BUENOS AIRES (3/5/2026).- El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra cada 3 de mayo en conmemoración de la Declaración de Windhoek, adoptada en 1991 durante un encuentro de periodistas africanos promovido por la UNESCO. Este documento estableció principios fundamentales para la defensa de la libertad de prensa.

Tres décadas después, en 2021, se adoptó la Declaración de Windhoek + 30, que actualiza ese marco normativo ante los desafíos de la transformación digital y el creciente poder de las grandes plataformas tecnológicas sobre la libertad de expresión.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) que nuclea a medios argentinos llamó a garantizar condiciones para el ejercicio libre del periodismo y advirtió que la descalificación y el hostigamiento afectan la calidad democrática.

Desde la entidad señalaron que el ejercicio del periodismo libre, sin presiones ni restricciones, constituye un pilar central del sistema democrático. En ese sentido, remarcaron que el acceso a la información pública, la posibilidad de investigar y difundir hechos de interés general forman parte de estándares esenciales para garantizar la transparencia institucional.

ADEPA advirtió que el respaldo al trabajo de la prensa no debe limitarse a declaraciones formales, sino que debe traducirse en conductas concretas por parte de todos los actores sociales, en particular de quienes ocupan cargos públicos.

En el documento, la organización expresó preocupación por situaciones de descalificación y agresión verbal hacia periodistas y medios, al considerar que estos comportamientos no solo afectan a quienes ejercen la profesión, sino que también deterioran el debate público y debilitan la calidad de la democracia.

Asimismo, destacó la importancia de promover el respeto por la diversidad de opiniones, la convivencia en el disenso y la aceptación del escrutinio periodístico como valores fundamentales en una sociedad democrática.

“El acceso a la información y la libertad de expresión no son prerrogativas sectoriales, sino derechos fundamentales de la ciudadanía”, remarcaron desde ADEPA, al tiempo que subrayaron la necesidad de garantizar un entorno donde el periodismo pueda desarrollarse con independencia.

Finalmente, la entidad reafirmó su compromiso con la defensa de la libertad de prensa y convocó a todos los sectores a fortalecer una cultura democrática basada en el respeto, la pluralidad y la libertad.

La SIP advierte sobre un escenario crítico en las Américas

El panorama en las Américas obliga a una reflexión profunda y, sobre todo, urgente, frente al deterioro sostenido de la libertad de expresión que se manifiesta en una preocupante normalización de la hostilidad contra la prensa.

Desde la Sociedad Interamericana de Prensa compartieron un mensaje, ya que la libertad de expresión -pilar esencial de toda democracia- enfrenta hoy un deterioro sostenido que ya no se manifiesta únicamente en hechos aislados, sino en una preocupante normalización de la hostilidad contra la prensa.

Los mensajes recientes del presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Pierre Manigault, de la presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Martha Ramos, y las conclusiones presentadas por el primer vicepresidente Carlos Jornet convergen en una misma advertencia: el hemisferio atraviesa una etapa crítica en la que el ejercicio del periodismo se ve asediado por múltiples frentes, desde el poder político hasta estructuras criminales, el creciente hostigamiento judicial, pasando por dinámicas digitales que amplifican la desinformación y el descrédito.

Hoy, la violencia contra periodistas no solo persiste, sino que se diversifica. A los asesinatos, amenazas y agresiones físicas se suman mecanismos más sofisticados y, en muchos casos, igual de eficaces para silenciar: campañas de estigmatización, acoso judicial, uso arbitrario de la legislación penal y presiones económicas que asfixian la sostenibilidad de los medios.

Esta convergencia de factores configura un ecosistema hostil en el que informar implica, cada vez más, asumir riesgos extraordinarios.

Uno de los aspectos más inquietantes señalados por la SIP es precisamente esa “normalización” de la agresión. Lo que antes generaba condena generalizada hoy, en demasiadas ocasiones, pasa inadvertido o es minimizado. Este cambio cultural erosiona las bases mismas de la convivencia democrática, al debilitar la capacidad de la sociedad para reconocer y rechazar los abusos contra la prensa.

En este contexto, la narrativa autoritaria avanza con renovada fuerza. Gobiernos de distintos signos ideológicos recurren a estrategias similares: desacreditar a los medios independientes, erosionar la confianza pública en el periodismo y concentrar el control sobre la información. La consecuencia es un progresivo cierre del espacio cívico, donde la crítica se castiga y la transparencia se convierte en excepción.

