Por Patricia Escobar

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BUENOS AIRES (22 de abril de 2026).- En un contexto de calentamiento global y cambio climático que amenaza la pérdida acelerada de biodiversidad, la conservación de los ecosistemas naturales se vuelve un desafío central para los sistemas productivos.

En este escenario, el Grupo Arcor asumió el compromiso de producir en armonía con la naturaleza y actualmente protege y monitorea más de 28.000 hectáreas de bosques en distintas regiones del país, integrando áreas productivas y ambientes naturales como parte de su Estrategia de Biodiversidad.

Grupo Arcor es una multinacional líder con tres divisiones de negocios: alimentos de consumo masivo, packaging y agronegocios. Es la principal empresa de alimentos de Argentina, el principal exportador de golosinas de Argentina, Chile y Perú, y líder en Latinoamérica en galletas, alfajores y cereales a través de Bagley Latinoamérica, sociedad conformada con Grupo Danone. Además, es la compañía con mayor capacidad productiva de molienda de maíz de la región y el mayor productor de cartón corrugado, bolsas industriales y papel kraft en Argentina, con presencia en Chile y Perú. Con 49 plantas industriales, más de 20.000 colaboradores y presencia comercial en más de 100 países, en 2025 alcanzó ventas netas por 3.400 millones de dólares.

Producción en equilibrio con la naturaleza

En áreas de operaciones industriales, a través de esta integración, la compañía busca preservar ecosistemas vitales que funcionan como verdaderos refugios de vida, sosteniendo procesos naturales esenciales como la fertilidad de los suelos, la regulación del ciclo del agua y la mitigación del cambio climático mediante la captación y el almacenamiento de carbono.

La relevancia de esta agenda trasciende el plano ambiental. Según datos del Foro Económico Mundial, más del 50 % del PBI mundial depende de manera moderada o alta de la naturaleza y de los servicios ecosistémicos que brinda, lo que convierte a la conservación de la biodiversidad en una necesidad estratégica para la economía global.

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La gestión ambiental de Grupo Arcor se materializa en dos áreas estratégicas en su rol de corredores biológicos y donde se implementan planes de manejo orientados a la protección de la biodiversidad local.

Una de ellas es el Bosque Natural Vivir Mejor, en la provincia de Tucumán, ubicado en la ecorregión de las Yungas y con una extensión de 6.000 hectáreas que rodean la operación del Ingenio La Providencia.

En 2025 se realizó allí el primer monitoreo de aves, que permitió identificar 58 especies, entre ellas cuatro con algún grado de amenaza, lo que confirma el valor del área como espacio de conservación en un entorno productivo.

En Tucumán, el trabajo conjunto con la Fundación ProYungas confirmó la presencia de 13 especies de mediano y gran porte, entre ellas el pecarí de collar y la corzuela parda, consideradas bioindicadores clave del buen estado de conservación del bosque.

El Bosque Atlántico en 10 mil hectáreas

La otra área de alto valor ambiental global es la Reserva Natural Cultural Papel Misionero, en Misiones, que protege más de 10.000 hectáreas dentro de la Reserva de la Biósfera Yabotí, que abarca más de 233 mil hectáreas.

Papel Misionero protege en el área un reducto de la ecorregión más inalteradas del Bosque Atlántico del Alto Paraná, un ecosistema con altos niveles de biodiversidad y presencia de especies amenazadas o en peligro de extinción.

Para evaluar la salud de estos ambientes, la compañía utiliza monitoreos de fauna mediante cámaras trampa.

En Misiones, un relevamiento realizado junto al CONICET y la Universidad Nacional de Misiones identificó 29 especies de mamíferos, lo que representa el 75 % de la comunidad esperable en la región, incluyendo especies como tapir, ocelote y pecarí labiado.

En un escenario atravesado por la crisis climática y la pérdida de biodiversidad, el desafío para el sector productivo ya no es solo producir más, sino hacerlo integrando la conservación de los ecosistemas.

En el Día Internacional de la Tierra, desde la compañía reflexionan: “La articulación entre empresas, ciencia y comunidad, junto con la mejora continua y la innovación, se vuelve fundamental para avanzar hacia modelos productivos que aseguren su viabilidad a largo plazo sin comprometer el equilibrio ambiental”.

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Fuente: Banco Mundial y El País España

AMÉRICA LATINA (5/4/2026).- No arrastra todo a su paso como un huracán. No deja una estela de destrucción instantánea como el choque de un tren a toda velocidad. Al contrario, silencioso, disperso, el calor extremo cobra más vidas de las que se cree y pone en riesgo a millones de trabajadores.

En América Latina y el Caribe se estima que sólo en 2023, unos 48.000 adultos mayores murieron de forma prematura por causas relacionadas con el calor extremo. En las dos últimas décadas, la mortalidad asociada al calor ha aumentado 140% en la región.

Si bien los más amenazados son las personas con problemas crónicos y órganos débiles, el calor extremo pone en riesgo a millones de trabajadores que, bajo un sol abrasador, ven minada su salud y su capacidad productiva, convirtiendo cada jornada laboral en una batalla por su supervivencia.

Siete de cada diez trabajadores en la región, sobre todo en los sectores de construcción, agricultura y empleos urbanos informales, están expuestos a estas olas de calor.

Se proyecta que las pérdidas generadas por el calor urbano podrían alcanzar hasta el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) en las principales ciudades en las próximas décadas si no se actúa rápidamente.

En este contexto, el informe del Banco Mundial Inhabitables – Enfrentando el calor extremo en América Latina y el Caribe resalta el riesgo para una región en la que ocho de cada diez personas vive en ciudades que cada vez son más calurosas. Al mismo tiempo, el estudio ofrece soluciones que permitirán a las ciudades y a sus habitantes adaptarse a esta realidad climática que se proyecta aún más difícil en el futuro.

Calor abrasador

Las ciudades de la región son cada vez más calientes. Desde 1950, la temperatura promedio en las ciudades ha aumentado hasta 1,5 ºC. Y la última década ha sido la más cálida desde que se llevan registros.

Las temperaturas están subiendo en todas las zonas climáticas de la región. Se proyecta que las temperaturas máximas diarias en las zonas urbanas aumenten entre 2,3 y 2,7 ºC hacia finales de siglo. El Caribe y la Amazonía serán los más afectados por esta subida.

Se proyecta que las ciudades en América Latina y el Caribe enfrenten, en promedio, 36-69 días calientes adicionales para mediados de siglo y 66-116 días adicionales para finales de siglo. En 2024, Ciudad de México, por ejemplo, vivió los seis días más calurosos de su historia. En Argentina, las olas de calor marcaron días de hasta 45 °C ese mismo año

A las altas temperaturas se suma un factor clave que agrava los riesgos: el efecto isla de calor urbano. Las zonas urbanizadas absorben y retienen el calor, y la temperatura en las zonas de alta densidad con escasos espacios verdes puede ser varios grados más calientes.

La infraestructura y los servicios tampoco están preparados para un termómetro en rojo: viviendas de baja calidad, sobre todo las habitadas por las personas con ingresos más bajos, barrios con poca vegetación; las redes eléctricas que colapsan por alta demanda de refrigeración y sistemas de transporte no fueron creados para resistir temperaturas tan elevadas. Las escuelas se ven obligadas a cerrar para no poner a los estudiantes en riesgo, pero al mismo tiempo generan un gran costo: la pérdida de aprendizaje.

¿Qué pueden hacer las ciudades?

Las ciudades de América Latina y el Caribe tienen un abanico de medidas para reducir los impactos del calor extremo. Un punto de partida es enfriar las ciudades con soluciones basadas en la naturaleza. Por ejemplo, añadir espacios verdes y coberturas arbóreas.

