Por Patricia Escobar

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BUENOS AIRES (18/6/2021).- Este viernes se llevó a cabo una nueva reunión virtual de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 de promoción de plantaciones comerciales sustentables, prorrogada bajo la Ley 27.487 hasta 2029 con la fundamentación de ser una herramienta del Estado Nacional para cumplir con los compromisos internacionales del Acuerdo de París al que adhirió en el año 2015 para reducir sus emisiones de efecto invernadero y resiliencia al clima, aumentando la superficie forestada del país al 2030, de 1,3 millones de de hectáreas logradas a 2 millones.

La comisión fue convocada por la Subsecretaria de Agricultura de la Nación, a cargo de Delfo Emilio Buchaillot, y la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial a cargo de Daniel Maradei, convocaron a sus integrantes de todo el país para presentar en detalle el proyecto de ley del Seguro Verde, una iniciativa que busca reflotar el senador nacional y ex gobernador de Misiones, Maurice Closs, para recuperar la herramienta considerada “imprescindible” para llevar adelante en forma sostenible la promoción forestal en la Argentina.

«Esperamos que puedan apoyar al proyecto presentado por el Senador Closs, y lograr entre todos las gestiones necesarias en cada una de las provincias para lograr su pronta sanción, ya que es imprescindible”, expresó el subsecretario de Agricultura.

Esta herramienta fue instrumentada en forma voluntaria en la gestión del gobierno de Mauricio Macri, bajo un convenio firmado a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación con las principales compañías de seguro en el año 2018. Era un compromiso entre el Gobierno y un grupo de compañías aseguradoras para promover la responsabilidad social y con una acción concreta a través de las plantaciones de árboles con destino a abastecer la foresto-industria sustentable a futuro, y así reducir las emisiones de gases efecto invernadero para mitigar los efectos del cambio climático.

El fondo de Seguro Verde se conformada con el 1% del valor de cada póliza que se pagaba a la plantación de árboles en el país a través del sistema de la Ley 25.080.

El senador nacional Maurice Closs explicó en la Comisión Asesora los alcances del proyecto

El senador Closs se sumó a la reunión virtual y explicó que el proyecto de ley “mantiene el espíritu” del programa instrumentado en forma voluntaria, pero en adelante «tenemos que lograr que sea con rango Ley Nacional para garantizar su continuidad al financiamiento de la operatoria de promoción forestal.. El financiamiento del sector forestal es una Política de Estado, pero en la Argentina estamos acostumbrados que éstas queden en letra muerta porque siempre se ve afectado el financiamiento. Sin recursos, no hay Política de Estado posible», dijo el senador.

«Este problema lo hemos vivido en el país con las diferentes gestiones de gobierno, es un problema que tenemos en forma histórica. Pero el Seguro Verde fue una herramienta que generó una partida extrapresupuestaria para la operatoria de la Ley 25.080 con muy buenos resultados. Y era un sistema muy lógico, ya que establecía un aporte del 1% por cada póliza que se pagaba por el seguro del automotor. Tenía sentido este sistema porque quien contaminaba el ambiente, hacía un aporte a mitigar las emisiones con esta alícuota. Pero al ser un convenio voluntario y establecido por resolución, las compañías de seguro se fueron retirando por resistencia de las aseguradoras internaciones de continuar aportando a este fin, y desde diciembre de 2019 no rige más el programa”, contextualizó el senador misionero.

Por ello, con el proyecto de Ley se busca a restablecer el mecanismo con la misma fundamentación, aunque en esta oportunidad con jerarquía de ley para que ninguna aseguradora pueda argumentar que no está alcanzada.  “Cabe aclarar que no estaría obligada a aportar la Aseguradora sino que la alícuota se trasladaría al pago que se realiza por la contratación de la póliza el asegurado. La alícuota se determinará en el debate del recinto cuando se trate el proyecto de Ley”, precisó Closs.

En este sentido, y ante las consultas de los asistentes en la reunión virtual, el senador agregó que “se pretende lograr una alícuota consensuada que se aplicará sobre la póliza del seguro automotor y que se destinará a promoción forestal de la Ley 25080. La recaudación de estos aportes se realizará a través de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que retiene un 10% del total de la partida trimestral depositada por las aseguradoras y el resto transfiere al Ministerio de Agricultura de la Nación, donde queda expresamente establecido que los fondos son exclusivamente para el fin creado: el pago de los beneficios de la ley 25.080”.

El proyecto se encuentra en un avanzado estado parlamentario, ya que tiene dictamen para su tratamiento en el recinto. “Fue una manera de acelerar el tratamiento en comisiones que también tienen discusiones virtuales antes de pasar al recinto para el debate. Lo que estamos intentando es de bajar el debate al recinto con la única instancia la discusión respecto al monto de la alícuota a establecer, y que sobre el proyecto en sí ya exista consenso general”, precisó Closs.

De esta forma, el legislador recomendó a todos los forestales apoyar en sus provincias el proyecto. “Se debe entender que el Congreso Nacional es un espacio de debates políticos donde siempre influyen diversos intereses, en este caso a favor o en contra de la iniciativa. Hay un sector importante y muy fuerte en su capacidad de lobby que se resiste al avance de esta ley o le encuentra todos los defectos para que evitar su sanción, que es el sector financiero de las compañías aseguradoras, y sobre este aspecto hay que unirse para lograr que se conozca el espíritu y el objetivo de la ley en todo el país, de manera de lograr apoyo nacional”, sostuvo Closs.

