Por Patricia Escobar

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BUENOS AIRES Y MISIONES (25/6/2021).- “Todos queremos que la actividad foresto-industrial despegue, y que se exporte madera al mundo, bienes finales y rollos sin procesar a China si es negocio rentable para el sector foresto-industrial. Pero lo que está ocurriendo en la actualidad es que por atender la exportación de rollos sin procesar –incluso materia prima de calidad-, se está afectando a las PyMEs locales, y es un tema que pedimos al gobierno nacional que mire con atención para lograr a tiempo un equilibrio en este proceso de crecimiento», dijo el vicepresidente segundo de la Federación Argentina de la Industria de la Madera y Afines (FAIMA) y representante de la APICOFOM, Christian Lamiaux, en una entrevista con ArgentinaForestal.com

Agregó que los problemas que se arrastran este año se deben a varios factores que influyeron en el abastecimiento de la materia prima, y que fueron expuestos oportunamente por los representantes de los oferentes de las plantaciones, pero la información obtenida es «insuficiente» frente a la situación que atraviesan los aserraderos al momento de negociar la compra de la madera.

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Por ello, el ingeniero Lamiaux retomó el planteo en la reunión virtual de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 el pasado viernes 18 de junio. «No es solo el precio bajo por la madera por el cual no se consigue el abastecimiento, influyen las distancias de las plantaciones y la disponibilidad real», remarcó.

«De fondo, hay otro problema que hay que identificar para solucionar porque esto afectará a las economías regionales. La crisis por la coyuntura se fue acomodando, pero es necesario saber si se consume la masa forestal y no se replanta en la actualidad, cuál es el camino de solución a futuro. Por ello, pedimos a Daniel Maradei que desde la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial apoye a las PyMEs con información clara de inventarios e imágenes satelitales que expliquen dónde están localizadas las plantaciones disponibles, que se informe cuánto se exporta a China u otros mercados de rollos sin procesar y cuánto realmente hay disponible al mercado local. Este es un problema real, y se necesita una mesa de diálogo con los oferentes y los industriales de la cuenca mesopotámica, porque son varias zonas con dificultades en la entrega de rollos de madera”, planteó el empresario en diálogo con ArgentinaForestal.com

De esta forma, el dirigente colocó en la agenda sectorial nuevamente esta preocupación como una prioridad para los industriales forestales.

Puntualmente, consultó en la reunión virtual al director nacional del área en el Ministerio de Agricultura de la Nación si se encuentran realizando un monitoreo del movimiento de consumo de madera con destino a la exportación y si hay información respecto a la real oferta disponible para comercializar en la cuenca forestal de la región.

El ámbito del planteo responde a que las plantaciones existentes en la cuenca se lograron en el marco de la Ley 25.080, ya sea con subsidios (AENR) a los medianos y pequeños forestadores, o con beneficios de Estabilidad Fiscal a las empresas, principales herramientas que promueve el Estado Nacional con fondos públicos.

«Esta información es estratégica para la planificación futura de las PyMEs madereras de la cuenca, ya que permitiría disponer en forma transparente datos respecto a cuál es la disponibilidad real  de materia prima de calidad requerida para la producción destinada al mercado nacional”, indicó Lamiaux.

Socios de la APICOFOM consultados por este medio, señalaron que también se recibieron ofertas para comercializar a China rollos de madera sin procesar en Misiones. «Se dan casos que desde Misiones están abasteciendo de rollos de madera a industrias en la zona de Paso de Los Libres, Corrientes, lo que marca que si hay una sobreoferta de madera y hay plantaciones, no se entiende cómo no se consigue abastecer a un aserradero con madera de la zona. La logística es clave, las distancias de las plantaciones influyen en el negocio, y los números tienen que cerrar para poder trasladar a esa distancia la madera. Estas situaciones se repiten en zonas industriales de Federación y Concordia, en Santo Tomé y Santa Rosa, y en el Sur de Misiones», explicaron.

Desde la provincia de Entre Ríos, el empresario Jorge Rigoni (ex presidente del IMFER) consultado por este medio, coincidió con el planteo del dirigente misionero y directivo de FAIMA: «Es real que hay problemas en la disponibilidad de madera en zonas de Federación, Concordia y otras. Entre varios factores, uno de ellos es la exportación de rollos sin procesar. Comparto el planteo de (Christian) Lamiaux de que necesitamos abrir una instancia de diálogo para revisar lo que está ocurriendo», dijo.

«Más allá de los aspectos particulares que como empresa cada uno enfrenta por sus propias decisiones, el impacto de las exportaciones de rollos de madera sin procesar en el mercado se siente por diferentes razones que necesitan ser analizadas para seguir adelante con mayor previsibilidad. Esto no implica que no este de acuerdo con las exportaciones de rollos, lo que digo es sí es necesario revisar la disponibilidad local, porque está en riesgo una industria que tiene una relevancia local como generadora de empleo y que mueve la economía regional. La pandemia trajo más ventas, pero también más informalidad en el mercado. En nuestra zona hay unos 30 pequeños y medianos aserraderos nuevos, que compiten en forma desleal con otras industrias que tienen todo en regla, que pagan impuestos, cargas laborales, en un país con con altos costos de logística e insumos. En esa complejidad interna, el incremento de la materia prima y su disponibilidad, bajo un sistema de mucha especulación, es complejo negociar», explicó respecto al contexto en que operan en la actualidad las PyMEs.