En Medellín se han creado corredores verdes a lo largo de 18 vías urbanas y 12 vías fluviales; en Ciudad de México un importante viaducto se convirtió en un jardín vertical con más de mil pilares y franjas verdes. Y en Costa Rica, en zonas urbanas densas, se están creando franjas conectadas de espacios verdes. Estos proyectos además de ayudar a hacer frente al calor hacen las ciudades más habitables.

Las mejoras en el diseño y en la forma urbana también están ayudando. El proyecto Barrios Verticales en Bogotá, Colombia, está reutilizando espacios que antes eran destinados exclusivamente a carros para convertirlos en espacios peatonales. Para hacerlo, están mejorando las áreas verdes y están integrando la vegetación al entorno que ya está construido, lo que reduce el recalentamiento de las zonas.

Otras estrategias tienen que ver con el enfriamiento pasivo de viviendas y edificios: desde tomar en cuenta la orientación de los sitios con respecto a la dirección de los vientos dominantes hasta la utilización de techos fríos, es decir aquellos que evitan materiales pesados para no absorber el calor.

Salvar vidas y proteger empleos durante los episodios de calor extremo también requiere la puesta en marcha sistemas de alerta temprana. El informe del Banco Mundial señala que, según datos de la ONU, se estima que la ampliación de estos sistemas podría salvar la vida de 98.000 personas solo en 77 países.

Mejorar los sistemas de protección social adaptativa para prestar ayuda rápidamente, o mecanismos innovadores como microseguros que permiten pagos automáticos cuando se generan olas de calor.

Poner el calor extremo en la agenda de las instituciones, integrar este enfoque en las estrategias, operaciones y presupuestos es clave para responder a una amenaza que requiere respuestas integrales y sistemáticas.

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Fuente: CAF 

AMÉRICA LATINA (5/3/2026).- CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe- aprobó USD 1.130 millones para el desarrollo sostenible de la región en cuatro operaciones de alto impacto: una línea de crédito de USD 450 millones para fortalecer la gestión de deuda y la respuesta ante emergencias climáticas en Uruguay; un crédito de USD 230 millones a la empresa ACOSOL para garantizar la seguridad hídrica en 11 municipios de la Costa del Sol en España; y USD 450 millones para Ecuador en dos operaciones para reforzar la seguridad ciudadana y la capacidad de respuesta frente a desastres naturales.

Durante la sesión, el directorio aprobó el inicio del proceso de incorporación de St. Vincent and the Grenadines como accionista de CAF, lo que abrirá nuevas vías para acceder a recursos financieros a largo plazo y subvenciones de cooperación técnica, y le permitirá avanzar en su agenda nacional de desarrollo.

«Con estos recursos, CAF reafirma su posición como el socio estratégico de la región, apoyando a nuestros accionistas con soluciones concretas para los desafíos más apremiantes de sus poblaciones. Además, gracias a nuestra expansión en el Caribe, vamos en camino de convertirnos en el banco de desarrollo con mayor cobertura geográfica de América Latina y el Caribe», dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.

En la reunión, también se transfirió la presidencia del directorio a Uruguay. Su ministro de Finanzas, Gabriel Oddone, ejercerá un mandato de un año, del 1 de abril del 2026 al 31 de marzo del 2027, durante el cual presidirá todas las reuniones de la junta. Oddone sucederá al Ministro de Finanzas de Trinidad y Tobago, Davendranath Tancoo.

En el marco de la reunión del Directorio, CAF también presentó su estrategia para convertir al Perú en líder global en turismo, a través de la diversificación de destinos, de la consolidación de Cusco–Machu Picchu como atractivo de talla mundial y de programas regionales de turismo literario, cultural y religioso.

La institución también firmó, junto a ONU Turismo y la Cátedra Vargas Llosa, un acuerdo para promover la innovación en el turismo literario en América Latina y el Caribe.

Otro de los puntos clave de las reuniones de CAF fue la presentación de su nuevo Informe de Transparencia, que recoge los principales avances y desafíos institucionales en transparencia, acceso a la información y gobernanza.

Durante 2025, la institución amplió la información publicada, pasando de cuatro a más de treinta indicadores, e incorporando datos sobre financiamiento, ODS, resultados e información operativa.

Asimismo, se reforzaron las plataformas digitales y los mecanismos de participación ciudadana, lo que se reflejó en una mejora sustantiva en las evaluaciones internacionales de transparencia y en un mayor uso de los canales institucionales.

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Fuente: PNUMA-ONU

NUEVA YORK (30/1/2026). — El derecho a la educación enfrenta un enemigo creciente: la inestabilidad climática. Según un análisis reciente de UNICEF, al menos 242 millones de estudiantes en todo el mundo vieron sus aulas cerradas o sus ciclos lectivos interrumpidos durante el último año.

Fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes e intensos están socavando no solo la salud de los ecosistemas, sino también el futuro académico de las nuevas generaciones.

Expertos coinciden en que enfrentar este desafío requiere transformar las escuelas en «fortalezas resilientes». Un ejemplo emblemático es el Cool Roof Project en la India, impulsado por Supriya Sahu (Campeona de la Tierra del PNUMA), que utiliza soluciones basadas en la naturaleza y techos reflectantes para reducir la temperatura interior de las escuelas, permitiendo que las clases continúen incluso bajo olas de calor extremo.

La educación es un derecho humano, un bien público y una responsabilidad colectiva

La educación como motor de la Agenda 2030

La UNESCO ha puesto el foco en el papel de las aulas para construir un futuro sostenible. Actualmente, la degradación de tierras afecta a 3.200 millones de personas y la pérdida de polinizadores pone en riesgo 577.000 millones de dólares en producción agrícola anual.

Ante esto, la educación ambiental se presenta en cuatro formas disruptivas:

1. Inversión en «Generación Restauración»
La alfabetización ambiental desde la infancia es crucial. Iniciativas como #GenerationRestoration Schools permiten que niños y niñas aprendan mediante proyectos prácticos de restauración de ecosistemas.

En República Dominicana, por ejemplo, los estudiantes ya aplican técnicas de reciclaje de plásticos para la creación de viveros escolares, vinculando la teoría con la acción climática directa.

2. Habilidades para la vida fuera del aula
La educación no formal, como talleres y programas comunitarios, está empoderando a la juventud. El Tide Turners Plastic Challenge, en alianza con el Movimiento Scout Mundial, ha movilizado a más de 800.000 jóvenes en la lucha contra la contaminación por plásticos, demostrando que el liderazgo ambiental nace en la comunidad.

3. Universidades: laboratorios vivos de biodiversidad
Más de 700 instituciones de educación superior en 100 países forman parte de la red Nature Positive Universities. Estas instituciones están transformando sus campus mediante la restauración de hábitats y el monitoreo de biodiversidad, convirtiendo la investigación académica en soluciones tangibles para revertir la pérdida de naturaleza.

4. Jóvenes periodistas y agentes de cambio
El programa Young Reporters for the Environment (YRE) lleva tres décadas formando líderes. A través del periodismo y la narrativa digital, los estudiantes documentan desafíos locales y proponen soluciones, comunicando la urgencia climática a audiencias globales y convirtiéndose en defensores activos del entorno.

El impacto económico y social es profundo: alrededor del 40% de la población mundial ya se ve afectada directamente por la degradación ambiental. La educación no es solo una víctima de la crisis, sino la herramienta más poderosa para alcanzar la estabilidad de las economías y el bienestar de las comunidades hacia el 2030.