De la misma forma se expresaron las autoridades de Agricultura, y solicitaron a todos los miembros de la Comisión Asesora que se conviertan en una suerte de “embajadores” de la difusión de la herramienta del Seguro Verde.

“En todos los espacios posibles expliquen la importancia de lograr esta ley “imprescindible” para sostener el financiamiento de la promoción forestal en la Argentina a un sector productivo clave en la acción climática sea aprobada”, dijo Maradei.

El funcionario informó que el proyecto ya fue socializado con los representantes de las provincias forestales del país el pasado lunes, en una reunión virtual mantenida a través del CFA, al igual que las cámaras empresarias nucleadas en CONFIAR (AFoA, FAIMA; ASORA, AFCP).

“Además de las gestiones institucionales, pedimos de la misma manera a las asociaciones y colegios de profesionales que estudien el proyecto y acerquen su opinión favorable a la sanción de esta herramienta. Es necesario que el proyecto se difunda a través de los medios de comunicación, que se entienda la esencia de sus fundamentos y el aporte ambiental y productivo que la sociedad puede hacer apoyando esta herramienta. Debemos ser capaces como sector forestal de explicar que significa esta actividad para las economías regionales y el cambio que podemos generar en el balance comercial con su desarrollo, como también en la acción climática. Desde el Ministerio de Agricultura estamos trabajando a favor del Seguro Verde, compartimos información respecto a cómo favoreció  a la operatoria el aporte voluntario en 2019 y la necesidad de avanzar con un rango de ley”, planteó el director nacional.

Misiones a favor del Seguro Verde

Por su parte, el ministro del Agro y la Producción de Misiones, Sebastián Oriozabala, participó junto al subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Ángel Gauto, asistió al encuentro y adelantó su total apoyo a realizar las gestiones necesarias para lograr que el proyecto sea ley. “Es una herramienta que permitirá avanzar en lograr aprovechar aún más el contexto de fortalecimiento de la industria forestal.  Además, desde Misiones se apuesta al desarrollo del sector productivo de la Argentina, por ello cuentan con todo nuestro apoyo político e institucional para trabajar en que esta ley sea aprobada”, dijo el funcionario en el encuentro virtual.

En representación del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (COIFORM), Jaime Ledesma, también manifestó el apoyo institucional a la iniciativa. “No hay dudas que esta es una normativa que contribuirá significativamente en la operatoria de la 25.080, garantizando el financiamiento, lo que dará certeza y seguridad a los productores que siguen apostando al sector forestal”, dijo el presidente del colegio de profesionales.

Por su parte, Daniel Alfredo Loutaif (Salta) se manifestó a favor y en apoyo al proyecto, pero pidió garantías de que los fondos que se recauden se destinen a los objetivos para los cuales fue creada la ley.

En tanto, Manfredo Seifert (Misiones), expresó en representación de los pequeños productores nucleados en la cooperativa de Montecarlo que apoyarán la iniciativa ya que es una herramienta que dará sustentabilidad a largo plazo a la actividad en las provincias, pero su inquietud fue respecto a establecer un promedio aproximado de cuánto dinero se pretende recaudar con el Seguro Verde para la promoción forestal.

“Ese dato preciso se determinará cuando se acuerde un rango de alícuota. Nosotros hemos propuesto un rango, pero habrá que esperar al debate en el recinto ya que posiblemente sea modificado”, explicó el senador Closs.

Por su parte, Daniel Maradei respondió que “si uno toma exclusivamente las primas automotor, se podría capturar fondos para el Seguro Verde por el orden de 1.500 millones de pesos en forma anual para la promoción forestal. Esta sería una cifra superior a lo logrado con el aporte voluntario del Seguro Verde en la gestión anterior del Ministerio, que se llegó a recibir 900 millones de pesos”, concluyó.

Finalmente, Rodolfo Stella (Buenos Aires), reflexionó respecto a difundir el aporte de responsabilidad social y ambiental que cada persona realizará a través del pago de póliza automotor. “Debe quedar claro que los que contaminamos somos los que andamos en vehículo. El Seguro Verde es una oportunidad de contribuir a mejorar el ambiente con la reforestación. Los que van a pagar son los que contaminan y deben reducir la huella ambiental. Este es el mensaje que debe transmitirse a la sociedad. Al colaborar con las plantaciones forestales sustentables para mitigar la contaminación del ambiente, están realizando una acción climática”, remarcó.

Temario forestal: pagos, decreto reglamentario, costos y debate por disponibilidad actual y futura de la materia prima

El encuentro virtual de Comisión Asesora continuó con un extenso temario técnico y normativo, pero también de actualidad de mercado y economía, desarrollándose durante más de dos horas, con la moderación de Esteban Borodoswki (DNDFI) y la exposición de varios funcionarios del Ministerio de Agricultura, con planteos de diversas problemáticas de parte de los participantes de la reunión.

Entre los temas que se abordaron, explicaron los motivos de demora de pagos de planes forestales de Ley de promoción en el primer semestre del año, y aquellos relacionados a la necesidad de disponer el Decreto Reglamentario de la Ley 27.487, entre novedades de la operatoria que sigue con requisitos administrativos al momento de solicitar los beneficios del régimen.

Desde la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial comentaron aspectos técnicos y de costos al momento de cumplimentar la documentación, con algunas revisiones que fueron debatidas durante el encuentro virtual, según la zona y escala.

Noticia en desarrollo …..

