Fuente: El Argentino

 

ENTRE RÍOS (12/12/2020).- En una primera condena por un delito ambiental en la historia de la Justicia Federal de Paraná, este viernes se dio a conocer el fallo. Lilia Carnero, titular del juzgado unipersonal, tuvo en cuenta el pedido del fiscal José Candioti en donde se puntualizó en el derecho constitucional que tiene todo habitante del país a vivir en un ambiente sano. Además, le impuso a Mocarbel que realice cursos de capacitación para el cuidado del ambiente. Tanto la acusación de los fiscales como la condena de Carnero se enmarcaron dentro del delito establecido por el artículo 55 de la Ley 24.051.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) acreditó la contaminación del aire, el suelo y el agua mediante las pericias de la Policía Federal Argentina e informes de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Los fiscales Candioti y Leandro Ardoy habían solicitado una pena de cinco años y dos meses de prisión, publicó Análisis.

En la investigación se probó que Mocarbel tiraba efluentes líquidos grasosos con restos orgánicos al arroyito El Salto de Aldea Brasilera. Además, quemaba a cielo abierto restos de animales y esa acción liberaba dioxinas y furanos, considerados ecotóxicos con daño a la salud pública.

La acusación acreditó que la contaminación fue con residuos peligrosos y que hubo un nexo entre la utilización de esos residuos y la contaminación generada. Mocarbel también enterraba desechos y contaminaba el suelo.

Para los fiscales fue clave demostrar que Mocarbel actuó a sabiendas de que estaba cometiendo un ilícito y contaminando el ambiente. Para esto, las pruebas son contundentes: en mayo del 2014 una inspección de la Secretaría de Ambiente advirtió que cambie la conducta; en junio y octubre del mismo año constataron que la situación continuaba y advirtieron al empresario.

Pero es clave la firma de un acta acuerdo en diciembre del 2014, donde Mocarbel se comprometió a cesar su actividad ilícita y esto implica para los fiscales un reconocimiento de que antes estaba cometiendo delito. A pesar de esa acta, en 2015 la Policía Federal Argentina (PFA) vuelve a comprobar contaminación y en 2016 se realizó un estudio en el aire y se determina el daño.