Jorge Rigoni, empresario maderero de Federación, Entre Ríos

¿Coyuntura o nuevos escenarios?

En la percepción de las pequeñas y medianas industrias madereras del Sur de Misiones, zonas de Corrientes e incluso desde Entre Ríos, además del problema de logística forestal para cubrir la creciente demanda del último año y medio por parte de los aserraderos tanto en el mercado nacional como de exportación – teniendo en cuenta que venían desde el 2018 con una fuerte crisis por la bajas ventas que derivó en un alto número de industrias con casi el 50% de su capacidad ociosa y suspensión de turnos de personal en muchos casos- , hoy se presenta un nuevo escenario de oportunidad de crecimiento para la cadena foresto-industrial por la demanda sostenida desde 2020 a la fecha.

Pero aseguran que no todos los eslabones están firmes, y necesitan apoyo. «No conforma la respuesta de los oferentes y los datos oficiales de las provincias en que hay sobreoferta y que madera sobra en la cuenca mesopotámica, porque lo que se plantea es que no hay disponibilidad para la demanda de los aserraderos locales. La madera está concentrada y se prioriza la exportación de rollos por sobre el abastecimiento local», indicó Guillermo Fachinello, presidente de la APICOFOM.

Para un grupo de empresarios, cuáles son los aspectos de la coyuntura que afectaron la disponibilidad de la oferta real aún no está claro. «Los incendios de plantaciones forestales a fines de 2020 en Corrientes influyeron, el clima que dificulta los caminos para sacar la madera también, sumado a la exportación de rollos de madera de calidad a China y el incremento de demanda de la industria que afectó la respuesta de los servicios de flete y logística. Todo esto es cierto, pero no responde a la solución de cómo salimos adelante. No decimos que no hay madera, pero no está disponible en zonas de mayor demanda de aserraderos locales», asegura Lamiaux.

En ese contexto, pidió revisar el impacto en el mercado de lo que se cosechó en el primer semestre del año para exportar, y cuánto se destinó al mercado nacional. «Hay que analizar el consumo y cuánto se repuso. Todos sabemos que no se está forestando porque el pequeño productor si no tiene el dinero del subsidio no puede hacerlo, y los medianos grandes posiblemente tienen concentrada la materia prima. Lograr reactivar el Seguro Verde para garantizar la promoción forestal con plantaciones bien manejada como se planeta la Dirección Nacional es un excelente camino. Pero tenemos que sentarnos en una mesa a discutir con números reales la actualidad forestal, porque como PyMEs nos preocupa el presente, pero más el futuro», dijo Lamiaux.

Por ello, como representante de la FAIMA, su plateo en la Comisión Asesora Nacional fue respecto a la necesidad de revisar y monitorear esta situación. «Queremos saber si en el gobierno nacional hay un sistema de información que permita analizar el consumo de madera para exportación de rollos sin procesar y de que disponibilidad real para la industria nacional queda. Hoy estamos frente a una gran incertidumbre, y no logramos el diálogo en el ámbito de CONFIAR (Consejo Foresto-industrial Argentino) aún para analizar este tema”, explicó Lamiaux.

“Nos encontramos frente a la alta demanda para exportación de rollizos, el incremento del precio de la madera y los problemas de logística. Queremos saber si desde la DNFI estudian alguna medida para potenciar la logística actual y de apoyo a la incorporación de equipamientos forestales, que enfrenta dificultades de financiamiento para adquirir nuevos maquinas. Otro problema que también se presenta como importante es que hay trabas para ingresar equipos usados en la Aduana, por ejemplo», enumeró el vocero de las PyMEs industriales en la reunión virtual.

En esa línea, interrogó también si desde la Dirección Nacional se llevaba adelante un Informe de Monitoreo en la actualidad respecto la extracción de rollos, su destino a exportación o mercado local, sobre la existencia en las zonas núcleo de plantación. «¿Se sabe cuál es la existencia actual de madera para destino de exportación y cuál realmente queda disponible para las industrias locales? ¿Cuál es la demanda real y dónde esta la oferta concentrada?. Hoy los aserraderos tienen desabastecimiento, eso es una realidad”, aseveró el dirigente misionero.

Por otra parte, explicó que frente a esta situación aún no se logró consensuar con los oferentes de la materia prima nucleados en la Asociación Forestal Argentina una propuesta para no afectar la oferta, y tampoco se logró abrir la mesa de diálogo en el marco del Consejo Foresto-industrial Argentino (CONFIAR).

