberto Bonetti, propietario de la reserva natural Monte Adentro ubicada en áreas del Teyú Cuaré, en San Ignacio, en una entrevista con ArgentinaForestal.com explica los motivos que lo llevaron a recurrir ante el organismo nacional y sostiene que los hechos ocurridos en Misiones, donde propietarios están en conflicto con la comunidad indígena, requieren que se hagan valer las garantías constitucionales del derecho a la propiedad privada.

AF: ¿Cuándo y cómo comenzaron los problemas con la Comunidad Mbyá Mbokajatí 2? ¿Y cuál es el planteo o reclamo que hace como propietario por las situaciones de conflicto en su reserva natural Monte Adentro?

Roberto Bonetti: Antes que nada, debo aclarar que la Reserva Natural Monte Adentro no está habitada por comunidades Mbya y nunca lo estuvo, esto lo tengo constatado por escribano público al momento de la compra, donde constan además testimonios de guardaparques de Teyú Cuaré y Osununú. Los problemas que enfrentamos son de destrucción de señalética, retiro de mojones, daño ambiental, incendios intencionales, amenazas, hostigamiento, invasión y turbación de propiedad, entre otros.

La triste situación que vivo desde hace cuatro años en la Reserva Natural Monte Adentro me obligó a estudiar el tema de los pueblos originarios y sus migraciones. También, a revisar todo el relato «a medida» que se ha instalado en la provincia de Misiones con respecto a estas culturas. Me encontré con algo mucho más grande.

Según lo que he podido investigar, en Argentina se ha intentado, y se sigue intentando, restringir o abolir el sagrado derecho constitucional a la propiedad privada. Se ha manipulado la opinión pública mediante banderas que supuestamente representan causas nobles, con el fin de implantar la idea de que la propiedad privada es relativa y está sujeta a un interés social.

Se pretende, de esa forma, instalar una corriente de pensamiento foránea de tendencia socialista, todo para justificar diversos mecanismos de expropiación del patrimonio de los ciudadanos. Una de estas falsas banderas nobles es el indigenismo, que no solo esconde un intento de expropiación fraudulenta de tierras privadas, sino que también será la excusa para expropiar beneficios derivados de los servicios ecosistémicos que generan los montes misioneros.

En referencia a los tratados internacionales que son citados recurrentemente por los «supuestos» defensores de los pueblos originarios, quiero destacar que ninguno de esos tratados puede pasar por encima de los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución Nacional, por lo cual el estado nacional debe revisarlos exhaustivamente y tomar las medidas que considere necesarias.

Asumo que muchos organismos internacionales tienen responsabilidad directa en el intento de avasallamiento de nuestros derechos consagrados y nuestra soberanía.

AF: ¿Usted plantea que el relevamiento de la Ley 26.160 es un fraude?

RB: Cuando en 2006 se aprobó esta ley, que declaró la «emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país» y ordenó «suspender por cuatro años la ejecución de actos procesales que tengan por objeto el desalojo y desocupación de tierras», simultáneamente se inició un proceso de expansión de comunidades indígenas, ocupando tierras públicas y privadas en todo el territorio nacional. Esto es de público conocimiento, especialmente por lo ocurrido con los Mapuches en la Patagonia, pero también se repite en Salta, Tucumán, y, por supuesto, en Misiones.

La ley también ordenó un relevamiento técnico territorial, destinando para ese fin la suma de 30 millones de pesos (en 2006, unos U$S 10 millones). Sin embargo, este relevamiento nunca se terminó, y la expansión de las comunidades tampoco. La ley se prorrogó en tres oportunidades: en 2009, destinando otros 30 millones de pesos (aproximadamente U$S 8.000.000); en 2013, con una nueva prórroga sin declarar fondos específicos («el Poder Ejecutivo nacional asignará las partidas necesarias»); y en 2017, nuevamente prorrogada sin declarar fondos.

¿Cuántas hectáreas de tierra se podrían haber comprado para las comunidades indígenas con todo el dinero que recibió el INAI y el que no se declaró? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Cuánto fue en total el dinero destinado a este relevamiento?

Por esto he solicitado al Ministerio de Justicia de la Nación una auditoría sobre todo lo actuado en el marco de la ley 26.160, ya que considero que se ha perjudicado tanto a los verdaderos pueblos originarios como a los contribuyentes. Los Mbya no estarían alcanzados por la Ley 26.160.

El actual territorio de la provincia de Misiones, antes de la llegada de los españoles, no estaba habitado por Mbya; estaba habitado por los Kaingang, quienes podrían considerarse los verdaderos originarios, y fueron los primeros consumidores de yerba mate.