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Fuentes: con información de Prensa del Ministerio de Agroindustria y portal Desarrollo Forestal (Maderamen)

BUENOS AIRES (31/8/2020).- La Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio de Agricultura de la Nación informó que en lo que va del año, la actual gestión del organismo logró transferir al sector forestal del país un total de $ 190.537.234,11.

Se habilitaron nuevos pagos por 73,9 millones de pesos en el marco de la Ley N° 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados y el régimen de promoción correspondiente. Por medio de las resoluciones 46 a 52, 59, 61 a 63, 65 a 69 del año 2020, se incluye en estos nuevos pagos a 187 planes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero», indicaron.

En esta oportunidad, estos planes alcanzan 2.023 hectáreas de forestación; 9.062 ha. de poda; 1.554 ha. de raleo; 234 ha. de manejo de rebrote y 105 ha. de enriquecimiento de bosque nativo.

Las provincias a las que fueron transferidas estos nuevos pagos son:

Buenos Aires: $ 4.249.762,99 por 12 planes que incluyen 243,82 has. de forestación, 388,7 has. de poda y 86,3 has. de manejo de rebrotes.

Chaco: $ 189.242 por 2 planes que incluyen 8 has. de forestación y 3 has. de poda.

Chubut: $ 5.766.999,31 por 5 planes que involucran 7,54 has. de forestación, 480,07 has. de poda y 475,23 has. de raleo.

Corrientes: $33.341.502,42 por 41 planes que incluyen 762,78 has. de forestación, 4.184,40 has. de poda y 246,6 has. de raleo.

Entre Ríos:  $8.137.164,70 por 29 planes destinados a 225,58 has. de forestación, 600,9 has. de poda, 167,15 has. de raleo y 148,15 has. de manejo de rebrotes.

Mendoza: $350.120,45 por 4 planes que involucran 9,05 has. de forestación y 14,88 has. de poda

Misiones: $19.226.060,83 por 89 planes que incluyen 642 has. de forestación, 3273,64 has. de poda, 610,37 has. de raleo y 75,04 has. de enriquecimiento de bosque nativo.

Neuquén: $ 1.529.602,90 por 2 planes indicados para 40 has. de forestación, 116,3 has de poda, y 55 has. de raleo.

Salta: $461.751,40 por 1 plan de 16,8 has. de forestación

Santa Fe: $489.795,80 por 1 plan con 67,4 has. de forestación

Santiago del Estero: $ 149.156,10 por 1 plan con 30 has. de enriquecimiento de bosques nativos.

Además, se han realizado los pagos de expedientes de 2019 por un total de $ 38.177.020,69.

De esta manera, la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial del Ministerio informó que en lo que va de la actual gestión se han transferido al sector forestal $ 190.537.234,11.

Primer encuentro del año de productores de todo el país 

La reunión virtual de Comisión Asesora de la Ley 25.080  de «Promoción de Inversiones Forestales», prorrogada por la N° 27.487/18, se realizó por medio de una plataforma virtual, y fue coordinada por Daniel Maradei, director nacional de Desarrollo Foresto-industrial. Se sumaron alrededor de 110 participantes de distintos puntos del país, integrantes de la mencionada comisión y representantes de empresas, productores, instituciones técnicas y dirección de Bosques de los gobiernos provinciales de la Argentina.

Desde las 10:30 hasta las 13 horas, sesionaron sobre aspectos relacionadas a la problemática actual y futura de la actividad forestal argentina, tras un año complejo, de reorganización con cambios de autoridades en el organismo, sumado a la cuarentena por coronavirus que rige desde marzo y sigue vigente.

Durante el encuentro, las autoridades de Agricultura presentaron al nuevo equipo de gabinete, el organigrama de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-Industrial en esta nueva gestión; y las líneas de trabajo de la Dirección Nacional que se priorizaron hasta la fecha.

Por otra parte, detallaron los pagos de AERN efectuados durante el 2020 y anunciaron los nuevos pagos por 73,9 millones de pesos.

Acompaño a Maradei, el vicepresidente del INTA, Tomás Schlichter, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Echazarreta.

“Hay que valorar el esfuerzo del pago de $190 millones logrado este año por la actual gestión, aunque sabemos que la cifra pagada no logrará satisfacer a todos”, admitió el funcionario.

Además, en otro fragmento de su intervención, remarcó que “hay que estimular la exportación de servicios agrícolas industriales, ya que es imperioso para la economía argentina romper la inercia y comenzar a exportar», según publicó Desarrollo Forestal.

Por su parte, el subsecretario de Agricultura Delfo Bouchaillot quien también tuvo una breve intervención virtual, señaló: “Estamos trabajando para que el sector se potencie y sea uno de los pilares para el despegue de la economía argentina tras la pandemia.

Maradei realizó una extensa presentación técnica que fue de «de particular interés para ingenieros y técnicos encargados de presentar proyectos contemplados por la ley».

Entre las principales declaraciones del funcionario, se destacó:

– “No es un momento sencillo, ya que la rentabilidad de productores primarios es muy baja. Hay dos vías para aumentar la productividad;

– “Una es mejorar la eficiencia”, para lo cual hay que “avanzar en transferencias tecnológicas” para los pequeños productores forestales;

– La otra vía es incrementar la demanda interna, por dos caminos: “una es aumentando la tecnología de los aserraderos” y la otra es “generar nuevos mercados en el exterior”.

Para ello, Maradei propuso reflexionar hacia dónde debiera apuntar el desarrollo de la Argentina forestal. Se hablo de la exportación de rollos que “lógicamente, no apuntamos a exportar rollos, pero, si hay sobreoferta en la actualidad y aparece el negocio, bienvenido sea”, fue su posición.