Daniel Maradei respondió con una disposición “total” desde el organismo para facilitar las imágenes satelitales que los interesados requieran, en contacto con el Área SIG de la Dirección Nacional, por ejemplo de superficies por especies. Pero aclaró que la fuente de información de la Nación proviene de los inventarios de las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos que “dicen que el crecimiento está aún por encima del consumo».

Daniel Maradei, director nacional de Desarrollo Foresto-industrial, del Ministerio de Agricultura.

También hay estudios, como el realizado por la consultora AFRY para el plan estratégico 2030, del cual resulta el dato que el precio de la madera argentina es hoy la más barata del mundo. Y si seguimos así, vamos a perder cada vez más superficie forestada porque los  productores se dedican a otra actividad más rentable”.

Una de las explicaciones respecto al mercado forestal según explicaron en varias oportunidades, es que la sobreoferta de madera de pino de Corrientes -ante la falta de industrias que consuman el volumen existente- mantiene los precios de rollos muy bajos. Por otra parte, desde marzo de 2020 va incrementado la superficie que se cosecha, pero por la crisis de rentabilidad interna del negocio forestal «no se replanta». Esta situación es lo que más preocupa a las PyMEs pero aún hay déficit en información transparente y estadística en el sector forestal de la Argentina respecto a la comercialización y precios de mercado de la madera.

Ante el planteo del representante de la FAIMA en la Comisión Asesora, el director nacional propuso intermediar para “hacer una reunión específica para tratar este tema con todos los actores representantes de la industria y del sector primario”.

Por su parte, el subsecretario de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción de Misiones, Juan Ángel Gauto, aclaró que “en la provincia este año se avanzará en la revisión del estrato “Industria y Bosques” en el desarrollo de la cadena de valor foresto-industrial. Podríamos organizar una mesa de trabajo para analizar el desafío de crecer en el patrimonio forestal y la demanda industrial. Están por hacer un relevamiento de aserraderos con AMAYADAP y APICOFOM y en qué medida cuentan con plantaciones”, informó el funcionario.

En esta línea, agregó que “para superar la dicotomía es imprescindible asegurar un precio de la madera atractivo para los productores y, por otro lado, asegurar fondos y agilizar los pagos de la promoción forestal”, señaló Gauto.

Finalmente, pidió la palabra la directora de la Asociación Forestal Argentina (AFoA), Claudia Peirano, para ratificar el espíritu de diálogo que se generó en CONFIAR. “Están disponibles los espacios para tratar este tema en mesas específicas según zonas. Se han organizado encuentros para Corrientes y Entre Ríos, pero si no prosperaron no fue por CONFIAR sino porque no se ponen de acuerdo los actores locales para reunirse. Pero reitero que desde Consejo se promueve el diálogo y se facilita toda la información que se requiera”, respondió.

A su turno, pidió la palabra el gerente de APEFIC, Francisco Torres, que representa al Gobierno de Corrientes en la asociación, para expresar su apertura al diálogo ya que admitió que es un tema «complejo. En APEFIC tenemos socios productores e industriales, se representa a quienes tienen dificultad para obtener madera y a productores que quieren vender a quien mejor pague. Si analizamos los precios actuales en comparación con diciembre 2015, las tablas de madera registraron un aumento de precios de un 200% y el rollo 100%. El industrial debiera poder pagar el incremento del precio y poder competir con los compradores de China. El industrial para poder pagar tiene que ser competitivo», sostuvo el directivo.

De esta forma, tras las diversas visiones, se acordó que desde la DNDFI se coordinará los encuentros para concretar las reuniones de mesas por zonas. A la fecha, no habían tenido desde APICOFOM novedades de una agenda concreta para iniciar el diálogo sobre la problemática de abastecimiento de madera a las PyMEs.

En la mesa de diálogo esperan que asistan los oferentes de la cuenca mesopotámica e industriales de Apicofom, Amayadap, IMFER, AMAC, AFoA Corrientes, APEFIC, entre otras industrias  locales.

“No es una mentira la falta de abastecimiento, este es un problema real que están enfrentando los aserraderos locales de la zona de Misiones  y Corrientes, e incluso de Entre Ríos.  La exportación de rollos sin procesar está teniendo un efecto duro en la actualidad y queremos información para revisar el problema para las industrias en nuestra zona”, concluyó Lamiux ante los miembros de la Comisión Asesora de la Ley 25.080.

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Por Patricia Escobar 

BUENOS AIRES (24/9/2019).- Desde la Asociación Forestal Argentina (AFoA) marcaron su posición respecto a la actual gestión forestal en el Ministerio de Agroindustria de la Nación, y tras su participación en la segunda reunión de Comisión Asesora de la Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, régimen de promoción de la actividad, dieron a conocer aspectos que consideran sostienen el trabajo realizado en los últimos años para mejorar la operatoria y los logros obtenidos para cumplir con el beneficio que corresponde a los pequeños y medianos productores.

«Por primera vez desde la vigencia de la Ley 25.080, se han regularizado los pagos correspondientes a los aportes por plantación y manejo de bosques, y se avanza en lograr que el proceso de gestión de los beneficios sea más rápido y transparente”, enumeró el presidente de la asociación empresaria, Osvaldo Vassallo. 