Como afirmó el presidente de la SIP, es necesario reconocer un hecho sin precedentes: Estados Unidos enfrenta hoy presiones sistémicas sobre la libertad de prensa que reflejan patrones históricamente observados en otras partes del continente.

La escalada de la retórica hostil, el uso de herramientas legales y regulatorias, las restricciones de acceso y el aumento de incidentes de violencia contra periodistas marcan un punto de inflexión que no puede ser ignorado.

Esto tiene implicaciones profundas para todo el hemisferio. Cuando la libertad de prensa se debilita en Estados Unidos, se envía una señal que puede ser interpretada por otros gobiernos como una validación para replicar prácticas restrictivas.

Pero también abre una oportunidad: la experiencia, resiliencia y aprendizaje acumulado por periodistas en América Latina pueden hoy servir como referencia, apoyo y guía en un contexto que exige mayor cooperación regional.

Asimismo, enfrentamos crecientes restricciones al acceso a la información pública. Gobiernos que limitan datos, manipulan sistemas de transparencia, restringen acreditaciones o condicionan el acceso a fuentes oficiales no solo debilitan el trabajo periodístico, sino que vulneran el derecho fundamental de la ciudadanía a estar informada.

En algunos casos, estas prácticas se traducen en decisiones concretas que restringen el acceso de periodistas a sedes gubernamentales o conferencias oficiales, afectando directamente la cobertura informativa.

Sin embargo, el diagnóstico no se limita a la denuncia. Las conclusiones de la SIP también subrayan la necesidad de una respuesta articulada y decidida. Defender la libertad de prensa hoy exige fortalecer los mecanismos de protección para periodistas, combatir la impunidad en los crímenes en su contra y promover marcos regulatorios que garanticen un entorno digital más transparente y equitativo. Implica, además, reafirmar el valor del periodismo de interés público, esencial para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Frente a este escenario, la SIP reafirma la importancia de la incidencia como herramienta de cambio. Nuestras misiones, el diálogo con autoridades y la promoción de estándares internacionales siguen siendo mecanismos fundamentales para generar compromisos concretos y promover la rendición de cuentas.

No obstante, si hay un desafío que exige atención prioritaria, es la impunidad. La gran mayoría de los crímenes contra periodistas en las Américas permanece sin resolución. Esta realidad constituye una falla estructural que debilita el Estado de derecho y pone en riesgo la libertad de expresión.

Por ello, la SIP intensificará sus esfuerzos para combatir la impunidad mediante mecanismos de investigación, acompañamiento legal y visibilización internacional. La reactivación de iniciativas orientadas a esclarecer casos emblemáticos y apoyar a las víctimas y sus familias es un paso necesario para avanzar hacia la justicia.

LA IMPUNIDAD NO ES INEVITABLE: ES EL RESULTADO DE LA INACCIÓN. Y PUEDE REVERTIRSE MEDIANTE COMPROMISO, COORDINACIÓN Y PRESIÓN SOSTENIDA.

El desafío es colectivo. No recae únicamente en los medios o en los periodistas, sino en toda la sociedad. Porque cuando se debilita la libertad de prensa, lo que está en juego no es solo el derecho a informar, sino el derecho de todos a estar informados.

En este Día Mundial de la Libertad de Prensa, la SIP convoca a renovar el compromiso con estos principios fundamentales. No se trata solo de resistir las amenazas, sino de reconstruir las condiciones que permitan al periodismo cumplir su función sin miedo ni restricciones indebidas.

En tiempos en que la verdad es disputada y el silencio se impone por distintas vías, informar sigue siendo —más que nunca— un acto de valentía. Y defender ese derecho, una responsabilidad impostergable.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está conformada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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BUENOS AIRES (6/2/2026).- Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) emitieron un comunicado institucional respecto a la iniciativa del gobierno nacional del potencial uso de una cuenta en X con el nombre de Oficina de Respuesta Oficial, destinada a “desmentir” informaciones y señalar supuestas “operaciones mediáticas”.

«En toda democracia, los gobiernos tienen derecho a contar con áreas de comunicación institucional y a difundir la información oficial que consideren pertinente, así como su versión de los hechos que forman parte de la agenda informativa. Esa práctica es legítima y alimenta la lógica habitual del debate público. La preocupación de ADEPA no radica en la existencia de una oficina de comunicación, sino en la dinámica acusatoria y estigmatizante que se pretende asignarle», precisaron.