Por citar algunos textos sobre esta etnia, que hasta en Wikipedia están publicados, se señala:
«Tienen casi la figura de los europeos, aunque son más bajos, con piernas y brazos más gruesos. Las caras las tienen todas iguales y como cortadas por el mismo modelo. No son ovales, sino redondas y achatadas; no son negras como las de los Negros del África, sino de color marrón o blanco verdoso…”
“Los primeros españoles que llegaron a la zona norte de la Mesopotamia argentina se encontraron con estos pueblos (Kaingang), que posteriormente fueron suplantados allí por guaraníes y charrúas.”
“Al fundarse la ciudad de Corrientes en 1588, algunos grupos Kaingang fueron entregados en encomiendas, pero la mayoría de los que vivían en la zona se refugiaron en los Esteros del Iberá debido a la presión de los españoles y de los guaraníes.”

Cabe destacar, además, que en Misiones habitaron antes dos civilizaciones: primero los Umbu y luego los Alto Paranaenses o Humaitá. Se ha manipulado la historia para instalar que las actuales poblaciones Mbya son «pueblos originarios», cuando en realidad los Mbya no habitaban nuestra provincia al momento de la conquista; su llegada fue muy posterior y bastante reciente.

Otro ejemplo es lo que expresa Alfonso Arrechea:
“La necesidad de enmendar resulta además de la gran paradoja que resulta de que para pretender reparar la confiscación e intervención en el modo de vida que los europeos hicieron en los naturales de esta tierra, se les reconozcan derechos a los principales enemigos de quienes las habitaban, ya que los Mbya eran eso, grandes enemigos de los guaraníes.”

Los Mbya habitaban Paraguay, desde el río Paraná hasta el río Tebycuarí, y llegaron a Misiones en dos procesos migratorios: el primero en la década de 1930, en pleno siglo XX, durante la guerra del Chaco Paraguayo y escapando de los reclutamientos; y el segundo, a partir de 1960 o 70, debido a la expansión de la frontera agrícola en Paraguay.
Durante estos dos procesos, las poblaciones Mbya se instalaron en el norte de la provincia, en la zona de El Alcázar.

El Censo Indígena Nacional, que se realizó entre los años 1965 y 1967, registró que en Misiones había 18 agrupaciones, 99 hogares y 512 indígenas de la etnia Mbya.

Recién alrededor del año 2006, aparecieron las primeras comunidades Mbya en Teyú Cuaré, provenientes de Caraguatay (casi simultáneamente con la sanción de la Ley 26.160), traídas por un intendente de apellido Wirtz con fines de manejo electoral. Posteriormente, otro intendente de apellido Vandendorp trajo más Mbya con el mismo fin, y desde entonces las poblaciones no han dejado de crecer, atraídas por los beneficios que brinda el Estado: subsidios, promesas de tierras, etc.

Es bastante fácil para cualquier misionero repasar los cuentos de Horacio Quiroga y verificar que jamás el escritor menciona a los Mbya, a pesar de haber habitado y explorado la zona de Teyú Cuaré durante un lapso considerable de tiempo.

Cualquier vecino nacido y criado en Teyú Cuaré puede prestar testimonio de que en la zona no había ninguna comunidad Mbyá hasta aproximadamente 2006.

En referencia a los problemas que tenemos en la Reserva Monte Adentro, primero aclaro que la comunidad Mbokajatí 2 se instaló en el año 2016 en una parcela que pertenecía a Luís Lesczinsky y Oralina Sibre, quienes fueron asesinados en su propiedad, presumiblemente en ocasión de robo en 2011, en lo que se conoció como la «Masacre de Teyú Cuaré».

Por todo lo antes expuesto, creo que se puede entender claramente que los Mbya no son pueblos originarios de Misiones y que las comunidades Mbya de San Ignacio no son tradicionales, por lo que considero que no quedarían enmarcadas en la fraudulenta Ley 26.160.

Estamos ante el mismo intento de otorgar derechos a personas que no les corresponde, que son tan invasores en nuestras tierras como lo fueron los Mapuches en la Patagonia.

Tierra y territorialidad

AF: ¿Han tenido que modificar su proyecto familiar debido a los conflictos de convivencia con la comunidad, situaciones de tensión constante, amenazas y/o violencia?

RB: Nosotros no hemos cambiado nuestro proyecto familiar, pero estamos profundamente angustiados por la falta de seguridad y las demoras en el accionar de la Justicia. Para comprender la magnitud de lo que ocurre, basta mencionar que el cacique de la Comunidad Mbyá Mbokajatí 2 tiene dictada una orden de restricción para no acercarse a mí debido a sus reiteradas amenazas. Sin embargo, ha intentado agredirme nuevamente con un machete dentro de mi propiedad. Pude filmar esta situación con mi celular y presenté el material junto con una nueva denuncia ante la Policía. A más de un mes del incidente, ese material aún no ha llegado al Juzgado; si mi vida dependiera de ello, posiblemente ya no existiría.

