BUENOS AIRES (18/10/2022).- Habitualmente, cuando repasamos encuestas de opinión ya sean estas producidas por instituciones académicas importantes o encuestadoras de renombre,  veremos que el top 3 de temas que “más preocupan a las y los argentinas y argentinos son: el desempeño de la economía, la inseguridad / criminalidad y la corrupción.

Son estos, evidentemente, los temas que normalmente recorremos en las tapas de los diarios y son estos temas sobre los que deberíamos tener una importante cantidad de información.

En materia económica la disponibilidad de información es muy alta. Contamos con datos e información en materia económica en forma diaria. Sin embargo no ocurre esto o por lo menos no se percibe así con los restantes dos temas que mencionamos anteriormente.

En la actualidad y dado el impacto esperado de la implementación de políticas públicas, es clave para cualquier gestor contar con información oportuna para analizar, mejorar y corregir decisiones que tienen impacto en la sociedad. En materia de seguridad ese recorrido aún se está transitando.

Siendo que la inseguridad es el segundo tema que más preocupa a sociedad, hemos llevado a cabo una recopilación de estadísticas criminales de la República Argentina, a fin de entender según las estadísticas oficiales los resultados alcanzados en materia de prevención de la criminalidad y comprender sobre el descenso de la criminalidad en nuestro país. Cabe destacar, que la última actualización de las estadísticas criminales oficiales corresponde al año 2021. Por último, este texto se dividirá y estructurará en base a 3 delitos, que a nuestro parecer son los de mayor relevancia para entender a nivel macro, dónde está parada la Argentina en términos de criminalidad.

Los tres grandes ejes temáticos son los siguientes: Homicidios Dolosos, Muertes en Accidentes Viales y  por último Robos (excluye los agravados por el resultado de lesiones  y/o muertes)

Fuente: Ministerio de Seguridad

Homicidios dolosos

Gracias al gráfico podemos observar que hubo una gran disminución de homicidios dolosos entre el 2014 y 2017, pasando respectivamente de 3238 casos a 2314. Por ende una reducción de aproximadamente 1000 homicidios dolosos en 3 años. Sin embargo esta tendencia a la baja, cambia para el 2018, con una leve suba de casos.  Del 2017 en adelante, existe una fluctuación de ascensos y descensos de casos homicidios dolosos.

Fuente: Ministerio de Seguridad

Muertes en accidentes viales

La tendencia de muertes en accidentes viales es a la baja. Mientras que para el 2014 existían 4614 víctimas, para el 2020 esa cantidad bajo hasta los 2978, para luego volver a crecer en forma pronunciada en 2021 hasta las 3827 víctimas fatales. El gráfico indica un descenso muy pronunciado sobretodo entre 2018 y 2020. Haciendo un análisis de la coyuntura, sin lugar a dudas la reducción de casos de 2020 está relacionada o favorecida por el contexto de pandemia por COVID-19.

Entendiendo que a principios del 2020, se dio inicio en la Argentina una estricta cuarentena mediante la cual se restringió la libre circulación de la población, es que cuadra un escenario de rutas y autopistas más vacías, que por ende se redujeron considerablemente las posibilidades de choques automovilísticos mortales.

Fuente: Ministerio de Seguridad

Robos

La inseguridad en la Argentina es un tópico muy recurrente y que nos interpela a muchos. Según las estadísticas oficiales, parece ser que la cantidad de robos en la Argentina fue disminuyendo sostenidamente y gradualmente entre el 2014 y el 2017. De ahí que para el 2014, se registraron unos 459.289 robos anuales, mientras que para el 2017 se registraron aproximadamente 64000 robos menos.

A partir del 2017, hubo un cambio en el patrón que se caracterizó por lo opuesto: la multiplicación y alza de robos en la Argentina llegando a un pico máximo de 471. 809 robos para  el 2019. Sin embargo a mediados del 2019, le siguió una fuerte caída de casos de robos llegando al mínimo de casos para el 2020 de 331.858 robos, aunque una vez que las restricciones por pandemia se fueron levantando, la cantidad de robos aumentó, pero muy por debajo de los años anteriores.

Una vez más, cabe considerar o por lo menos pensar la implicancia de la cuarentena en este fenómeno. Sería coherente pensar que a menor exposición, menores son las probabilidades  y vulnerabilidad de las personas a ser asaltadas y robadas por un delincuente.

Reflexiones finales

Está más que claro que el fenómeno de la inseguridad es muy complejo que no está supeditada únicamente a carteras como las del Ministerio de Seguridad. Se trata de un fenómeno social que abarca aspectos educativos, económicos, de salud, entre otros.

La revisión realizada previamente busca entender desde el análisis de tres indicadores típicos en este tipo de temáticas del porqué para la sociedad la inseguridad / criminalidad es un tema preocupante. Si lugar a dudas hay un efecto post pandemia, que es central, dado que la vuelta a la normalidad se hizo de manera abrupta.

De repente todo lo que estuvo comprimido durante casi dos años se liberó y eso también llevó a que los indicadores de criminalidad de alguna manera explotaran en 2021 respecto de 2020. Sin embargo en el análisis de más largo alcance podríamos afirmar que las  tasas de criminalidad han mejorado en los últimos años.

En la mayoría de los casos, los resultados más optimistas coinciden con el año 2020. Es muy probable que la cuarentena estricta haya influenciado en menor o mayor grado dichas cifras. Cabe la posibilidad de pensar que la cuarentena estricta ayudó a reducir la cantidad de delitos en la Argentina.