Este régimen de promoción -vigente desde 1999- fue prorrogado por 10 años en enero (Ley 25.080 modificada y prorrogada por Ley 27.487). “Desde su puesta en vigencia, ha tenido serios problemas de implementación por deficiencias tanto en su administración como por falta de financiamiento a lo largo de su historia”, marcó.

La Ley reconoce beneficios fiscales y un aporte económico no reintegrable (AENR) de un porcentaje de los costos establecidos por el MAGyP para plantación y manejo de bosques implantados y enriquecimiento de bosques nativos. En el caso de plantaciones y enriquecimiento, según la Ley, los AENR se deberían abonar a los 2 años, luego de certificar que la plantación está lograda.

Pero esto no se cumplió. “Con altas expectativas, en los dos primeros años de vigencia se plantó una superficie de alrededor de 100.000 hectáreas cada año, número récord que nunca más se alcanzó. Por diversos motivos, pero esencialmente, por falta de presupuesto adecuado, las demoras en los pagos llevaron a que los tiempos promedios de pago superaran los 4 años y que la deuda acumulada sea creciente. La falta de inversiones en el agregado de valor a la madera por un lado y la incertidumbre de recibir los beneficios en un contexto inflacionario por el otro, coadyuvó a que la tasa de plantación se desplomara a alrededor de 40.000 hectáreas anuales”, señalaron, en un repaso de los vaivenes que el sector forestal argentino enfrentó en las últimas dos décadas.

2019, un año que cerrará con una gestión ordenada

Pero el trabajo logrado en conjunto, entre el sector público y privado, en los últimos años permitió la continuidad de la operatoria, y la gestión forestal nacional del Ministerio de Agroindustria logró garantizar el financiamiento de la operatoria y la regularización de los pagos de planes solicitados bajo el régimen.

“El 17 de septiembre se realizó una reunión de la Comisión Asesora, oportunidad en la que el secretario de Agricultura, Guillermo Bernaudo, anunció que todo expediente en condiciones de ser pagado, ha sido o está en resolución aprobada para ser abonado. Con ello, por primera vez, se termina un año con los pagos de la Ley 25.080 regularizados, así como los expedientes con beneficios fiscales”, destacaron desde AFoA.

En la reunión con los forestales, Bernaudo enfatizó que esto se logró con dos grandes pilares: la puesta en marcha del financiamiento extrapresupuestario y voluntario del Seguro Verde, por un lado; y por una reestructuración de la Dirección de Desarrollo Foresto-Industrial que permitió una forma más eficaz de resolver los expedientes, reflejado en un “número récord” de aprobaciones al mismo tiempo y que se mejoraba la transparencia en la gestión.

El acuerdo público-privado del Seguro Verde, es una iniciativa entre Agroindustria, la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Superintendencia de Seguros de la Nación y 12 compañías de seguros que se comprometieron para colaborar a reducir la huella de carbono de automotores. Las compañías que adhirieron al sistema voluntario destinan 1% del valor de cada póliza de automotor para plantar y cuidar árboles vía el régimen de la Ley 25.080.

“Este innovador mecanismo de financiamiento de la promoción forestal permitió que el atraso en los pagos de los AENR se haya normalizado radicalmente”, aseveraron desde la cámara gremial empresaria.

Compromiso global al 2030

«Con un nuevo aporte, que debería hacerse efectivo en los próximos días, se comenzarán a pagar planes 2017 y 2018, algo que respeta la lógica inicial de la Ley de Promoción y ayuda a dar previsibilidad al pequeño y mediano productor forestal”, afirmó el directivo.

Desde la implementación del Seguro Verde, los fondos colaboraron con el financiamiento de la plantación de 28.000 hectáreas, el enriquecimiento de 700 hectáreas de bosques nativos y el manejo de alrededor de 50 mil hectáreas.

“Esto significa la plantación de más de 25 millones de árboles, con un fuerte impacto para la mitigación del Cambio Climático, y en particular, la reducción de la huella de carbono de los automóviles que colaboraron con este financiamiento”, precisó Vassallo.

Por otro lado, se refirió a la reorganización interna de la Dirección de Desarrollo Foresto Industrial y la utilización del Sistema de Gestión Digital de Expedientes (GDE), que “ha permitido mayor celeridad y transparencia en el trámite de expedientes.  A partir de esto, cualquier interesado puede hacer el seguimiento de los trámites y del estado de avance en la web”, adelantó el presidente de la AFoA.

Actualmente Argentina tiene una superficie de 1,3 millones de hectáreas con plantaciones forestales.

Para el sector se está terminando en la actualidad de delinear el Plan Estratégico Forestal y Foresto-Industrial 2030, en el cual tiene como meta lograr un patrimonio de 2 millones de hectáreas de plantaciones forestales y la industrialización de la madera resultante.