El proclamado objetivo, de “desmentir”, parte del supuesto de que alguien miente, es decir falsea la realidad de manera consciente y deliberada, cuando en la dinámica informativa y en el análisis de los hechos el periodismo tiene la responsabilidad de contrastar opiniones, de reflejar todas las voces. 

«Combatir la desinformación es un objetivo legítimo y necesario en toda sociedad democrática. Pero el Estado, en todo caso, es una fuente más de información, no el árbitro de la verdad pública», señalan desde adepa.

Como ha señalado ADEPA en otras oportunidades, la mala utilización de este tipo de organismos estatales, cuando se les atribuyen funciones de monitoreo, evaluación o verificación de contenidos, conlleva el riesgo de convertirlos en mecanismos de vigilancia, estigmatización o disciplinamiento indirecto del periodismo y de las opiniones críticas.

«Llama la atención, además, que en la presentación de este organismo se haga referencia sólo a la actividad periodística calificándola de “operaciones de los medios”, y no a la enorme cantidad de falsedades, manipulaciones y desinformaciones que circulan —muchas en forma anónima o a través de perfiles falsos— en redes sociales y plataformas digitales», cuestionan desde ADEPA.

El mejor antídoto contra la desinformación no es la “verdad oficial”, sino un ecosistema plural de medios libres, profesionales e independientes, responsables ante sus audiencias y ante la ley, conforme a los estándares internacionales de libertad de expresión.

Los medios de comunicación, como actores centenarios de la vida democrática, cumplen una función social basada en la confianza de sus audiencias y de la ciudadanía. Son las propias personas, en un ecosistema plural y abierto, quienes tienen la capacidad de contrastar fuentes, formarse opinión y reconocer la confiabilidad de la información. En síntesis, la gente es el último juez del trabajo periodístico.

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BUENOS AIRES (2/9/2025).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) ha rechazado de modo constante, todas aquellas decisiones de funcionarios públicos por las cuales se ordene no difundir información. En especial cuando se trata de información relativa a funcionarios públicos o a hechos de interés o relevancia institucional.

La reciente sentencia de la justicia en lo Civil y Comercial Federal por la cual se prohíbe a todos los medios de comunicación la difusión de audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno de la Nación atribuidos a la Secretaria General de la presidencia, es un nuevo ejemplo de esas órdenes estatales que limitan de modo ilegítimo las libertades de expresión y de prensa.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene resuelto que, con la sola excepción de la protección de la infancia y la adolescencia, cualquier medida preventiva que limite la circulación de información constituye un menoscabo de la libertad de pensamiento y de expresión.

La publicación de informaciones solo puede dar lugar a responsabilidades ulteriores y el gobierno puede promover la investigación y sanción de los delitos que puedan haber dado lugar a la grabación de los audios, del mismo modo que puede procurar la sanción de cualquier funcionario que haya violado sus deberes de secreto.

Las prohibiciones preventivas, en cambio, son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse y conocer hechos de relevancia pública que pueden -o no- influir en la formación de la opinión pública.

FOPEA dice no a la “censura previa”

El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó la medida judicial que prohíbe la difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia y advirtió que se trata de censura previa. Por otra parte, alertó de la gravedad de ordenar judicialmente allanar a medios y domicilios de periodistas.

A través de un comunicado, se expresó este lunes un enérgico rechazo a la medida cautelar dictada por el juez civil Alejandro Patricio Maraniello, quien además tienen nueve denuncias que se investigan en el Consejo de la Magistratura.

La entidad consideró que la decisión constituye un “acto de censura previa” y recordó que los periodistas deben responder por sus actos solo con responsabilidades ulteriores.

La entidad señaló que la decisión constituye un “acto de censura previa” contrario a la Constitución y a la Convención Americana.

La cautelar fue solicitada por Milei, quien alegó que la difusión busca dañarla a ella, a su familia y al Gobierno.

También se denunció un ataque planificado para condicionar las elecciones legislativas.

FOPEA advirtió que los allanamientos impulsados por el Ministerio de Seguridad representan una amenaza a la libertad de expresión.