Remarcó que el camino es «desarrollar industrias, exportar productos con valor agregado, para lo cual hay que ayudar a la tecnificación del sector e intentar incrementar los mercados externos”.

Por Misiones, participó el ministro del Agro y Producción, Sebastián Oriozabala, y el subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Ángel Gauto. La provincia adhirió por Ley a la nueva prórroga y modificaciones de la normativa.

El funcionario provincial definió al encuentro como un «buen espacio de diálogo y articulación con el gobierno nacional, generando políticas y acciones para brindar agilidad a los procesos de ejecución de la Ley de Promoción Forestal».

Foto: Gentileza Desarrollo Forestal, AFoA , Ministerio del Agro de Misiones

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Por Patricia Escobar 

BUENOS AIRES (5/12/2019).- La última reunión del año de la Comisión Nacional Asesora de la Ley 25.080, bajo la gestión del equipo forestal del ministro de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere; se realizó el jueves 5 de diciembre. Estuvo encabezada por el secretario de Agricultura, Guillermo Bernaudo; y el director de Desarrollo Foresto-industrial, Nicolás Laharrague, quienes cerraron con «balance positivo» para el área, en cuanto a las metas propuestas y logradas a través del diálogo sectorial y el apoyo político del presidente de la Nación Mauricio Macri en varias de las medidas solicitadas durante los 4 años de gobierno.

El país forestal no estuvo ajeno al contexto de dificultades económicas, baja rentabilidad y falta de competitividad en toda la cadena de valor de la forestoindustria. Tema pendiente de superar en la próxima gestión de gobierno de Alberto Fernández, quien asignó al frente del Ministerio de Agricultura al formoseño Luis Basterra.

El temario de la reunión de la Comisión Asesora de la Ley 25080 fue sobre la información del estado de situación de la ejecución de la ley de Inversiones para Bosques Cultivados en el año 2019; las autoridades además expusieron los avances de la digitalización de los expedientes en curso y organización interna, y  analizaron los cambios incorporados con las mejoras logradas. Además, las autoridades nacionales presentaron la resolución del Decreto Reglamentario de la Ley 25.080 que estaba pendiente, para abrir el espacio a comentarios y sugerencias entre los asistentes.

Fotos: gentileza Desarrollo Forestal 

La falta de financiamiento del régimen fue la principal traba principal de la operatoria y las alternativas para garantizar los fondos para el régimen fue una de las metas principales. Había que hacer frente a la millonaria deuda de proyectos presentados y aprobados, pero que arrastraban varios años de demora en el pago de los Aportes Económicos No Reintegrables. Los altos costos de implantación y la demora de la Nación en la aplicación de los beneficios del régimen tuvo la consecuencia directa del alejamiento de las inversiones  y la confianza en el sistema de los pequeños y medianos productores, situaciones que en diferentes informes y entrevistas periodísticas se fueron reflejando a través de ArgentinaForestal.com

Desde la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial se coordinó la Mesa Nacional de Competitividad Foresto-industrial, de la cual surgió el consenso para prorrogar la Ley 25.080, fortalecer el financiamiento del régimen con el Seguro Verde por medio de un convenio voluntario (PROSA) con las compañías aseguradoras, y se avanzó en la etapa inicial del proceso de modernización digital para garantizar la transparencia del sistema y el control online de los expedientes desde cualquier punto del país.

Sobre estos temas habló Bernaudo en la apertura de la reunión de la Comisión Asesora, que se realizó en la tarde del jueves 5 de diciembre en la sede del DIPROSA, en Capital Federal. El funcionario saliente – ante el cambio de gobierno en los próximos días – anunció que “entraron al circuito de pago nuevas resoluciones por un monto de $69,8 millones. Esto nos deja con un aporte total récord para el ejercicio 2019 de $592,2 millones”, precisó.

“El primer objetivo que nos fijamos en la gestión fue prorrogar el régimen vigente para el sector, con una ley aggiornada y ampliamente consensuada. Como segundo objetivo nos propusimos rescatar la Ley de promoción del ostracismo en que se encontraba por falta de financiamiento y gestión. Logramos ampliamente las metas propuestas”, dijo el funcionario.

En su gestión, remarcó que cierran el año pagando planes correspondiente al año 2017 y algunos de 2018, logrando una dinámica de la operatoria que atravesó tiempos difíciles hasta reacomodarse con el financiamiento y enfrentar, por otro lado, un proceso interno de cambios con el «irreversible» paso hacia la digitalización. El desarrollo de programas informáticos para la carga de una base de datos online para el seguimiento de expedientes presentados y su estado de avance desde todo el país fue lo que más tiempo de trabajo demandó en estos últimos. “Teniendo en cuenta los tiempos de aprobación de los expedientes en comparación a otros años, podemos afirmar -más que nunca- que hemos puesto al día el régimen”, remarcó Bernaudo.

Agregó que este escenario hace un año “parecía imposible”, pero se logró por medio de una visión moderna de la gestión del gobierno. “Así llegó el acuerdo del Fondo de Seguro Verde, una herramienta que nos permitió poner en valor los servicios ambientales de los bosques cultivados. Desde diciembre de 2018 a la fecha, es decir en un año exactamente, el Seguro Verde financió resoluciones de pago por más de $640 millones, beneficiando a más de 1.800 pequeños y medianos productores y financiando una superficie total que superó las 120 mil hectáreas de bosques”, precisó el funcionario.