“Esto requiere inversiones por alrededor de 7 mil millones de dólares, permitiría la creación de 187.000 empleos y revertir el histórico déficit en comercio exterior, pasando el sector a generar más de 2 mil millones de dólares anuales de divisas. Estos logros serán posible si se dan los incentivos correctos”, advirtió el directivo de la AFoA.

Por ello, garantizar la aplicación eficaz de la Ley de promoción es uno de los pilares sobre el que se asienta este aporte que el sector forestal y foresto-industrial puede dar para el desarrollo regional y la creación de empleo sustentable y de baja huella de carbono.

En ese contexto, desde la AFoA se destacó este importante logro alcanzado por la actual gestión nacional al exponer los números y los resultados con la regularización de la Ley 25.080, con expectativas de que “se continúe en este sentido hasta el 2029: cumplir la ley con eficiencia y transparencia”.

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Por Patricia Escobar 

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MISIONES (13/6/2019).- Conservando su perfil crítico, en el que graficó un panorama actual poco alentador para la actividad, igualmente se mostró con “optimismo” tras el encuentro. “En la reunión hubieron varias opiniones que apoyaron de alguna manera las preocupaciones que como pequeños forestadores venimos reclamando. Y lo positivo es que hubo un acuerdo de recuperar el diálogo y la información del sector a través del funcionamiento de la Comisión Asesora como el espacio de reconocimiento institucional que tiene que tener, y que siempre tuvo hasta que las habían suspendido en anteriores gestiones. Considero que, el hecho de que hayan convocado a la reunión para canalizar los temas que impactan sobre los productores es positivo”, explicó en diálogo con ArgentinaForestal.com tras el encuentro.

Pujato detalló que la sesión nacional se concretó luego de 10 años y 20 días, en que el gobierno nacional volvió a convocar a la Comisión Asesora Ley 25.080 (prórroga Ley 26.432, y nueva prórroga con la Ley 27.487).” La última reunión, para suministrar informacion, había sido el 21 de mayo del 2009. A principios del año 2018 se convocó en cierta forma para tratar la prórroga de la ley de promoción forestal, pero como espacio institucional y federal de análisis del régimen, fue el primer encuentro”, dijo el profesional.

“Esperemos que desde ahora en adelante, se vuelva a la metodología implementada en épocas anteriores en que estuvieron los coordinadores como José Amigo o Gustavo Cortez. Luego, la metodología fue eliminada por la ex directora Lucrecia Santinoni, siendo reemplazada por «una mesa chica” y prácticamente de amigos. Esta convocatoria ha sido un cambio auspicioso, porque hay muchos temas que hay que mejorar, estamos frente a los peores año de plantación y con serios problemas en la operatoria que se deben resolver entre otros los que formamos parte del sector”, consideró el ingeniero Pujato.

Pero no todo es tan positivo, según se desprende del informe elaborado para AFOME sobre sus principales conclusiones de la reunión de Comisión Asesora de Ley 25.080.

“Desde la última reunión, pasaron 10 años. Eso es tiempo perdido. En ese lapso, la Comisión Asesora fue reemplazada  por otros espacios como la Mesa Forestal Argentina 2020 y la Mesa Forestal Argentina 2030, que sigue vigente, pero que no han dado respuesta a los problemas de los forestadores, pero no se ha logrado mejorar el sistema ni plantar más. Todo lo contrario, y el panorama quedó expuesto en la reunión del martes 11 de junio”, remarcó Pujato.

De la reunión habrían participado varios representantes del sector privado y público de Misiones, Corrientes, un funcionario del gobierno de Entre Ríos, también de Chaco, y de las provincias de la región del sur del país. “En el salón había algo menos de 50 personas, de las cuales, en un tercio eran profesionales empleados la DNFI u otros organismos. Faltaron algunos referentes y productores, esperamos que en las próximas reuniones se vayan incorporando. También “sobraron” varios, ya que estuvieron pero poco aportaron”, dijo.

Las expectativas estuvieron centradas en la extensa presentación del director nacional de Desarrollo Foresto-industria, Nicolás Laharrague, seguido por Esteban Borodowski que se refirió sobre el estado de los planes y el abogado Martín Aguilar, que abarcó dos temas específicos, la reestructuración de los trámites y beneficios fiscales. “Al no suministrar a los presentes las planillas expuestas sobre los planes, no hubo margen para analizar en profundidad la información expuesta”, admitió Pujato.

Al respecto, dijo que “hubieron datos aparentemente contradictorios, por ejemplo, que en el 2018 se pagaron 198 millones de pesos, pero luego también dijeron que fueron “125 millones”, sin documentación que nos permita recabar tales datos”, comentó el profesional respecto a sus dudas. Como AFOME, solo tienen contabilizados pagos por algo más de 100 millones de pesos para todo el 2018, que corresponde al fondo del Presupuesto Nacional.

Otro tema que se destacó por algunos de los presentes en la reunión de Comisión Asesora fue la decisión de convocar a puertas abiertas al periodismo especializado, que recién luego de más de 10 años volvió poder ingresar para presencia las reuniones de la Comisión.