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Por Patricia Escobar

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Fuente: Periodistas x el Planeta

LONDRES (26/1/2026).- La crisis climática se encamina hacia un escenario de «estrés térmico» sin precedentes. Según una investigación de la Universidad de Oxford publicada en Nature Sustainability, el 41% de la población mundial (aproximadamente 3.790 millones de personas) vivirá bajo condiciones de calor extremo para el año 2050.

El informe revela un salto alarmante: en 2010, el 23% de la humanidad enfrentaba temperaturas peligrosas; en apenas tres décadas, esa cifra casi se duplicará. Los países en desarrollo, ubicados principalmente en latitudes tropicales y subtropicales, son los más vulnerables a este fenómeno.

Sudamérica es una de las regiones donde el cambio será más significativo. Brasil, Venezuela y Paraguay se encuentran entre las 20 naciones que sufrirán el mayor aumento en la demanda de refrigeración debido a temperaturas sofocantes durante todo el año.

Los datos complementarios del informe Lancet Countdown Latinoamérica subrayan la gravedad de la situación actual:

• Mortalidad: Las muertes relacionadas con el calor aumentaron un 103% en América Latina y el Caribe entre 1990 y 2021.
• Impacto económico: Solo en 2024, las pérdidas laborales por calor alcanzaron los 52.000 millones de dólares (0,81% del PIB regional), afectando principalmente a los sectores de la agricultura y la construcción.
• Costo directo: El calor le ha costado a la región un promedio de 855 millones de dólares anuales en la última década, un incremento del 229% respecto a periodos anteriores.

Nuevas demandas de refrigeración y el desafío energético

El estudio introduce el concepto de Grados Días de Refrigeración (GRD) para medir cuánta energía se necesita para enfriar los ambientes.

Paradójicamente, los países más fríos verán los mayores cambios relativos: Austria y Canadá verán duplicarse sus días incómodamente calurosos, mientras que en el Reino Unido y Noruega el aumento superará el 150% y 200% respectivamente.

El Dr. Jesus Lizana, autor principal del estudio, advierte sobre la urgencia de actuar: «Muchos hogares necesitarán aire acondicionado en los próximos cinco años, pero las temperaturas seguirán subiendo si alcanzamos los 2.0°C de calentamiento. Las medidas de adaptación deben implementarse ahora».

Vulnerabilidad social: los que menos tienen, más sufren

El Dr. Luke Parsons, de The Nature Conservancy, resalta una injusticia climática: las naciones de bajos ingresos enfrentan los mayores aumentos de calor extremo, pero son las menos equipadas financieramente para adaptarse.

Por su parte, la Dra. Radhika Khosla, líder del programa Future of Cooling de Oxford, enfatiza que superar el umbral de $1.5°C$ tendrá impactos sistémicos en la salud, la educación y la migración. «El desarrollo sostenible con cero emisiones netas es el único camino para revertir esta tendencia. Es imperativo que los políticos recuperen la iniciativa», concluyó.

Para regiones del Cono Sur, como Argentina, este informe es una señal de alerta para la gestión de riesgos. El calor extremo no solo aumenta la probabilidad de incendios forestales (como el alerta roja que rige actualmente), sino que reduce drásticamente la productividad de los trabajadores en campo y viveros, obligando a repensar los horarios y la vestimenta de seguridad para la industria.

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ARGENTINA (9/1/2026).- El gobierno de Estados Unidos confirmó su retiro de 66 organismos internacionales, entre ellos 31 vinculados al sistema de Naciones Unidas y otros 35 foros, agencias y acuerdos multilaterales relacionados con la mitigación y adaptación frente a los efectos extremos de la crisis climática global.

La medida, que generó fuertes repercusiones en Estados Unidos y Europa, tiene consecuencias directas —y aún poco exploradas— para América Latina.

La salida estadounidense alcanza a instituciones que cumplen un rol central en la región, no solo por su capacidad de financiamiento, sino principalmente por su aporte en producción de conocimiento, cooperación técnica y construcción de agendas en áreas estratégicas como cambio climático, biodiversidad, ciencia, desarrollo, reducción de desigualdades y transición energética.

Uno de los organismos más relevantes es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Aunque Estados Unidos no era un gran financiador directo, su participación tenía un fuerte peso político y simbólico.

La CEPAL es un actor clave en el pensamiento sobre desarrollo regional, con influencia en debates sobre desigualdad, política industrial, deuda, cambio climático, adaptación y financiamiento. La retirada de EE.UU. implica ceder influencia en un espacio donde hoy ganan protagonismo Europa y China.

Otro pilar afectado es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el marco institucional que sostiene las Conferencias de las Partes (COP), el Acuerdo de París, el financiamiento climático y mecanismos centrales para América Latina como adaptación, pérdidas y daños y mercados de carbono.

La decisión estadounidense debilita uno de los principales soportes del multilateralismo climático en un momento de alta vulnerabilidad regional.

También genera preocupación el impacto sobre el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Aunque no financia proyectos, el IPCC define la base científica de las políticas climáticas globales.

América Latina ha incrementado su participación de científicos en este espacio y depende de sus informes para la planificación climática y las negociaciones internacionales. La salida de Estados Unidos afecta la gobernanza, el financiamiento y el rol estratégico del organismo.

En el plano regional, uno de los casos más sensibles es el del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), con sede en Uruguay.

Durante años, gran parte de su investigación fue financiada por la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos. La retirada pone en riesgo la continuidad de redes científicas regionales y la cooperación Norte–Sur en ciencia climática.

La decisión también alcanza a la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), clave para países megadiversos como Brasil, Colombia, México, Perú y Argentina.

América Latina ha sido una de las regiones más activas en este organismo, tanto en producción científica como en debates políticos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos.

La lista se completa con otros espacios estratégicos para la región, como el Fondo Verde del Clima, UNCTAD (comercio y desarrollo), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), todos con programas activos en América Latina.

Más allá del impacto económico —que varía según cada organismo—, la salida de Estados Unidos plantea preguntas de fondo: ¿qué espacios multilaterales pierde o gana América Latina?, ¿cómo se reconfigura el equilibrio de poder entre Europa, China y el Sur Global?, ¿qué efectos tendrá sobre la ciencia, las políticas climáticas, la conservación y el desarrollo?, ¿cómo responderán los gobiernos, la comunidad científica y la sociedad civil de la región?

Las reacciones no tardaron en llegar. Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que “la decisión de los Estados Unidos de retirarse de agencias clave es un grave retroceso para la gobernanza global”, y subrayó que este tipo de medidas “reduce la capacidad colectiva para responder a fenómenos que no reconocen fronteras, como sequías extremas, inundaciones, incendios forestales, inseguridad alimentaria y desplazamientos forzados”.

Desde el sector energético, el director general de IRENA, Francesco de la Camera, lamentó la decisión y recordó que “las energías renovables no son solo una solución climática, sino una economía inteligente y el factor decisivo en la competitividad de las economías”.

En la misma línea, el presidente de IPBES, David Obura, calificó la medida como “profundamente decepcionante” y destacó que Estados Unidos fue miembro fundador del organismo y uno de los contribuyentes más activos desde su creación, con aportes clave de científicos, responsables políticos, pueblos indígenas y comunidades locales.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la CMNUCC, Simon Stiell, advirtió que “mientras todas las demás naciones avanzan juntas, este nuevo paso atrás en el liderazgo mundial y la cooperación climática solo puede perjudicar a la economía, el empleo y el nivel de vida de Estados Unidos”, en un contexto de agravamiento de incendios, inundaciones, tormentas y sequías.