Asimismo, un paso que se destaca desde el sector privado es la aplicación de los beneficios de Estabilidad Fiscal que otorga la ley 25080. “Sólo en este año y gracias a los cambios producidos en esta DNDFI para agilizar los procesos administrativos, se han aprobado 82 certificados de estabilidad, siendo la mitad de ellos para planes menores a 100 hectáreas. Esto representa más de la mitad del total de certificados emitidos históricamente”, remarcó Bernaudo.

Recordemos que fue este funcionario el que retomó después de 10 años la convocatoria –establecida por ley- a las reuniones de Comisión Asesora de la 25080. “Agradezco la confianza y la buena voluntad que han puesto todos para el trabajo en conjunto. Es el ejemplo de rescatar y poner en valor a esta Comisión Asesora, y es lo que nos debe dar fuerzas para continuar en el futuro”, concluyó.

Conflicto de intereses y ética pública

Esta reunión posiblemente sea la última de Nicolás Laharrague en su función de DNDFI. Fue convocado por Cambiemos a fines de 2017, asumiendo en la función pública desde el corazón del sector privado foresto-industrial, ya que pertenece a una familia de más de 100 años de historia en los negocios de la madera, producción y turismo en la provincia de Misiones. Al momento de asumir  el cargo público, ocupaba cargos directivos e institucionales en representación de su empresa y de la Asociación Forestal Argentina (AFoA).

Y tras una denuncia anónima ante la Oficina Anticorrupción al inicio de su gestión, la sombra sobre la posibilidad de un incumplimiento a la Ley de Ética Pública por conflictos de intereses -por continuar la empresa de su familia percibiendo los beneficios del régimen por los planes forestales presentados con anterioridad a su cargo político- lo acompañó en estos dos años de gestión al frente del área.

El funcionario siempre se ajustó a derecho y realizó su descargo por informaciones «falsas» e «inexactas» en la prensa. Pero esta mirada externa sobre la gestión del área en Agricultura hizo que se diera un paso irreversible hacia la modernización del sistema informático para la gestión de expedientes, digitalizando la carga de todos los archivos del área para instrumentar un sistema transparente y de acceso eficiente para todos los involucrados desde cualquier punto del país. Esto implicó también tensiones internas con el personal del organismo público, pero finalmente se logró encaminar el proceso y quedará en adelante -a prueba y error de las nuevas tecnologías- construir un programa online que sea eficiente, que permita agilizar los tiempos de seguimiento de un estado de expediente e instancia de gestión para liberar el pago del incentivo forestal, de manera que sea amigable para el uso de los usuarios del mismo, que son los productores.

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Misiones demanda agilizar los trámites internos

Sobre el clima de la reunión y las principales conclusiones, para el ingeniero Héctor Perucchi que asistió en representación del Ministerio de Agro y Producción de Misiones- “fue una convocatoria más bien de carácter informativa sobre la gestión que culmina y por lo tanto se preveía una reunión corta”, indicó ante la consulta de ArgentinaForestal.com.

“Entre las novedades principales, hubieron dos, una fue la firma de resoluciones de pagos de los planes para todo el país por alrededor 69.800.000 pesos. En tanto, la segunda fue que salió la Resolución N° 225/19 donde se plantea que todos los beneficiarios de los planes recibirán el pago directamente por deposito en el CBU declarado, además esta resolución plantea un nuevo formulario para la presentación de los avalúos forestales”, precisó el funcionario de la Subsecretaria de Desarrollo Forestal de la provincia.

En cuanto a la digitalización de los trámites, el sistema “esta en desarrollo y todavía falta actualización para su implementación”, indicó.

Por otra parte, informó que en la reunión se planteó que “no existe riesgo en la continuidad del Seguro Verde. Este año se forestó y se seguirá forestando en el país”, aseveró, aunque no precisó en su resumen cuánto fue la superficie forestada estimada al 2019 en el país, o en Misiones.

Consideró que «entre los temas pendientes que quedarán en la agenda de la gestión forestal estarán principalmente efectivizar los pagos pendientes con los pequeños y medianos productores de la provincia, bajar el tiempo de demora de los trámites internos, sobre todo, porque esto es lo que incide en la motivación de seguir plantando«, concluyó Perucchi.

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Por Patricia Escobar 

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En reunión de Comisión Asesora de la Ley de Promoción Forestal recibimos el apoyo de ⁦@mauriciomacri⁩. Todos trabajando por oportunidades de #DesarrolloSostenible, #empleo e #inversiones! pic.twitter.com/LVrxBGvgcu

— AFOA (@AfoaArg) June 11, 2019

BUENOS AIRES (12/6/2019).- “Ya se comenzó a trabajar en la modernización y desburocratización del régimen, revisando todos los procesos y circuitos de tramitación de los expedientes. En este sentido, y como Política de Estado, queremos volver a instalar la Comisión Asesora como organismo coadyuvante en la gestión del régimen, debido a que es una Ley Federal, con una amplia territorialidad, que necesita espacios de diálogo para un mejor funcionamiento. Un ejemplo de esto es la mesa presidencial de competitividad”, sostuvo en la apertura de la reunión el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, al retomar las actividades del espacio institucional.