La resolución judicial, dictada en el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial N° 5 de la Ciudad de Buenos Aires, ordena que “cese la difusión de cualquier chat, foto, audio y video” vinculados a Milei que se anunciaran el 29 de agosto.

Según la funcionaria, los materiales en cuestión buscan “dañarla a ella, a su familia y al Gobierno nacional”. Además, señaló que, de tratarse de audios reales, habrían sido obtenidos de forma ilegal dentro de la Casa Rosada, lo que calificó como “un hecho sin precedentes en la historia nacional”.

FOPEA remarcó que el juez adoptó la medida sin una investigación previa que determine el origen lícito o ilícito de los audios y recordó que la Convención Americana sobre Derechos Humanos prohíbe la censura previa, salvo casos muy específicos como la seguridad nacional.

“Los derechos al honor o la intimidad no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios posteriores”, subrayó el comunicado, y añadió que “cuando se trata de funcionarios públicos, sus actos en edificios oficiales trascienden el ámbito privado”.

En paralelo, la entidad alertó por los allanamientos solicitados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en medios de comunicación, entre ellos el canal de streaming Carnaval. “Cualquier allanamiento de este tipo puede transformarse en un acto intimidatorio para la prensa”, señalaron.

La presentación judicial planteó que la difusión de los audios sería parte de “un ataque planificado” para “generar caos, desinformación y condicionar ilegítimamente las próximas elecciones legislativas”, mencionando a periodistas como Mauro Federico y Jorge Rial.

FOPEA recordó la Declaración de Chapultepec de 1994, que rechaza toda forma de censura previa, restricciones arbitrarias o limitaciones al ejercicio del periodismo. Por eso, exigió a la Justicia que revise de forma urgente la medida cautelar y reclamó al Gobierno nacional que cese el hostigamiento contra medios y periodistas.

“La sociedad tiene derecho a estar informada sobre asuntos de interés público”, concluyó el comunicado.

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Fuente: MisionesOnline

BUENOS AIRES (27/5/2025).- La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su preocupación por la Resolución 1319/2025, emitida por la Secretaría de Comunicación y Medios de la Presidencia de la Nación, que introduce nuevos requisitos para la acreditación de periodistas en la Casa Rosada.

“La ambigüedad de algunas de esas normas, la subjetividad con la que podrían ser evaluadas por los gobiernos de turno y la restricción cuantitativa de los profesionales que cubren las actividades de uno de los poderes de gobierno configuran una situación peligrosa”, advirtió la entidad en un comunicado.

La resolución, publicada el viernes pasado, establece un sistema que, según ADEPA, instaura “una suerte de derecho de admisión” al evaluar criterios como los datos de audiencia de los medios, el alcance territorial, la especialización temática y los antecedentes de los periodistas que soliciten acreditación. “No se recuerda una resolución de igual naturaleza”, señaló la entidad.

“Cantidad excesivamente restrictiva”

Además, la resolución de Presidencia fija un límite estricto a la cantidad de acreditaciones: solo 25 periodistas podrán permanecer en la Sala de Prensa y hasta 36 tendrán acceso a la Sala de Conferencias. “Ambas cifras resultan ser excesivamente restrictivas si se tiene en cuenta la cantidad de profesionales que se desempeñan en la actualidad en la Casa Rosada”, afirmó ADEPA.

Uno de los puntos más cuestionados por la entidad es la limitación de circulación dentro del edificio. Según el nuevo reglamento, solo se permitirá “la circulación transitoria por las áreas comunes que sean estrictamente necesarias”, prohibiendo expresamente “la permanencia y circulación en pasillos, oficinas o despachos”.

Para ADEPA, “la rigidez de la regulación establecida desconoce la cotidianeidad y naturaleza del trabajo periodístico”. En ese sentido, la entidad advirtió que “sin posibilidades de acceder a áreas o sectores discrecionalmente restringidos, se afecta mucho la cobertura periodística de lo que ocurre en la Casa Rosada”.

También subrayó que se pierde de vista “que de la propia dinámica de la interacción entre funcionarios y periodistas, gestada con la prudencia y responsabilidades del caso, surgen informaciones de alto valor para el conocimiento de la sociedad».

ADEPA sostuvo que la medida podría derivar en una discriminación contra medios pequeños y medianos. “La mayoría de los criterios distan de ser objetivos, pese a lo pregonado”, criticó, y alertó sobre el riesgo de que “la discrecionalidad de tales evaluaciones”, se traduzca en exclusiones por motivos no profesionales.