Lo interesante hoy, sería poder contar con datos oficiales actualizados a junio de 2022 para poder hacer un seguimiento del fenómeno de la criminalidad post pandemia con información mucho más fresca. ¿Acaso las cifras se mantendrían relativamente estables o por el contrario, nos encontraríamos con un crecimiento exponencial de delitos?

Ante la carencia de datos oficiales es que nos vemos limitados para poder brindar respuesta a todas estas problemáticas que son de gran interés.

Por eso, nuevamente reivindicamos y solicitamos que las instituciones públicas continúen con sus tareas de relevamiento de datos para contribuir a una política más transparente. Luego, por nuestra parte,  los distintos medios de comunicación,  poder trabajar esos datos para informar a la sociedad civil y fomentar continuamente la democratización de la información.

Lo cierto es que, la seguridad es un tópico que está en boga y sigue muy presente al día de hoy, en el post pandemia. De hecho,  según la encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés[1], la inseguridad y delincuencia se ubica en el tercer puesto de los 20 temas que más preocupan a los argentinos.

[1]https://web.udesa.edu.ar/espop

(*) Zoe Miranda

Estudiante de Ciencias Políticas. Analista de Datos del Centro de Producción Documental de GEO Estudio y Opinión

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Fuente: Clarín

BUENOS AIRES (3/1/2019).- Entre 2010 y 2016 las autoridades del Fondo, dependiente del Ministerio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, habrían transferido a las Provincias alrededor de $1.506.335.984, pero sólo se rindieron el $349.676.660; lo que equivale a un 23% del total, según un artículo periodístico publicado en Clarín.

​Los posibles delitos señalados son “malversación de caudales públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y violación de los deberes de funcionario público”.

La acusación de la OA abarcaría a ex ministros o secretarios de Medio Ambiente de la Nación del gobierno kirchnerista y también a varias provincias que “no rindieron” la ejecución de los fondos.

En el año 2009 se sancionó la ley destinada a proteger los bosques nativos a través de la implementación de políticas de conservación y manejo sostenible. El Fondo, previsto en la ley, debía girar fondos a las distintas provincias. Estas debían aplicar el 70% de lo recibido en compensaciones a los titulares de tierras en cuyas superficies se conserven bosques nativos. El otro 30% tenía como fin desarrollar e implementar programas de fortalecimiento. Para ello se establecieron requisitos específicos de control y rendición de cuentas que no cumplieron.

La OA -que dirige Laura Alonso- detectó irregularidades en la gestión de este fondo desde su inicio hasta la actualidad y en todas las provincias que cuentan con bosques nativos.

La falta de rendición de cuentas no hizo que las autoridades del Ministerio de Ambiente suspendieran los pagos. Por el contrario, se otorgaron prórrogas sucesivas.

Denuncia penal

El informe de auditoría señaló que “las áreas técnicas provinciales no pudieron informar ni evidenciar la efectiva aplicación de los fondos y el destino que sus jurisdicciones provinciales daban al 30%, previsto para fortalecer estas mismas áreas de bosques”. Además, “la falta de capacidad logística y de recursos humanos con perfil técnico para realizar visitas e informes de relevamiento afecta sustancialmente a los objetivos de la Ley y produce demoras en los desembolsos que perjudican a los beneficiarios”, se agrega en la denuncia.

A su vez, un informe de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que analizó la rendición de cuentas de todas las provincias encontró facturas repetidas, discrepancias en fechas de emisión y facturación, facturas de ejercicios anteriores al período rendido, facturas con fechas anteriores a la transferencia de fondos y otras inconsistencias.

Para la OA “quedó en evidencia una grave falta de control en la aplicación de los recursos, una falta de rendición del destino de los fondos, y en donde incluso existieron rendiciones rechazadas por no existir un debido respaldo documental de las operaciones efectuadas”.

Y concluye que “más allá de que las rendiciones de esos fondos fueron sucesivamente prorrogadas por distintas administraciones con el sólo fin de poder seguir girando fondos cuando la propia normativa así lo prohibía, lo que está poniendo en evidencia dicha circunstancia es un total desmanejo de los fondos públicos».

El informe agrega que «se desconoce si fueron ellos destinados a los fines originariamente previstos o aplicados a otros distintos aunque también públicos –lo que podría configura la hipótesis de malversación caudales- o incluso si fueron ellos sustraídos del ámbito público para el propio beneficio de los funcionarios públicos responsables de su manejo o de un tercero –hipótesis defraudatoria-, lo que no puede descartarse frente a las constataciones realizadas por la auditoría”.

También se detectó irregularidades en la delimitación de los territorios considerados como “bosques nativos” a los fines de la asignación de recursos, en donde se declararon superficies que no se correspondían con la existencia de bosques nativos o por el contrario se omitieron declarar bosques nativos donde sí los había. Incluso se incluyó territorios correspondientes a Parques Nacionales, algo que no estaba previsto por la Ley.

La OA reclamó que la justicia “investigue, por un lado, la conducta de las funcionarios responsables de las distintas jurisdicciones provinciales que eran los encargados de ejecutar los fondos y aplicarlos al fin previsto por la ley, y por el otro, la responsabilidad de las autoridades nacionales, quienes no controlaron la actividad de las jurisdicciones locales y pese a no haberse aprobado las pertinentes rendiciones siguieron girando fondos, en una suerte de flujo constante sin control, concediendo prórrogas y habilitando transferencias cuando no se cumplían los requisitos mínimos para ello”.

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