Además, las autoridades compartieron con los integrantes de la Comisión Asesora un mensaje de apoyo que les hizo llegar el presidente de la Nación, Mauricio Macri, quien expresó: «Es una alegría saber que después de tantos años se vuelven a reunir, y que cuentan con la participación de integrantes de toda la cadena productiva. Gracias a su aporte y compromiso, se lograron avances como la prórroga y modificaciones de la Ley, muy importante para el sector. Esto es lo que pasa cuando trabajamos juntos, en equipo, y tirando para el mismo lado, como pasó con la Mesa de Competitividad Foresto-industrial y con el acuerdo Seguro Verde. Les mando un fuerte abrazo, y los invito a seguir trabajando para lograr el tan ansiado desarrollo del sector«, convocó.

Participaron de esta primera reunión de Comisión Asesora de la Ley 25.080 productores, empresarios, profesionales independientes, técnicos y extensionistas, representantes de cámaras y asociaciones forestales, y directores de Bosques y Forestaciones de distintas provincias del país, adheridas al régimen de promoción forestal argentino. Además, la convocatoria fue ampliada a la prensa especializada como Asora Revista, Desarrollo Forestal y Noti Forestal.

Al cerrar la reunión, generaron un emotivo y genuino reconocimiento al ingeniero Jorge Bocchio, desde la Dirección Nacional de Foresto-industria. El profesional tiene una trayectoria de más de 40 años en el sector forestal, y este año ya está gozando del beneficio de su jubilación. Por medio del sistema de promoción forestal llevó adelante, con esfuerzo, dedicación y compromiso, sus mejores aportes al desarrollo del sector.

Bocchio construyó gran parte de su carrera en la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-Industrial en la órbita de la Secretaria de Gobierno de Agroindustria de la Nación, pero es aún más reconocido por sus colegas y productores por su calidad de persona, integridad y hombre de bien.

Anuncios y compromiso de gestión

El reencuentro fue calificado de “positivo” por los participantes, en opinión general, frente a lo que consideraron era una materia pendiente reactivar la Comisión Asesora ante el necesario debate sectorial por la operatoria. Por otra parte, es un espacio oportuno para escuchar la información de gestión de las autoridades de Agroindustria, que expusieron un balance de lo realizado y la proyección del régimen al 2019.

Paralelamente, se analizó la propuesta de trabajo que permitirá mejorar el sistema de promoción forestal argentino a través de la digitalización y sistematización de la información de los proyectos elevados por las provincias con un moderno esquema  de gestión que aspira a facilitar el seguimiento del estado de los expedientes en forma “online” por todos los involucrados en el expedientes, lo que garantizará la transparencia del mecanismo de la operatoria y agilizará la tramitación, mediante nuevos procesos de análisis y aprobación.

La decisión de reactivar el funcionamiento de la Comisión Asesora fue del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo. La reunión del martes fue coordinada por el director nacional de Desarrollo Foresto-industrial, Nicolás Laharrague, quien estuvo acompañado por su equipo de gestión, el coordinador del Área de Extensión Forestal, Esteban Borodowski y el asesor jurídico de la DNFI, Martín Aguilar.  

En la apertura de la reunión, el secretario de Agricultura, Bernaudo, realizó un breve balance e informe clave para el sector, ante los anuncios de pagos forestales para los productores forestales del país en los próximos meses. En primer lugar, se refirió a los objetivos planteados 2018, que estuvieron centrados en prorrogar la Ley N° 25.080, que se logró con un amplio consenso y debate sectorial, obteniendo el proyecto de Ley un apoyo pleno en el parlamento.

Seguido, explicó que además se trabajó en la obtención de recursos para poder financiar el régimen y tender a un buen funcionamiento del mismo, para ello, se obtuvo mediante el instituto del Seguro Verde, una herramienta novedosa de colaboración público-privada. “Habiendo cumplido con dichos objetivos se comenzó a trabajar en la modernización y desburocratización del régimen, revisando todos los procesos y circuitos de tramitación de los expedientes. En este sentido, y como Política de Estado, queremos volver a instalar la Comisión Asesora como organismo coadyuvante en la gestión del régimen. Consideramos que esto es necesario debido a que la Ley N° 25.080 es una Ley Federal, con una amplia territorialidad, que necesita espacios de diálogo para un mejor funcionamiento. Un ejemplo de esto es la mesa presidencial de competitividad”, señaló Bernaudo en su mensaje inicial.

Con relación a los pagos de los planes forestales, informó que: “En este momento en el organismo estamos tramitando resoluciones por un monto de 195 millones de pesos. Estas resoluciones estarán firmadas a más tardar a fines del mes de junio. El pago de dichas resoluciones será inmediato debido a que los fondos para su pago provienen del Seguro Verde”, anunció respecto a los fondos de planes forestales a pagar a nivel país.

Paralelamente, indicó que ya iniciaron la tramitación de resoluciones por otros planes forestales por un monto de 130 millones de pesos. “Estimamos que estas resoluciones serán firmadas en el mes de Julio, siendo su pago también inmediato”, precisó el funcionario.

Por lo tanto, el compromiso de la Nación será de lograr liberar fondos del Seguro Verde para el pago de planes forestales entre junio, julio y agosto, por un monto aproximado de 325 millones de pesos totales.

Bernaudo además señaló que “sumado a estos fondos mencionados, con los 15 millones ya firmados en el primer trimestre, alcanzan 340 millones de pesos en el primer semestre de un total anual garantizado con cuota de 650 millones”, dijo. (Ver imagen)

Por ende, en el segundo semestre del año esperan tramitar resoluciones de pago por un monto equivalente a 310 millones de pesos.

El funcionario, para cerrar, informó también que se encuentran en el circuito de firma la resolución de costos para el año 2017 y también se encuentra tramitando la firma la Resolución de costos para el año 2018, las que saldrán conjuntamente.