¿Qué se espera al 2019?

Sobre las proyecciones de pagos de planes forestales para este año, indicaron que “van a pagar un total de  660 millones de pesos, pero fines de junio tienen listados “para la firma de resoluciones para pagar en el primer semestre”, que termina en menos de 20 días. “Hay en trámites de  pagos por 190 millones, con 130 millones en ejecución”, eso sumaria $ 320 millones. Más los 15 millones que desde enero a la fecha han pagado. Pero, en concreto, hasta la fecha solo se han pagado $ 15 millones para todo el País, de los cuales, según  Juan Ángel Gauto, en  Misiones se pagaron 6,8 millones de pesos.

En una planilla exhibida, expusieron detalles de las cifras próximas a pagar por provincia, claramente se destacaban las tres de la Mesopotamia, en montos de dinero y cantidad de productores; solo que Misiones, que siempre fue “cabeza” en lo que se refiere a montos a percibir, hoy figura cómodamente en un tercer lugar, detrás de Corrientes y Entre Ríos.  Y las cifras de manejo “pesan” muchos en comparación a nuevas plantaciones, opinó Pujato.

Uno de los puntos sobre el que hicieron hincapié los funcionarios nacionales fue sobre los problemas que ocasionaban los distintos sistemas informáticos con que trabajaban. “Nos encontramos con que había 4 bases de datos distintas”, explicaron. Detallaron que están finalizando con la racionalización de todo ese problema, y trabajan en alinearse al moderno sistema de digitalización del Estado, donde el área forestal aún está pendiente.

“Pero por último, de la reunión participaron técnicos del SENASA, contradiciendo a todo lo expuesto: más burocracia, inscripciones obligatorias de todos los productores sin tener claro para qué. En este punto, un aporte fue la intervención del Ing. Jorge Bocchio que dijo que hasta ahora, el atraso de los pagos, permitía justificar a algunos técnicos sus atrasos en presentar la documentación requerida. Eso se va a terminar, y van a tener que hacerse responsables”, recalcó.

«Las demoras son excesivas en OT en Misiones», reclamaron los productores

En la reunión el contrapunto se presentó con la provincia de Misiones, ya que desde el sector privado “reclamaron la burocracia e inutilidad con la que trabajan en áreas del gobierno de la provincia, específicamente a la oficina de Ordenamiento Territorial. Entre los planteos, indicaron que el criterio que aplican desde OT lleva a provocar más de 4 años de demora en la gestión de un expediente en Misiones”.

De igual forma, en la órbita nacional también se presenta una demora en promedio 4 a 5 años en otorgar certificados de estabilidad fiscal a las empresas que lo solicitan.

Según explicó Pujato, hubieron varios asistentes de Misiones, y la mayoría de las quejas concretas de los técnicos independientes  se refirieron a los problemas de trámites e inspección con los que se encuentran en la provincia ante la “absurda” demora del área de Ordenamiento Territorial de Misiones,  que provocarían atrasos de aprobación de planes forestales de más de 4 años. También las quejas fueron porque “hay que hacer trámites en dos ventanillas distintas, cuando debe ser un solo trámite, mucha burocracia”.

La respuesta del representante del gobierno de Misiones, Juan Ángel Gauto, fue que “en realidad, en la provincia las ventanillas son tres: Desarrollo Forestal, Ecología y Rentas”, agregó.

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Frente a este problema, la sugerencia de los productores fue que “desde la Nación se establezca un plazo perentorio a las provincias para que eleven la documentación. También se cuestionó respecto a la participación de los técnicos: son corresponsables de los planes, entonces… ¿para qué luego tanta absurda burocracia estatal?”.

“Si bien con más de 3 años y medio de demora en la decisión de reactivar el espacio de la Comisión Asesora, hay que reconocer que es positivo que se volvió a reunir esta importante comisión para el sector forestal. Un paso adelante luego de 10 de retroceso”, opinó Pujato.

“Creíamos que éramos solo desde AFOME quienes veíamos como algo muy sectorizado el accionar del gobierno con la mal llamada “Mesa Nacional de Competitividad Forestal” que solo da  resultados para pocos, como Arauco con los bitrenes; pero nos encontramos con la sorpresa de que hay varias opiniones en desacuerdo con el accionar de la mencionada Mesa, y en la reunión de Comisión Asesora hubieron asistentes que pidieron que toda la información forestal se canalice exclusivamente por esta Comisión Nacional Asesora, que sea el espacio de consulta único del cual se eleven las gestiones para la actividad de forestación. Fue una buena sorpresa también que debieran escuchar otras organizaciones que se atribuyen representatividad”, cuestionó el ingeniero Pujato.

De esta forma, mantuvo su posición crítica respecto a las organizaciones que participan de la mesa nacional en la que, en siete oportunidades en el último año y medio, se llevaron encuentros público-privados que fueron encabezados por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y su equipo de gabinete, para avanzar en una agenda de coyuntura de 10 puntos prioritarios que llevan adelante principalmente la AFCP, AFoA, FAIMA, USIMRA, SRA, entre otras organizaciones representantes del sector privado, pero “con ausencia de representación productiva primaria forestal de pequeños y medianos plantadores”, a criterio de Pujato.