Para América Latina, la retirada estadounidense no solo marca un cambio en la arquitectura del multilateralismo global, sino que obliga a repensar estrategias de inserción internacional, alianzas y liderazgo propio en un escenario donde la cooperación y la ciencia siguen siendo herramientas indispensables frente a una crisis climática que no admite retrocesos.

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Por Patricia Escobar

@argentinaforest

BUENOS AIRES (20/12/2025).- El calor extremo tiene un impacto directo sobre la salud y sus consecuencias pueden ser graves e incluso mortales. Sin embargo, especialistas coinciden en que una gran parte de las muertes asociadas a olas de calor son evitables si se adoptan políticas públicas con medidas urgentes de prevención y planes de acción específicos para proteger a la población más vulnerable.

Entre ellas, se encuentran las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas, niños pequeños, trabajadores expuestos al sol en horarios de temperaturas extremas y quienes viven en barrios con infraestructura deficiente.

Las olas de calor son cada vez más frecuentes, intensas y prolongadas. Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, forman parte de una tendencia asociada al cambio climático, que plantea un desafío creciente para la salud pública, los servicios esenciales y la vida cotidiana en las ciudades.

Aun así, sus efectos continúan siendo en gran medida invisibles. No siempre dejan huellas evidentes, pero incrementan la mortalidad, reducen la capacidad física y laboral y profundizan desigualdades preexistentes. Comprender el riesgo y actuar a tiempo resulta clave para proteger a las poblaciones más expuestas, especialmente personas mayores, infancias, quienes viven en contextos vulnerables y quienes desarrollan tareas al aire libre.

Un golpe de calor puede provocar deshidratación, descompensación de enfermedades crónicas e incluso fallas orgánicas severas.

Las infancias, las personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas, los trabajadores expuestos al calor y quienes viven en condiciones precarias son los grupos más afectados.

La Organización Meteorológica Mundial identifica al calor extremo como el fenómeno climático más letal del planeta, responsable de más de 546.000 muertes por año, una cifra que aumentó un 23% desde la década de 1990. Por su impacto silencioso y sostenido, muchos expertos lo definen como un verdadero “asesino silencioso”.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se considera ola de calor a un período de al menos tres días consecutivos en el que las temperaturas máximas y mínimas superan determinados valores umbral. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, esos umbrales son 35,2 °C de temperatura máxima y 22 °C de mínima.

En Argentina, la tendencia es clara: en siete de los últimos diez veranos se registraron episodios de olas de calor y en los últimos cinco se repitieron sin excepción. Entre 1990 y 2000, en cambio, no se había registrado ninguno.

El impacto sanitario del calor extremo no es homogéneo. Personas mayores, quienes padecen enfermedades crónicas, niños pequeños, trabajadores expuestos al sol y habitantes de barrios con infraestructura deficiente concentran los mayores riesgos. En este sentido, la Cruz Roja subraya que medidas simples —como una adecuada hidratación o el acceso a ambientes frescos— reducen de manera significativa el riesgo de hospitalización, especialmente en adultos mayores.

En casos más graves, el impacto se da:

• En personas gestantes: aumenta el riesgo de partos prematuros, bajo peso al nacer y mortalidad fetal.
• El calor extremo afecta la capacidad física. Se estima que en Argentina la exposición
  al calor causó una pérdida de 330 millones de horas laborales potenciales en 2022.
• El calor mata. En Argentina se ha observado incrementos en la mortalidad durante las olas de calor y días posteriores.

Frente a este escenario, especialistas coinciden en la necesidad de actuar de manera inmediata. Por un lado, instalar el tema como prioridad pública: comunicar los riesgos a través de canales oficiales, promover conductas preventivas y capacitar a quienes trabajan con poblaciones sensibles.

Por otro, desarrollar y actualizar planes de acción que incluyan sistemas de alerta temprana claros y accesibles, protocolos específicos para hospitales, escuelas y residencias de adultos mayores, y una coordinación eficaz ante emergencias.

De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, las ciudades que cuentan con estos mecanismos pueden reducir hasta un 50% la mortalidad asociada a las olas de calor.

En esta línea, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) dictó recientemente un seminario virtual —del que participó ArgentinaForestal.com— en el que especialistas compartieron avances de un proyecto desarrollado con apoyo del Wellcome Trust.

La iniciativa busca reducir el impacto del calor extremo en personas mayores de seis de las ciudades más pobladas del país: Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán y Resistencia.

“El objetivo es generar conocimiento y herramientas que permitan anticipar riesgos y proteger a las comunidades más expuestas frente a un fenómeno que seguirá intensificándose”, advirtieron desde CIPPEC.

Las olas de calor son cada vez más recurrentes, prolongadas y peligrosas. Los especialistas coinciden en que atender estos cambios de manera urgente es clave para proteger a la sociedad y prepararse para enfrentar un escenario climático cada vez más extremo.

¿Qué entendemos por calor extremo?

Se trata de períodos en los que la temperatura es inusualmente alta para una región y se mantiene en el tiempo, dificultando que el cuerpo pueda enfriarse y recuperarse.

Desde un punto de vista técnico, el SMN define al calor extremo como un período de al menos tres días consecutivos en el que las temperaturas máximas y mínimas igualan o superan los valores umbral establecidos para cada localidad. La temperatura nocturna cumple un rol central: cuando también se mantiene elevada, el cuerpo no logra disipar el calor acumulado y el riesgo para la salud aumenta.

Riesgo: una combinación de factores

El riesgo frente al calor extremo no depende solo del clima, sino de la interacción de distintos factores:

• Amenaza: el aumento de la temperatura y la ocurrencia de olas de calor.
• Exposición: la cantidad de personas, viviendas o servicios en contacto con esa amenaza y las actividades que realizan; por ejemplo, quienes trabajan al aire libre están más expuestos.
• Vulnerabilidad: características que incrementan la probabilidad de sufrir daños, como la edad avanzada, enfermedades crónicas, aislamiento social o la falta de acceso a vivienda adecuada o agua segura.

Los especialistas recomiendan mantenerse atentos a los avisos de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional y a las comunicaciones locales y municipales, como una herramienta clave para anticiparse y reducir los riesgos asociados al calor extremo.

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NAIROBI (9/12/2025).– La evaluación más completa jamás realizada sobre el estado del medio ambiente mundial concluye que invertir en un clima estable, en naturaleza y suelos saludables, y en un planeta libre de contaminación puede generar billones adicionales en el PIB global, evitar millones de muertes y sacar a cientos de millones de personas de la pobreza y el hambre.

El informe Global Environment Outlook, Seventh Edition: A Future We Choose o GEO-7 (Perspectivas del Medio Ambiente Mundial, séptima edición: Un futuro que elijamos), publicado durante el séptimo período de sesiones de la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Nairobi, es el resultado del trabajo de 287 científicas y científicos de múltiples disciplinas provenientes de 82 naciones.

El informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) concluye que el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la degradación de los suelos, la desertificación, y la contaminación y los desechos han tenido un impacto enorme en el planeta, las personas y las economías —con costos que ya ascienden a billones de dólares cada año. Seguir las trayectorias actuales de desarrollo solo intensificará este impacto.

Sin embargo, adoptar enfoques integrales de toda la sociedad y de todo el gobierno para transformar los sistemas de economía y finanzas, materiales y desechos, energía, alimentación y medio ambiente generaría beneficios macroeconómicos globales que podrían alcanzar los US$ 20 billones anuales para 2070 y seguir creciendo.

Un factor habilitador de este enfoque es dejar de centrarse únicamente en el PIB y utilizar indicadores que también midan el capital humano y natural —incentivando a las economías a avanzar hacia la circularidad, la descarbonización del sistema energético, la agricultura sostenible, la restauración de ecosistemas y más.