Informe de gestión 2018-2019

La jornada de debate de la Comisión Asesora se extendió entre las 14 y 18 horas, comenzando el trabajo con la presentación de Nicolás Laharrague y su equipo, respecto a la información de ejecución de fondos de planes forestales 2018-2019 en el marco de la Ley 25.080, los criterios de revisión del procedimiento de tramitación de los expedientes, la digitalización del Estado, la propuesta de agilizar la tramitación de los expedientes mediante nuevos procesos de análisis y aprobación; y lo actuado desde la gestión para tramitar todos los expedientes anteriores al 2016.

Del Presupuesto Nacional y Seguro Verde, indicaron que en 2018 se destinaron a la promoción forestal 178 millones de pesos, y en 2019 anunciaron se destinarán en total 660 millones de pesos. En lo que va de enero hasta el 11 de junio de 2019, se ejecutaron pagos de planes forestales por un total de 15.435.588,83 pesos, que benefició a un total de 174 forestadores.

Y precisaron que está ingresado para la firma de resoluciones de pago y posterior ejecución “inmediata”, la suma de 325 millones de pesos para productores forestales de todo el país, a destinarse las partidas entre junio, julio y agosto próximo.

El monto de resoluciones de próximos pagos sería por la suma de 194.991.887,05 pesos, que beneficiarán a 547 productores. Mientras que en proceso para próximos pagos habría 177.345.643,70  para un total de 791 productores.

Por otra parte, analizaron la revisión y agilización de proceso de aprobación de planes de Beneficios Fiscales, explicaron el criterio de revisión del estado de los expedientes, plantearon la modificación del proceso interno de estudio y aprobación de los expedientes, propusieron la digitalización y simplificación del proceso para agilizar la tramitación de la ley, que continúa plenamente vigente, e informaron el proceso que llevan adelante para la revisión del Decreto N°133/99 y Resolución N°33/13. En este último punto, realizan consultas a Provincias, Colegios Profesionales, Cámaras y Productores.

La prioridad es avanzar en la creación de sistema digital y su aplicación progresiva del sistema, para lo cual se demandará capacitación y diálogo con todas las jurisdicciones.

Entre los problemas actuales de la tramitación, identificaron que el tiempo de demora promedio de aprobación de un expediente es de 4 a 5 años, también que hay múltiples bases de datos, o que el envío de notificaciones en la actualidad es lento, costoso o inefectivo, en algunos casos. La falta de trazabilidad del expediente por parte de la Provincia y el Titular del plan es otro aspecto a mejorar, entre otros temas.

Finalmente, informaron a los integrantes de la Comisión Asesora la propuesta de trabajo que llevan adelante, cuyo principal eje es lograr el sistema digital único para la tramitación de los expedientes, de manera que el Titular, Provincia y Nación utilicen el mismo sistema; incorporar la verificación del titular mediante Sistema AFIP; lograr trazabilidad del expediente y sus observaciones; acceder a los estados de los expedientes “en línea”, generar la notificación digital de observaciones, hacer que la carga de solicitudes “en línea”, entre otros avances de verificación del sistema.

“En el corto plazo, todos los datos sobre la inspección y las aprobaciones deberán cargarse en el sistema, para que estén disponibles para el titular y para la Nación”, adelantaron las autoridades.

De esta forma, para la aprobación y pago, todas las áreas de la Dirección trabajarán directamente sobre el sistema a fin de que la Provincia y el Titular tengan información “en línea”. De esta manera, el sistema digital permitirá saber el orden de pagos y otorgará trazabilidad y transparencia.

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Por Patricia Escobar

BUENOS AIRES Y MISIONES (8/6/2019).- En la actual gestión, en el ámbito de la Dirección Nacional de Foresto-industria de la Secretaría de Agroindustria a cargo de Nicolás Laharrague, se priorizó en primer lugar lograr la sanción de la ley que prorrogaba por segunda vez el régimen por 10 años más (2019-2029), ya que cumplía su plazo de vigencia en enero del corriente año. Y por otro lado, otra prioridad en 2018 fue lograr la búsqueda de financiamiento alternativo que permita fortalecer el mecanismo de promoción en el tiempo.

Tras seis reuniones sectoriales en 2018, con algunas modificaciones y nuevos desafíos para avanzar hacia un desarrollo forestal del país, se logró la sanción del Congreso Nacional por la prórroga del sistema de promoción forestal, y también la firma voluntaria con un grupo de compañías de aseguradoras y la Superintendencia de Seguro para instrumentar un Fondo de Seguro Verde, extrapresupuestario a la partida anual de los 100 millones de pesos aprobadas para el sector forestal, y que desde 2019 estaría en marcha en su ejecución.

Pero la operatoria arrastra -en sus 20 años de vigencia- muchas críticas por las dificultades administrativas y técnicas entre Nación-Provincia por parte de los productores que reclaman se agilice el pago del incentivo forestal -como se reconoce a los Aportes Económicos No Reintegrables-, y que lleva a una demora -entre la presentación de los mismos y el cobro- de más de cinco años años, desactualizado en costos por implantación. También, otra realidad es que se presentaban demoras significativas en las  aprobaciones del beneficio de Estabilidad Fiscal a las empresas forestales.

Desde el área Forestal de Agricultura explicaron en varias oportunidades que en el último año se trabajó en movilizar los expedientes, y en paralelo, se llevó adelante el debate por lograr un consenso por la prórroga de la Ley que, finalmente, fue logrado el objetivo sectorial a partir de las seis reuniones coordinadas en el ámbito de la Dirección Nacional de Foresto-industria de la Secretaría de Agroindustria.