De la relación permanente y directa con los integrantes de la Mesa de Competitividad surge el diálogo y contacto directo con el Presidente Macri, que lo llevó a grabar un mensaje para los integrantes de la Comisión Asesora de la Ley 25.080 el pasado martes. Por otra parte, el consenso de prorrogar el régimen de promoción forestal argentino por 10 años más también fue un logro de este espacio de diálogo y trabajo en conjunto, como el convenio voluntario con las empresas aseguradoras por el Fondo del Seguro Verde, según lo expuso el propio secretario de Agricultura de la Nación en la apertura de la reunión de Comisión Asesora, Guillermo Bernaudo.

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Anuncios de pagos

Sobre este punto, Jorge Pujato consideró que “nuevamente las cifras sobre pagos y montos a pagar fueron algo confusas, pero nos remitirán las planillas para analizar, en la reunión no fue posible. Algunos técnicos plantearon dudas que se logre pagar el monto anunciado para el primer semestre, que ronda los 330 millones de pesos del Seguro Verde, cuando solo se llevan pagados en estos cinco meses 15 millones de pesos. Habrá que esperar, el compromiso fue ratificado por las propias autoridades nacionales, por lo que esperamos el dinero llegue”, dijo el vocero de AFOME.

Finalmente,  se refirió a los datos cruzados entre Misiones y los funcionarios nacionales durante la reunión. “El subsecretario de Desarrollo Forestal Juan Gauto reclama información sobre una deuda de 400 millones de pesos y el estado de 2.000 expedientes que fueron elevados a la Nación, reconociendo que hay en trámites en la provincia unos 200 planes en proceso de certificación.  Desde la Nación explicaron que están  analizando los reclamos y por eso aun no contestaron.  De todas formas, en los casos que hemos podido recabar información, el problema estaría en Misiones, en la oficina de Ordenamiento Territorial, y no en la Nación. Y, reiteramos, varios técnicos que hablaron, responsabilizaron a la Provincia de las demoras”, indicó Pujato.

“Sin dudas, para quienes vivimos experiencias anteriores, vemos que en esta reunión faltó mucho ejercicio luego de más de 10 años de inactividad, especialmente si se la compara con la excelente información suministrada en la, hasta ayer, última reunión, realizada de 10 años atrás. Lo positivo es que en adelante hay mucho trabajo para analizar información, corroborar datos, hacer propuestas.  Se acordó realizar una nueva reunión dentro de 60 a 90 días”, concluyó el profesional.

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Por Patricia Escobar 

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BUENOS AIRES (29/5/2019).- En enero se publicó en el Boletín Oficial la vigencia de la Ley Nac. N° 27.487, que prorroga el régimen de promoción de inversiones forestales y ampliación de bosques, y sus modificaciones relacionadas con el Apoyo Económico no Reintegrable de la Ley 25.080 (Ley de Inversiones de Bosques Cultivados).

Tras un año de discusión para lograr la aprobación de la nueva ley en el Congreso Nacional en diciembre de 2018, por 10 años más, el país tiene metas propuestas de incrementar de 1,3 a 2 millones de hectáreas forestadas, generar desarrollo sostenible y contribuir con los compromisos de Cambio Climático asumidos en el Acuerdo de París. Actualmente, se estima que el 95% de la foresto-industria se provee de bosques implantados (restando presión sobre los bosques nativos), con un amplio espectro de productos y subproductos derivados.

La demora millonaria en el pago pendiente de planes forestales, la instrumentación y aprobación del Decreto Reglamentario correspondiente a la prórroga de la Ley 25.080, la tramitación de la adhesión de las provincias al régimen, la información sobre avances de la operatoria para la ejecución de los fondos del ejercicio 2019, el destino de los fondos del nuevo Seguro Verde para la operatoria, y cómo se trabajará desde la Nación con las Provincias para recuperar la confianza necesaria de los productores por la actividad, serán algunos de los temas que posiblemente se debatirán en la reunión convocada, y reclamada en particular, desde Misiones.

Por otra parte, será el primer encuentro tras los cuestionamientos a Nicolás Laharrague, a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial, que fue motivo de controversias por los cuestionamientos que desde sectores de la prensa y políticos cada tanto reavivan por pertenecer -antes de asumir en la función pública- a una empresa familiar vinculada a los negocios de la actividad y frente a “conflictos de intereses”, a pesar de haberse ajustado en sus casi dos años de gestión a los requerimientos establecidos y tal como indica la Ley de Ética Pública N° 25.188.