“El Global Environment Outlook plantea una elección simple para la humanidad: seguir por el camino hacia un futuro devastado por el cambio climático, por la pérdida de naturaleza, por la degradación de los suelos y por la contaminación del aire, o cambiar de rumbo para asegurar un planeta saludable, personas saludables y economías saludables. Esta no es una elección en absoluto”, afirmó Inger Andersen, directora Ejecutiva del PNUMA.

“Y no olvidemos que el mundo ya ha logrado avances significativos: desde acuerdos globales sobre cambio climático, naturaleza, tierras, suelos y biodiversidad, así como contaminación y desechos, hasta cambios reales y concretos como el auge de las energías renovables, la expansión de las áreas protegidas y la eliminación progresiva de productos químicos tóxicos”, añadió.

“Hago un llamado a todas las naciones para que se basen en estos avances, inviertan en la salud del planeta y orienten sus economías hacia un futuro próspero y sostenible”.

Un mejor camino

El informe presenta dos vías de transformación: una basada en cambios de comportamiento para reducir el énfasis en el consumo material, y otra que se apoya principalmente en el desarrollo tecnológico y las mejoras en eficiencia.

Estas vías de transformación prevén que los beneficios macroeconómicos globales comenzarán a aparecer en 2050, crecerán hasta alcanzar US$ 20 billones anuales en 2070 y se dispararán posteriormente hasta US$ 100 billones anuales.

También proyectan una menor exposición a riesgos climáticos, una reducción de la pérdida de biodiversidad para 2030 y un aumento de las tierras naturales.

Nueve millones de muertes prematuras podrían ser evitadas para 2050 mediante medidas como la reducción de la contaminación atmosférica.

Para ese mismo año, casi 200 millones de personas podrían salir de la desnutrición y más de 100 millones de la pobreza extrema.

Para lograr emisiones netas cero en 2050 y garantizar una financiación adecuada para conservar y restaurar la biodiversidad, se necesita una inversión anual de aproximadamente US$ 8 billones hasta 2050. Sin embargo, el costo de la inacción es mucho mayor.

Transformaciones profundas necesarias

Seguir estas vías de transformación requerirá cambios radicales en cinco áreas clave. El informe recomienda medidas para cada área, que incluyen:

Economía y finanzas: Ir más allá del PIB hacia métricas integrales de riqueza inclusiva; valorar correctamente los bienes mediante la fijación de externalidades positivas y negativas; y eliminar y reorientar subsidios, impuestos e incentivos que generen impactos negativos en la naturaleza.

Materiales y desechos: Implementar la circularidad desde el diseño, así como la transparencia y la trazabilidad de los productos, componentes y materiales; reorientar inversiones hacia modelos de negocios circulares y regenerativos; y cambiar patrones de consumo hacia la circularidad mediante cambios de mentalidad.

Energía: Descarbonizar el suministro energético; aumentar la eficiencia energética; respaldar la sostenibilidad social y ambiental en las cadenas de valor de minerales críticos; y abordar y enfrentar el acceso a la energía y la pobreza energética.
Sistemas alimentarios: Adoptar dietas saludables y sostenibles; mejorar la circularidad y la eficiencia productiva; y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos.

Ambiente: Acelerar la conservación y restauración de la biodiversidad y los ecosistemas; respaldar la adaptación y resiliencia climáticas, con el apoyo de Soluciones basadas en la Naturaleza; e implementar estrategias de mitigación climática.
El informe propone co-desarrollar y co-implementar estas soluciones de manera paralela.

Considerar sistemas de conocimiento diversos, especialmente el Conocimiento Indígena y el Conocimiento Local, es crucial para transiciones justas que aborden tanto la sostenibilidad ambiental como el bienestar humano.

El informe internacional hace un llamado a gobiernos, organizaciones no gubernamentales y multilaterales, sector privado, sociedad civil, academia, organizaciones profesionales, público en general y Pueblos Indígenas a reconocer la urgencia de las crisis ambientales globales, aprovechar los avances logrados en las últimas décadas y colaborar en el co-diseño e implementación de políticas, estrategias y acciones integradas para garantizar un futuro mejor para todos y todas.

Basándose en múltiples fuentes, el informe también detalla las consecuencias actuales y futuras de mantener modelos de desarrollo convencionales.

Las emisiones de gases de efecto invernadero han aumentado un 1,5 % cada año desde 1990, alcanzando un nuevo máximo en 2024 —lo que eleva las temperaturas globales e intensifica los impactos climáticos.

El costo de los fenómenos meteorológicos extremos atribuibles al cambio climático en los últimos 20 años se estima en US$ 143.000 millones anuales.

Entre el 20 % y el 40 % de la superficie terrestre mundial se considera degradada, afectando a más de 3.000 millones de personas, mientras que un millón de las aproximadamente ocho millones de especies existentes están en riesgo de extinción.

Nueve millones de muertes son atribuibles cada año a algún tipo de contaminación. El costo económico de los daños a la salud solo por contaminación del aire fue de aproximadamente US$ 8,1 billones en 2019 —equivalente al 6,1 % del PIB mundial.

El estado del ambiente empeorará drásticamente si el mundo continúa impulsando las economías bajo un modelo convencional. Sin acciones de respuesta, el aumento de la temperatura media global probablemente superará 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales a principios de la década de 2030, superará los 2,0 °C en la década de 2040 y seguirá aumentando.

En este escenario, el cambio climático reduciría el PIB mundial anual en un 4 % para 2050 y en un 20 % para finales de siglo.

Se prevé que la degradación de suelos y tierras continúe al ritmo actual, con la pérdida anual mundial de tierras fértiles y productivas equivalente al tamaño de Colombia o Etiopía —en un momento en que el cambio climático podría reducir la disponibilidad de alimentos por persona en un 3,4 % para 2050.

Las 8.000 millones de toneladas de desechos plásticos que contaminan el planeta seguirán acumulándose —aumentando las pérdidas económicas relacionadas con la salud, estimadas en US$ 1,5 billones anuales debido a la exposición a productos químicos tóxicos presentes en los plásticos.

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BRASIL (23/11/2025).- La COP30 dejó sensaciones encontradas al concluir con un importante avance en materia de transición justa, pero con deudas en los otros elementos de la negociación.

Para la sociedad civil de América Latina y el Caribe, articulada en Climate Action Network América Latina (CANLA), el proceso y el resultado final no dan las señales necesarias para fortalecer la confianza en el multilateralismo, ni están a la altura de la crisis.

Camila Mercure, coordinadora de Política Climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, indicó que “desde la región, celebramos por un lado que la COP30 reconozca, al fin, que una transición justa debe poner en el centro a las personas, los territorios y los derechos. Pero esa transición no puede construirse ignorando la realidad: sin un compromiso explícito de transitar lejos de los combustibles fósiles y sin abordar los riesgos socioambientales de las nuevas cadenas de minerales, la justicia queda incompleta”, dijo.

“América Latina no puede enfrentar otro ciclo extractivo disfrazado de acción climática. Proteger a nuestras comunidades debe ser el punto de partida para cualquier transformación energética verdadera”, opinó Mercure.

Sin señales de fortalecimiento

En primer lugar, CANLA lamentó en un reporte de prensa que se difundió tras el cierre de la COP30 que no se consolidara una discusión sólida sobre la provisión de financiamiento público y de calidad bajo el artículo 9.1, pese a ser una reclamación legítima, necesaria y colectiva del Sur Global.