En mi caso, el problema es con la comunidad Mbokajatí 2. Ellos no desean mi presencia en mi propiedad ni compartir el camino vecinal, aunque reconocen que soy el dueño, lo cual queda claro en los videos de la última agresión que sufrí. También argumentan que todo Teyú Cuaré fue relevado como territorio ancestral, lo cual es un planteo absurdo. Además, según la ex-directora de Asuntos Guaraníes, la hija del cacique trabaja para el INAI en el área de relevamiento técnico territorial, lo que constituye otra prueba más de lo fraudulento del sistema, ya que su rol sería incompatible por ser parte interesada. Esta persona también aparece en el video intentando arrebatarme el celular.

La Reserva Natural Monte Adentro tiene toda la documentación en regla y está reconocida por el estado provincial como parte del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, lo cual, al mismo tiempo, reconoce mi propiedad y me otorga el mandato de protegerla.

Es importante entender que los Mbyá han sido manipulados durante mucho tiempo por personas y organizaciones con intereses diversos, que van desde obtener votos hasta intentar desplazar a propietarios legítimos para quedarse con tierras con alto potencial turístico, como es el caso de la Reserva Monte Adentro. Esta es la principal hipótesis que manejo sobre lo que me sucede.

A modo ilustrativo, y sin forzar una relación directa, quiero compartir que el cacique Rosalino Ramos me comentó en una oportunidad que él tiene jefes y que hace lo que ellos le mandan. Cuando le pregunté quiénes eran esos jefes, pensando que se refería a Mbyás de rango superior, me dio un número de teléfono de una persona llamada “Kiki” (Ramirez), que resultó ser una señora no Mbyá de Aristóbulo de Valle, perteneciente a una organización llamada EMIPA.

Video de una de las situaciones de tensión dentro de la Reserva Natural Privada Monte Adentro, aportado por el propietario.

Es importante, con respecto a la cuestión de las tierras de muchos colonos que aún no poseen título de propiedad y que se encuentran en desventaja con respecto a los que sí lo tenemos a la hora de reclamar por una intrusión o pedir un desalojo, que todos los propietarios de chacras que aún no obtuvieron su título de propiedad gestionen con urgencia los trámites necesarios. Y al margen de eso, realicen a la brevedad una “constatación” mediante escribano público para dejar constancia del estado de ocupación de sus propiedades. Tengan en cuenta que es “Vox Populi” que las organizaciones que se dedican a manejar a las comunidades Mbyá reciben información desde organismos provinciales sobre las tierras que no tienen título.

AF: ¿Qué ayuda ha recibido del Estado de Misiones en este proceso para resolver el conflicto (Asuntos Guaraníes, Ecología, Municipalidad)? ¿Asesoramiento, mesas de diálogo, etc.?

RB: Hasta el momento, ninguna. Las antiguas autoridades de Asuntos Guaraníes parecían estar más preocupadas por temas electorales que por las problemáticas propias de sus cargos. Otros funcionarios se limitaron a decir que los Mbyás “no entienden de propiedad privada” y alguno incluso sugirió que los sacara a los tiros.

Debo destacar que, tras conversar con el nuevo director del organismo, Francisco Rodríguez, se renovaron mis esperanzas de que el estado provincial intervenga y ayude a restablecer la paz en Teyú Cuaré, ya que el funcionario expresó su predisposición para avanzar en la resolución de los conflictos.

AF: ¿Hay otros vecinos en San Ignacio con conflictos con las comunidades indígenas que hayan incrementado su preocupación?

RB: Tengo conocimiento de que en un loteo cercano al barrio La Cueva del Teyú, varios vecinos han sufrido la ocupación de sus terrenos por una comunidad Mbyá autodenominada Mbokajatí, aun cuando los lotes estaban cercados y contaban con instalaciones como pileta y quincho. Al parecer, algunas organizaciones del gobierno provincial habrían construido viviendas prefabricadas para esta comunidad en esos terrenos privados. Entiendo que esto está judicializado.

Además, hemos sufrido numerosos incendios forestales intencionales en algunas chacras y zonas de alto valor ambiental, casi siempre en áreas vecinas a comunidades indígenas.

AF: ¿Por qué decidió finalmente solicitar la intervención del Ministerio de Justicia de la Nación y cuál es el estado actual del tema en el territorio?

RB: En primer lugar, porque el problema tiene su origen en una ley nacional y en un organismo nacional. He solicitado al Ministerio de Justicia de la Nación la nulidad del relevamiento técnico territorial que realizó el INAI en el departamento San Ignacio, ya que hay pruebas suficientes de que se llevó a cabo con negligencia, si no es que fue deliberadamente un fraude, al relevar propiedades privadas como territorio ancestral sin el conocimiento de los propietarios legales y legítimos de las tierras. Esto constituye una violación manifiesta del derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Nacional. También he solicitado una auditoría de todas las actuaciones del INAI en el marco de la ley 26.160 y, por último, he pedido que las fuerzas federales intervengan en todos los hechos de inseguridad relacionados con esta ley y su fraudulento relevamiento.