En sintonía con el posicionamiento de la SIP

Por otra parte, ADEPA cita en su comunicado que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) también alertó recientemente sobre restricciones como las de este caso. En un documento con estándares para el relacionamiento entre gobiernos y medios, la SIP advirtió que «uno de los modos de poner trabas al trabajo de la prensa es limitar o condicionar la acreditación de periodistas».

Según la SIP, bajo el argumento de evitar que las conferencias de prensa se vuelvan “multitudinarias” para mantener un tono “profesional”, algunos gobiernos buscan en realidad “digitar los permisos de acceso para rechazar así el ingreso de periodistas críticos o que no sean del agrado del gobernante”.

ADEPA concluyó su pronunciamiento instando a que “estas nuevas medidas sean revisadas” en función del derecho a la información de la ciudadanía. “En definitiva, es la sociedad la destinataria del derecho a una información lo más amplia posible”, remarcó.

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Fuente: MisionesOnline

ARGENTINA (5/5/5024).- El presidente de ADEPA señaló en un encuentro internacional sobre derechos de autor e IAG: «En el campo del periodismo debe desarrollarse de acuerdo con principios y leyes establecidos que protejan la propiedad intelectual de los editores, el valor de sus marcas, las relaciones confiables con sus audiencias y sus inversiones», dijo Martín Etchevers, en el  marco de la 45º Reunión del Comité Permanente de Derechos de Autor y Derechos Conexos (SCCR).

El presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), participó el jueves 18 de abril del encuentro se llevó a cabo en Ginebra, en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), con la participación de delegados y observadores de los países que integran el organismo global, incluida Argentina.

El panel en el que participó Etchevers, tuvo como objetivo intercambiar diferentes puntos de vista sobre la Inteligencia Artificial Generativa en distintas áreas culturales, creativas e informativas, como es el caso del periodismo.

El presidente de ADEPA comenzó su exposición señalando la utilidad que tiene la Inteligencia Artificial Generativa para los creadores de contenidos, pero que al mismo tiempo puede ser una herramienta muy riesgosa para el periodismo y los artistas ya que “plantea graves amenazas, no solo para la sostenibilidad de las industrias creativas, sino también para la confianza del público en la información que recibe», expresó.

«La información falsa parcial, incompleta, la manipulación, la tergiversación o la interpretación errónea, alimentan la desinformación y ponen en riesgo el debate democrático”, alertó Martín Etchevers, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA)

Contenido, consentimiento, compensación

A su vez aportó su visión de cómo la Inteligencia Artificial Generativa tendría que implementarse en la industria periodística a través de buenas prácticas en el uso de estas tecnologías: “En el campo del periodismo creemos que la IAG debe desarrollarse de acuerdo a las leyes y principios que protejan la propiedad intelectual, pero que también protejan el valor de las marcas de los editores periodísticos, las relaciones confiables que tenemos con nuestras audiencias», planteó.

«Escuchaba a la colega de España (Esther Pizarro) en el primer panel que hablaba de las tres C, entre ellas el consentimiento para que la IAG utilice nuestro contenido, el crédito a los autores y la compensación. Son las tres claves que son pertinentes para los editores periodísticos”, dijo el directivo argentino.

Asimismo, Etchevers dio a conocer los requisitos que tendrían que tener los motores de Inteligencia Artificial para poder replicar el contenido de los medios periodísticos. “Deben reconocer que los editores son una parte central de su cadena de valor, los editores tienen derecho a ser compensados por el uso de su contenido y a que se respete las inversiones que generan. También tienen derecho a que su contenido no sea utilizado por estos motores de inteligencia artificial, no demos por descontado que hay una autorización, sino que esta autorización debe ser explícita y específica» advirtió.

Otra cuestión que expuso como muy importante para los editores es «que los motores de IA tienen que incluir la citación de la fuente periodística, ya sea para que su modelo de entrenamiento o para la provisión de respuestas o análisis o síntesis; hay que citar a la fuente periodística y hay que establecer hipervínculos con esta fuente periodística para que el usuario pueda primero saber de dónde viene la información y segundo poder acceder directamente a esa información”.