La inclusión de esta conversación en el Mutirão termina diluyendo la obligación jurídica de los países desarrollados de proveer financiamiento y asegurar que este sea previsible y de calidad. Ubicar el artículo 9.1 “en el contexto del artículo 9 en su conjunto” desplaza la responsabilidad hacia un terreno más amplio y políticamente cómodo, dejando un programa de trabajo sin modalidades, sin cronograma y sin productos claros, contribuyendo a dilatar una conversación sustantiva sobre el tema

En segundo lugar, la adopción de los indicadores de adaptación (aunque marcada por inconsistencias técnicas) fue un paso necesario para avanzar hacia la fase de implementación.

La llamada Visión Belém-Addis ofrece ahora una oportunidad clave para corregir estas fallas y asegurar que el marco sea operativo de aquí a 2027. Sin embargo, la decisión de triplicar el financiamiento para la adaptación a 2035 llegó con la menor ambición posible y sin claridad sobre el rol que deben asumir los países desarrollados para cumplirla ni garantías de que los recursos respondan a las necesidades reales de los países en desarrollo.

«La región insistió —y lo seguirá haciendo— en que la adaptación no puede seguir dependiendo de compromisos vagos ni financiamiento incierto; no pedimos caridad, exigimos responsabilidad», remarcaron desde CANLA.

En tercer lugar, la creación de un mecanismo en el marco del Programa de Trabajo de Transición Justa (JTWP, por sus siglas en inglés) representa una victoria política significativa para América Latina, al lograr por primera vez un espacio dedicado que reconoce la transición justa como un componente central para implementar el Acuerdo de París y el Balance Global.

El texto incorpora la mayoría de los principios propuestos por la sociedad civil, proporcionando una base sustantiva desde la cual avanzar. Además, invita a los países a integrar rutas a nivel nacional y reconoce la necesidad de financiamiento adicional y altamente concesional.

Sin embargo, el mecanismo quedó establecido sin un marco holístico que articule plenamente estos principios y su posible operacionalidad se aplaza a la COP31 con entrega final en la COP32.

A pesar de su potencial transformador, el mecanismo aún carece de salvaguardas y directrices de gobernanza, dejando brechas que deberán cerrarse para garantizar que la transición sea realmente justa en los territorios que más la necesitan.

Finalmente, aunque la Presidencia lanzó iniciativas sobre la transición fuera de los combustibles fósiles y sobre una posible ruta para detener y revertir la deforestación hacia 2030, ninguna de ellas quedó reflejada como decisión oficial de la COP30.

Que propuestas tan estratégicas permanezcan únicamente como “iniciativas presidenciales” -sin mandato, sin cronograma y sin seguimiento garantizado- revela un vacío político significativo: aquello que la comunidad internacional más necesita quedó sin fuerza vinculante.

Para la organización esto resulta aún más evidente cuando se contrasta con la coherencia mostrada por países como Colombia, que impulsó de manera firme la creación de una hoja de ruta para la salida global de los combustibles fósiles y defendió este mensaje dentro y fuera de la sala de negociación.

Además, la situación contrasta con la advertencia inequívoca de la Corte Internacional de Justicia: seguir subsidiando y expandiendo la explotación fósil podría constituir una violación del derecho internacional.

«Al no adoptar estas rutas dentro del marco formal de la decisión, la COP30 dejó fuera del texto aquello que podría haber enviado una señal histórica de coherencia climática, justicia climática y protección de nuestros ecosistemas», precisaron.

“CANLA reafirma un mensaje que lleva meses defendiendo: declarar la Amazonía como zona de exclusión de combustibles fósiles enviaría una señal política clara y urgente. América Latina debe estar dispuesta a frenar la expansión fósil donde más importa. Avanzar hacia zonas de exclusión en ecosistemas fundamentales para la estabilidad climática es el paso lógico y valiente que la región debe consolidar para inspirar al resto del mundo”, expresaron en el documento firmado tras el cierre de la COP30.

La COP30 se cierra, pero la lucha política continúa 

• Transición justa 

México: “Se necesita un resultado sólido en relación a transiciones justas. La transición energética ya se está dando alrededor del mundo y se acelera cada vez más. Sin embargo, tiene que seguir principios que prioricen la equidad y garanticen los derechos humanos y laborales de las personas, especialmente comunidades históricamente vulneradas. Un nuevo mecanismo global de transición justa vinculado a financiamiento y que incluya a todas las partes involucradas, puede ser el parteaguas para cerrar la brecha de ambición y acelerar la salida de los combustibles fósiles en la práctica”, explica Jorge R. Martínez, coordinador de Justicia Climática de Oxfam México.

Ecuador: “La COP30 termina con una victoria para el planeta, empujada desde la sociedad civil. En un contexto desafiante, la decisión de desarrollar un nuevo mecanismo institucional para fortalecer la arquitectura institucional de la transición justa es un paso clave. Seguiremos trabajando para que este nuevo mecanismo sirva para superar la fragmentación e insuficiencia de los esfuerzos actuales y articular iniciativas dispersas, garantizar su coherencia con los objetivos del Acuerdo de París y ofrecer el marco de cooperación internacional reforzado tan necesario para acelerar la transición hacia energías limpias y dejar atrás los combustibles fósiles”, agrega Javier Dávalos, Líder de Política Climática, The Climate Reality Project América Latina.

Regional: “Celebramos la creación del Mecanismo de Acción de Belém: una victoria obtenida tras un año completo de presión constante desde la sociedad civil. La decisión incorpora lo suficiente de los principios por los que luchamos para que una transición justa basada en derechos, participación y centralidad de las personas pueda hacerse realidad dentro del programa de trabajo. Ahora comienza la verdadera prueba: lograr que su implementación esté a la altura de la ambición que exigimos. Y aun en este momento de avance, es profundamente desalentador que las Partes no hayan acordado ninguna referencia a dejar atrás los combustibles fósiles, un silencio que pesa sobre un paso que, de otro modo, sería histórico”, consideró Laura Restrepo Alameda, oficial de incidencia, Climate Action Network América Latina.

• NDC 3.0 · Ambición, justicia y coherencia con 1.5 °C

Regional: “El último informe de síntesis sobre las NDC actualizadas se publicó a los pocos días de iniciada la COP30. Su mensaje es quizá más agrio que dulce, pero aun así deja un punto rescatable: aunque la brecha para mantener el calentamiento por debajo de 1,5 °C sigue siendo enorme y compleja, también muestra que el Acuerdo de París sí ha contribuido a encauzar este desafío global. Hoy estamos mejor que en un escenario sin acuerdo: se han frenado las proyecciones de crecimiento de emisiones, aunque no suficientemente», sostiene Florencia Ortúzar de Chile, directora del Programa Clima de AIDA, organización regional.

Las COP no van a “salvar el mundo”, pero todo indica que tampoco saldremos de esta crisis sin la plataforma de cooperación que ofrecen. «Desde la sociedad civil seguiremos exigiendo NDC más ambiciosas, coherentes e implementables, que marquen el camino de los países hacia soluciones reales y en los tiempos que la ciencia exige”, remarca Ortúzar.

• Programa de Trabajo de Mitigación (MWP)

Regional: “Que la decisión del Programa de Trabajo de Mitigación (MWP) haya dejado por fuera la mención a los combustibles fósiles es una señal alarmante para la región y para el mundo. Es muy difícil confiar en un sistema que pretende hablar de mitigación mientras silencia a los mayores responsables de la crisis climática. Para la sociedad civil latinoamericana, esto es una alerta roja: no hay integridad, no hay ciencia y no hay justicia si la transición fuera de los fósiles sigue siendo un tabú en la mesa de negociación. Tal como lo dijo Colombia en plenaria, no existe mitigación real si no podemos discutir la causa del 75% de las emisiones globales; cualquier consenso que se construya sobre ese silencio es una derrota para el planeta. Esperamos que en el futuro la conversación quede explícita y sea innegociable. Lamentamos profundamente que esta COP haya perdido la oportunidad de nombrar lo obvio: sin enfrentar a los fósiles, no hay futuro que defender”, considera, por su parte, Alejandro Alemán, coordinador, Climate Action Network América Latina.