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La nueva reunión de Comisión Asesora de la Ley 25.080, convocada por el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Guillermo Bernaudo,  se realizará el martes 11 de junio del corriente año, y está dirigida a los representantes forestales de todo el país que integran este espacio que permitirá acercar información actualizada, analizar y debatir el escenario de la operatoria de la Ley 25.080 de Inversiones Para Bosques Cultivados (hoy Ley 27.487). La reunión se realizará a partir de las 14 horas, en el Salón de la DIPROSE , Av. Belgrano 456, piso 5, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

 

Información del fondo de Seguro Verde

El Fondo de Seguro Verde es un nuevo instrumento de financiamiento para consolidar los objetivos de la normativa. Se trata de un acuerdo voluntario que se llevó adelante entre las Secretarías de Gobierno de Agroindustria, y de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Superintendencia de Seguros de la Nación y un grupo de compañías de seguro. A través del convenio, las compañías de seguro aportan voluntariamente el 1% del valor de las pólizas de vehículos, alineándose al objetivo sectorial del país a lograr a través de la actividad forestal mitigar los efectos del cambio climático y al mismo tiempo, lograr inversiones y generación empleo en la foresto-industria.

La madera proveniente de plantaciones forestales es un recurso de creciente demanda en el mundo ante la importancia de reducir el uso de las provenientes de bosques nativos y utilizar productos renovables, reciclables y con efecto de reducción de la huella de carbono de la economía. Esta cadena productiva puede aportar en sectores clave como en energías renovables, en la construcción con madera, y la celulosa y el papel, entre otros.

¿Cómo es el instrumento administrativo para recibir los fondos desde las compañías de seguro, de manera que Agricultura pueda destinar el Fondo de Seguro Verde a la operatoria?¿Cuánto recibirán los forestadores de este fondo en el primer semestre del año o en 2019?¿A quiénes pagaron y cuánto se otorgó a cada provincia forestal del país? Serán aspectos que podrán analizarse y solicitar información en la reunión de Comisión Asesora.

El reclamo desde Misiones

Desde la Asociación Forestal Mesopotámica (AFOME), el ingeniero forestal Jorge Pujato –reconocido en el sector como uno de los más críticos en defensa del sistema de promoción para los pequeños productores y viveristas en la región- se refirió semanas atrás a las dificultades que presenta en la actualidad la operatoria de la Ley 25.080 . “Para generar un espacio de transparencia, hay que retomar las reuniones de Comisión Nacional Asesora que establece el régimen para poder reunir a todos los actores, empresarios, productores, profesionales y provincias, de manera que puedan informar sobre el sistema de promoción. La información (del pago de planes) no es clara”, dijo en una entrevista con ArgentinaForestal.com el profesional.

Por otra parte, desde el gobierno de Misiones estiman que la deuda de planes forestales pendientes de pagos de la Nación alcanza los $350 millones. El subsecretario de Desarrollo Forestal, Juan Ángel Gauto, explicó que elevó un pedido de informe por nota a la Dirección Nacional Foresto-industrial de Agricultura en marzo, solicitando información por 1.943 expedientes de productores misioneros, que fueron enviados desde 2013 a la fecha ante el organismo nacional desde la administración provincial. “Algunos fueron pagados, otros no, pero fueron aprobados en inspecciones, por lo tanto deberían haberse pagado. Aún no sabemos el estado de esos planes forestales, a pesar de las notas que hemos elevado al organismo pidiendo información. Para el gobierno de Misiones, al sector forestal se le adeuda 350 millones de pesos en planes, según se establece en la operatoria de la 25.080 vigente”, ratificó la cifra el funcionario.

En 2018, la Nación destinó a Misiones fondos para el pago de planes forestales por 61.777.991 pesos, correspondientes a 430 expedientes, que beneficiaron a 400 productores misioneros por una superficie total de 16.830 hectáreas.

En tanto, en lo que va de enero a marzo de 2019, ingresaron de Nación tan solo 6.814.845 pesos, correspondientes a 46 expedientes, que beneficiaron a 40 productores misioneros por una superficie total de 4645 hectáreas, según información oficial de la Subsecretaria de Desarrollo Forestal del Ministerio del Agro y Producción de Misiones.

En esa línea, el ingeniero Gauto consideró que se debe admitir que hay dificultades en la gestión nacional forestal en la información que brinda respecto a la operatoria, el estado de avance de los expedientes, y más allá de lo que publique en la página web de la DNFI respecto a las resoluciones de pagos. “El forestador no sabe en qué estado esta su plan cuando se eleva a la Nación, ni cuándo va a cobrar. Sumado a ello, hemos recibido comunicaciones oficiales de Agricultura de envíos de fondos que no llegan. A fines de diciembre nos comunicaron que llegarían a Misiones 33 millones de pesos, pero a la fecha no llegamos a recibir 7 millones de pesos. No sabemos a dónde está llegando el dinero, o de qué manera están destinando a las provincias los fondos forestales. La herramienta del Fondo del Seguro Verde es auspiciosa, pero siguen diciendo que llegarán partidas millonarias que no llegan. No es clara la información de cómo llegará al productor el dinero de la promoción. En esta situación nos encontramos hoy, y son todas estas cuestiones las que estamos reclamando a la Nación”, remarcó el funcionario.

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