Junto a Etchevers participaron del panel Roberto Frejat, músico, compositor y cantante de Brasil, Duncan Crabtree-Ireland, Director Ejecutivo Nacional del Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión de Estados Unidos, Kai Welp, Consejero General GEMA (Sociedad de Derechos de Autor) de Alemania, Geoff Taylor, vicepresidente ejecutivo de Al, Sony Music de Reino Unido; Ana Da Motta, Gerente Senior de Asuntos Digitales y Al, Amazon de Alemania; Yunyun Diao, Vicepresidente del departamento Legal, Sucursal Tencent Beijing de China; Jordan Gimbel, asesor general asociado que gestiona el equipo de innovación abierta, Microsoft de Estados Unidos y Andrés Guadamuz González, Derecho de Propiedad de la Universidad de Sussex y editor jefe del Journal of World Intellectual Property de Costa Rica.

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Fuente: Misiones Online

MISIONES (27/12/2023).- Impulso Local, el programa impulsado por la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ) y Meta, seleccionó a Misiones Online en la segunda etapa, como uno de los 20 proyectos destacados que recibirán fondos adicionales para seguir trabajando por objetivos de sustentabilidad económica y el impacto en sus comunidades.

La selección fue entre casi 100 medios del país, para avanzar en una segunda etapa de este proyecto. La edición 2022-2023 de Impulso Local, que comenzó en octubre del año pasado, contó con una fase de capacitación en la que participaron 235 medios argentinos.

Posteriormente, se abrió la postulación para la segunda etapa, en la que los medios presentaron proyectos concebidos para ser realizados en un plazo de seis meses, con un enfoque claro en la sustentabilidad de los mismos.

De las 150 propuestas recibidas, 94 medios fueron seleccionados para recibir fondos y acompañamiento a lo largo del programa.

Los 20 medios destacados en esta edición recibirán apoyo económico adicional por un monto que oscila entre $3,000 y $18,000 dólares estadounidenses por medio. Estos fondos adicionales les permitirán continuar trabajando en proyectos destinados a reforzar la sustentabilidad económica de sus operaciones periodísticas.

Impulso Local nació en 2021 con un fondo total de USD 1.000.000 y el apoyo de mentores, brindando a 100 medios argentinos la oportunidad de desarrollar proyectos que fortalecerán su sustentabilidad a largo plazo. El programa también incluye capacitaciones y acompañamiento por parte de consultores especializados.

La fase de implementación de fondos y mentorías se extendió hasta octubre de 2023, brindando a los medios seleccionados un valioso apoyo para la ejecución de proyectos estratégicos.

Impulso Local se ha convertido en un motor clave para el desarrollo y la sostenibilidad de los medios de comunicación en Argentina, fortaleciendo su capacidad para continuar sirviendo a las comunidades con noticias e información de calidad.

Los organizadores del programa, Adepa, ICFJ y Meta, expresaron su satisfacción por el éxito de la segunda edición de Impulso Local y reafirmaron su compromiso de seguir respaldando a los medios argentinos en su búsqueda de la sustentabilidad y la excelencia periodística. Con esta iniciativa, se promueve el fortalecimiento de la prensa local y se asegura un flujo constante de información confiable y relevante para la sociedad.

• Sobre ADEPA
  La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas es una organización sin fines de lucro que agrupa a 180 empresas periodísticas de todo el país, editoras de diarios, periódicos, revistas y sitios web. Desde sus orígenes, Adepa ha desempeñado un rol activo en la defensa y promoción de la libertad de prensa, piedra fundamental del sistema democrático argentino, en el sostenimiento del periodismo profesional y en la sustentabilidad de la industria periodística.
• Sobre ICFJ
  El Centro Internacional para Periodistas (ICFJ, por sus siglas en inglés) empodera a una red global de periodistas para producir informes de noticias que conduzcan a mejores gobiernos, economías más fuertes, sociedades más vibrantes y vidas más saludables. Brinda a su comunidad capacitación, tutoría, becas o apoyo financiero en cinco áreas clave: periodismo de investigación, reportajes sobre temas críticos, innovación en los medios, sostenibilidad financiera y liderazgo intelectual.
• Sobre Meta
  Meta colabora con medios de todo el mundo para fortalecer la conexión entre los periodistas y las comunidades para las que trabajan.

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Misiones Online seleccionado entre casi 100 medios como proyecto destacado por Impulso Local con el respaldo de Adepa, el Centro Internacional para Periodistas y Meta

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