• Adaptación

Regional: “Estuvimos muy cerca de salir de Belém sin un acuerdo sobre el Objetivo Global de Adaptación. Por eso, consideramos la decisión como importante y positiva, especialmente por la adopción de los indicadores aquí en la COP30 y por su conexión con la meta de triplicar el financiamiento para la adaptación hasta 2035.  Sabemos que los indicadores aún no están listos para su implementación inmediata, pero ahora contamos con un proceso claro, con la Visión de Belém hacia Addis Abeba, que abre una ventana de dos años para mejorar técnicamente estos indicadores, alinear las políticas entre los países y fortalecer su operacionalización, a partir de las discusiones que comenzarán en Bonn el próximo año. Ahora necesitamos una buena operacionalización que dé continuidad y nos permita medir el progreso de la adaptación, con una oportunidad real de construir un instrumento vivo y útil para la agenda de adaptación. Por otro lado, la nueva meta de financiamiento para adaptación incluida en la Decisión del Mutirão no tiene la ambición necesaria que demandamos desde la sociedad civil y el mundo en desarrollo, ya que es postergada hasta 2035 y no incluye referencias directas a las responsabilidades de los países desarrollados sobre provisión de financiamiento público”, agregó Daniel Porcel, especialista en política climática por el Instituto Talanoa y miembro de la Fuerza de Tarea Adaptación como Prioridad de CANLA.

• Financiamiento climático

Regional: “Los países del sur global vienen pidiendo de forma colectiva y articulada una conversación fundamental para impulsar la acción climática sostenida y robusta en territorios donde aún existen muchos desafíos, incluso el acceso a servicios básicos. La provisión de financiamiento de calidad de los países del norte global no es un capricho, está establecida en el artículo 9.1 del Acuerdo de París y es una señal de responsabilidad y solidaridad con territorios que, esos países continúan explotando. El resultado de la COP30 es mezquino, carente de visión y un desconocimiento de que esta conversación llegó para quedarse. No nos confundamos la decisión en Bakú. Habla el artículo 9.3, por lo que la deuda del norte sigue, y se incrementa”, opinó Karla Maass, asesora de incidencia y campañas de CANLA.

• Transitar fuera de los combustibles fósiles

Brasil: “Existe un temor persistente a mencionar la eliminación gradual de los combustibles fósiles debido al bloqueo de algunos países, pero en esta COP la realidad finalmente prevaleció. La declaración liderada por Colombia y el apoyo de más de 130 empresas generaron una presión política clara por una transición energética justa y ordenada. El nuevo Diálogo de Alto Nivel reconoce que ya no se puede evitar el debate central sobre cómo superar la dependencia del petróleo, gas y carbón, marcando un giro histórico en el régimen climático. Sin embargo, el paso decisivo será que esta hoja de ruta sea adoptada formalmente el próximo año; de lo contrario, el proceso corre riesgo de vaciarse. Aunque el avance es importante, la fuerte influencia de los lobbies fósiles sigue amenazando el proceso, y asegurar una transición justa y inequívoca hacia el fin de los combustibles fósiles es fundamental para mantener vivos los objetivos de París”, analizó Caio Victor Vieira, especialista en políticas climáticas del Instituto Talanoa.

Regional: “Es decepcionante que la última interacción del texto hayamos perdido todas las referencias a empujar de manera más robusta y colectiva una transición fuera de los combustibles fósiles. Es una miopía total y global de lo que la crisis climática necesita. Lo que tenemos sobre la mesa es un proceso que no da garantías, por lo que será importante que trabajemos desde ya para asegurar el resultado del trabajo de la presidencia que realizará el próximo año, al respecto sea insertado en la negociación de la COP31. No podemos pagar muchos por los intereses de pocos”, señala Karla Maass, de CANLA.

• Pérdidas y daños

Regional: “El tercer pilar de la acción climática llamó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reparar las pérdidas y daños. Sin embargo, la COP30 quedó vacía de decisiones para transformar los mecanismos existentes de reparación. Un fondo insuficiente y la negación de las obligaciones de reparar siguen siendo elementos centrales de la arquitectura del régimen climático. Las comunidades en todo el mundo exigen acceso a la justicia y el fin de la especulación con el sufrimiento; es hora de que los Estados cumplan con sus obligaciones y reparen el daño causado. Ni los derechos ni los deberes legales deberían estar a negociación: la CMNUCC debe alinearse con el derecho.”, remarcó Adrián Martínez Blanco, director ejecutivo de La Ruta del Clima.

Chile: “El resultado de la revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia representa una señal mixta para los países más vulnerables de nuestra región. Si bien celebramos la inclusión —aunque mínima y disputada— de derechos humanos y la continuidad del trabajo técnico del Santiago Network para entregar asistencia a comunidades que ya están perdiendo territorios, culturas y medios de vida, seguimos alertando una falla estructural: el WIM no puede seguir operando desconectado del Global Stocktake ni del acceso real al financiamiento del Fondo de Pérdidas y Daños. Un mecanismo que observa, pero no repara, no puede ser considerado justicia climática. Urgimos a las Partes a asegurar que la reparación sea un derecho, no una promesa condicionada que pueda significar nuevos retrasos en el aterrizaje de financiamiento”, consideró, por su parte, Felipe Fontecilla, ONG Uno Punto Cinco de Chile.

• Acción para el Empoderamiento Climático (ACE)

Colombia: “ACE es la agenda cuyo objetivo principal es empoderar a todas las personas para participar activamente en la acción climática mediante sus seis elementos, en estrecha relación con el Acuerdo de Escazú, y se proyecta como una de las prioridades centrales para 2026. Si bien la COP30 avanza en la implementación del programa de trabajo de ACE y su respectivo plan de acción —invitando a las Partes y actores interesados a presentar observaciones que serán consideradas en el diálogo de ACE durante la SB64—, resulta imperativo que los gobiernos de la región otorguen a ACE un lugar prioritario en sus agendas nacionales. Esto es especialmente relevante ante la revisión de medio término del programa de trabajo y el diseño de un nuevo plan de acción para los próximos cinco años, en la SB64 y la COP31”, anticipa Felipe Gómez Gallo, regional campaigner, World’s Youth for Climate Justice, Latin American Front.

• COP30 

Regional: “Es la primera COP después de que la Corte Mundial, la Corte Internacional de Justicia, clarificara que los Estados tienen la obligación de limitar la temperatura por debajo de los 1.5 grados. Sin embargo, esta COP30 termina con debates sin sentido sobre lo que ya nos ha clarificado el IPCC y la CIJ; que la opinión consultiva no se encuentre referenciada en los textos, no desaparece las obligaciones de los Estados. La ciencia y el derecho se encuentran en un mismo camino, redirigir la gobernanza climática a ese camino no sólo es necesario, es urgente”, sostuvo Mariana Campos Vega, Coordinadora para América Latina de World’s Youth for Climate Justice.