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La Haya, 18 de agosto de 2024. En un momento crítico para la lucha global contra el cambio climático, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se encuentra en proceso de emitir su primera opinión consultiva sobre este tema, una decisión que podría llegar a finales de este año o a principios de 2025.

Este dictamen, solicitado en 2023 por la Asamblea General de las Naciones Unidas tras una campaña liderada por la República de Vanuatu, podría tener profundas repercusiones en las obligaciones internacionales de los gobiernos para combatir el cambio climático y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Hasta el momento, 91 países han presentado sus alegatos ante la CIJ, marcando un récord en la historia de la corte. Este alto nivel de participación subraya la trascendencia de la decisión que está por venir y refleja la creciente atención mundial sobre las responsabilidades legales de los Estados en la protección del clima.

Un momento decisivo para la justicia climática

Con los impactos del cambio climático intensificándose en todo el mundo, la utilización de herramientas legales se vuelve cada vez más crucial para asegurar que los gobiernos cumplan con su deber de proteger el clima, la naturaleza y a sus ciudadanos. La petición de la Asamblea General a la CIJ reconoce explícitamente el origen antropogénico del cambio climático y las graves consecuencias de los fenómenos meteorológicos extremos, como la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar, las sequías y las inundaciones. Ante esto, las soluciones deben provenir de la acción conjunta de gobiernos, empresas y sociedad civil.

La opinión consultiva de la CIJ podría reforzar el principio fundamental del Derecho Ambiental: «quien contamina, paga». Además, se espera que el fallo vincule de manera más sólida los esfuerzos contra el cambio climático con la protección de los derechos humanos, un avance crucial en la lucha por el reconocimiento del cambio climático como una amenaza directa a estos derechos. Un ejemplo reciente de este enfoque es el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en abril dictaminó que las políticas climáticas de Suiza violaban los derechos humanos de los demandantes.

El rol creciente de los Tribunales en la lucha climática

La decisión de la CIJ podría potenciar el papel de los tribunales en todo el mundo, impulsando la adopción de medidas urgentes sobre el cambio climático. Entre 2017 y 2023, los casos judiciales relacionados con el clima se duplicaron, forzando a gobiernos a revisar sus objetivos climáticos y cuestionando el desarrollo de combustibles fósiles. Este fenómeno, antes concentrado en América del Norte y Europa, se ha extendido a otras regiones. En Colombia, la Corte Suprema falló a favor de proteger la Amazonía, y en Perú, un agricultor busca responsabilizar a la gigante energética alemana RWE por los daños climáticos.

En las últimas cuatro décadas, se han firmado numerosos acuerdos internacionales, como el Acuerdo de París, el Protocolo de Montreal y el Tratado Global de los Océanos, que imponen obligaciones a los gobiernos para proteger el medio ambiente. Sin embargo, el cumplimiento de estos acuerdos ha sido insuficiente. La opinión consultiva de la CIJ podría aclarar y reforzar las responsabilidades estatales en la protección del sistema climático global, particularmente en relación con los pequeños estados insulares y las naciones más pobres, que son las más vulnerables a los efectos del cambio climático.

Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha pedido a la CIJ que considere la responsabilidad de los Estados hacia las generaciones futuras. Esto podría resultar en mayores recursos destinados a la adaptación, la resiliencia y la compensación por las pérdidas y daños causados por el cambio climático.

Clima y biodiversidad: un vínculo inseparable

Finalmente, se espera que la opinión de la CIJ subraye la obligación de los gobiernos de proteger y restaurar la naturaleza como parte integral de sus compromisos climáticos. La biodiversidad es crucial para mitigar el cambio climático, pero también está amenazada por el calentamiento global. WWF ha instado a la CIJ a considerar el clima y la biodiversidad como un todo, un enfoque que podría establecer un precedente esencial para futuras decisiones judiciales a nivel regional y nacional.

La esperada opinión consultiva de la CIJ representa un paso crucial en la lucha global contra el cambio climático, con el potencial de fortalecer el marco legal internacional y asegurar un futuro más sostenible y justo para todos.

Etiquetas: #CambioClimático #JusticiaClimática #DerechosHumanos #CorteInternacionalDeJusticia #WWF #Biodiversidad

(*) Sobre Manuel Pulgar-Vidal

Manuel Pulgar-Vidal es el Líder Global de Clima y Energía del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF Internacional y es presidente de la Comisión de Crisis Climática de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza – UICN. Tiene más de 35 años de experiencia en derecho y política ambiental. Fue Ministro del Ambiente de Perú (2011 a 2016) y Presidente de la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático – COP20 en 2014.

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