En cuanto a los anuncios de envíos ejecución de pagos millonarios, hay diferencias con las provincias en las que aseguran los «fondos no llegan».

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Tras  lograr la sanción de la prórroga de la Ley, está pendiente la aprobación del Decreto Reglamentario por parte de Agroindustria y posterior adhesión de las provincias forestales al régimen, un trámite jurídico pendiente para poder avanzar administrativamente en forma ordenada en las presentaciones de la convocatoria para la Campaña Forestal 2019.

También se reclama a la Nación información precisa respecto al estado en tránsito de los expedientes, la deuda actual con los plantadores y el destino de los pagos en 2018 y durante el trimestre del presente año, de los fondos del presupuesto anual a ejecutar y del mecanismo que se instrumenta para el pago correspondiente a los productores del nuevo Fondo del Seguro Verde que ya está en marcha a través del PROSA.

Desde que asumió en la Dirección, Laharrague tomó como prioridad en su gestión sistematizar y transparentar la comunicación con los actores y la comunidad, en todo lo referente al régimen, ya que se trata de administrar fondos públicos. Producto de ello, desde fines de 2018 la página de internet dispone del servicio online con el “Buscador de Resoluciones” del régimen, que es abierto a toda persona y contiene toda la información precisa sobre todos los pagos efectuados en este periodo de gestión y con anterioridad a Laharrague.

El link donde se pueden visualizar las resoluciones de pago originales en archivos de pdf y acceder a la herramienta es el siguiente: Agroindustria /DesarrolloForestoIndustria/Visualizador/Buscador

En el caso de Misiones, la Provincia solicitó información del estado de casi dos mil expedientes elevados para su aprobación de pago, en marzo del corriente año, y asegura que la deuda con los pequeños productores asciende a 350 millones de pesos.

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Convocatoria a Comisión Asesora 

Finalmente, un nuevo paso se dará tras la convocatoria realizada por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo, a los representantes de toda la Argentina forestal, al retomar las reuniones de Comisión Asesora, ámbito institucional que por ley se estableció como espacio sectorial para analizar y debatir la instrumentación de la operatoria de la Ley 25.080 de Inversiones Para Bosques Cultivados (hoy Ley 27.487).

La reunión se realizará a partir de las 14 horas, en el Salón de la DIPROSE , Av. Belgrano 456, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

Será el primer encuentro en este marco institucional de Comisión Asesora que estará coordinado por el director nacional de Foresto-industria (DNFI).

Se espera que estén presentes productores, empresarios, asociaciones, federaciones y consejos de profesionales vinculados en presentación de planes forestales, extensionistas y técnicos, viveristas, como directores de Bosques y Forestales de las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Formosa, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán, entre otras con potencial forestal plantearán sus realidades e inquietudes respecto a esta nueva etapa del régimen que tiene metas establecidas como alcanzar incrementar la superficie forestada a 2 millones de hectáreas al 2030.

Desde Agricultura, informarán el martes el estado real del tránsito de los expedientes elevados por las provincias de todo el país en la órbita de la administración nacional para su correspondiente inspección y certificación, los motivos de la demora para la resolución de pagos y ejecución de los fondos correspondientes, los montos destinados a las provincias, y desde allí comenzarán con el cruzamiento de datos para analizar e identificar las dificultades e inquietudes que permitan agilizar la operatoria y brindar mayor transparencia y agilidad en la comunicación entre los propietarios, profesionales, Provincias y la Nación.

En este sentido, también expondrán las autoridades nacionales en la reunión los avances que llevan adelante en la Administración Forestal para instrumentar un sistema de informático más eficiente, que permitirá la digitalización de los expedientes y así solucionar en parte las demoras en los trámites y hacer más eficiente la comunicación entre las partes, principal cuello de botella de la operatoria.

Nueva etapa, hacia una forestación sustentable

Este desafío de incrementar la superficie forestada a 2 millones de hectáreas significa mantener un ritmo de más de 100 mil hectáreas por año. No solo es una meta estratégica para la planificación para el abastecimiento seguro de las industrias del sector en largo plazo, sino que responde a un compromiso ambiental internacional al que adhirió el sector forestal argentino respecto a la Agenda 2030 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que impulsa Naciones Unidas, sumado al convenio firmado por el Gobierno Nacional en el Acuerdo de Cambio Climático en París.

La normativa de la Ley 25.080 estará alineada en los próximos 10 años al Plan Estratégico de la ONU, con políticas que impulsen a una Argentina forestal “sostenible”, donde la certificación forestal con acciones y metas asociadas a los 6 Objetivos, a saber:

Objetivo 1: Revertir el proceso de pérdida de la cubierta forestal y contribuir a las iniciativas para hacer frente al cambio climático.

Objetivo 2: Potenciar los beneficios económicos, sociales y ambientales de los bosques nativos y las plantaciones forestales sustentables.

Objetivo 3: Aumentar la superficie de los bosques protegidos y gestionados en forma sostenible.

Objetivo 4: Movilizar recursos financieros para la gestión sostenible de los bosques y fortalecer la cooperación y las alianzas en materia científica y tecnológica.

Objetivo 5: Promover marcos de gobernanza a partir del instrumento de las Naciones Unidas sobre los bosques y la contribución de los bosques a la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible.

Objetivo 6: Mejorar la cooperación, la coordinación, la coherencia y las sinergias en las cuestiones relacionadas con los bosques a todos los niveles.

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