Regional: “Es altamente positiva la adopción del mecanismo de transición justa que incorpora un adecuado lenguaje de derechos humanos, derechos de comunidades locales, pueblos indígenas, trabajadores, entre otros grupos altamente vulnerables. Esta es la parte destacable de la COP desde nuestro punto de vista. Sin embargo la COP quedó debiendo en términos de otras variables que forman parte del esquema de justicia climática, al que nosotros las organizaciones de la sociedad civil de la región hemos venido aspirando y demandando, entre ellos el financiamiento para la adaptación, el financiamiento para el abordaje para las pérdidas y daños y el lenguaje en relación a la salida de los combustibles fósiles. Son aspectos esenciales que la presente COP no abordó y que deben ser abordados, es una deuda con la sociedad civil y con el planeta en general, y que necesariamente deberían haber salido de esta COP. Sin embargo, el resultado positivo en materia de transición justa abre una puerta de esperanza para poder desfosilizar la economía y es un mecanismo que puede abrir la posibilidad a futuro para transitar fuera de los combustibles fósiles. El mecanismo puede ser potencialmente usado en ese sentido y es un elemento altamente destacable de esta conferencia”, remarca Alejandro Alemán.

Plenaria de cierre

Regional: “si algo quedó claro en la sesión plenaria de cierre de la COP30 es que la niñez y la juventud tienen más visión, valentía y sentido de futuro que muchos adultos aferrados al pasado. Lejos de ser un descalificativo traído a la plenaria por Rusia hacia los países de América Latina, ojalá todos los Estados se comportaran como ‘niños y niñas’: con la honestidad de decir la verdad, la ambición de transformar lo imposible y la capacidad de defender la vida con una fuerza que la diplomacia envejecida ha olvidado. En América Latina seguiremos impulsando decisiones profundas y valientes, porque la niñez no solo entiende el mundo: tiene el poder de cambiarlo.” – Laura Restrepo Alameda, oficial de incidencia, Climate Action Network América Latina

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Fuente: WWF Colombia

BRASIL (22/11/2025).-Del 9 al 21 de noviembre, representantes de diversas partes del mundo se reunieron en Belém, Brasil, para la Conferencia de las Partes número 30 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: la COP30 de Cambio Climático. A diez años del Acuerdo de París, esta cumbre en la Amazonía brasilera debía ser decisiva para evaluar si los países están cumpliendo sus compromisos y, sobre todo, si realmente se está a tiempo de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.

La COP es la instancia superior de gobierno de los tratados ambientales internacionales. En estos espacios los países toman decisiones colectivas, fijan metas y acuerdan mecanismos de implementación. En otras palabras, son las “mesas de negociación” en las que se define cómo actuar frente a las crisis globales.

Los países reunidos en la COP30 en Belém, aprobaron un conjunto de acciones importantes, pero lejanas de las expectativas incluida la decisión de implementar un mecanismo de transición justa, equitativa y ordenada de los combustibles fósiles, como el principal motor de emisiones, comprobado por la ciencia.

«Pese a los esfuerzos de la presidencia brasileña y el liderazgo de Colombia en el paquete de naturaleza, adaptación, financiamiento, y un llamado contundente con el apoyo de al menos 86 países para avanzar en una hoja de ruta global que permita la eliminación progresiva de los combustibles fósiles, los negociadores no lograron acordar menciones directas a la transición en los textos formales», informaron desde la WWF.

Del mismo modo, aunque más de 90 países respaldaron un plan de implementación para detener y revertir la deforestación y conversión, faltó el total consenso y una voluntad política más amplia para asegurar esto en Belém, incluso con la selva amazónica como telón de fondo de la cumbre.

En este sentido, WWF Colombia valoró la decisión de la Presidencia de crear dos hojas de ruta para atender estos dos asuntos, determinantes para el bienestar de las personas y la naturaleza.

«El anuncio, hecho en la plenaria final de la conferencia, permite la realización de diálogos de alto nivel con gobiernos, industrias, trabajadores y organizaciones de la sociedad civil, e integra esos resultados a la COP a través de informes. Celebramos que se dará alcance a este compromiso en la primera conferencia internacional sobre combustibles fósiles, que se realizará en Colombia en abril de 2026», indicaron.

Considerando que la COP30 fue la primera cumbre climática desde que el mundo experimentó un año completo por encima de 1.5°C, en 2024, -un claro recordatorio de la urgencia que enfrentamos- las determinaciones alcanzadas, en su conjunto, resultan insuficientes para impulsar la acción, transformadora y urgente, necesaria para evitar impactos climáticos devastadores y proteger a las personas y la naturaleza.

Un resultado importante de la COP es la decisión de establecer un mecanismo de transición ordenada y justa para fomentar la cooperación internacional.

El preámbulo de la COP también incluye menciones sobre pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, así como sobre océanos, bosques y ciencia.

La Cumbre de los Líderes, previo al inicio formal de las negociaciones, dejó un resultado histórico: Brasil junto a Colombia, otros países tropicales y otros del norte global, como Noruega, anunciaron el lanzamiento del Fondo Bosques Tropicales para Siempre (TFFF por sus siglas en inglés), cuyo capital inicial alcanza una cifra histórica, que supera los 5 mil millones de dólares.

El siguiente paso será la firma de la carta del TFFF, programada para inicios de 2026 y la preparación de los países para su implementación, antes de la llegada de los primeros recursos.

‘Los resultados de la COP30 no reflejan la urgencia de la crisis climática’ 

«Es necesario que los países que pidieron más ambición en las decisiones avancen de forma clara y articulada para hacer lo que está en sus manos y así cumplir las metas del Acuerdo de París. Quedan, sin embargo, asuntos por rescatar y debemos aferrarnos a los avances que se dieron en espacios, como la Agenda de Acción, iniciativas de la sociedad civil, sector privado, pueblos y comunidades, y los cerca de 5 mil millones de dólares para los bosques tropicales», sostiene Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia.

De la misma forma, la apuesta por la primera conferencia, en Colombia, para una transición de los combustibles fósiles y los progresos en torno al financiamiento directo para los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades locales, guardianes de los bosques. Esperábamos un resultado más ambicioso, pero la esperanza se mantiene sólida; aplaudimos la voluntad de Colombia y otros países de la región para sacar adelante los compromisos adquiridos.”

En esta línea, Manuel Pulgar-Vidal, líder global de Clima y Energía de WWF y presidente de la COP20, dijo que “la ausencia de un plan creíble para enfrentar la crisis climática y la falta de reconocimiento de sus causas fundamentales, como los combustibles fósiles, dicen mucho».

«Estos países carecen de la voluntad política para tomar medidas audaces. Están defraudando a las personas a las que sirven, a la ciencia que conocen y a los compromisos de París que asumieron en 2015. Aun así, la energía y el compromiso demostrados por tantos en la sociedad civil, la ciencia y las comunidades en primera línea nos recuerdan que el cambio real aún es posible. No podemos permitirnos más gestos vacíos. Si actuamos con determinación y unidad, aún podemos cambiar el rumbo y mantener viva la esperanza de un futuro más seguro y resiliente para todos.”, concluyó.

Por su parte, Fernanda de Carvalho, directora global de Políticas de Clima y Energía de WWF, señaló: “La COP30 entregó algunas noticias positivas, particularmente mediante la renovada Agenda de Acción y las innovaciones creadas para una participación más amplia, como el Global Ethical Stocktake y otros círculos. Pero no hay avances significativos en adaptación, que es una línea de vida para los países más vulnerables».

Finalmente, consideró que «la financiación como condición habilitante también estuvo ausente en los textos. Para afirmar que el multilateralismo fue reforzado, necesitaríamos las hojas de ruta para la transición fuera de los combustibles fósiles y para detener y revertir la deforestación y conversión. Es una celebración sombría de los 10 años del Acuerdo de París.”

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